nombre reservado con MUNICIPALIDAD DE VALDIVIA

Valdivia, veintiocho de julio de dos mil veinte.

VISTOS:

Doña nombre reservado, domiciliada para estos efectos en domicilio reservado, interpone recurso de protección en contra de Contraloría Regional de Los Ríos, representada por su Contralor y en contra de la Municipalidad de Valdivia, representada por su alcalde el señor nombre reservado, por vulneración de la garantía del numeral 19 N°1, N° 2 y N° 24 de nuestra Constitución.

Señala que en abril del 2013 ingresó a trabajar en calidad de honorarios al Departamento de Educación Municipal de Valdivia, en adelante DAEM, en calidad de administrativa. Desde el 2014, se le realiza el traspaso como funcionaria del DAEM a contrata, pero esta vez regida por el código del trabajo, siendo a partir del 2015 su contrato como indefinido.

El año 2018, se le realiza un sumario administrativo, por supuestos dos días seguidos sin trabajar dentro de un mes de forma injustificada. Producto de este sumario administrativo, se le aplica la medida de término de la relación laboral conforme a lo que dispone el artículo 160 N°3 del Código del Trabajo por “la no concurrencia del trabajador a sus labores sin causa justificada durante dos días seguidos.

Dicho decreto alcaldicio N° 2138 fue expedido el día 22 de febrero de 2019, producto del cual debía dejar el cargo a contar del 28 de febrero de 2019.

Producto de lo anterior, y por estar embarazada en el periodo en que se le pone término a su relación laboral, pide ser reincorporada nuevamente a sus funciones, con respuesta negativa, contenida en ordinario 789, de 05 de abril de 2019.

Acudió a la inspección del trabajo, con fecha 08 de abril de 2019, a realizar la denuncia respectiva, siendo derivada a Contraloría, por ser trabajadora que cumple funciones para el Estado.

El día 30 de abril de 2019, ingresó denuncia en Contraloría Regional de Los Ríos. De aquella denuncia, ha pasado más de un año y recién el día 20 de mayo, advierte haber sido notificada en su correo, de la resolución. Se trata del dictamen N° 1525 de 14 de mayo de 2020, que en síntesis señala que: “la medida disciplinaria de destitución configura una justa causa para proceder a exonerar de sus funciones a las empleadas de la administración que estén amparadas por el fuero maternal, ya que los castigos disciplinarios derivan de procedimientos administrativos que tienen por objeto indagar y acreditar las infracciones cometidas, por lo que la sanción de destitución del cargo que se desempeña no consiste en una causal discrecional de expiración de funciones, sino que se funda en antecedentes debidamente comprobados, que justifican la imposición de aquella medida.

De esta forma, del análisis de la documentación precitada, no se advierte irregularidad en el actuar de la Municipalidad de Valdivia en orden a disponer el término de la relación laboral con la recurrente, por haberse ausentado dos días seguidos a sus funciones, sin causa justificada.

En consecuencia, en mérito de lo expuesto, se desestima el reclamo de la especie”.

Denuncia la existencia de dos situaciones arbitrarias e ilegales, la desvinculación por un proceso viciado en actos y normas, y su término de relación laboral, que se produjo estando embarazada. En relación a esto último, sabiendo la Municipalidad de Valdivia y la Contraloría Regional de los Ríos, su estado gestacional a la hora que se provocó el término de la relación laboral, no ajustaron su decisión a las normas protectoras de la maternidad, ya que para ser desvinculada de sus labores en ese estado, debió haber de por medio una sentencia de un Juez de un Tribunal Laboral, cosa que no ocurrió en la especie, haciendo prevalecer un dictamen administrativo del 2001, por sobre una ley, en este caso el Código del Trabajo. Cita jurisprudencia de la Corte Suprema.

Desarrolla la forma en que se vio perturbada en el goce de cada una de las garantías que invoca como conculcadas.

Termina pidiendo dar lugar al recurso, para que mediante éste se restablezca el imperio del derecho, decretando que cese de inmediato la acción ilegal y arbitraria provocada por los recurridos, y se declare que:

1. Se deja sin efecto dictamen N° 1525 de 14 de mayo de 2020 que dictó Contraloría Regional de Los Ríos.

2.- Se deja sin efecto decreto alcaldicio N° 2138 de la Municipalidad de Valdivia, que dispone la medida de término de la relación laboral.

3.- Que se ordene al alcalde de Valdivia Sr. nombre reservado, el reintegro a sus funciones como administrativa del DAEM, de la municipalidad de Valdivia.

4.- Se ordene que se pague todas las remuneraciones y prestaciones devengadas mientras haya durado su separación del DAEM, producto de los actos descritos en autos.

Con costas Informa don nombre reservado, abogado, por la Ilustre Municipalidad de Valdivia.

Alega la extemporaneidad del recurso, pues el despido de la recurrente se llevó a efecto en virtud del decreto alcaldicio N° 2.138 de 22 de febrero de 2019, que le fuera notificado personalmente el día 27 de febrero de 2019 a las 11.30 hrs. Por otro lado, la negativa municipal a reintegrarla en sus funciones laborales pese a su estado de gravidez, le fue notificada a la recurrente, el día 5 de abril de 2019 mediante Ord. 789 de la misma fecha.

En subsidio, alega sobre el fondo, pidiendo el rechazo del recurso.

Alude a las razones esgrimidas en el Ord. 789 de 05 de abril de 2019, que le entrega respuesta a la funcionaria, al conocer su estado de embarazo, indicándole la improcedencia de esta petición basado, en que la causal de cese de funciones aplicada a su persona, esto es, el artículo 160 Nº 3 del Código del Trabajo: “No concurrencia del trabajador a sus labores sin causa justificada durante dos días seguidos…”, no se encuentra amparada por las normas sobre protección a la maternidad, y ello fundamentado en que las sanciones disciplinarias que derivan de procedimientos administrativos, operan con prescindencia de las normas de fuero maternal, dado que ésta ha tenido su origen en la culpabilidad o responsabilidad de la trabajadora, y no en una causal discrecional del empleador. Lo anterior, según lo contenido en la jurisprudencia administrativa de Contraloría General de la República, entre otros en el dictamen Nº 041023 año 2001.

Recalca su obligación de actuar sujeto a lo dictaminado por el órgano contralor, por lo que el municipio de Valdivia no actuó arbitraria ni antojadizamente.

Por ultimo manifiesta que comparte el criterio sostenido por el órgano contralor nacional y regional, en tanto que un funcionario público incurre en infracciones administrativas que lo hacen merecedor de su despido o destitución, debidamente acreditadas en virtud de una indagación sumarial que se ajusta a los principios del debido proceso, bilateralidad, derecho a defensa y ser oído, entre otros (como ocurrió en la especie), tiene el efecto de desproveer a ese funcionario de la protección adicional que le dispensa un fuero (maternal como es el caso). La negación de este razonamiento habría conducido a absurdos tales como, tener que recontratar a la funcionaria recurrente, sólo para solicitar su desafuero judicial. Lo que contravendría abiertamente lo dispuesto en el art. 5 de la Ley N° 18.575 sobre Bases Generales de la Administración del Estado, esto es, el uso eficiente e idóneo de los medios públicos.

Informa la recurrida, Contraloría Regional de Los Ríos.

La primera alegación que plantea es de extemporaneidad del recurso. Para ello tiene presente que el recurso de que se trata fue interpuesto ante la Iltma. Corte de Apelaciones el día 18 de junio del presente año y, que el oficio N° 1.525, de 2020, de esa Contraloría Regional de Los Ríos, le fue notificado el día 15 de mayo de 2020, a la casilla de correo electrónico correo reservado, establecida como forma de notificación por la interesada, por lo que procede que se rechace la acción presentada por la recurrente por extemporánea, ya que a la data de interposición se encontraba vencido el plazo legal para recurrir en esta sede.

A continuación alega la falta de legitimación pasiva.

Afirma que, si bien la recurrente funda su recurso en el oficio No 1.525, de 14 de mayo de 2020, de la Contraloría Regional de Los Ríos, de la lectura del libelo y de sus peticiones concretas se desprende que lo pretendido es la impugnación de la actuación de la Municipalidad de Valdivia, en orden a aplicar la medida disciplinaria de término de la relación laboral encontrándose -a su juicio- amparada por el fuero maternal, por lo que el acto que eventualmente podría haber irrogado agravio a la recurrente es la negativa a reconocer el fuero maternal invocado por la peticionaria por parte de la Municipalidad de Valdivia plasmada en el decreto alcaldicio N° 2.138, de 2019 que dispuso el término de la relación laboral.

De este modo, agrega, resulta evidente que respecto de las peticiones concretas contenidas en el petitorio de la acción, esa Entidad Fiscalizadora carece de legitimación pasiva ya que en ningún caso lo pedido puede llevarse a cabo por esa Sede Regional de Control como resultado de la impugnación del acto recurrido.

A continuación fundamenta la ausencia de ilegalidad o arbitrariedad en la actuación de la repartición administrativa.

Señala que el impugnado oficio No 1.525, de 2020, no puede considerarse ilegal, toda vez que esa Entidad de Control se limitó a ejercer las competencias que le han sido asignadas por el artículo 98 de la Constitución Política y los artículos 5°, 6° y 9° de la ley N° 10.336, de Organización y Atribuciones de la Contraloría General de la República; facultades constitucionales y legales de este Órgano Contralor que han sido debidamente delegadas a las Contralorías Regionales por el Contralor General mediante su resolución N° 1.002, de 2011.

El oficio impugnado, no representa una conducta antojadiza o contraria a la razón por parte de esa Contraloría Regional, pues fue expedido a expreso requerimiento de la recurrente, en cumplimiento de los deberes constitucionales de este Organismo de Control, y constituye el resultado de un estudio de los antecedentes en torno a la situación planteada, de la interpretación de la normativa vigente sobre la materia y en el ejercicio de una actuación legítima de ese Organismo Fiscalizador, llevada a cabo en uso de sus facultades y dentro del marco jurídico que reglamenta sus atribuciones, dando lugar a un pronunciamiento motivado en derecho, y el hecho de que la interesada no comparta las conclusiones a que se arribó en el acto impugnado, no lo torna ilegal o arbitrario.

En este sentido, es necesario señalar que del análisis de los antecedentes que se tuvieron a la vista para la dictación del oficio impugnado, se constató que a la señora nombre reservado, se le aplicó la medida disciplinaria de término de la relación laboral como consecuencia de un procedimiento disciplinario, en este caso una investigación sumaria, que concluyó que la recurrente se ausentó de sus labores durante dos días seguidos, esto es el 17 y 18 de julio de 2018, sin causa justificada, pues ausentarse del servicio, hecho constitutivo de una grave infracción a los deberes de todo funcionario público.

Al respecto, es relevante señalar que tratándose de funcionarios municipales cuyos vínculos contractuales estén regulados por el Código del Trabajo –como ocurre en la situación de la especie–, la concurrencia de alguna causal de término de contrato prevista en el artículo 160 de ese texto legal, debe ser determinada a través de una breve investigación, la que si bien no requiere sujetarse a las reglas de tramitación de un procedimiento administrativo formal, tiene que asegurar el derecho a un debido proceso, bastando que se acredite la ocurrencia de los hechos que configuran el motivo del cese de funciones, se oiga al afectado, dándole la oportunidad de defenderse y se le notifique la sanción, lo que en la especie ocurrió, acreditándose la falta imputada, sin que la señora nombre reservado concurriera a esta entidad alegando algún vicio respecto del procedimiento.

Pone de manifiesto que la jurisprudencia de ese Organismo Fiscalizador, contenida, entre otros, en los dictámenes Nos 34.120, de 2001, 32.669, de 2005, 13.820, de 2012, y 19.320, de 2013, establece que el hecho que una funcionaria goce de fuero maternal, no incide en la procedencia de aplicarle una medida de término contractual con ocasión de una causa sumarial, atendido que los ceses de servicios que dispone la ley, operan con prescindencia de las normas de inamovilidad en el empleo contenidas en textos estatutarios o en normas legales generales o especiales, dado que las disposiciones sobre estabilidad en el cargo solo priman en relación con la eventual facultad discrecional de hacer cesar en las funciones, pero no tienen lugar tratándose de aquellos casos en que es la propia ley la que ordena el alejamiento del servidor, como ocurre tratándose de la aplicación de una sanción disciplinaria de carácter expulsivo.

Expone que la recurrente, más que procurar la defensa de un eventual fuero maternal que pudiera ampararla, pretende que la Corte de Apelaciones declare tal como lo sostiene en el petitorio de su acción “2.- Se deje sin efecto decreto alcaldicio N° 2138 de la Municipalidad de Valdivia, que dispone aplicarme la medida de término de la relación laboral”. Agrega que ello excede la protección de derechos maternales que pudieran eventualmente verse conculcados, ya que en ningún caso la normativa protectora de tales derechos puede conllevar la exoneración de la responsabilidad funcionaria que pudiere afectar a una funcionaria que ha incurrido en conductas que infringen sus deberes funcionarios. Sostener lo contrario significaría que las funcionarias amparadas bajo las normas de protección a la maternidad podrían incurrir en toda clase de infracciones a sus deberes funcionarios sin consecuencia alguna y sin ser sometidas a eventuales procedimientos disciplinarios a que hubiere lugar.

Por ultimo descarta la afectación a las garantías constitucionales supuestamente vulneradas.

Termina solicitando se desestime en todas sus partes el recurso deducido en estos autos.

Se trajeron los autos en relación.

CON LO RELACIONADO Y CONSIDERANDO:

PRIMERO: El recurso de protección de garantías constitucionales previsto en el artículo 20 de la Constitución Política de la República, es una acción constitucional, cuyo propósito consiste en obtener de los Tribunales Superiores de Justicia, una tutela eficaz y eficiente para salvaguardar la integridad de los derechos fundamentales que aquélla norma contempla. La doctrina lo ha definido como “una acción constitucional que permite a la persona que, como consecuencia de actos u omisiones arbitrarios o ilegales, sufra una privación, perturbación o amenaza en el legítimo ejercicio de ciertos derechos y garantías constitucionales, ocurrir a una Corte de Apelaciones, con el objeto de impetrar la adopción de las providencias necesarias para restablecer el imperio del derecho y asegurar su protección, sin perjuicio de los demás derechos que pueda hacer valer ante la autoridad o los Tribunales de Justicia”(Zúñiga Urbina, Francisco y Perramont Sánchez, Alfonso, Acciones Constitucionales, Lexis Nexis, Santiago, 2003, p. 74). Así, al conocer un recurso de protección, es deber constitucional de este tribunal adoptar, en forma inmediata, las providencias necesarias para asegurar la debida salvaguarda ante una acción u omisión arbitraria o ilegal, que importe una privación, perturbación o amenaza de los derechos y garantías que el constituyente establece.

SEGUNDO: Como primera cuestión, y antes de analizar si ha existido la mentada ilegalidad y arbitrariedad en el actuar de las recurridas, es necesario analizar si esta Corte tiene facultades para conocer de la presente acción, que fija como límite de ocurrencia de los hechos que involucren la discusión, su acaecimiento en un plazo no mayor a los 30 días anteriores a la presentación del recurso.

Al respecto la recurrente argumenta, que tuvo conocimiento de lo resuelto por Contraloría Regional de Los Ríos, el día 20 de mayo de 2020, fecha en que pudo acceder a su correo electrónico, medio por el cual se le notificó de lo resuelto con fecha 14 de Mayo, por Oficio 1525. Así, el recurso interpuesto el día 18 de junio, está dentro del plazo legal, sostiene.

A la luz de las piezas, acompañadas por la recurrida Contraloría Regional de Los Ríos, el Ordinario 1525, que motiva, en parte, el recurso, es de fecha 14 de mayo y fue notificado el día 15 de mayo por correo electrónico a la recurrente. Indica y acredita mediante prueba documental que la propia señora nombre reservado, indicó en su presentación a la Contraloría, que era vía correo electrónico, el modo de ser notificada.

La recurrente no desconoce que la vía de notificación era el correo electrónico, pero asevera que por su estado de precariedad económica, no cuenta con medios para tener habilitado su correo y debe conseguir con terceras personas, el acceso al citado medio.

Sostiene, por su parte, la otra recurrida, la Municipalidad de Valdivia, que a su respecto el recurso es extemporáneo, por cuanto la decisión reclamada, es de 5 de abril de 2019, contenida en el Ordinario 789, por la cual se niega la solicitud de reincorporación de la trabajadora. Desde esa fecha, hasta el 18 de junio de este año, entiende la Municipalidad que la extemporaneidad es ostensible.

TERCERO: Ahora bien, el número 1° del Auto Acordado sobre Tramitación y Fallo del Recurso de Protección establece que dicha acción cautelar se interpondrá ante la Corte de Apelaciones en cuya jurisdicción se hubiere cometido el acto o incurrido en la omisión arbitraria o ilegal que ocasionen privación, perturbación o amenaza en el legítimo ejercicio de las garantías constitucionales respectivas, dentro del plazo fatal de treinta días corridos y contados desde la ejecución del acto o la ocurrencia de la omisión o, según la naturaleza de éstos, desde que se haya tenido noticias o conocimiento cierto de los mismos.

CUARTO: Así las cosas, de la disposición transcrita en el razonamiento que antecede queda meridianamente claro que el plazo para recurrir de protección es de treinta días corridos, contados de lunes a domingo, sin exceptuar los días feriados, por lo que el sólo reconocimiento que hace la recurrente a que el hecho que motiva esta acción de protección acaeció el día 14 de mayo de 2020, fecha en que la autoridad contralora desestimó su reclamo, resolución, que se notificó por medio de correo electrónico el día 15 del mismo mes y año, deja en evidencia la extemporaneidad del recurso, presentado ante esta sede recién el 18 de junio de 2020.

En relación a lo obrado por el ente edilicio, discrepa esta Corte de su argumento de extemporaneidad, al fundarlo en que a su respecto, el recurso se dirige en contra de lo resuelto por el Jefe del Daem, en abril de 2019. No resulta atendible que deba considerarse esa época para cómputo del plazo, pues la señora nombre reservado, hizo diversas actuaciones ante entes distintos (Inspección del Trabajo, Contraloría) para dejar sin efecto dicho pronunciamiento y sólo una vez agotados los aludidos trámites, recurrió, aunque tardiamente, ante esta Corte.

QUINTO: En conclusión, se constata que efectivamente la relación de hechos que hace la recurrente en la presente causa lleva a concluir que aquello contra lo cual se recurre es la Resolución 1525 de 14 de mayo de 2020, notificada el 15 de mayo de 2020 que aparece superada con creces el plazo de 30 días desde la ocurrencia de los hechos, que contempla la disposición primera del Auto Acordado sobre Tramitación y Fallo del Recurso de Protección de Garantías Constitucionales, lo que torna extemporánea la presente acción.

SEXTO: Por lo expuesto y detallado precedentemente esta Corte no tiene facultad de conocer hechos que han ocurrido fuera del plazo legal, que contempla la acción constitucional de protección, siendo menester denegar el recurso por esta razón de forma, sin que este Tribunal pueda entrar a conocer el fondo.

Por estas consideraciones y visto además lo dispuesto en los artículos 19 n.° 1,2, 24, y 20 de la Constitución Política de la República y disposiciones pertinentes del Auto acordado de la Excma. Corte Suprema sobre tramitación del Recurso de Protección, se declara que SE RECHAZA por EXTEMPORÁNEA la presente acción constitucional.

Regístrese, notifíquese y archívese, en su oportunidad.

Redactada por el Abogado Integrante Sr. Luis Felipe Galdames Bühler.

Rol 1773 – 2020 PRO.