CORPORACION EDUCACIONAL CARDENAL RAUL SILVA HENRIQUEZ DE LOS RIOS con INSPECCION PROVINCIAL DE TRABAJO D

Valdivia, siete de noviembre de dos mil dieciocho.

VISTOS:

Don ALEJANDRO LÓPEZ CABA, abogado, en representación de la CORPORACION EDUCACIONAL CARDENAL RAÚL SILVA HENRIQUEZ DE LOS RIOS, deduce acción de protección en contra de la INSPECCIÓN PROVINCIAL DEL TRABAJO VALDIVIA, representada por su Inspector Provincial don nombre reservado, a fin de que se le ampare ante las acciones ilegales y arbitrarias de la recurrida, materializadas en la Resolución (Ordinario N° 1017); notificada de conformidad con el artículo 508 del Código del Trabajo con fecha de 25 de septiembre de 2018, que han afectado, perturbado y amenazado el ejercicio de las siguientes garantías fundamentales: i) la del artículo 19 N°2, que asegura a toda persona la igualdad ante la ley y prohíbe a la autoridad pública el establecer diferencias arbitrarias; y ii) la del artículo 19 N°3 que asegura la igual protección de la ley en el ejercicio de sus derechos.

Señala que a raíz de un proceso de fiscalización, la recurrida Inspección del Trabajo de Valdivia dictó la resolución multa N°1604/18/37 de fecha 18 de julio del año 2018, notificada de conformidad con el artículo 508 del Código del Trabajo con fecha 27 de julio del año 2018, la cual ordenó el pago de 30 UTM.

De conformidad con la normativa que regula las notificaciones de resoluciones de la Inspección del Trabajo las cuales sean notificadas mediante carta certificada, la resolución de multa se debe entender notificada al sexto día hábil desde la fecha de despacho de la carta certificada que consta en el sobre respectivo. Así, se presentó a la reconsideración administrativa el 6 de septiembre del presente año dentro del plazo de 30 días establecido en el Código del Trabajo. No obstante, lo anterior, la Inspección Provincial del Trabajo de Valdivia dictó el Ordinario N° 1017 mediante el cual declaró que “no se presentó dentro del plazo legal de 30 días corridos, contados desde su notificación”.

Dicho ordinario se notificó por carta certificada, despachada el 10 de septiembre de 2018, según consta en el sobre respectivo, por lo que se entiende notificada el 20 de septiembre del presente año.

De este modo, el plazo para solicitar la reconsideración administrativa de una multa laboral es de 30 días hábiles y deben computarse conforme a las reglas de la Ley Nº19.880, es decir considerando inhábil los días sábado, domingo y festivos, puesto que se trata de un plazo para realizar una gestión dentro del procedimiento administrativo sancionatorio y el artículo 512 del Código del Trabajo no señala de manera expresa que éste sea un plazo de días corridos, por lo que necesariamente debe computarse como de días hábiles conforme a la regla general del artículo 25 de la Ley de Bases de Procedimiento Administrativo. Invoca jurisprudencia (sentencias de la Excma. Corte Suprema de fecha 20 de junio de 2013 (Rol N°2789-2013) y de la esta Iltma. Corte de Apelaciones de Valdivia de fecha 12 de enero de 2016 (Rol N°1551-2015).

La afectación de los derechos fundamentales de su representada se produjo con esta negativa ilegal y arbitraria de la Inspección del Trabajo a admitir a tramitación la reconsideración administrativa de multa que se presentó en tiempo y forma; y esta negativa se materializó mediante el Ordinario N° 1017 referido, negándole a la empresa toda opción de obtener una decisión sobre el fondo de la reconsideración administrativa que se interpuso dentro de plazo.

La recurrida conforme al principio de juridicidad ella está obligada a actuar siempre conforme a derecho, quedándole prohibido todo actuar que fuere arbitrario o meramente voluntarioso. Se ha excedido sus atribuciones, desconociendo un derecho de utilizar todos y cada uno de los recursos judiciales y/o administrativos para impugnar o revisar aquellos actos que atenten contra la normativa legal vigente, constituyendo una vulneración del principio de legalidad en materia de derecho administrativo disciplinario.

De ese modo la actuación de la recurrida constituye un acto ilegal pues por ella se negó a tramitar un recurso presentado dentro de plazo legal afectando la garantía de igualdad ante la ley contemplada en el artículo 19 N° 2 de la Constitución Política de la República, en su manifestación de igual protección, en el ejercicio de los derechos que contempla el artículo 19 Nº3 del mismo texto constitucional, pues al desconocer la autoridad recurrida el plazo en toda su extensión ha dado un trato discriminatorio. Además, se provocó la vulneración del derecho del artículo 19 N°3 de la Constitución Política de la República en su dimensión conocida como el “debido proceso”.

Solicita en definitiva, se ordene a la recurrida dejar sin efecto la resolución N° 1017 (Ordinario) notificado el 20 de septiembre del presente año; ordenando a la recurrida dar tramitación y que se pronuncie derechamente respecto de la solicitud de reconsideración de multa interpuesta el 6 de septiembre de 2018, además de cualquier otra medida de tutela que se estime pertinente, con expresa condena en costas.

Acompaña en parte de prueba: 1. Resolución de Multa N°1604/18/37.1 de fecha 18.07.2018. 2. Solicitud de Recurso administrativo de fecha 06.09.2018. 3. Ordinario N° 1017 que resuelve reconsideración administrativa de multa laboral de fecha 10 de septiembre de 2018.

Informa don nombre reservado, abogado, por Inspección Provincial del Trabajo de Valdivia, solicitando su rechazo con costas.

Señala que el 18 de julio de 2018, el fiscalizador dependiente de la Inspección Provincial de Valdivia, don nombre reservado, dictó la Resolución de Multa Nº 1604/18/37 por "NO CONSIGNAR POR ESCRITO EN EL CONTRATO DE TRABAJO O EN DOCUMENTO ANEXO LA MODIFICACIÓN DE LA ESTIPULACIÓN REFERIDA A LA JORNADA DE TRABAJO DE LA SRTA. nombre reservado, TODA VEZ QUE LA TRABAJADORA NO FIRMÓ EL DOCUMENTO EN DONDE SE LE PROPONE DICHA MODIFICACION, EL CUAL DATA DEL 01.03.2018." Las referidas multas fueron notificadas el 27 de julio del año en curso y reconsideración fue presentada el 6 de septiembre. De este modo, el plazo de treinta días corridos para la solicitud de reconsideración de multa vencía el 26 de agosto de 2018. Por lo anterior se emitió el Oficio Ordinario Nº1017, de fecha 10/9/2018, por el cual se comunicó a la empresa que no se dio curso a la solicitud de reconsideración pues 'No se presentó dentro del plazo legal de 30 días corridos, contados desde su notificación." Indica que la acción de protección es improcedente, pues existe un procedimiento especialmente regulado al efecto. Así, el Libro V del Código del Trabajo, relativo a la jurisdicción laboral contempla en su título II el procedimiento para reclamar judicialmente de las multas y demás resoluciones administrativas. En los casos enunciados se aplica un procedimiento especial, cuyos efectos son la suspensión de la aplicación de la multa y la fijación de las partes del conflicto jurídico. Todo ello ante un juez laboral y en un procedimiento oral, concentrado, con un respeto íntegro del principio de la bilateralidad de la audiencia. Entonces, es en dicha sede donde necesariamente han de conocerse y resolverse impugnaciones como las efectuadas por el recurrente.

En el recurso de autos, éste ha sido interpuesto respecto de una resolución administrativa respecto a la cual la ley ya estableció procedimientos específicos de impugnación contemplados en los artículos 503 y 504 del Código del Trabajo. En ellos se establece la posibilidad de reclamar judicialmente de las resoluciones de la Dirección del Trabajo aludidas en el anterior párrafo. Invoca Jurisprudencia (Corte de Apelaciones de Santiago, en sentencia de fecha 8 de noviembre de 2011, Rol Nº 3710-2011, confirmada por la Corte Suprema mediante fallo Rol 11.974-2011.

Agrega que su actuación se encuentra ajustada a la normativa jurídica vigente, pues, el plazo de dicho recurso administrativo es de días corridos y no hábiles. El recurso de reconsideración de multa se encuentra regulado en los artículos 511 y 512 del Código del Trabajo. Establece la primera de estas normas lo siguiente: "Facúltese al Director del Trabajo, en los casos en que el afectado no hubiere recurrido de conformidad al artículo 503 y no hubiere solicitado la sustitución del artículo 506 ter de este Código, para reconsiderar las multas administrativas impuestas por funcionarios de su dependencia en la forma siguiente". Por su parte dispone la segunda de estas normas que: "El Director del Trabajo hará uso de esta facultad mediante resolución fundada, a solicitud que deberá presentar dentro del escrita del interesado, la plazo de treinta días de notificada la resolución que aplicó la multa administrativa".

No existe mención a la naturaleza del plazo de la solicitud, debiéndose recordar en este punto que, por regla general, cuando el legislador ha querido establecer plazos de días hábiles, lo ha consignado expresamente, siguiendo de este modo la norma del artículo 50 del Código Civil, en cuya virtud dispone que en los plazos que se señalaren en las leyes, o en los decretos del Presidente de la República, o de los tribunales o juzgados, se comprenderán aún los días feriados; a menos que el plazo señalado sea de días útiles, expresándose así, pues en tal caso no se contarán los feriados." En apoyo de esta interpretación, invoca el artículo 312, artículo 435, artículo 503 del Código del Trabajo.

Lo señalado es demostrativo que el Código del Trabajo, cuando quiere hacer excepción a la regla general del Código Civil señala con precisión la naturaleza de los términos y plazo que dicho Ordenamiento contempla, indicando cuándo ellos son discontinuos, al tiempo que menciona si son o no fatales, consagrando su prórroga en los casos que indica. Por otra parte, al existir norma legal, expresa y especial, que regula el procedimiento no corresponde la aplicación del artículo 25 de la Ley 19.880. Invoca fallo de la Ilustre Corte de Apelaciones de Antofagasta, de 18 de diciembre de 2012, Rol Nº 162-2012.

Expone que no es posible sostener que ha incurrido en una arbitrariedad al dictar los oficios, ya que la declaración de extemporaneidad se fundó en las normas jurídicas expuestas por las cuales se regula el plazo de naturaleza corrida.

Por otra parte, no se podía actuar de otra forma, teniendo en cuenta el carácter vinculante que tienen los pronunciamientos de la Contraloría General de la República, autoridad que fiscaliza el cumplimiento de las normas administrativas en relación a los Servicios Públicos. Señala el Dictamen Nº64.985, de 20 de noviembre de 2009, de Contraloría General de la República y Dictamen 17.334, de 10 de marzo de 2014. Resulta claro que el acto impugnado no es de aquellos denominados discrecionales, sino que fue dictado en ejercicio de una facultad reglada. Esto porque no existe margen discrecional alguno, sino que se debe aplicar la ley, de tal forma que la decisión, en cuanto a la oportunidad de la presentación del recurso administrativo, dependerá de si fue o no ingresado en la Dirección del Trabajo dentro de los 30 días corridos, como lo establecen las normas jurídicas citadas.

En suma, reitera que no existe un acto arbitrario en el presente caso, sino que un actuar apegado a la ley, además de un cumplimiento de las instrucciones del Órgano fiscalizador en materia administrativa, la Contraloría General de la República, cuyos dictámenes resultan absolutamente vinculantes para la Dirección del Trabajo en su calidad de Servicio Público.

En cuanto a la garantía contenida en el Nº 2 del artículo 19 de la Constitución Política de la República, esto es, la igualdad ante la le, no se ha explicitado en el recurso el grado de afectación de la garantía invocada, es decir, si hay privación perturbación o amenaza en el legítimo ejercicio de los derechos constitucionalmente garantizados. De todos modos, es improcedente la acción cautelar pues dicha garantía, lo que se tutela es el derecho a no ser objeto de diferencias arbitrarias, ni por la ley, ni por autoridad alguna. Esto quiere decir que la autoridad al momento de resolver una petición de algún administrado, debe hacerlo de la misma forma en todos aquellos casos iguales, no pudiendo variar su forma de proceder en perjuicio de un determinado sujeto de forma arbitraria, lo que en los hechos, evidentemente, no sucede, pues la aplicación del plazo corrido a efecto de admitir o no un recurso de reconsideración administrativa es igualmente aplicable a cada recurso que ingresa al Servicio. (Corte Suprema, sentencia de 30 de diciembre de 2003, tercera sala, rol Nº 5041-2003.

Procede que se desestime el recurso, por no ser éste el medio procesal idóneo para la materia, al existir un procedimiento especialmente regulado en el Código del Trabajo. En subsidio de lo anterior, se debe desestimar el recurso pues no concurren los presupuestos de la acción cautelar interpuesta, concluyéndose que no existe un actuar ilegal o arbitrario de mi mandante, ni tampoco una afectación a la garantía invocada por la recurrente, debiéndose desestimar en definitiva, la presente acción.

Solicita en definitiva rechazar el recurso, con expresa condena en costas, por no existir actuación arbitraria o ilegal, por cuanto se actuó dentro del marco legal, en uso de atribuciones y prerrogativas que son propias, no produciéndose además la lesión al derecho invocado, declarando en definitiva que el ordinario 1017 queda firme por haber sido presentada la reconsideración fuera de plazo.

Acompaña: 1.-Copia de Oficio Nº 1017 de 10/9/2018 del Inspector Provincial del Trabajo de Valdivia. 2.-Copia de solicitud de reconsideración administrativa. 3) Acta de fiscalización y notificación.

CONSIDERANDO PRIMERO: Que el recurso de protección de garantías constitucionales, previsto en el artículo 20 de la Constitución Política de la República, es una acción constitucional, cuyo propósito consiste en obtener de los Tribunales Superiores de Justicia, una tutela eficaz y eficiente para salvaguardar la integridad de los derechos fundamentales que aquélla norma contempla. Al conocer un recurso de protección, es el deber de esta Corte adoptar, en forma inmediata, las providencias necesarias para asegurar la debida protección ante una acción u omisión arbitraria o ilegal, que importe una privación, perturbación o amenaza de los derechos y garantías que el constituyente establece.

SEGUNDO: Que como ya lo ha resuelto la Excma. Corte (Rol N° 4015-2015), el plazo de treinta días a que se refiere el artículo 512 del Código del Trabajo para presentar la solicitud de reconsideración ante el Director del Trabajo no es de días corridos, como lo sostiene la recurrida, sino de días hábiles, entendiéndose inhábiles los días sábados, domingos y festivos. Se trata de un recurso presentado en la etapa administrativa, de manera que por no existir norma expresa que establezca lo contrario en el referido Código, debe aplicarse en forma supletoria el artículo 25 de la Ley N° 19.880 que se refiere al cómputo de los plazos del procedimiento administrativo, disposición que alude a días hábiles, disponiéndose que son inhábiles los días sábados, domingos y festivos. En consecuencia, existiendo regulación expresa acerca del cómputo de los plazos en los procedimientos administrativos, esta modalidad prima por sobre las normas de carácter general comprendidas en el Código Civil.

TERCERO: Que, por lo expuesto, el recurso de reconsideración fue presentado el día 6 de septiembre de 2018 y enviado por carta certificada a la entidad recurrida, esto es, dentro del plazo de treinta días hábiles contados desde la notificación, que fue practicada el día 27 de julio de 2018. Por este motivo, la primera actuación de la recurrida constituyó un acto ilegal en tanto se negó a tramitar un recurso presentado dentro de plazo, afectando la garantía de igualdad ante la ley del artículo 19 N° 2 de la Constitución Política de la República.

Y de conformidad con lo que dispone el artículo 20 de la Constitución Política de la República y el Auto Acordado de la Excma. Corte sobre la materia, se ACOGE, sin costas, el recurso de protección deducido por don ALEJANDRO LÓPEZ CABA, abogado, en representación de la CORPORACION EDUCACIONAL CARDENAL RAÚL SILVA HENRIQUEZ DE LOS RIOS, deduce acción de protección en contra de la INSPECCIÓN PROVINCIAL DEL TRABAJO VALDIVIA, representada por su Inspector Provincial don nombre reservado y en consecuencia, se deja sin efecto la Resolución Ordinaria N° 1017 de 28 de Agosto de 2016, debiendo la recurrida, esto es, la Inspección Provincial del Trabajo de Valdivia, admitir a tramitación la solicitud de reconsideración planteada por la recurrente respecto de la resolución de Multa N° 1604/18/37 de fecha 18 de julio del año 2018.

Regístrese, notifíquese y archívese en su oportunidad.

N°Protección-1801-2018.