Protección contra Asociación Gremial de Funcionarios de La SEREMI de Salud Valdivia FDR

C.A. de Valdivia Valdivia, cuatro de mayo de dos mil veintiuno.

VISTOS:

En rol de esta Corte N°167-2021, comparece don nombre reservado Ricardo Rivera nombre reservado, empleado público, Presidente de la Asociación Gremial denominada "Asociación de Funcionarios de la Autoridad Sanitaria Oficina Provincial de Valdivia" o FENFUSSAP Los Ríos, quien recurre de protección en contra de la Asociación Gremial de Funcionarios de La SEREMI de Salud Valdivia FDR, representada por su Presidenta doña nombre reservado, y en contra de la misma como persona natural; así como también en contra de la Jefa de la Unidad de Gestión y Desarrollo de las Personas de la Secretaría Regional Ministerial de Salud de la Región de Los Ríos, doña nombre reservado, funcionaria pública.

Funda su presentación señalando que se desempeña como funcionario a contrata grado 11° EUS, en la Subsecretaría de Salud Pública, en el Departamento de Acción Sanitaria de la Región de Los Ríos desde el día 1 de mayo de 2005, de acuerdo a la reforma de salud establecida en la Ley N° 19.937, que dio lugar a la Autoridad Sanitaria, sucesora legal del Departamento de Programas Sobre el Ambiente (DPA), del Servicio de Salud Valdivia, donde realizó funciones desde 1997 a 2004, teniendo entonces veinticuatro años de servicio en la SEREMI de Salud a la fecha.

Agrega que en paralelo, desde el día 8 de agosto de 2018, asumió tras ser electo en el cargo por sus pares, como Presidente de la Asociación de Funcionarios de la Autoridad Sanitaria Oficina Provincial de Valdivia, cargo gremial que se encuentra desempeñando al día de hoy, con pleno respaldo de sus colegas asociados.

Expresa que el día 9 de octubre de 2020, mediante Resolución Exenta N° 19.003/2020, fue designado como Jefe del Departamento de Acción Sanitaria de la Secretaría Regional Ministerial de Salud de la Región de Los Ríos, quedando a cargo de las labores de fiscalización de las medidas de mitigación y control de la pandemia Covid 19, así como también cumpliendo las funciones establecidas en la normativa sanitaria vigente y cumpliendo plenamente con el perfil de cargo. Al momento de su nombramiento, hace presente que la Dra. Regina Barra Arias, SEREMI de Salud Región de Los Ríos a esa fecha, sabía perfectamente que era dirigente gremial. Este nombramiento fue renovado mediante Resolución Exenta N° 98/2021, de fecha 5 de enero de 2021, dictado por la misma ex SEREMI de Salud Dra. Regina Barra, desempeñándose en ese cargo hasta el día 8 de marzo del presente año, en que fue cesado sin expresión de causa por el actual SEREMI de Salud Sr. nombre reservado.

Manifiesta que el día 19 de febrero de 2021, en el contexto de una reunión sostenida con el Sr. Secretario Regional Ministerial de Salud (en ese entonces subrogante) de la Región de Los Ríos, Sr. nombre reservado, en su calidad de Presidente de la "Asociación de Funcionarios de la Autoridad Sanitaria Oficina Provincial de Valdivia", y en compañía de la Sra. Secretaria, doña Luz Marina Andrade Wiederhold, de esta Asociación de Funcionarios, se hizo entrega al aludido SEREMI del Oficio Ordinario N° 01/2021, de fecha 16 de febrero de 2021, preparado a solicitud de la Asamblea de Socios de la asociación gremial que preside, en el cual como gremio de trabajadores de la Autoridad Sanitaria realizaron denuncias e hicieron presente el mal manejo que se ha llevado a cabo en las residencias sanitarias, implementadas en la región con ocasión de las medidas de mitigación y control de la pandemia, irregularidades cometidas principalmente por el señor nombre reservado, quien actualmente se desempeña el cargo de Jefe de Departamento de Administración y Finanzas de la SEREMI de Salud Región de Los Ríos y Coordinador de Residencias Sanitarias. Las irregularidades que se hicieron presentes al Sr. SEREMI de Salud (S) Sr. nombre reservado, fueron reparos detectados por sus asociados, referidos a un mal manejo de los pacientes y residentes internados en estas residencias sanitarias, tales como: la no segregación en dichos recintos de las personas catalogadas como casos positivos de Covid-19 con respecto a los calificados como contactos estrechos; el ingreso forzado a las residencias sanitarias de personas que pudiendo realizar sus cuarentenas preventivas u obligatorias en sus domicilios, fueron obligados a internarse en estos centros, aumentando la población en riesgo de contraer la enfermedad; así como problemas administrativos internos de la organización.

Sostiene que el día sábado 20 de febrero de 2021, la jefa de la Sección de Gestión de Personas de la SEREMI de Salud Los Ríos, Ingrid Cheuquemán Velásquez, le envió un correo electrónico solicitando antecedentes acerca de la contratación de un profesional de apoyo, de nombre nombre reservado. El lunes 22 de febrero, la misma nombre reservado remitió un correo electrónico al SEREMI de Salud, Dr. nombre reservado, con copia al abogado de la SEREMI de Salud, Sr. Ricardo Cortés, acusando a la autoridad de la repartición que se ha procedido a la contratación de una serie de familiares de funcionarios de la institución, argumentando que no se puede contratar en la Administración Pública a personas "...que tengan la calidad de cónyuge, hijo, adoptado o pariente hasta el tercer grado de consanguinidad y segundo de afinidad inclusive respecto de autoridades y funcionarios directivos de MINSAL”.

Continuando en la lógica de acoso y desvío del foco de atención que orquestó la Asociación Gremial recurrida, el día 26 de febrero de 2021, apareció en el portal web de la Radio Bio Bio de Valdivia, una entrevista dada por la Presidenta de la Asociación Gremial de Funcionarios de la SEREMI de Salud Valdivia FDR, recurrida en estos autos, Sra. nombre reservado, en la cual esta dirigente gremial le acusó ante la opinión pública, que en razón de su cargo en la SEREMI referida, él había contratado a amigos y familiares directos incurriendo en nepotismo y tráfico de influencias. Específicamente, la recurrida señaló ante el medio de prensa de alcance nacional referido, que "...el uno de octubre del 2020 asumió el cargo de encargado de la unidad de acción sanitaria de la Seremi de Salud, Ricardo Rivera. Acusan que desde aquel momento realizó salidas a terreno con cobro de horas extraordinarias, lo que está demostrado tanto en transparencia activa como pasiva (...) La dirigente explicó que al asumir el doctor nombre reservado como Seremi subrogante, se le habrían otorgado a nombre reservado atribuciones para la contratación de 96 personas para labores de control de la pandemia. nombre reservado dijo que algunos de los nuevos funcionarios elegidos tendrían algún vínculo o relación con el jefe de acción sanitaria, asegurando que aquí existió faltas a la probidad, llamando a las autoridades de la SEREMI de Salud a revertir dichos contratos." Alude que nada de lo que injustamente la recurrida, nombre reservado, señala en su declaración ante la prensa es verdad, porque las contrataciones no fueron hechas por el Departamento de Acción Sanitaria, sino que directamente por el Sr. SEREMI de Salud y, además, porque de las noventa y seis personas contratadas, ninguna es pariente por consanguinidad ni por afinidad con el recurrente, sino que sólo seis de ellas son parientes de otros funcionarios de esa repartición, pero ninguno de ellos con grado de dependencia jerárquica entre ellos; indica que las personas contratadas no forman parte de la Administración del Estado, por cuanto sus servicios fueron contratados para una faena específica, con plazos fijos y bajo las disposiciones del Código del Trabajo, por lo que malamente podrían formar parte de la Administración del Estado, personas que no han sido nombradas en calidad de titular o contrata, siendo su vínculo de índole netamente laboral y no funcionaria, pues su vínculo con el servicio es por un contrato de trabajo.

Expresa que desde su ingreso al Servicio y hasta el día de hoy nunca ha cobrado horas extraordinarias que no haya trabajado, como lo asevera livianamente la recurrida, nombre reservado, en la declaración filtrada a la prensa y lo reitera la recurrida, nombre reservado.

Adiciona que uno de los efectos que trajo la vulneración a su honra personal y laboral por parte de la recurrida, es que con fecha 8 de marzo de 2021, de manera abiertamente ilegal, el Sr. SEREMI de Salud nombre reservado. nombre reservado, le ha despojado de su cargo como Jefe del Departamento de Acción Sanitaria, mediante Resolución Exenta N° 4859/2021, pese a gozar del fuero de inamovilidad en el cargo y funciones en su calidad de dirigente gremial, conforme a las disposiciones del artículo 25 de la Ley N°19.625 sobre Asociaciones de Funcionarios de la Administración del Estado.

Estimando vulnerada la garantía contemplada en el artículo 19 N°4 de la Carta Fundamental, solicita expresamente que se acoja el recurso y que se ordene a la parte recurrida abstenerse de hacer publicaciones en que se le atribuyan conductas atentatorias a la ética y a la probidad administrativa, tanto en redes sociales como medios de comunicación, que se acompañen de injurias e insultos contra aquel; asimismo deberán abstenerse de impetrar calumnias contra el afectado y agredirle de cualquier forma; que se abstengan de realizar denuncias a través de los medios de prensa y no por las vías que franquea la Ley si la recurrida tiene algún reclamo; que se ordene a las recurridas pedir la eliminación de las publicaciones en los medios de comunicación en la internet, de Radio Bio Bio y Diario de Valdivia, y en cualquier otro medio de comunicación formal e informal, apercibiéndolas a publicar en aquellas redes sociales la sentencia que acoja el presente recurso de protección durante 10 días corridos, con expresa condena en costas.

Por su parte, informa el recurso, doña nombre reservado, por sí y en representación de la Asociación Gremial de Funcionarios de La SEREMI de Salud Valdivia FDR, presidenta de esta última, e Ingrid Cheuquemán Velásquez, quienes señalan que lo que se emitió fue un comunicado que en parte alguna menciona el nombre del recurrente. Ese comunicado fue publicado por www.diariodevaldivia.cl y por www.biobiochile.cl y se efectuó en virtud de las denuncias que como asociación tienen el deber de hacer presente ante las autoridades competentes.

Expresan que les sorprende que el recurrente entable una acción de protección en virtud de una denuncia que es del mismo tenor de otras muy similares efectuadas por él, pues, en su calidad de presidente de la FENFUSSAP Los Ríos, parte su recurso contando que realizó una denuncia por supuestas irregularidades en las residencias sanitarias, las cuales a su juicio serían imputables a sus asociados en su desempeño laboral al interior de la SEREMI de Salud, las que constan en el documento acompañado por el propio recurrente, singularizado como Oficio Ordinario N° 1/2021, de fecha 16 de febrero de 2021; dicho oficio contiene entre otras irregularidades, acusaciones de aprovechamiento político y acosos laborales.

Dan cuenta que en junio del año pasado ambas asociaciones, mediante oficio ordinario N°2, denunciaron irregularidades ante la Subsecretaria de Salud Pública, Dra. nombre reservado, porque forma parte del quehacer gremial.

Respecto de los hechos que fueron objeto de la denuncia realizada por la asociación que preside, señalan que se requirieron los antecedentes del pago de horas extras programadas y no programadas del recurrente, por medio de una solicitud de acceso a la información pública y con esa información efectuaron la denuncia correspondiente a la Contraloría Regional de los Ríos, órgano fiscalizador competente para investigar este tipo de hechos.

Añaden que en virtud de las denuncias efectuadas ante Contraloría Regional de Los Ríos, por la asociación que representa, se iniciaron investigaciones especiales que arrojaron como resultado irregularidades en el pago de horas extras y viáticos del Sr. nombre reservado, por lo que han existido hechos que atentaron contra el principio de probidad y esos hechos fueron constatados por el ente fiscalizador.

Aclaran que fue el medio de comunicación www.biobiochile.cl el que incorporó el nombre y apellido del presidente de la Asociación de Funcionarios, FENFUSSAP Región de Los Ríos, debiendo por ello, como razonamiento lógico, recurrir contra el medio de comunicación y no contra ellas, ya que el comunicado en parte alguna menciona el nombre del recurrente, no existe individualización, y el cargo que ostenta el recurrente no es de aquellos que sean públicamente conocidos.

En cuanto al actuar de doña nombre reservado, indican que tampoco existe ilegalidad o arbitrariedad alguna, pues en su calidad de jefa de Gestión y nombre reservado. de Administración y Finanzas de la SEREMI de Salud de la Región de Los Ríos, envió un email al Dr. nombre reservado, quien es el jefe Superior del Servicio, el día lunes 22 de febrero de 2021, señalándole que pone en su conocimiento que dentro de la nómina de funcionarios remitida por el Jefe de Departamento de Acción Sanitaria, que ingresarían al servicio como fiscalizadores Código del Trabajo en apoyo al DAS, una serie de familiares de funcionarios de la institución, pidiéndole considerar el artículo 54 y 55 de la Ley N°19.653. Luego consulta sobre la situación particular de don nombre reservado, pues existió un pronunciamiento de Contraloría por su situación particular, el correo es copiado a los abogados del servicio para "que puedan asesorar en la compatibilidad de autorizar estos ingresos y/o desistir de ello si a la luz de los antecedentes, se cae en alguna falta administrativa”.

Precisan que lo señalado por el recurrente, en orden a que no le son aplicables a los servidores estatales las inhabilidades e incompatibilidades establecidas en el artículo 54 y 55 de la ley N°18.575, en virtud de la normativa agregada por la ley N°19.653 sobre probidad administrativa aplicable a los órganos del Estado, contradice la jurisprudencia administrativa de la Contraloría General de la República, que ha señalado que estos trabajadores son, igualmente, funcionarios o servidores públicos, cuyo estatuto administrativo pasa a ser el Código laboral común que, para estos casos, debe ser interpretado administrativamente por Contraloría y no por la Dirección del Trabajo.

Aducen que nunca existió una entrevista de doña nombre reservado con algún medio de comunicación, ni existe publicación alguna en sus redes sociales relativas a un cobro de horas extras por parte de don Ricardo Rivera en base a horas no trabajadas.

Finalmente, respecto de este pilar argumental, aclaran que todas las temáticas aquí ventiladas dicen relación con el quehacer de un servicio público, desentrañando sus aspectos más técnicos, todos los cuales son y deben ser vigilados por una entidad fiscalizadora creada al efecto, que detenta las facultades y la especialidad necesaria, esto es, la Contraloría General de la República, donde a través de los mecanismos franqueados por la ley, deberá verificarse la existencia o ausencia de las conductas funcionarias descritas y que son objeto de esta causa, no correspondiendo a esta Corte conocer ni fallar al respecto.

Concluyen que no se ha atacado la esfera de la vida privada del recurrente y que las alegaciones dicen relación con el quehacer interno de las instituciones, cuestión ajena al control de los tribunales.

Se trajeron los autos en relación.

Y CONSIDERANDO:

PRIMERO: Que el recurso de protección de garantías constitucionales, previsto en el artículo 20 de la Constitución Política de la República, es una acción constitucional, cuyo propósito consiste en obtener de los tribunales superiores de justicia, una tutela eficaz y eficiente para salvaguardar la integridad de los derechos fundamentales que aquella norma contempla.

Al conocer un recurso de protección, es deber constitucional de esta Corte adoptar, en forma inmediata, las providencias necesarias para asegurar la debida protección ante la existencia de una acción u omisión arbitraria o ilegal, que importe una privación, perturbación o amenaza de los derechos y garantías que el Constituyente establece.

SEGUNDO: Que, en tal sentido, es requisito indispensable de la acción de protección, la existencia de un acto u omisión ilegal, es decir, un actuar contrario a la ley, o arbitrario, esto es, motivado por el mero capricho o veleidad de su titular y que no se condice con criterios de racionalidad y proporcionalidad en la relación necesaria que ha de estar presente entre el medio empleado y el fin perseguido, acarreando por su intermedio la vulneración de derechos indubitados del recurrente, que tengan impacto en alguna de las garantías constitucionalmente tuteladas, en este caso específico, su derecho a la honra.

TERCERO: Que, a fin de despejar el asunto planteado, en la especie y de acuerdo con el análisis de los elementos probatorios aportados al recurso e informe, apreciados según las reglas de la sana crítica, se tienen por acreditados los siguientes hechos:

1. Que las recurridas, doña nombre reservado y la Asociación de Funcionarios de la SEREMI de Salud de Los Ríos, la primera en su calidad de Presidenta de la segunda, emitieron un comunicado, que fue difundido a través de Radio Bio Bio y del Diario de Valdivia, en el cual se imputan al Jefe del Departamento de Acción Sanitaria de la SEREMI de Los Ríos, eventuales irregularidades en la contratación de funcionarios y cobro irregular de horas extras. Y 1. Que doña Ingrid Cheuquemán Velásquez, en su calidad de jefa de Gestión y nombre reservado del Departamento de Administración y Finanzas de la SEREMI de Salud de la Región de Los Ríos, informó al SEREMI de Salud de este territorio, mediante correo electrónico dirigido a él con copia al abogado del Servicio, acerca de la contratación de funcionarios que eran parientes de personas que también se desempeñaban en el Servicio.

CUARTO: Que, aclarado lo anterior, es menester examinar en forma prioritaria si nos encontramos en el caso específico ante un acto arbitrario o ilegal, mediante el despliegue de las conductas reconocidas por las recurridas en los términos antes expresados, lo cual habilitará para el posterior examen a recaer en la constatación acerca de la efectiva conculcación de la garantía que se reclama afectada.

En tal sentido, esta Corte vislumbra que el comportamiento reprochado a las recurridas ha tenido asidero en facultades legítimas de fiscalización, en un evento, en virtud de la calidad de Presidenta de un órgano gremial del área de la Salud, que detenta la Sra. nombre reservado, mientras en el otro, por el carácter de jefa del especificado departamento administrativo del orden sanitario, que lidera la Sra. nombre reservado.

QUINTO: Que, en efecto, se ha podido determinar que se dio a conocer por doña nombre reservado, una denuncia ante la autoridad administrativa que correspondía (SEREMI de Salud), respecto de conductas que, en opinión de la entidad gremial recurrida y que ella representa, podían ser constitutivas de una eventual irregularidad susceptible de revisar, en los términos que autorizaba el artículo 2 N°4 de sus Estatutos y lo que prevé la ley N°18.575 en sus artículos 54 a 55, estando inclusive en línea con la preocupación manifestada por el propio SEREMI, en orden a que no se contratara a parientes de funcionarios públicos en las tareas de refuerzo de la acción que incumbía a esa rama a causa de la pandemia, y que vio la luz ante la opinión pública mediante un comunicado formal, difundido a través de Radio Bio Bio y del Diario de Valdivia, constatándose que el extracto original no mencionaba en forma explícita a persona alguna, al punto que así se publicó fielmente en el ulterior de los medios de comunicación, mientras sólo el primero fue el que agregó la referencia expresa al recurrente.

De esta forma, del tenor de lo expresado en el recurso e informe y antecedentes acompañados, se detecta además en este punto que ha sido el propio Sr. nombre reservado, en similar condición gremial a la de la recurrida, quien ha denunciado también ante la competente autoridad de la Administración una serie de conductas, que estimaba constitutivas de aprovechamiento político y acoso laboral, entre otros, las que fueron conocidas por los medios, siendo estos inclusive uno de sus destinatarios, en el contexto de actos de fiscalización de conductas presuntamente alejadas de los deberes administrativos atingentes a los funcionarios públicos, puesto que se entiende que aquella labor se encuadra entre las que están en la esencia del desempeño de una dirigencia gremial; de manera que no se comprende cómo de contrario podría incurrirse en infracción de alguna garantía constitucional por la observancia de la prerrogativa equivalente; máxime si se trata de aspectos vinculados al correcto ejercicio de una función pública, que no a ámbitos de la intimidad o vida privada de quien la detenta.

SEXTO: Que, por otra parte, a propósito del censurado obrar de doña nombre reservado, se ha tenido por acreditado que como jefa de Gestión y nombre reservado del Departamento de Administración y Finanzas de la SEREMI de Salud de la Región de Los Ríos, envió al Secretario Regional Ministerial, en esa época subrogante de la misma cartera, Dr. nombre reservado, un correo electrónico contenedor de una nómina con una serie de nombres de personas que coincidían con apellidos de funcionarios del Servicio, a objeto de hacer presente a la autoridad posibles conflictos de interés; lo cual se entiende enmarcado en la vigencia del principio de probidad administrativa, en sentido congruente con las exigencias que se desprenden de las disposiciones legales ya citadas en el motivo que precede, explicándose por ser tal deber de control parte de aquellos por cuyo cumplimiento debe velar toda autoridad pública, incluida con mayor razón la recurrida en razón de su cargo puntual.

Asimismo, baste resaltar en otro rubro que se observa estar en presencia de un comunicado institucional interno, dirigido a la jefatura máxima del Servicio y con destinatario adicional de un abogado del mismo, quienes debían analizar en su mérito la situación denunciada para establecer si existían responsabilidades derivadas, lo que viene a abonar la posición jurídica de la mentada Sra. nombre reservado.

En esta orientación, no puede entenderse tampoco que la circunstancia de haberse estado contratando personal de apoyo mediante convenciones regidas por el Código del Trabajo sea excluyente de la posibilidad de propender a la anotada fiscalización, desde que ha sido la propia Contraloría General de la República, la que ha dejado en claro en su jurisprudencia que estas personas también quedan supeditadas bajo el imperio del principio de probidad administrativa, independientemente de la calidad con que hayan sido reclutadas, dada su indudable calidad de servidores públicos (a vía ejemplar: Dictámenes N° 5.116/2008 y N° 21.718/2017).

SÉPTIMO: Que, tal como ha quedado adelantado, se desprende de los hechos examinados, que no sólo se ha ejercitado una facultad legal, sino que ha existido en la especie un propósito de hacer pública no una situación propia de la esfera personal o de intimidad del recurrente; por el contrario, lo que se ha pretendido por las recurridas a través de las herramientas empleadas es poner de manifiesto una situación relevante que campea en el ámbito de lo público y que eventualmente pudiera haberse alejado del cumplimiento de los deberes asociados al Estatuto Administrativo.

OCTAVO: Que, así las cosas, no se advierte que las recurridas hayan incurrido en un proceder ilegal ni arbitrario, susceptible de ser considerado transgresor de la garantía constitucional que protege la honra de toda persona y de su familia, en los términos que ampara el artículo 19 N°4 de la Constitución Política, sino más bien se vislumbra concretado el deber de fiscalización adscrito al ejercicio de una función pública, en obsequio de los principios de probidad, publicidad y transparencia de los actos de los órganos de la Administración del Estado, que contempla el artículo 3 del Estatuto Administrativo, como la concreción del desenvolvimiento legítimo del derecho correlativo al esgrimido, es decir, el de emitir opinión e informar, asegurado por idéntico texto constitucional en el numeral 12 del citado artículo 19, sujeto a estrictos estándares para su limitación susceptibles de sintetizarse en que aquélla deba estar establecida en la ley, que el objetivo de la restricción sea legítimo, vale decir, tendiente a garantizar otro derecho en contradicción con ella y que tales limitaciones sean sólo las necesarias en una sociedad democrática, ninguna de cuyas cualidades se avista concurrente en el asunto en análisis.

NOVENO: Que, en otro extremo, cuestión distinta es que sea el órgano correspondiente y en el marco procesal idóneo, el que defina la existencia o ausencia de observaciones desde la esfera administrativa en los aspectos denunciados o, inclusive si mediare la querella de rigor, se estableciere por el tribunal competente y en el proceso adecuado la existencia de alguna conducta típica, antijurídica y culpable desde la óptica penal en el proceder por esta vía reprochado y tildado en el petitorio como injurioso o calumnioso; no apareciendo por ende ésta como la vía idónea para alcanzar dichos esclarecimientos, de suerte que se está enfrente de una tutela cautelar de urgencia, encauzada en un procedimiento sumarísimo.

DÉCIMO: Que, por último, tratándose los requisitos de procedencia de este remedio institucional, de unos susceptibles de ser catalogados como copulativos y desprendiéndose que no ha estado presente el primigenio de ellos, como lo es la arbitrariedad o ilegalidad de las conductas reprobadas, el presente arbitrio no habrá de prosperar en lo resolutivo.

A la luz de lo expuesto, disposiciones citadas y de conformidad, además, con lo prescrito en los artículos 19 N°4 y 20 de la Carta Fundamental, más Auto Acordado sobre Tramitación y Fallo del Recurso de Protección de Garantías Constitucionales, se RECHAZA la presente acción de protección, interpuesta por don nombre reservado Ricardo Rivera nombre reservado, Presidente de la "Asociación de Funcionarios de la Autoridad Sanitaria Oficina Provincial de Valdivia" o FENFUSSAP, en contra de la Asociación Gremial de Funcionarios de La SEREMI de Salud Valdivia FDR, así como en contra de doña nombre reservado y doña nombre reservado.

Regístrese, comuníquese y archívese, en su oportunidad.

Redactada por el Ministro Titular, señor Luis Moisés Aedo Mora.

N°Protección-167-2021.