nombre reservado CON nombre reservado

nombre reservado, cinco de septiembre de dos mil diecinueve.

VISTOS:

En el folio 2 de carpeta digital comparece doña nombre reservado, RUT RUT reservado, quien interpone recurso de protección en contra del Sr. nombre reservado, por vulneración de las garantías constitucionales consagradas en los numerales 1 y 24 del artículo 19 y artículo 1 º de nuestra Constitución Política, esto es, la vida e integridad física y psíquica de su persona, su derecho de propiedad y su dignidad, respectivamente.

Expresa que es una persona adulta, mayor de 80 años de edad, que vive en el sector de Punucapa, comuna de nombre reservado, y que el terreno que habita, pertenece a una sucesión que quedó al fallecimiento de sus padres. La comunidad hereditaria quedó conformada por cinco hermanos, dos de los cuales fallecieron, realizando las posesiones efectivas correspondientes por parte de los hijos que dejó uno de los causantes, y el otro al no tener hijos, aumentó la cuota hereditaria de los demás asignatarios. Dicho retazo de terreno mide aproximadamente una hectárea veintinueve áreas, y está signada como hijuela Nº8, y, en general, deslinda: Norte, línea 5 metros de las aguas máximas ordinarias del río Cruces, en una extensión de 81 metros; Este, Iglesia Católica, separada por cerco; Sur, camino público del muelle a potrero; Oeste, hijuela 7 nombre reservado.

Añade que, de común acuerdo entre los comuneros, decidieron dividir el terreno en tres partes iguales, y, como es sector rural, al no poder subdividir por menos de media hectárea, optó por tener su título de dominio por regularización de la posesión de la pequeña propiedad raíz establecida en el D.L. Nº 2695/79. Dicho trámite lo comenzó a realizar el mes de septiembre del 2015, en donde entregó toda la documentación necesaria para acreditar lo que la ley exige y que hoy ya está en proceso, en su etapa final.

Precisa que estas últimas semanas he tenido que padecer, a su edad, hechos que no solo le privan de su derecho de propiedad, sino que también están afectando su salud. El cerco que deslinda al Oeste, con la hijuela Nº 7, cuyo propietario es el sr. nombre reservado, es un cerco antiguo y no se extiende por todo el límite de dicho deslinde, faltando por cercar más o menos 30 metros. Decidió invertir algunos ahorros que tenía y compró algunos polines (estacas de madera) para poder terminar de cercar hasta donde señala la escritura, que es la línea de 5 metros de las aguas máximas ordinarias del río Cruces, pidiéndole a sus hijos realizaran el trabajo de colocar las estacas y así poder terminar de demarcar el trazo faltante. Dichos trabajos se empezaron a realizar el día viernes 5 de julio de 2019 a eso de la 10:00 hrs., colocando algunas estacas para continuar al día siguiente. El día sábado 6 de julio, cerca de las 12:00 hrs., su hijo se percata que el señor nombre reservado, propietario de la hijuela vecina, botó todos los polines que se habían colocado el día anterior, y al preguntarle por qué hizo eso, se puso a gritar y a insultar a su hijo, se descompensa totalmente y sigue pateando las estacas, sin dar ningún tipo de explicaciones, de forma amenazante y mantenía un elemento como machete en sus manos. De este hecho se dio cuenta a carabineros de Punucapa, quedando constancia de lo sucedido.

Posteriormente, el día martes 16 de julio de 2019, sus hijos volvieron a colocar las estacas de madera para terminar el cerco y dividir completamente del sitio colindante, trabajo que comenzó a realizarse en la mañana. Siendo casi el medio día, vuelve a aparecer el Sr. nombre reservado, nuevamente a increpar a sus hijos y comenzar a forcejear para derribar los polines puestos. Botó la mayoría de ellos por lo que tuvieron de nuevo que llamar a Carabineros de Punucapa, quienes llegaron a las 12:17 hrs. al lugar, percatándose de los hechos y colocando nuevamente una denuncia por su parte, ya que no solo botó las estacas, sino que también procedió a llevárselos junto a un tarro de pintura que sus hijos tenían para pintar los polines. Carabineros se retira del lugar. Solo esperó eso el sr. nombre reservado, para volver a sacar las estacas que no había podido botar anteriormente. Todo esto queda registrado por imágenes de una cámara de seguridad.

En cuanto a la primera garantía vulnerada - derecho a la vida e integridad síquica y física- agrega que es una persona de 80 años, con enfermedades como la hipertensión arterial y diabetes, propensa a descompensarse por cualquier cosa, más cuando se perturba la tranquilidad de su hogar, y se viola su propiedad sin ningún tipo de consideración, sabiendo el Sr. nombre reservado quien es, una persona adulta mayor, enferma, que lo único que necesita es vivir en paz, ya que nunca ha actuado mal, siempre ajustada a lo que, por más de 80 años, lo han hecho sus padres en ese terreno, no teniendo nunca este tipo de problemas, y no sabiendo cuales son los propósitos que tiene este señor para actuar así, ¿a lo mejor pensará que por su vejez y humildad la podrá pasar a atropellar?, ¿o creería que por no haber cercado antes, ese terreno le corresponde a él? Luego de lo que ocurrió con este señor, que no sabe con qué autoridad llegó y empezó a derribar el cerco que estaban construyendo, comenzó con un dolor en sus extremidades que le imposibilitó hasta para caminar, cayendo en cama, a ver si se recuperaba. Se le adormecieron las manos, se puso muy nerviosa. Esperó a ver si los síntomas se atenuaban, pero no fue así, por lo que el día domingo 7 de julio, después del primer conflicto, tuvieron que llevarla en ambulancia al consultorio para que le atendieran, ya que no soportaba los dolores a las extremidades. El día lunes continuaba igual, por lo que tuvo que ir a la Clínica que le hicieran exámenes para descartar algo más grave. La doctora que revisó sus exámenes le señala que está pasando por un periodo de estrés, producto de los problemas que está enfrentando con el conflicto con el señor nombre reservado, que ataca directamente su estado físico y psicológico, y que a su edad se agudiza mucho más, poniendo en riesgo su vida.

La integridad física está muy ligada a la vida "mientras que el bien de la vida consiste pura y simplemente en la existencia, la integridad física, que presupone la vida, agrega la incolumidad física, cuya jerarquía indudablemente es inferior a su presupuesto. Consiguientemente, el derecho a la integridad física consiste en el derecho que tiene todo individuo a que no se le ocasione daño, lesión o menoscabo en su persona física: es el derecho a la incolumidad física".

En relación a la segunda garantía vulnerada - el derecho de propiedad - agrega que con los hechos relatados en lo principal del recurso, queda de manifiesto la afectación que el Sr. nombre reservado está realizando con su actuar, limitando absolutamente la construcción de un cerco que tiene como fin terminar uno que ya está hecho, siguiendo la misma línea hasta llegar hasta los 25 o 30 metros que faltan antes de la línea 5 metros de las aguas máximas ordinarias del río Cruces. Este terreno lo adquirieron por sucesión por causa de muerte de sus padres, modo de adquirir derivativo, ya que ellos eran dueños del retazo antes señalado, del cual es titular del derecho real de herencia, que el artículo 577 del Código Civil. Esta comunidad sigue siendo indivisible mientras no se realice la partición de bienes, o se regularice a través del procedimiento que señala el DL 2.695 y cada uno tenga el dominio absoluto de su cuota hereditaria. Tiene el derecho de realizar lo que estime en su propiedad, y el cerco es esencial para delimitar una propiedad de otra, por lo que el actuar ilegal y arbitrario del sr. nombre reservado, quien actúa sin ninguna autorización y facultad, vulnerando el derecho de propiedad que la Constitución garantiza en sus diversas especies, sobre toda clase de bienes corporales e incorporales, derecho que con este recurso pide sea garantizada.

Finalmente, con relación a la tercera garantía que dice afectada añade que la dignidad de la persona humana es una cualidad intrínseca y distintiva reconocida a todo individuo que lo hace merecedor del mismo respeto y consideración por parte del Estado y de la comunidad, implicando, en este sentido, un complejo de derechos y deberes fundamentales que aseguran a la persona tanto contra todo y cualquier acto de cuño degradante o deshumanizado, como velan por garantizar las condiciones existenciales mínimas para una vida saludable, además de propiciar y promover su participación activa y corresponsable en los destinos de la propia existencia y de la vida en comunión con los demás seres humanos, mediante el debido respeto a los demás seres que integran la red de la vida. El ordenamiento jurídico debe asegurar todos y cada uno de nuestros derechos fundamentales, ya que de una u otra medida aseguran la dignidad humana, dignidad que se pierde o degradada cada vez que se desconocen intencionalmente estos derechos, por lo que la dignidad de la persona debe constituirse en un valor supremo, columna vertebral del ordenamiento constitucional en virtud de su artículo 1 º, incisos 1 y 4 de la constitución y todos los tratados internacionales ratificados por Chile los que determinan a la dignidad como fuente sustantiva de todos los derechos.

Todos los actos vulneratorios de derechos fundamentales atentan gravemente contra la dignidad humana, más cuando son reiterativos, los que producen en la persona un daño no solo en la esfera de su condición personal, sino también en el ámbito familiar, ya que todos están muy afectados por lo que está pasando, y que también sienten la impotencia que siente ella al ver como se vulneran y degradan sus derechos.

PIDE CONCRETAMENTE:

1) Se obligue al sr. nombre reservado, a no destruir por parte de él o de cualquier trabajador a su nombre, el cerco que están instalando y que delimita su propiedad con la de ellos en lo que respecta al tramo faltante de aproximadamente 25 a 30 metros, hasta llegar a la línea 5 metros de las aguas máximas ordinarias del río Cruces, como lo señala la inscripción en el registro de propiedad.

2) Prohibir cualquier acto violento por parte del Sr. nombre reservado, ya sea físico o verbal, contra cualquiera de las personas que construyan el cerco que delimite sus propiedades.

3) Sea condenado en costas En el folio 23 de carpeta digital comparece don Andrés Rivas Pérez, abogado, en representación de la parte recurrida, don nombre reservado, e informa solicitando que la acción constitucional deducida por la recurrente, sea rechazada en todas sus partes, con expresa condenación en costas por las siguientes consideraciones de hecho y de derecho:

Con fecha 9 de Noviembre del año 2017, su representado por escritura pública de compraventa, que acompaña, adquirió la Hijuela N° 7, ubicada en Punucapa, y cuyos deslindes, conforme se consigna en su cláusula primera de dicho instrumento, son: “Norte, línea de cinco metros de las aguas máximas ordinarias del Río Cruces, en una extensión de 57 metros; Este, Hijuela N° 8 de Néctor, nombre reservado, nombre reservado y nombre reservado, separados por cerco; Sur, camino público del muelle a Potero; Oeste, Hijuela N° 6 de nombre reservado, separado por cerco”. El inmueble singularizado fue debidamente inscrito a nombre de don nombre reservado a fojas 4113 bajo el N° 4015 del Registro de Propiedad del Conservador de Bienes Raíces de nombre reservado del año 2017. Inscripción que se encuentra plenamente vigente, según da cuenta la certificación realizada por el señor nombre reservado, con fecha 26 de Agosto del año en curso.

La recurrente, si bien es vecina del señor nombre reservado, éste no la ha visto desde hace más de dos años a la fecha. Recuerda que la saludó cuando compró el predio singularizado, pero desde entonces no ha tenido ni siquiera una breve conversación con ella. La recurrente omite, de manera absoluta, los hechos ocurridos a comienzos del mes de Mayo del año en curso entre su representado y uno de los hijos de la recurrente, don nombre reservado. Mientras su representado realizaba labores de limpieza del terreno que adquirió, y reparaba parte de los cercos antiguos existentes en el lugar, en particular respecto del deslinde Este, se presentó el señor nombre reservado afirmando que ese terreno le pertenecía.

Con fecha 26 de Mayo del 2019, Carabineros de Punucapa concurrió al lugar de los hechos, a instancias de la recurrente, mientras su representado procuraba continuar reparando los cercos antiguos y terminando los nuevos. Con esta fecha, don nombre reservado estampó una denuncia ante Carabineros de Chile, señalando que al cerco que había levantado le faltaban 12 estacones de luma y habían desaparecido 120 metros de alambre de púas de su propiedad.

Con posterioridad a estos hechos, a comienzos y mediados de Julio, como expresa la recurrente, sus hijos comienzan a levantar un cerco procurando delimitar lo que, en su concepto, les pertenece. Cerco que finalmente no levantaron ante la oposición de su representado y las instrucciones dadas por Carabineros de Chile que se apersonaron al lugar.

Su representado, agrega, de modo alguno ha vulnerado, ni pretendido vulnerar ninguno de los derechos fundamentales que esgrime la recurrente. Simplemente se ha limitado a ejercer las facultades que le confiere el derecho de dominio, y en particular, proteger lo que en derecho le corresponde. Como se aprecia en el Plano que se acompaña, tanto el predio de su representado, como el retazo de la recurrente, delimitan con el Río Cruces. En particular, en el predio de su representado existe un camino, de muy antigua data, que baja hasta el río. Este camino tiene alrededor de 4 metros de ancho, y al final de éste, existían varios estacones antiguos que delimitaban ambas propiedades. Más, estas estacas fueron retiradas por los hijos de la recurrente, sin autorización ni explicación alguna. Según los dichos de los vecinos del sector, este camino era utilizado desde la década de 1940. La recurrente pretende delimitar su predio y establecer un lindero de manera discrecional y sin sustento legal alguno. Ninguna de las partes, a este respecto, tiene respaldo registral, ya sea en sus inscripciones o en los planos respectivos, y por tanto, es de suma importancia establecer el lindero conforme lo hacían las estacas antiguas que fueron retiradas por los hijos de la recurrente. No pueden simplemente seguir una línea recta como pretenden hacerlo. Esta circunstancia revela que no existe, en la parte de terreno en conflicto, un derecho indubitado y no es esta la sede, ni el arbitrio esgrimido, en la cual se puedan declarar los derechos de dominio de una u otra parte. Más aun teniendo presente que se ha aparejado, por la recurrente, un título del año 2008, inscripción especial de herencia, que simplemente dispone que son herederos de don nombre reservado, entre otros, doña nombre reservado, y que el deslinde Oeste del predio sobre el que recaen los derechos y acciones respectivas, es la “Hijuela N° 7 de nombre reservado, separada por cerco”.

No se ha acompañado el título ni el plano respectivo del saneamiento que afirman haber obtenido. Y aun existiendo estos antecedentes, no puede la recurrente establecer un lindero de manera discrecional teniendo pleno conocimiento de la existencia del estacado antiguo que delimitaba ambas propiedades y que fueron retirados por sus propios hijos. Esta discrepancia debe ser resuelta en un juicio de lato conocimiento que declara, en definitiva, quién es el titular de la superficie en disputa. Para los vecinos del sector y para el personal de Carabineros de Punucapa que se ha apersonado en el sitio, es un hecho cierto la existencia de los estacones que hemos señalado, los cuales, como hemos mencionado, fueron arbitrariamente retirados por los hijos de la recurrente, pretendiendo establecer un lindero a su amaño, a costa del predio de su representado.

Finalmente señala que no es efectivo que su representado llevara consigo un “machete” el día de Julio pasado, como afirma la recurrente, sino tan solo una pala por cuanto se encontraba haciendo trabajos de limpieza de matorrales en su propiedad. Y hace igualmente presente que los hijos de la recurrente han instalado una cámara que apunta directamente a la propiedad de su representado, sin su autorización por cierto, y no vislumbramos la finalidad que apunta la recurrente, “seguridad”. Casi a la orilla del río Cruces. Situación que vulnera la privacidad de su representado, protegido también a nivel constitucional, de conformidad al artículo 19 N° 4 de nuestra Constitución Política.

El recurso de protección exige, en primer término, que se trate de una acción u omisión arbitraria o ilegal. En cuanto a la arbitrariedad, los criterios a este respecto son los tradicionales, es decir, aquellos que dan cuenta de acciones u omisiones irracionales. En cuanto a la ilegalidad, en sentido amplio, debe entenderse como sinónimo de antijuridicidad. Finalmente, requiere que el afectado por una conducta semejante, sufra privación, perturbación o amenaza en el legítimo ejercicio de los derechos. La noción de “privación” da cuenta de un despojo o impedimento absoluto en relación al ejercicio del derecho. Por su parte, “perturbar” tiene relación con complicar, limitar o incluso hacer más onerosa la natural extensión del ejercicio del derecho. En cuanto a la “amenaza”, entendida como aquella acción u omisión que anuncia un mal, debe ser cierta, es decir, acreditarse y parecer inminente.

El arbitrio deducido por la contraparte, requiere que la ilegalidad o arbitrariedad recurrida sean la causa de la privación, perturbación o amenaza. Debe existir y acreditarse una relación de causalidad a este respecto. Para que proceda el recurso no basta una ilegalidad clara si ésta no involucra, adicionalmente, la privación, perturbación o amenaza al derecho invocado, establecido previamente.

En la especie no existe una acción arbitraria o ilegal. Su representado tiene un título inscrito desde el año 2017, y en función de él, y del estacado antiguo que deslinda ambas propiedades estaba reparando el cerco medianero en la parte próxima a la orilla del río Cruces, y estos trabajos, más las estacas antiguas, fueron sacadas por los hijos de la recurrente el día 26 de Mayo del año en curso como ha mencionado anteriormente. Por otra parte, la recurrente no posee un antecedente registral que establezca, de manera indubitable su derecho sobre el retazo que reclaman como de su dominio. Han actuado por vías de hecho impidiendo a su representado establecer el deslinde marcado por las estacas antiguas tantas veces mencionadas, y en su lugar, pretenden establecer un deslinde a su amaño, discrecionalmente, fuera de todo proceso judicial que establezca sus supuestos derechos sobre el retazo cercano a la orilla del río Cruces.

Lo anterior lleva a concluir que en la especie no ha habido privación, perturbación ni amenaza en el legítimo ejercicio de un derecho, sino tan solo una conducta desplegada conforme a la inscripción de dominio de su representado y al deslinde histórico del sector, marcado por las estacas antiguas que los hijos de la recurrente optaron por sacar y delimitar la propiedad conforme su único parecer. Situación que el señor nombre reservado, en ejercicio de su derecho de propiedad, debía necesariamente impedir.

Finalmente, es preciso señalar que la acción de protección no es la instancia para establecer la existencia del derecho o libertad o una declaración de su titularidad. No se trata de una acción declarativa. El recurso de protección, por su naturaleza breve y sumaria, no es la instancia para establecer la existencia de un derecho que se encuentra en duda.

PIDE CONCRETAMENTE negar lugar a la acción constitucional interpuesta, en todas sus partes, con expresa condenación en costas.

Se trajeron los autos en relación. El día de la vista comparecieron los apoderados de la recurrente y el recurrido y efectuaron las alegaciones reiterando lo expresado en los escritos respectivos, así como las peticiones concretas contenidas en ellos CONSIDERANDO:

Primero: Que el recurso de protección ha sido instituido por el constituyente como una acción destinada a evitar las posibles consecuencias dañosas derivadas de acciones u omisiones arbitrarias o ilegales, que produzcan privación, perturbación o amenaza de alguna o algunas de las garantías constitucionales expresamente señaladas en la Constitución Política de la República, a fin de restablecer el imperio del derecho y otorgar la debida protección a quien pueda resultar afectado.

En dicho sentido, es un medio de impugnación jurisdiccional que permite poner pronto remedio a situaciones de hecho que amaguen derechos de rango constitucional, estrictamente enumerados en el artículo 20 de la carta fundamental, comprendiendo situaciones inequívocas, de fácil y rápida comprobación, dentro de un procedimiento breve y sumarísimo.

Segundo: Que, como una cuestión previa y fundamental para entrar al conocimiento del asunto, es menester explicitar que el recurso de protección es una acción de naturaleza cautelar, urgente y no declarativa, de modo que no es posible a través de este procedimiento, obtener un pronunciamiento en el que se dirima la existencia del derecho invocado, su validez y en general, las materias cuyo fallo requiere una discusión y tramitación en un juicio de lato conocimiento.

En efecto, la procedencia de la acción de protección de garantías constitucionales, requiere de suyo la existencia de un derecho indubitado en favor del actor y, sólo de concurrir tal derecho, corresponde determinar si se dan o no los demás requisitos para otorgar la cautela requerida, pues como la sostenido la Excma. Corte Suprema “la acción de cautela de derechos constitucionales impetrada en estos autos constituye un arbitrio destinado a dar protección respecto de derechos que se encuentren indubitados y no discutidos” (Rol N° 27451-2014, de 14/01/2015). En el mismo sentido, el Tribunal Constitucional ha fallado que la naturaleza jurídica del recurso de protección es la de “una acción cautelar, para la defensa de derechos subjetivos concretos, que no es idónea para declarar derechos controvertidos, sino tan solo para restablecer el imperio del derecho y asegurar la debida protección del afectado, en presencia de una acción u omisión arbitraria o ilegal, que amerita una solución urgente,” (Rol 2538-14, de 09/09/2014).

Tercero: Que, ya está asentado en la doctrina y jurisprudencia, entonces que para que arribe a buen puerto jurisdiccional, el recurso de protección del artículo 20 de la Constitución Política de la República debe entonces existir un acto u omisión arbitraria o ilegal y que signifique o una “privación” o una “perturbación” o una “amenaza” en el legítimo ejercicio de alguno de los derechos constitucionales asegurados y garantidos por el recurso y que esa privación, perturbación o amenaza conculque o afecte precisamente, o sea, de modo real, efectivo o inminente el legítimo ejercicio de los derechos que garantiza la Constitución y el restablecimiento del imperio del derecho debe serlo en un procedimiento sumario y rápido, sin perjuicio de los demás derechos que el afectado pueda hacer valer ante la autoridad o los tribunales correspondientes.

La “arbitrariedad” indica carencia de razón en el actuar u omitir, falta de proporción entre los motivos y el fin o finalidad que alcanza, ausencia de ajuste entre los medios empleados y el objetivo a obtener, o sea, una actuación carente de fundamento (El Recurso de Protección, nombre reservado, página 189).

Lo “ilegal” se da en el ámbito de los elementos reglados de las potestades jurídicas; es decir, de lo contrario a la ley; en otras palabras, el actuar u omitir es ilegal cuando fundándose en algún poder jurídico que se posea o detenta, se excede en su ejercicio, cualquiera sea el tipo, modo o manera que el exceso adopte (Ob. cit. Pág. 239).

Cuarto: Que son hechos pacíficos, en razón del mérito de los escritos de recurso e informe, y refrendados, además, con los antecedentes acompañados por recurrente y recurridos, valorados conforme a las reglas de la sana crítica, los siguientes:

1.- Que la recurrente vive en domicilio reservado, que mide aproximadamente 1 hectárea, 29 áreas, que deslinda en general : al Norte, línea 5 metros de las aguas máximas ordinarias del río Cruces, en una extensión de 81 metros; Este, Iglesia Católica, separada por cerco; Sur, camino público del muelle a potrero; Oeste, hijuela 7 nombre reservado, que adquirió por sucesión por causa de muerte al fallecimiento de sus padres junto a otros hermanos, con los que, de común acuerdo, decidieron dividir el terreno en tres partes iguales.

2.- Que, por ser sector rural y no poder subdividir por menos de media hectárea, la recurrente optó por regularizar su posesión mediante el procedimiento de saneamiento de la posesión de la pequeña propiedad raíz establecida en el D.L. Nº 2695/79, que aún se encuentra en trámite.

3.- Que el recurrido, con fecha 9 de Noviembre del año 2017, por escritura pública de compraventa, adquirió la Hijuela N° 7, ubicada en Punucapa, y cuyos deslindes, conforme se consigna en la cláusula primera de dicho instrumento, son: “Norte, línea de cinco metros de las aguas máximas ordinarias del Río Cruces, en una extensión de 57 metros; Este, Hijuela N° 8 de Néctor, nombre reservado, nombre reservado y nombre reservado, separados por cerco; Sur, camino público del muelle a Potero; Oeste, Hijuela N° 6 de nombre reservado, separado por cerco”.

El título fue debidamente inscrito a nombre de don nombre reservado a fojas 4113 bajo el N° 4015 del Registro de Propiedad del Conservador de Bienes Raíces de nombre reservado del año 2017.

4.- Que tanto la parte recurrente como la parte recurrida sostienen que entre los meses de mayo y junio del año en curso han intentado reparar el cerco medianero surgiendo el conflicto, por cuanto no existe acuerdo por donde va el lindero en el tramo cercano al río Cruces.

Quinto: Que, asentado lo anterior, resulta claro para esta Corte, entonces, que esta vía recursiva no es la que ha establecido el legislador para determinar cuál de las partes en conflicto, es la que se encontraba haciendo uso de un legítimo e indubitado derecho a reparar o instalar el cerco divisorio de ambos predios, por cuanto uno y otro se atribuyen el haberlo intentado efectuar en el antiguo deslinde de ambas propiedades, sin embargo ninguna de ellas ha hecho referencia a que conste que dicho cerramiento se hubiese efectuado de “acuerdo” y a “expensas comunes”, como lo exige el artículo 852 del Código Civil. En consecuencia, no existiendo un derecho indubitado de la parte recurrente, ni de la parte recurrida, a reparar o construir el cerco divisorio donde lo pretendían no es posible que prospere el recurso intentado, por lo que deberán interponer las acciones protectoras del dominio consagradas en los artículos 841 y siguientes del Código Civil para que se fijen los límites que separan ambos predios y se proceda a efectuar la demarcación y cerramiento a expensas comunes.

Por estas consideraciones y visto, además, lo dispuesto en el artículo 20 de la Constitución Política de la República y Auto Acordado de la Excma. Corte Suprema sobre Tramitación del Recurso de Protección de Garantías Constitucionales, se declara:

Que RECHAZA, sin costas, el recurso de protección interpuesto por doña nombre reservado, RUT RUT reservado, en contra del Sr. nombre reservado.

Regístrese, notifíquese y archívese, en su oportunidad Redacción del Ministro Titular señor Carlos Gutiérrez Zavala N°Protección-1781-2019.