nombre reservado con CAJA DE COMP. DE ASIG. FAMILIAR LOS ANDES

Valdivia, treinta y uno de octubre de dos mil dieciocho.

Vistos:

Comparece Carolina Azúa García, abogada, en representación de nombre reservado, empleado, domiciliado en domicilio reservado, quien recurre de protección contra Caja de Compensación Los Andes, representada por nombre reservado, Agente de Sucursal, ambos con domicilio en domicilio reservado, alegando vulneración de las garantías constitucionales del artículo 19 N° 1 de la Constitución, esto es el derecho a la vida y a la integridad física y psíquica; del artículo 19 N° 24 en lo que dice relación con su derecho de propiedad sobre su remuneración; y de su derecho a un debido proceso del artículo 19 N°3.

Fundó su acción en la circunstancia que en el año 2012 para adquirir un inmueble y para complementar un crédito hipotecario, solicitó un crédito de consumo a la Caja de Compensación Los Andes, el cual ascendía a una suma cercana a los $15.000.000. Tras ello y debido a problemas de salud fue despedido de su trabajo en mayo de 2014, por lo que incumplió sus obligaciones, lo cual derivó en la realización de sus bienes muebles e inmuebles.

Desde el año 2014 a mayo de 2018, su situación laboral fue inestable, empleándose por periodos no superiores a 6 meses hasta que en mayo de este año fue contratado por Tiendas La Polar percibiendo un sueldo liquido cercano a los $700.000.

El día 24 de septiembre de 2018, la coordinadora de personal de la tienda le comunicó que al revisar su “previa liquidación de sueldo”, venía en ella contemplado un descuento por la suma de $199.861, correspondiente a pago de crédito social contraído en el año 2012 con la recurrida, siendo luego informado de que se trataba del cobro del crédito pendiente del año 2012.

Es del caso que en el crédito contraído el año 2012 consintió que su empleador de ese entonces le descontara por planilla las cuotas de dicho préstamo. Estima que al extinguirse la relación laboral, la recurrida debió iniciar las acciones legales pertinentes para obtener el pago de su crédito, las cuales no ejerció. Es del caso, que habiendo transcurrido más de 4 años desde el cese de pago de una obligación de tracto sucesivo, la recurrida pretende cobrar su crédito mediante el descuento por planilla de un empleador que no fue parte del contrato de mutuo celebrado por las partes.

Señaló que la arbitrariedad del cobro resulta evidente al tenor de lo abrupto y discontinuo de este cobro, siendo además ilegal ya que tratándose de una obligación de tracto sucesivo, ésta dejó de cumplirse desde el mismo año 2014, época desde la cual no se ha verificado ningún tipo de cobranza judicial excediéndose de plazos de prescripción de acciones ejecutivas y que su parte podría hacer valer si el cobro se efectuara de una manera ajustada a derecho, esto es mediante la correspondiente acción judicial.

Luego, resulta caprichoso el accionar de la recurrida en tanto pretende de manera unilateral y forzada hacerse valer extemporáneamente de un procedimiento pensado en términos de favorecer el cobro diligente y oportuno de créditos, situación que en la especie no acontece, atendido los plazos transcurridos y la ausencia de cobranza judicial.

Por lo expuesto, pide la restitución de los montos descontados por su actual empleador y disponer que la recurrida se abstenga a futuro de intentar el cobro de crédito materia de estos autos de la manera pretendida, esto es, descontándolo por un empleador distinto al que se autorizó al momento de la contratación, debiendo recurrir a la justicia ordinaria de asistirle algún derecho, con condena en costas en caso de oposición.

Evacuando informe la recurrida señaló que con fecha 27 de enero de 2012, otorgó al recurrente un crédito pagadero en un plazo de 84 meses con cuotas mensuales cuyo primer vencimiento se produjo el 30 de abril de 2012, las cuales fueron pagadas por el recurrente en forma regular a través de descuentos efectuados en sus remuneraciones del mes de abril de 2012 a abril de 2014. Posteriormente recibió un pago último de $515.417, con lo cual la deuda, al 03 de octubre de 2018, asciende a la suma de $32.046.437.

Agregó que si bien en la actualidad las Cajas de Compensación intervienen como agentes económicos, ocurre que dada la naturaleza de entidad de previsión social de estas instituciones, el legislador ha considerado necesario establecer garantías para el cobro y pago de los créditos sociales que otorgan. Es así como el artículo 22 de la Ley N° 18.833 dispone que “lo adeudado por prestaciones de crédito social a una Caja de Compensación por un trabajador afiliado, deberá ser deducido de la remuneración por la entidad empleadora afiliada, retenido y remesado a la Caja acreedora, y se regirá por las mismas normas de pago y de cobro de las cotizaciones previsionales”.

Indicó que la prescripción de las acciones está tratada por los artículos 2492 y siguientes del Código Civil, de cuya lectura se desprende que la prescripción debe ser alegada, declarada judicialmente, y que no opera de pleno derecho. Además, procesalmente, la vía idónea para alegar o excepcionar de prescripción no puede ser una acción de protección como la ventilada en autos.

Por otro lado, aun cuando se declarase prescrita la acción ejecutiva emanada del pagaré que garantiza la operación de crédito antes referida, ello solo impediría a esta parte hacer exigible su cobro a través del correspondiente procedimiento ejecutivo, mas no extingue la obligación emanada del mutuo al que accede dicho pagaré, la cual se encuentra vigente.

A mayor abundamiento señaló el recurrente en los meses de noviembre y diciembre del año 2017 efectuó abonos de manera directa, conducta que no solo interrumpe cualquier plazo de prescripción que pretendiese alegar, sino que también da cuenta del reconocimiento de la deuda que mantiene y del ánimo que mantiene por solucionarla, y por cierto hace que el cobro efectuado sea totalmente oportuno.

Se acompañaron los documentos agregados por las partes.

Se ordenó traer los autos en relación y se dispuso la vista de la causa.

CONSIDERANDO:

Primero: Que el recurso de protección de garantías constitucionales es un medio de resolución de conflictos de naturaleza excepcional y de tramitación breve y concentrada que tiene por objeto resguardar derechos que la Constitución Política garantiza y de los que su titular sea privado perturbado o repute amenazados por actos ilegales y arbitrarios.

Segundo: Que en el caso de estos autos se ha recurrido de protección reclamando que Caja de Compensación Los Andes habría dispuesto el cobro de dineros adeudados por el recurrente con motivo de un crédito social contratado con esa entidad.

El reclamante cuestiona que se cobre el crédito por esta vía, después de haber estado desde el mes de mayo de 2014 a mayo de 2018 sin un empleo estable y que ahora al haber ingresado a prestar servicios a Tiendas La Polar, con un sueldo líquido cercano a los $700.000, en el mes de septiembre se haya dispuesto realizar los descuentos.

Expone que durante el periodo de su inestabilidad laboral, fue ejecutado, perdiendo sus bienes muebles e inmuebles y que Caja de Compensación Los Andes debió concurrir a esos juicios para hacerse pago de lo adeudado. Además, el título ejecutivo estaría prescrito.

Tercero: Que el artículo 58 inciso 1° del Código del Trabajo, dispone que “el empleador deberá deducir de las remuneraciones los impuestos que las graven, las cotizaciones de seguridad social, las cuotas sindicales en conformidad a la legislación respectiva y las obligaciones con instituciones de previsión o con organismos públicos.”

Por su parte, el artículo 22 inciso 1° de la ley N°18.833, que contiene el Estatuto General de las Cajas de Compensación de Asignación Familiar, establece que “lo adeudado por prestaciones de crédito social a una Caja de Compensación por un trabajador afiliado, deberá ser deducido de la remuneración por la entidad empleadora afiliada, retenido y remesado a la Caja acreedora, y se regirá por las mismas normas de pago y de cobro que las cotizaciones previsionales.

Del análisis de esas disposiciones legales se infiere que el pago y cobro de los créditos sociales otorgados por dichas instituciones se rige por las mismas reglas que las cotizaciones previsionales, lo que conduce a concluir que los descuentos de los dividendos mensuales por concepto de créditos sociales contratados con las Cajas de Compensación, están comprendidos entre los previstos en el artículo 58 inciso 1 del Código del Trabajo, por lo que tienen el carácter de obligatorios para el empleador y no exigen, por ende, del consentimiento previo del trabajador.

Cuarto: Que de acuerdo a lo expresado, si bien es obligación legal realizar el descuento de los valores adeudados por concepto de tales créditos sociales contratados con las Cajas de Compensación, resulta ineludible tener en consideración que en situaciones excepcionales como la planteada en estos autos resulta imperativo que el trabajador pueda ejercer el derecho a un juicio justo ante un Tribunal de la República, principio ineludible que consagra la Constitución Política en su artículo 19 N°3 inciso quinto, norma ciertamente de rango superior a toda otra y que en caso alguno puede ser maginada de este análisis.

En tal sentido este Tribunal no puede ignorar que el recurrente plantea situaciones excepcionales en relación con el crédito que le cobra y que justifican que la situación sea dirimida ante un Tribunal de la República, siendo inadmisible la determinación que el acreedor realiza por sí sobre la extensión de sus derechos de crédito.

Las alegaciones del recurrente, tales como el tiempo transcurrido sin que se hubiere dirigido acción de cobro en su contra, desde abril de abril de 2014 a la fecha, con la salvedad de un pago voluntario que realizó en octubre de 2018, como señala la recurrida en su informe, la prescripción de la acción ejecutiva, la omisión del acreedor de cobrar la deuda en la ejecución que enfrentó el recurrente, el significativo incremento de la deuda según informa el propio recurrido, determinan que sea imperioso reconocerle el derecho a un juicio que debe ser seguido ante el competente Tribunal, en el que pueda formular las alegaciones y rendir las pruebas que estime pertinentes, así como impugnar las liquidaciones del crédito que sean presentadas por el acreedor, de manera que la materia sea dirimida como en derecho corresponde.

Ante esta situación material excepcional y teniendo en consideración el principio constitucional expresado, es ineludible que la situación sea dirimida en un juicio legalmente tramitado, al margen de la determinación particular que en el caso de estos autos ha presentado el acreedor, lo que debe conducir a acoger el presente recurso.

Por lo expuesto, normas citadas, y visto, además, lo dispuesto en los artículos 19 N° 24 y 20 de la Constitución Política de la República y Auto Acordado de la Excma. Corte Suprema sobre Tramitación del Recurso de Protección de Garantías Constitucionales, se ACOGE, sin costas, la acción de protección interpuesto por don nombre reservado en contra de Caja de Compensación Los Andes y se ordena suspender el cobro de los créditos que recurrente adeuda hasta que la materia sea resuelta por un Tribunal competente.

Redacción del Ministro Sr. Carlos Gutiérrez Zavala.

Regístrese, comuníquese y archívese en su oportunidad.

N°Protección-1697-2018.