nombre reservado con MUNICIPALIDAD DE VALDIVIA

C.A. de Valdivia Valdivia, veintitrés de septiembre de dos mil veinte.

VISTOS, Doña nombre reservado, domiciliada para estos efectos en domicilio reservado, interpone recurso de protección en contra de Contraloría Regional de Los Ríos, representada por su Contralor y en contra de la Municipalidad de Valdivia, representada por su alcalde el señor nombre reservado, por vulneración de la garantía del numeral 19 N°1, N° 2 y N° 24 de nuestra Constitución.

Señala que en abril del 2013 ingresó a trabajar en calidad de honorarios al Departamento de Educación Municipal de Valdivia, en adelante DAEM, en calidad de administrativa. Desde el 2014, se le realiza el traspaso como funcionaria del DAEM a contrata, pero esta vez regida por el código del trabajo, siendo a partir del 2015 su contrato como indefinido.

El año 2018, se le realiza un sumario administrativo, por supuestos dos días seguidos sin trabajar dentro de un mes de forma injustificada. Producto de este sumario administrativo, se le aplica la medida de término de la relación laboral conforme a lo que dispone el artículo 160 N°3 del Código del Trabajo por “la no concurrencia del trabajador a sus labores sin causa justificada durante dos días seguidos.

Dicho decreto alcaldicio N° 2138 fue expedido el día 22 de febrero de 2019, producto del cual debía dejar el cargo a contar del 28 de febrero de 2019.

Producto de lo anterior, y por estar embarazada en el periodo en que se le pone término a su relación laboral, pide ser reincorporada nuevamente a sus funciones, con respuesta negativa, contenida en ordinario 789, de 05 de abril de 2019.

Acudió a la inspección del trabajo, con fecha 08 de abril de 2019, a realizar la denuncia respectiva, siendo derivada a Contraloría, por ser trabajadora que cumple funciones para el Estado.

El día 30 de abril de 2019, ingresó denuncia en Contraloría Regional de Los Ríos. De aquella denuncia, ha pasado más de un año y recién el día 20 de mayo, advierte haber sido notificada en su correo, de la resolución. Se trata del dictamen N° 1525 de 14 de mayo de 2020, que en síntesis señala que: “la medida disciplinaria de destitución configura una justa causa para proceder a exonerar de sus funciones a las empleadas de la administración que estén amparadas por el fuero maternal, ya que los castigos disciplinarios derivan de procedimientos administrativos que tienen por objeto indagar y acreditar las infracciones cometidas, por lo que la sanción de destitución del cargo que se desempeña no consiste en una causal discrecional de expiración de funciones, sino que se funda en antecedentes debidamente comprobados, que justifican la imposición de aquella medida.

De esta forma, del análisis de la documentación precitada, no se advierte irregularidad en el actuar de la Municipalidad de Valdivia en orden a disponer el término de la relación laboral con la recurrente, por haberse ausentado dos días seguidos a sus funciones, sin causa justificada.

En consecuencia, en mérito de lo expuesto, se desestima el reclamo de la especie”.

Denuncia la existencia de dos situaciones arbitrarias e ilegales, la desvinculación por un proceso viciado en actos y normas, y su término de relación laboral, que se produjo estando embarazada. En relación a esto último, sabiendo la Municipalidad de Valdivia y la Contraloría Regional de los Ríos, su estado gestacional a la hora que se provocó el término de la relación laboral, no ajustaron su decisión a las normas protectoras de la maternidad, ya que para ser desvinculada de sus labores en ese estado, debió haber de por medio una sentencia de un Juez de un Tribunal Laboral, cosa que no ocurrió en la especie, haciendo prevalecer un dictamen administrativo del 2001, por sobre una ley, en este caso el Código del Trabajo. Cita jurisprudencia de la Corte Suprema.

Desarrolla la forma en que se vio perturbada en el goce de cada una de las garantías que invoca como conculcadas.

Termina pidiendo dar lugar al recurso, para que mediante éste se restablezca el imperio del derecho, decretando que cese de inmediato la acción ilegal y arbitraria provocada por los recurridos, y se declare que:

1. Se deja sin efecto dictamen N° 1525 de 14 de mayo de 2020 que dictó Contraloría Regional de Los Ríos.

2.- Se deja sin efecto decreto alcaldicio N° 2138 de la Municipalidad de Valdivia, que dispone la medida de término de la relación laboral.

3.- Que se ordene al alcalde de Valdivia Sr. nombre reservado, el reintegro a sus funciones como administrativa del DAEM, de la municipalidad de Valdivia.

4.- Se ordene que se pague todas las remuneraciones y prestaciones devengadas mientras haya durado su separación del DAEM, producto de los actos descritos en autos, con costas.

Informa don nombre reservado, abogado, por la Ilustre Municipalidad de Valdivia.

Alega la extemporaneidad del recurso, pues el despido de la recurrente se llevó a efecto en virtud del decreto alcaldicio N° 2.138 de 22 de febrero de 2019, que le fuera notificado personalmente el día 27 de febrero de 2019 a las 11.30 hrs. Por otro lado, la negativa municipal a reintegrarla en sus funciones laborales pese a su estado de gravidez, le fue notificada a la recurrente, el día 5 de abril de 2019 mediante Ord. 789 de la misma fecha.

En subsidio, alega sobre el fondo, pidiendo el rechazo del recurso.

Alude a las razones esgrimidas en el Ord. 789 de 05 de abril de 2019, que le entrega respuesta a la funcionaria, al conocer su estado de embarazo, indicándole la improcedencia de esta petición basado, en que la causal de cese de funciones aplicada a su persona, esto es, el artículo 160 Nº 3 del Código del Trabajo: “No concurrencia del trabajador a sus labores sin causa justificada durante dos días seguidos…”, no se encuentra amparada por las normas sobre protección a la maternidad, y ello fundamentado en que las sanciones disciplinarias que derivan de procedimientos administrativos, operan con prescindencia de las normas de fuero maternal, dado que ésta ha tenido su origen en la culpabilidad o responsabilidad de la trabajadora, y no en una causal discrecional del empleador. Lo anterior, según lo contenido en la jurisprudencia administrativa de Contraloría General de la República, entre otros en el dictamen Nº 041023 año 2001.

Recalca su obligación de actuar sujeto a lo dictaminado por el órgano contralor, por lo que el municipio de Valdivia no actuó arbitraria ni antojadizamente.

Por ultimo manifiesta que comparte el criterio sostenido por el órgano contralor nacional y regional, en tanto que un funcionario público incurre en infracciones administrativas que lo hacen merecedor de su despido o destitución, debidamente acreditadas en virtud de una indagación sumarial que se ajusta a los principios del debido proceso, bilateralidad, derecho a defensa y ser oído, entre otros (como ocurrió en la especie), tiene el efecto de desproveer a ese funcionario de la protección adicional que le dispensa un fuero (maternal como es el caso). La negación de este razonamiento habría conducido a absurdos tales como, tener que recontratar a la funcionaria recurrente, sólo para solicitar su desafuero judicial. Lo que contravendría abiertamente lo dispuesto en el art. 5 de la Ley N° 18.575 sobre Bases Generales de la Administración del Estado, esto es, el uso eficiente e idóneo de los medios públicos.

Informa la recurrida, Contraloría Regional de Los Ríos.

La primera alegación que plantea es de extemporaneidad del recurso. Para ello tiene presente que el recurso de que se trata fue interpuesto ante la Iltma. Corte de Apelaciones el día 18 de junio del presente año y, que el oficio N° 1.525, de 2020, de esa Contraloría Regional de Los Ríos, le fue notificado el día 15 de mayo de 2020, a la casilla de correo electrónico correo reservado, establecida como forma de notificación por la interesada, por lo que procede que se rechace la acción presentada por la recurrente por extemporánea, ya que a la data de interposición se encontraba vencido el plazo legal para recurrir en esta sede.

A continuación alega la falta de legitimación pasiva.

Afirma que, si bien la recurrente funda su recurso en el oficio No 1.525, de 14 de mayo de 2020, de la Contraloría Regional de Los Ríos, de la lectura del libelo y de sus peticiones concretas se desprende que lo pretendido es la impugnación de la actuación de la Municipalidad de Valdivia, en orden a aplicar la medida disciplinaria de término de la relación laboral encontrándose -a su juicio- amparada por el fuero maternal, por lo que el acto que eventualmente podría haber irrogado agravio a la recurrente es la negativa a reconocer el fuero maternal invocado por la peticionaria por parte de la Municipalidad de Valdivia plasmada en el decreto alcaldicio N° 2.138, de 2019 que dispuso el término de la relación laboral.

De este modo, agrega, resulta evidente que respecto de las peticiones concretas contenidas en el petitorio de la acción, esa Entidad Fiscalizadora carece de legitimación pasiva ya que en ningún caso lo pedido puede llevarse a cabo por esa Sede Regional de Control como resultado de la impugnación del acto recurrido.

A continuación fundamenta la ausencia de ilegalidad o arbitrariedad en la actuación de la repartición administrativa.

Señala que el impugnado oficio No 1.525, de 2020, no puede considerarse ilegal, toda vez que esa Entidad de Control se limitó a ejercer las competencias que le han sido asignadas por el artículo 98 de la Constitución Política y los artículos 5°, 6° y 9° de la ley N° 10.336, de Organización y Atribuciones de la Contraloría General de la República; facultades constitucionales y legales de este Órgano Contralor que han sido debidamente delegadas a las Contralorías Regionales por el Contralor General mediante su resolución N° 1.002, de 2011.

El oficio impugnado, no representa una conducta antojadiza o contraria a la razón por parte de esa Contraloría Regional, pues fue expedido a expreso requerimiento de la recurrente, en cumplimiento de los deberes constitucionales de este Organismo de Control, y constituye el resultado de un estudio de los antecedentes en torno a la situación planteada, de la interpretación de la normativa vigente sobre la materia y en el ejercicio de una actuación legítima de ese Organismo Fiscalizador, llevada a cabo en uso de sus facultades y dentro del marco jurídico que reglamenta sus atribuciones, dando lugar a un pronunciamiento motivado en derecho, y el hecho de que la interesada no comparta las conclusiones a que se arribó en el acto impugnado, no lo torna ilegal o arbitrario.

En este sentido, es necesario señalar que del análisis de los antecedentes que se tuvieron a la vista para la dictación del oficio impugnado, se constató que a la señora nombre reservado, se le aplicó la medida disciplinaria de término de la relación laboral como consecuencia de un procedimiento disciplinario, en este caso una investigación sumaria, que concluyó que la recurrente se ausentó de sus labores durante dos días seguidos, esto es el 17 y 18 de julio de 2018, sin causa justificada, pues ausentarse del servicio, hecho constitutivo de una grave infracción a los deberes de todo funcionario público.

Al respecto, es relevante señalar que tratándose de funcionarios municipales cuyos vínculos contractuales estén regulados por el Código del Trabajo –como ocurre en la situación de la especie–, la concurrencia de alguna causal de término de contrato prevista en el artículo 160 de ese texto legal, debe ser determinada a través de una breve investigación, la que si bien no requiere sujetarse a las reglas de tramitación de un procedimiento administrativo formal, tiene que asegurar el derecho a un debido proceso, bastando que se acredite la ocurrencia de los hechos que configuran el motivo del cese de funciones, se oiga al afectado, dándole la oportunidad de defenderse y se le notifique la sanción, lo que en la especie ocurrió, acreditándose la falta imputada, sin que la señora nombre reservado concurriera a esta entidad alegando algún vicio respecto del procedimiento.

Pone de manifiesto que la jurisprudencia de ese Organismo Fiscalizador, contenida, entre otros, en los dictámenes Nos 34.120, de 2001, 32.669, de 2005, 13.820, de 2012, y 19.320, de 2013, establece que el hecho que una funcionaria goce de fuero maternal, no incide en la procedencia de aplicarle una medida de término contractual con ocasión de una causa sumarial, atendido que los ceses de servicios que dispone la ley, operan con prescindencia de las normas de inamovilidad en el empleo contenidas en textos estatutarios o en normas legales generales o especiales, dado que las disposiciones sobre estabilidad en el cargo solo priman en relación con la eventual facultad discrecional de hacer cesar en las funciones, pero no tienen lugar tratándose de aquellos casos en que es la propia ley la que ordena el alejamiento del servidor, como ocurre tratándose de la aplicación de una sanción disciplinaria de carácter expulsivo.

Expone que la recurrente, más que procurar la defensa de un eventual fuero maternal que pudiera ampararla, pretende que la Corte de Apelaciones declare tal como lo sostiene en el petitorio de su acción “2.- Se deje sin efecto decreto alcaldicio N° 2138 de la Municipalidad de Valdivia, que dispone aplicarme la medida de término de la relación laboral”. Agrega que ello excede la protección de derechos maternales que pudieran eventualmente verse conculcados, ya que en ningún caso la normativa protectora de tales derechos puede conllevar la exoneración de la responsabilidad funcionaria que pudiere afectar a una funcionaria que ha incurrido en conductas que infringen sus deberes funcionarios. Sostener lo contrario significaría que las funcionarias amparadas bajo las normas de protección a la maternidad podrían incurrir en toda clase de infracciones a sus deberes funcionarios sin consecuencia alguna y sin ser sometidas a eventuales procedimientos disciplinarios a que hubiere lugar.

Por ultimo descarta la afectación a las garantías constitucionales supuestamente vulneradas.

Termina solicitando se desestime en todas sus partes el recurso deducido en estos autos.

Se trajeron los autos en relación.

CON LO RELACIONADO Y CONSIDERANDO:

PRIMERO: El recurso de protección de garantías constitucionales previsto en el artículo 20 de la Constitución Política de la República, es una acción constitucional, cuyo propósito consiste en obtener de los Tribunales Superiores de Justicia, una tutela eficaz y eficiente para salvaguardar la integridad de los derechos fundamentales que aquélla norma contempla. La doctrina lo ha definido como “una acción constitucional que permite a la persona que, como consecuencia de actos u omisiones arbitrarios o ilegales, sufra una privación, perturbación o amenaza en el legítimo ejercicio de ciertos derechos y garantías constitucionales, ocurrir a una Corte de Apelaciones, con el objeto de impetrar la adopción de las providencias necesarias para restablecer el imperio del derecho y asegurar su protección, sin perjuicio de los demás derechos que pueda hacer valer ante la autoridad o los Tribunales de Justicia”(Zúñiga Urbina, Francisco y Perramont Sánchez, Alfonso, Acciones Constitucionales, Lexis Nexis, Santiago, 2003, p. 74). Así, al conocer un recurso de protección, es deber constitucional de este tribunal adoptar, en forma inmediata, las providencias necesarias para asegurar la debida salvaguarda ante una acción u omisión arbitraria o ilegal, que importe una privación, perturbación o amenaza de los derechos y garantías que el constituyente establece.

SEGUNDO: Como primera cuestión, y antes de analizar si ha existido la mentada ilegalidad y arbitrariedad en el actuar de las recurridas, es necesario analizar si esta Corte tiene facultades para conocer de la presente acción, que fija como límite de ocurrencia de los hechos que involucren la discusión, su acaecimiento en un plazo no mayor a los 30 días anteriores a la presentación del recurso.

Al respecto la recurrente argumenta, que tuvo conocimiento de lo resuelto por Contraloría Regional de Los Ríos, el día 20 de mayo de 2020, fecha en que pudo acceder a su correo electrónico, medio por el cual se le notificó de lo resuelto con fecha 14 de Mayo, por Oficio 1525. Así, el recurso interpuesto el día 18 de junio, está dentro del plazo legal, sostiene.

A la luz de las piezas, acompañadas por la recurrida Contraloría Regional de Los Ríos, el Ordinario 1525, que motiva, en parte, el recurso, es de fecha 14 de mayo y fue notificado el día 15 de mayo por correo electrónico a la recurrente. Indica y acredita mediante prueba documental que la propia señora nombre reservado, indicó en su presentación a la Contraloría, que era vía correo electrónico, el modo de ser notificada.

La recurrente no desconoce que la vía de notificación era el correo electrónico, pero asevera que por su estado de precariedad económica, no cuenta con medios para tener habilitado su correo y debe conseguir con terceras personas, el acceso al citado medio.

Sostiene, por su parte, la otra recurrida, la Municipalidad de Valdivia, que a su respecto el recurso es extemporáneo, por cuanto la decisión reclamada, es de 5 de abril de 2019, contenida en el Ordinario 789, por la cual se niega la solicitud de reincorporación de la trabajadora. Desde esa fecha, hasta el 18 de junio de este año, entiende la Municipalidad que la extemporaneidad es ostensible.

TERCERO: Ahora bien, el número 1° del Auto Acordado sobre Tramitación y Fallo del Recurso de Protección establece que dicha acción cautelar se interpondrá ante la Corte de Apelaciones en cuya jurisdicción se hubiere cometido el acto o incurrido en la omisión arbitraria o ilegal que ocasionen privación, perturbación o amenaza en el legítimo ejercicio de las garantías constitucionales respectivas, dentro del plazo fatal de treinta días corridos y contados desde la ejecución del acto o la ocurrencia de la omisión o, según la naturaleza de éstos, desde que se haya tenido noticias o conocimiento cierto de los mismos.

CUARTO: Así las cosas, el recurso sería inoportuno si no se considera el actual estado de excepción constitucional, pero como lo razonó la Excma. Corte Suprema, al conocer de este recurso de protección, por la vía de la apelación, revocando la sentencia de esta Corte, que rechazó el recurso por extemporáneo, bajo el argumento que “…a la fecha de notificación del Oficio N° 1.525 se encontraba vigente la Ley N° 21.226 que Establece un Régimen Jurídico de Excepción para los procesos judiciales, en las audiencias y actuaciones judiciales, y para los plazos y ejercicio de las acciones que indica, por el impacto de la enfermedad Covid-19 en Chile…”, cita al efecto el artículo 4° de la mencionada ley, que refiere hipótesis de restricciones de derechos a causa del estado de excepción constitucional, lo que constituye un impedimento que puede ser alegado en la sede judicial. Añade, “Que, según se desprende de los argumentos planteados en el recurso de apelación, la recurrente se vio impedida de acceder a su casilla de correo electrónico por las razones que señala, las que resultan plausibles y constituyen un impedimento calificado en los términos de la disposición citada en el basamento anterior, y que permiten concluir de manera fundada que sólo tuvo acceso a su correo con fecha 20 de mayo de 2020, de manera que el recurso interpuesto lo ha sido dentro del plazo establecido en el numeral 1° del Auto Acordado de esta Corte sobre Tramitación y Fallo del Recurso de Protección de Garantías Constitucionales.” (Rol 92.123-2020, considerandos cuarto y quinto de fallo que revoca sentencia de esta Corte)

QUINTO: Cuando esta Corte, en sala no inhabilitada, recibió los alegatos en la segunda vista, se reiteró por el representante del recurrido Municipio de Valdivia, la alegación de extemporaneidad del recurso, pues a su juicio el máximo tribunal, no se refirió al transcurso del plazo de 30 días en relación al pronunciamiento de 22 de febrero de 2019, de dicho ente edilicio, contenido en el Oficio 2138, que aplicó la medida disciplinaria de término de la relación laboral a la recurrente, ni tampoco a la negativa municipal a reintegrarla en sus funciones laborales, al conocer su estado de gravidez, que le fue notificada a la recurrente, el día 5 de abril de 2019 mediante Ord. 789 de la misma fecha.

En relación a ese punto, discrepa esta Corte del argumento de extemporaneidad, al fundarlo en que a su respecto, el recurso se dirige en contra de lo resuelto por el Municipio, en febrero de 2019 y posteriormente por el Jefe del Daem, en abril de 2019. No resulta atendible que deba considerarse esa época para cómputo del plazo, pues la señora nombre reservado, hizo diversas actuaciones ante entes distintos (Inspección del Trabajo y Contraloría) para dejar sin efecto dicho pronunciamiento y sólo una vez agotados los aludidos trámites, recurrió ante esta Corte, en busca de la protección ante la conculcación de sus derechos constitucional. Resulta artificial la fórmula de cálculo del plazo que propone el Municipio, al desmembrar cada acto administrativo, desvinculando el pronunciamiento del ente contralor, de aquellas resoluciones previas, que precisamente constituyen el cimiento de cada acto administrativo posterior. Así, se concluye que el plazo de 30 días para la interposición del recurso, se cumplió, tanto para el Ordinario 1525, de 14 de mayo de 2020, dictado por CGR, como para los actos administrativos que le antecedieron y que emanaron del Municipio y del Daem, ambos de la comuna de Valdivia.

SEXTO: Son hechos no discutidos por las partes, los siguientes:

1.) Por decreto alcaldicio N° 2138, del 22 de febrero de 2019, se aplicó la medida disciplinaria de término de relación laboral a doña nombre reservado, quien debió dejar el cargo a contar del 28 de febrero de 2019.

2.) La recurrente, acude al especialista, por molestias ginecológicas, constatándose su estado de gravidez, de 6 semanas y 5 días, conforme al certificado de fecha 4 de abril de 2019.

3.) La actora, al tomar conocimiento de su estado de embarazo, lo pone en conocimiento de su jefe directo, para que se proceda a su reincorporación.

4.) Por Ordinario 789, de 05 de abril de 2019, se da respuesta negativa a la petición de reincorporación.

5.) Acudió a la Inspección del Trabajo, con fecha 08 de abril de 2019, a realizar la denuncia respectiva.

6.) El día 30 de abril de 2019, ingresó denuncia en Contraloría Regional de Los Ríos.

7.) El ente de control emitió el Dictamen N° 1525 de 14 de mayo de 2020, que en lo medular señala que: “la medida disciplinaria de destitución configura una justa causa para proceder a exonerar de sus funciones a las empleadas de la administración que estén amparadas por el fuero maternal…”

SEPTIMO: Teniendo en vista, lo expuesto en el considerando que antecede, que refleja el contexto administrativo-procesal por el cual transitó la parte recurrente, se concluye, que el acto arbitrario e ilegal que se denuncia consiste en la desvinculación de funciones de la funcionaria municipal, sin atender a la normativa especial que impone el necesario pronunciamiento previo del Tribunal del Trabajo, autorizando el desafuero, para el caso de haber mérito para ello.

De la lectura del artículo 174 del Código del Trabajo aparece que la regla general en materia de despido de trabajadores aforados, es la imposibilidad de desvincular a un dependiente protegido por fuero laboral -si así no fuera, la tutela perdería eficacia- y la excepción está constituida por el despido, caso en el cual se requiere obtener de modo previo -también en procura de la efectividad de la protección- la autorización del juez con competencia para resolver el evento”( Rol 12.051- 2013 de la Excma. Corte Suprema, de 22 de abril de 2014).

OCTAVO: Al efecto, y a modo de contextualizar la trascendencia de la protección que se busca con la acción en curso, corresponde señalar que la maternidad se encuentra resguardada en instrumentos internacionales de contenido general, a saber, artículo 25 número 2 de la Declaración Universal de Derechos Humanos aprobada por la Asamblea General de Naciones Unidas en 1948, artículo 10 número 2 del Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales aprobado en la misma asamblea en el año 1966, y apartado 2 del artículo 11 de la Convención sobre eliminación de todas las formas de discriminación contra la mujer; y en aquél que se refiere específicamente a la protección de la maternidad, esto es, el Convenio 103 de la Organización Internacional del Trabajo. La referida protección, en el orden constitucional, también se desprende de lo dispuesto en los incisos 2 y 3 del artículo 1 y en los números 1, 2 y 16 del artículo 19 de la Constitución Política de la República; y en el legal, en lo que interesa, esto es, coligado a la preservación del empleo, se encuentra consagrada expresamente en el artículo 201 del Código de Trabajo, en la medida que establece que la trabajadora durante el período de embarazo y hasta un año después de expirado el descanso de maternidad queda sujeta a lo que prescribe el artículo 174 del mismo código, esto es, no puede ser despedida sin autorización judicial.

NOVENO: También es indispensable apuntar, que la doctrina define el fuero como “una medida de protección para los trabajadores que se encuentran en situaciones especiales, que les impide cumplir sus deberes contractuales en forma normal, y estando en situación de vulnerabilidad, se le protege con la conservación del cargo o puesto; la suspensión del derecho del empleador de terminar el contrato; la exigencia de obtener una autorización judicial previa para despedir; la anulación de los despidos de hecho; la reincorporación imperativa y retribuida del trabajador despedido” (Guido Macchiavello, Derecho del Trabajo, tomo I, Fondo de Cultura Económica, Editorial Universitaria, Santiago de Chile, 1986, p. 228). Y, en el caso de una trabajadora embarazada, el empleador no puede poner término a la relación laboral a menos que el juez otorgue la autorización planteada en ese sentido, la que puede ser otorgada en los casos que señala el artículo 174 del Código del Trabajo, esto es, por vencimiento del plazo convenido en el contrato de trabajo, la conclusión de la labor o servicio que dio origen al vínculo contractual, o tratándose de las causales de caducidad contenidas en el artículo 160 del citado código.

¿Cómo se entiende entonces el argumento de ambas recurridas, con base en un dictamen administrativo que ya tiene una década, que pasa por alto normativa de carácter constitucional y legal? ¿Puede ser aplicable un pronunciamiento administrativo, para definir la situación de la señora nombre reservado, desoyendo los derechos fundamentales en juego?

DÉCIMO: En materia de derecho laboral, se destaca como uno de sus objetos, proteger la estabilidad de la fuente laboral de la madre, nacida del contrato de trabajo, durante el embarazo y hasta un año después de vencido el descanso de maternidad, mediante un fuero, que impide proceder a su despido sin previa autorización judicial. Consecuencialmente, dicho estatuto de protección no sólo tiende a la mantención del empleo, sino del mismo modo a proteger el que la trabajadora perciba su remuneración, toda vez que aquella no solo persigue que solventen sus propias necesidades sino que también las de sus hijos, vinculándose así con el principio de prevalencia del interés superior del niño, consagrado en la Convención de Derechos del Niño.

Esta doble protección con amparo constitucional no puede ser soslayada por la parte recurrida, ni el Municipio ni Contraloría, pueden desconocer que se encuentra acreditado que la recurrente se encontraba cursando un embarazo. Ello, torna ilegal el despido de que fue objeto, sin contar con autorización judicial.

UNDÉCIMO: Así, la desvinculación de la compareciente en momentos en que se encontraba con fuero maternal resulta a todas luces ilegal, puesto que vulnera las reglas sobre protección a la maternidad que integran el ordenamiento jurídico aplicable al personal de la Administración y, específicamente, conculcó el artículo 194 del Código del Trabajo antes referido que, en lo que ahora interesa, desde luego obliga a los órganos del Estado a brindar protección de la maternidad.

Por lo demás, como ya se expresó, el sistema constitucional al proteger la vida del que está por nacer, encierra el doble propósito del fuero maternal, la inamovilidad de la madre en el empleo y procurar los recursos que sustenten sus gastos de vida, en especial de alimentación.

DUODÉCIMO: El actuar ilegal tanto de la autoridad administrativa como así también el de la entidad de control afecta la garantía contemplada en el artículo 19 N° 2° de la Constitución Política de la República, al no respetar a favor de la recurrente cánones que son protectores para todas las trabajadoras que gozan de fuero maternal, brindándole por ende un trato discriminatorio que trae aparejado una merma en sus remuneraciones.

Actuar que además resulta arbitrario, al carecer de las necesaria razonabilidad, viéndose vulnerado el derecho a propiedad de la recurrente al ver reducidas sus prestaciones y beneficios laborales acordados, con impacto en el derecho a integridad psíquica, tanto de ella como de su hija Fernanda, y sobre todo la libertad del trabajo y su protección, al ser sometida a un régimen laboral de excepción, que no pone atención en sus particulares características en cuanto estado de gravidez que plantea una especial protección de nuestra legislación a propiciar por su empleador.

DECIMOTERCERO: A mayor abundamiento, es ilustrativo citar el fallo de la Excma. Corte Suprema, Rol 31.831, que en fecha reciente ha llegado a igual conclusión que esta Corte. Si bien se trata de un caso, que difiere en los hechos circundantes a la desvinculación, sí es aplicable en cuanto se trató de una mujer embarazada desvinculada de la administración, sin contar con la autorización judicial previa, recurso que fue acogido, ordenando la reincorporación, con énfasis en argumentos de carácter protector de la maternidad y citando incluso jurisprudencia administrativa que, en consonancia con la normativa constitucional, ha cambiado el criterio formalista.

Por lo expuesto, no cabe sino acoger el recurso de protección entablado, conforme se dirá.

Por estas consideraciones y visto además lo dispuesto en los artículos 19 N° 1, 2, 24, y artículo 20 de la Constitución Política de la República y disposiciones pertinentes del Auto Acordado de la Excma. Corte Suprema sobre tramitación del Recurso de Protección, se declara que SE ACOGE la presente acción constitucional y en consecuencia se declara que:

1. Se deja sin efecto el dictamen N° 1525 de 14 de mayo de 2020 que dictó Contraloría Regional de Los Ríos.

2.- Se deja sin efecto el decreto alcaldicio N° 2138 de la Municipalidad de Valdivia, que dispone la medida de término de la relación laboral y el Ordinario 789, de 05 de abril de 2019, que rechazó la reincorporación.

3.- Se ordena al alcalde de Valdivia Sr. nombre reservado, el reintegro a sus funciones como administrativa del DAEM, de la Municipalidad de Valdivia de doña nombre reservado.

4.- Se ordena que se paguen todas las remuneraciones y prestaciones devengadas mientras haya durado la separación del DAEM.

Redacción a cargo de la Ministra Sra. Marcia Undurraga Jensen.

Regístrese, notifíquese y archívese en su oportunidad.

N°Protección-1773-2020.