Protección contra Gobierno Regional De Los Ríos

Valdivia, veintiuno de noviembre de dos mil veintitrés.

VISTOS:

nombre reservado, Lonko, con domicilio en Rupumeica, Lago Raneo; nombre reservado, machi, con domicilio en domicilio reservado; nombre reservado, Lawentuchefe, con domicilio en domicilio reservado; y nombre reservado, machi, con domicilio en domicilio reservado, de Lago Ranco, e interponen Acción de Protección en contra del Gobierno Regional De Los Ríos, con domicilio en domicilio reservado, representado por el Gobernador Regional don Luis Cuvertino Gómez; y en contra de la Corporación de Fomento de la Producción (en adelante CORFO), con domicilio para estos efectos en domicilio reservado, representado en Los Ríos por su director regional don Pablo Díaz Barraza, por cometer acciones que vulneran sus garantías constitucionales de igualdad ante la ley, el derecho a consulta indígena y el derecho de propiedad.

Señalan que, con fecha 24 de agosto de 2023, han tomado conocimiento de una reunión que se realizó en el Centro Comunitario de Llifén de la comuna de Futrono, que tenía por objeto dar a conocer el estado de avance del “Bien Público: Parque Geológico Región de Los Ríos”.

Agregan que, indagando sobre este proyecto de Parque Geológico Región de Los Ríos, tomaron conocimiento que se pretende construir en territorio Mapuche, comprendiendo el cordón andino de las actuales comunas de Panguipulli, Los Lagos, Futrono, Lago Raneo y Rio Bueno, específicamente lugares donde se encuentran los Gen, el lawen usado por los agentes de salud y, una diversidad de ecosistemas con flora y fauna en peligro de extinción.

Manifiestan que este parque geológico inconsulto por las autoridades recurridas, al 11 de julio de 2023 se encuentra en la segunda etapa de ejecución, habiendo pasado la etapa de diseño e implementación de un modelo de desarrollo turístico. Para ello, está levantando información y sosteniendo reuniones con actores locales, olvidando el deber del Estado de Chile en materia de derechos de los pueblos indígenas específicamente de consulta indígena cuando se trata de medidas administrativas o legislativas que los afectarán directamente.

Agregan que, a la fecha, no han sido convocados a las reuniones que se han sostenido, a sabiendas de su existencia en dicho territorio.

Por ello piden a la Corte de Apelaciones que les garantice el derecho conculcado de consulta indígena y se ordene iniciar un procedimiento de consulta indígena conforme a los estándares exigidos por el Convenio 169 de la Organización Internacional del Trabajo.

En cuanto al derecho esgrimen que con fecha 15 de septiembre del 2008 el Estado de Chile suscribió y ratificó el Convenio N°169 de la Organización Internacional del Trabajo, entrando en vigor el 15 de septiembre del año 2009.

A través del artículo 5° inciso 2° de la Constitución Política de la República se ha entendido por incorporado al ordenamiento jurídico chileno con rango legal, según lo entendido por la gran mayoría de la doctrina y jurisprudencia nacional.

El objetivo del Convenio 169 de la OIT es eliminar la orientación hacia la asimilación de las normas anteriores, esto es, superar las prácticas discriminatorias que afectan a los pueblos originarios y hacer posible que participen en la adopción de decisiones que afectan a sus vidas, por lo que los principios fundamentales de consulta previa y participación constituyen su piedra angular. El artículo 6 del Convenio 169 de la OIT señala que los Estados deben consultar a los pueblos indígenas.

La consulta es una obligación del Estado y, que a la vez tiene como contrapartida, un derecho colectivo de los pueblos indígenas, pues se pretende que sean ejercidos por un conjunto de la población, lo cual se configura como una condición necesaria para la protección de los derechos individuales.

Para implementar dicha obligación estatal el Estado chileno a través de la potestad reglamentaria de ejecución, se ha dictado el Decreto Supremo N°66/2014 que Aprueba Reglamento que regula el procedimiento de Consulta Indígena en virtud del artículo 6 N°1 letra a) y N°2 del Convenio N°169 de la Organización Internacional del Trabajo y deroga normativa que indica, estableciendo un conjunto de principios y reglas de procedimientos mínimos para el procedimiento de consulta indígena en Chile.

En consecuencia, al no garantizar el derecho a la consulta propiamente tal, se vulnera su derecho de igualdad reconocido en el artículo 19 N°2 de la Constitución, como a su vez del restante de organizaciones representativas, comunidades y asociaciones indígenas que no suscriben la presente acción, toda vez que CORFO y el GORE DE LOS RÍOS no aplica la legislación y reglamentación vigente en los términos prescritos y lo hace sin justificación razonable, discriminándonos arbitrariamente y perjudicando su posibilidad de participar de un proceso de consulta en condiciones igualitarias -como es lo que busca el Derecho internacional- respecto del Estado de Chile.

También se vulnera de manera discriminatoria arbitrariamente y sin justificación razonable el derecho de propiedad que tienen como pueblos indígenas reconocido en distintos instrumentos internacionales Agregan que las tierras del cordón andino, su Pillan, son esenciales para el despliegue de la libertad de creencias del artículo 19 N°6 de la Constitución y, se encuentran protegidas legalmente y en instrumentos internacionales obligatorios para el Estado, los que cita.

Por tanto, piden tener por interpuesto el presente recurso de protección, ordenando todas las providencias necesarias a los recurridos y en especial que la ejecución del Parque Geológico Región de Los Ríos sea autorizada y ejecutada previa práctica de la consulta obligatoria prevista en el artículo 6o, numeral 1° del Convenio N° 169 de la OIT, con costas.

Informando el Gobierno Regional de los Ríos, señala que el Gobierno Regional de Los Ríos y la Dirección Regional de Corfo Los Ríos celebraron el convenio de transferencia FIC R 2021 para la ejecución del Programa denominado “BIEN PÚBLICO TURISMO PARQUE GEOLÓGICO”, CÓDIGO BIP RUT reservado”, aprobado mediante Resolución (E) N°699, de 2021, del Gobierno Regional de Los Ríos.

Explica que en virtud del convenio, El Gobierno Regional se obliga a transferir recursos regionales, $120.000.000.- , el que tiene por objetivo general: “Generar instancias de articulación eficiente de la oferta turística actual y potencial del cordón andino de la región de Los Ríos, en los que se verifica fallas de coordinación, que no son abordadas por el mercado o el Estado con el fin de potencia al territorio como un destino de montaña competitivo, diferenciado y de alto interés para los turistas”.

Por su parte, la Corporación de Fomento de la Producción - CORFO, se obliga a aplicar los recursos recibidos en transferencia, en virtud de este convenio, ajustándose al proyecto mencionado y a los antecedentes tenidos a la vista por el Consejo Regional de Los Ríos al aprobar su financiamiento.

Que, en la ejecución del convenio precitado, la CORFO, a través de su Dirección Regional de Los Ríos, dispuso en el mes de septiembre del año 2021 la apertura del proceso de postulación para la “PRIMERA CONVOCATORIA DE BIENES PÚBLICOS TURISMO PARQUE GEOLÓGICO DE LA REGIÓN DE LOS RÍOS”. Que, dentro de la normativa de Corfo aplicable para dicha convocatoria, el principal marco regulatorio está dado por el la Resolución (E) Nº414, de 2021, de la gerencia de Redes y Territorios de Corfo, que aprobó el texto de las bases del instrumento “Bienes Públicos”. (Bases que posteriormente fueron objeto de una modificación parcial a través de la Res. (E) Nº82, de 2023, de la misma gerencia).

Detalla que con fecha 14 de diciembre de 2021, la DR Corfo Los Ríos y la UACh celebraron convenio de cofinanciamiento, aprobado por la Resolución (E) Nº59, de 2021 de la DR de Corfo Los Ríos.

Que, de acuerdo a lo señalado en el calendario de informes, en la cláusula undécima del convenio precitado, la UACh en su calidad de beneficiario se obliga a dar cuenta de avances en un hito técnico de continuidad, y a entregar tres informes que den cuenta de las actividades y acciones del proyecto.

Señala consideraciones sobre las características del instrumento “Bienes Público” y del proyecto aprobado y en ejecución De acuerdo con lo señalado en las bases del instrumento el desarrollo de los bienes públicos está enfocados en mejorar la competitividad regional de un determinado sector o industria, generando condiciones necesarias, vía la entrega de información relevante para la toma de decisiones y la coordinación institucional.

Recalca que la idea de que el proyecto no plantea cambios administrativos ni menos legislativos. Tampoco el proyecto implica (en ninguna de sus dimensiones) obras o intervenciones que modifiquen los actuales usos del territorio, tal y como se describe en las bases del instrumento “Bienes Públicos”.

Estiman que las acciones que los mismos recurrentes impugnan, no tienen la entidad suficiente como para calificar de una intervención que amerite una consulta indígena, como son, en esta etapa:

- Diseño de un prototipo de productos de turismo de montaña.

- Elaboración de un plan de buenas prácticas.

- Desarrollo de un plan de capacitaciones.

A continuación expresan fundamentos para el rechazo de la acción de protección, como son la interposición de la misma fuera de plazo y que no existe acción u omisión que pueda catalogarse de ilegal o arbitraria, lo que desarrollan, así como no hay vulneración a garantía constitucional alguna.

Informando la Corporación de Fomento de la Producción, expresa que la CORFO dispone de diversos instrumentos de cofinanciamiento, mediante los cuales cual se otorgan subsidios a entidades diferentes e independientes de esta Corporación, para que éstas ejecuten proyectos en las áreas de fomento, innovación y emprendimiento, capacitaciones, y otras temáticas. En ese sentido, CORFO ha creado el instrumento denominado “BIENES PÚBLICOS”, mediante Resolución Exenta N°414, de 2021, modificada por Resolución Exenta N°82, de 2023, ambas de la Gerencia de Redes y Territorios de Corfo.

Tal como indica la mencionada Resolución N° 414, el instrumento “BIENES PÚBLICOS” tiene como propósito “desarrollar bienes públicos que aborden fallas de información y coordinación de, a lo menos, un sector económico y/o industria en el territorio, con una clara vocación de dinamización y desarrollo de la economía local, expresado a través de información útil, pertinente y accesible por parte de los agentes públicos y privados de un sector y/o industria en el territorio determinado”.

Con fecha 31 de agosto de 2021, el Gobierno Regional de Los Ríos y la Corporación de Fomento de La Producción, celebran convenio de transferencia FIC NO CONCURSABLE para la ejecución del Programa denominado “BIEN PÚBLICO TURISMO PARQUE GEOLÓGICO.

Las actividades a realizar por parte de Corfo consisten en: Llamar a concurso, evaluación, selección del beneficiario ejecutor, ejecución programa que incluye desarrollo, transferencia e implementación y difusión. Todo dentro del plazo de 24 meses.

Con fecha 14 de diciembre de 2021, la Universidad Austral de Chile firma un convenio de cofinanciamiento con Corfo para la ejecución del proyecto denominado “Bienes Públicos, Parque Geológico de la región de Los Ríos”.

Detalla los avances y recalca que en caso alguno implica un proyecto de inversión o habilitación de infraestructura, sino únicamente un estudio y levantamiento de información relativa al turismo en la zona del Cordón Montañoso del Caulle, y el objetivo final es concluir con un manual de buenas prácticas de turismo en la zona, entre otros resultados.

Pone de relieve que, en la ejecución de la segunda etapa del proyecto, en la actividad denominada “Creación y pilotaje de pueblos andinos”, hace referencia a identificar los elementos identitarios del territorio, con el objetivo de proponer una oferta turística coordinada bajo un mismo relato. Para ello es necesario realizar un proceso de levantamiento de información con los actores locales, considerando al sector público, privado, y a los pueblos originarios y otros que pudiesen tener influencia y requerimientos en el territorio. Una vez que este trabajo de identificación se acabe, se planificará realizar distintas acciones de validación, en las cuales los interesados reafirman que la propuesta de valor guarda relación con sus intereses. En dichas actividades las comunidades indígenas cercanas a la zona en estudio podrán participar y manifestar su opinión abiertamente, la que será considerada en los informes de actividades de la ejecutora del proyecto.

En ningún caso se financia la construcción de algún tipo de infraestructura.

Finalmente se detiene en analizar el marco normativo que regula el procedimiento de Consulta Indígena, en particular lo dispuesto en el artículo 6° N° 1, letra a), del Decreto Supremo N° 236, de 2008, del Ministerio de Relaciones Exteriores, que promulga el Convenio N°169 sobre pueblos indígenas y tribales en países independientes de la Organización Internacional del Trabajo (“el Convenio”), y especialmente lo señalado en el artículo 7° del Decreto Supremo N° 66, de 2014, del Ministerio de Desarrollo Social, que aprueba el Reglamento sobre Procedimiento de Consulta Indígena.

Este Reglamento, tiene por objeto pormenorizar, detallar, definir y puntualizar – en nuestro ordenamiento jurídico interno- los criterios de procedencia, y los elementos y los mecanismos que deben emplear los organismos del Estado en el marco de la aplicación –o no- de un proceso de consulta indígena, entregando elementos aclaratorios respecto a su procedencia y ámbito de aplicación En síntesis, el procedimiento de Consulta Indígena tiene razón de ser cuando la naturaleza de la medida administrativa adoptada es susceptible de provocar por sí misma un impacto directo y significativo.

Dado lo expuesto, en la ejecución del proyecto ya individualizado no se vislumbra la necesidad de Consulta Indígena, en razón que no se cumplen todos los supuestos copulativos que la gatillan Resulta necesario preguntarse de qué forma un proyecto consistente en un estudio de la oferta turística de un sector de la región de Los Ríos podría generar impactos directos -y además de carácter significativo.

Termina razonando en torno a la inexistencia de acto arbitrario e ilegal y niega la conculcación de garantías fundamentales.

CONSIDERANDO:

PRIMERO: Que la acción constitucional de protección del artículo 20 de la Constitución Política de la República ha sido establecida a favor del que por causa de actos u omisiones arbitrarios o ilegales sufra privación, perturbación o amenaza en el legítimo ejercicio de los derechos y garantías establecidas en el artículo 19 de la Carta Fundamental. Siendo la presente acción de carácter cautelar, exige su tramitación, que el acaecimiento del acto u omisión que se denuncia se haya verificado dentro de determinado espacio de tiempo, a fin de asegurar su accionar de emergencia.

SEGUNDO: Que el recurso de protección debe interponerse “dentro del plazo fatal de treinta días corridos contados desde la ejecución del acto o la ocurrencia de la omisión o, según la naturaleza de estos, desde que se haya tenido noticias o conocimiento cierto de los mismos”, como se prescribe en el numeral primero del Auto Acordado existente sobre la materia.

TERCERO: Que la primera alegación planteada por la recurrida tiene que ver con lo extemporáneo del recurso. Su interposición data del 25 de septiembre de 2023 y señala que los actos por los cuales se recurre datan del 24 de agosto de 2023. Sin perjuicio de lo anterior, las acciones llevadas a cabo por los recurridos, denunciados mediante la presente acción constitucional, se han mantenido en el tiempo al menos hasta la concesión de la orden de no innovar decretada en la presente causa, por lo que la alegación de extemporaneidad debe ser rechazada.

CUARTO: Sin perjuicio de lo anterior, en cuanto al fondo, debe tener presente la normativa vigente aplicable en la especie. El artículo 6 del Decreto 236, que Promulga el Convenio Nº169, establece que “1. Al aplicar las disposiciones del presente Convenio, los gobiernos deberán:

a) consultar a los pueblos interesados, mediante procedimientos apropiados y en particular a través de sus instituciones representativas, cada vez que se prevean medidas legislativas o administrativas susceptibles de afectarles directamente;

b) establecer los medios a través de los cuales los pueblos interesados puedan participar libremente, por lo menos en la misma medida que otros sectores de la población, y a todos los niveles en la adopción de decisiones en instituciones electivas y organismos administrativos y de otra índole responsables de políticas y programas que les conciernan;

c) establecer los medios para el pleno desarrollo de las instituciones e iniciativas de esos pueblos, y en los casos apropiados proporcionar los recursos necesarios para este fin.

2. Las consultas llevadas a cabo en aplicación de este Convenio deberán efectuarse de buena fe y de una manera apropiada a las circunstancias, con la finalidad de llegar a un acuerdo o lograr el consentimiento acerca de las medidas propuestas.”.

Asimismo, el artículo 2 del Decreto N°66 del Ministerio de Desarrollo social establece el deber de consulta, disponiendo que “La consulta es un deber de los órganos de la Administración del Estado y un derecho de los pueblos indígenas susceptibles de ser afectados directamente por la adopción de medidas legislativas o administrativas, que se materializa a través de un procedimiento apropiado y de buena fe, con la finalidad de llegar a un acuerdo o lograr el consentimiento acerca de las medidas susceptibles de afectarlos directamente y que debe realizarse de conformidad con los principios recogidos en el Título II del presente reglamento.”

Por su parte, el artículo 7 del mismo texto señala que “Los órganos de la Administración del Estado señalados en el artículo 4º de este reglamento, deberán consultar a los pueblos indígenas cada vez que se prevean medidas administrativas o legislativas susceptibles de afectarles directamente.” Se indica que son medidas legislativas susceptibles de afectar directamente a los pueblos indígenas “los anteproyectos de ley y anteproyectos de reforma constitucional, ambos iniciados por el Presidente de la República, o la parte de éstos cuando sean causa directa de un impacto significativo y específico sobre los pueblos indígenas en su calidad de tales, afectando el ejercicio de sus tradiciones y costumbres ancestrales, prácticas religiosas, culturales o espirituales, o la relación con sus tierras indígenas.” Agrega que son medidas administrativas susceptibles de afectar directamente a los pueblos indígenas “aquellos actos formales dictados por los órganos que formen parte de la Administración del Estado y que contienen una declaración de voluntad, cuya propia naturaleza no reglada permita a dichos órganos el ejercicio de un margen de discrecionalidad que los habilite para llegar a acuerdos u obtener el consentimiento de los pueblos indígenas en su adopción, y cuando tales medidas sean causa directa de un impacto significativo y específico sobre los pueblos indígenas en su calidad de tales, afectando el ejercicio de sus tradiciones y costumbres ancestrales, prácticas religiosas, culturales o espirituales, o la relación con sus tierras indígenas.” Se agrega que los actos de mero trámite y las medidas de ejecución material o jurídica “se entenderán comprendidas en la consulta del acto terminal o decisorio al que han servido de fundamento o que deban aplicar.” Finalmente se dispone que las medidas administrativas que no producen una afectación directa respecto de los pueblos indígenas “no estarán sujetas a consulta, como sucede con aquellos actos que no producen un efecto material o jurídico directo respecto de terceros, como ocurre con los dictámenes, actos de juicio, constancia o conocimiento, así como los actos que dicen relación con la actividad interna de la Administración, como los nombramientos de las autoridades y del personal, el ejercicio de la potestad jerárquica o las medidas de gestión presupuestaria.”.

QUINTO: Que, en consecuencia, de la normativa previamente citada debe concluirse que para que el trámite de consulta sea una obligación para la Administración del Estado, debe tratarse de medidas legislativas o administrativas susceptibles de afectar directamente a las comunidades indígenas, causando impacto en los pueblos, sus tradiciones, costumbres, prácticas, cultura o territorio, siendo necesario determinar si los intereses de esos pueblos serían perjudicados con la acciones denunciadas por medio de la presente acción constitucional.

SEXTO: Que efectivamente, las acciones impugnadas por los recurrentes no tienen la entidad suficiente como para calificarla como una intervención que amerite una consulta indígena, ya que nos encontramos solo frente a un diseño de un prototipo de productos de turismo de montaña, elaboración de un plan de buenas prácticas, desarrollo de un plan de capacitaciones, por lo que no existe una acción u omisión que pueda catalogarse de ilegal o arbitraria, lo que consta de la prueba documental acompañada por la recurrida junto a su informe, razón por la cual el presente recurso será rechazado.

Por estas consideraciones, y visto, además, lo establecido en los artículos 19 N°2 y 20 de la Constitución Política de la República y Auto Acordado de la Excma. Corte Suprema de Justicia sobre Tramitación del Recurso de Protección de Garantías Constitucionales, se RECHAZA el recurso de protección interpuesto por nombre reservado, nombre reservado, nombre reservado y nombre reservado, en contra del Gobierno Regional De Los Ríos y en contra de la Corporación de Fomento de la Producción, sin costas.

Acordado con el voto en contra del Ministro (S) Sr. Carlos Acosta Villegas, quien estuvo por acoger la acción constitucional de protección, atendido los siguientes fundamentos:

1.- La Consulta Indígena fue establecida en el Convenio Nº169 de la Organización Internacional del Trabajo, promulgado por Decreto Nº236 del Ministerio de Relaciones Exteriores.

2.- En su artículo 6 N°1, letra a), dispone: “1. Al aplicar las disposiciones del presente Convenio, los gobiernos deberán: a) consultar a los pueblos interesados, mediante procedimientos apropiados y en particular a través de sus instituciones representativas, cada vez que se prevean medidas legislativas o administrativas susceptibles de afectarles directamente”.

3.- El artículo 2° del Decreto Supremo N°66 del Ministerio de Desarrollo Social (Reglamento que regula el Procedimiento de Consulta Indígena), dispone: “La consulta es un deber de los órganos de la Administración del Estado y un derecho de los pueblos indígenas susceptibles de ser afectados directamente por la adopción de medidas legislativas o administrativas, que se materializa a través de un procedimiento apropiado y de buena fe, con la finalidad de llegar a un acuerdo o lograr el consentimiento acerca de las medidas susceptibles de afectarlos directamente y que debe realizarse de conformidad con los principios recogidos en el Título II del presente reglamento”.

4.- El artículo 7° de la misma norma, dispone que: “Los órganos de la Administración del Estado señalados en el artículo 4º de este reglamento, deberán consultar a los pueblos indígenas cada vez que se prevean medidas administrativas o legislativas susceptibles de afectarles directamente.”

Se entiende por medidas administrativas susceptibles de afectar directamente a los pueblos indígenas, según la misma norma, “aquellos actos formales dictados por los órganos que formen parte de la Administración del Estado y que contienen una declaración de voluntad, cuya propia naturaleza no reglada permita a dichos órganos el ejercicio de un margen de discrecionalidad que los habilite para llegar a acuerdos u obtener el consentimiento de los pueblos indígenas en su adopción, y cuando tales medidas sean causa directa de un impacto significativo y específico sobre los pueblos indígenas en su calidad de tales, afectando el ejercicio de sus tradiciones y costumbres ancestrales, prácticas religiosas, culturales o espirituales, o la relación con sus tierras indígenas”.

Por su parte, el artículo 13 del Convenio 169 entrega una interpretación amplia del término “tierras”, al señalar que “deberá incluir el concepto de territorios, lo que cubre la totalidad del hábitat de las regiones que los pueblos interesados ocupan o utilizan de alguna otra manera”.

5.- De esta forma, es posible concluir que, para la procedencia de la consulta indígena, se requiere de un acto legislativo o administrativo susceptible de afectar directamente a un pueblo.

Sobre el sentido y alcance que debe darse a la expresión de afectación directa, la Excma. Corte Suprema ha emitido diversos pronunciamientos, indicando que ésta “se produce cuando se ven modificadas sus vidas, creencias, instituciones y bienestar espiritual, las tierras que ocupan o utilizan de alguna manera, y la posibilidad de controlar, en la medida de lo posible, su propio desarrollo económico, social y cultural.”.[footnoteRef:1] [1: CS Rol 16.817-2013, CS Rol 817-2016, CS Rol 8.507.2022.]

6.- Asimismo, el artículo 6 N°2 del Convenio 169 de la OIT señala que: “Las consultas llevadas a cabo en aplicación de este Convenio deberán efectuarse de buena fe y de una manera apropiada a las circunstancias, con la finalidad de llegar a un acuerdo o lograr el consentimiento acerca de las medidas propuestas”, lo que es ratificado en su reglamento, el que añade la necesidad de realizar la consulta de acuerdo con los principios que establece el mismo cuerpo normativo, esto es, la existencia de un procedimiento apropiado, el que debe ajustarse a las particularidades de los consultados, y la naturaleza y contenido de la medida sometida a consulta; el deber de llevarse a cabo de buena fe, que además de referirse a una actuación leal y correcta en el procedimiento por parte de los intervinientes, mandata especialmente al Estado, al señalar que “Para el Estado la buena fe también implicará actuar con debida diligencia, entendiéndose por tal la disposición de medios que permitan la generación de condiciones para que los pueblos indígenas puedan intervenir en un plano de igualdad …”; además del carácter previo de la consulta, que busca entregar al pueblo afectado “la posibilidad de influir de manera real y efectiva en la medida que sea susceptible de afectarle directamente”; lo que implica que se permita una efectiva intervención sobre ella en su constitución, y no en su ejecución.

7.- Por lo expuesto se concluye que el proceder de los recurridos deviene en que la falta de Consulta incumple la obligación de consulta establecida en el Convenio 169 de la OIT, promulgada por Decreto 236 del Ministerio de Relaciones Exteriores, publicada en el Diario Oficial con fecha 14 de octubre de 2008, así como en su Reglamento contenido en el Decreto Supremo N°66 del Ministerio de Desarrollo Social, promulgado con fecha 15 de noviembre de 2013 y publicado en el Diario Oficial con fecha 04 de marzo de 2014; carencia que torna ilegal el proceder al faltar a un deber de consulta que debía acatar la autoridad por imperativo legal, lo que lesiona la garantía de igualdad ante la ley, porque al no aplicarse la consulta que el Convenio 169 dispone, en la forma que detalla el Reglamento, niega trato de iguales a dichas comunidades indígenas.

Redacción del Ministro (S) don Carlos Acosta Villegas.

Regístrese, notifíquese y archívese, en su oportunidad.

Rol 1818 – 2023 Protección.