FERIAS Y CONVENCIONES SPA con TESORERÍA GENERAL DE LA REPUBLICA

Valdivia, uno de febrero de dos mil dieciocho.

VISTOS:

Don Rafael Asenjo Perez, abogado, domiciliado en domicilio reservado, en representación de “FERIAS y CONVENCIONES S.p.A”, sociedad comercial, Rol Único Tributario N° 76.248.994-5,representada por doña nombre reservado, ambas domiciliadas en sector “Las Gaviotas” Poste 38, lote 2 Parcela 9 de la comuna de Valdivia, recurre de protección en contra de la Tesorería General de la Republica Dirección Regional de Los Ríos, representada legalmente por su Director Regional, don Mario Aravena Bozo, chileno, funcionario público, ambos con domicilio en domicilio reservado, por haber vulnerado el ejercicio de las garantías constitucionales que indica y solicitando que se deje sin efecto los actos arbitrarios e ilegales que se describen, todo ello con expresa condenación en costas.

Señala que su mandante mantiene como clientes habituales a distintos órganos de la Administración del Estado, tales como la Municipalidad de Los Angeles, Municipalidad de Puerto Montt, y Municipalidad de Valdivia, prestándoles servicios en actividades propias de su giro. Además en su calidad de contribuyente de obligaciones impositivas, su mandante ha caído en morosidad respecto al Impuesto Valor Agregado (F21), acogiéndose al beneficio del convenio de pago con condonación a que se refiere al Ley N° 10.780 (Resoluciones N° 386 de fecha 03-03-2017 y N° 301 de fecha 01-03-2017).

Explica que sin perjuicio de haberse encontrado vigente los convenios, la Tesorería Regional de Los Ríos ha procedido a iniciar la cobranza de los montos en diferentes expedientes administrativos a saber (10329/2015, 10763/2015, 10293/2016, 10488/2016, 11275/2017, 11362/2017), procedimientos donde se ha procedido a trabar embargo sobre diversos porcentajes de los pagos pendientes y futuros que su representada –en su calidad de deudor- debe percibir de sus clientes, hasta la concurrencia del monto total demandado. Así las cosas se han procedido a descontar dineros de los pagos de las Municipalidades de Puerto Montt, Valdivia y Los Ángeles, desconociendo su mandante, a través de sus representantes, cual es a la fecha el monto exacto liquidado de la deuda que mantiene con el Servicio de Tesorerías, aun cuando se consultó en forma presencial en el mes de noviembre de 2017 sin obtener resultado positivo que permita al recurrente conocer el estado actual de su deuda, y saber a qué giros de impuestos, intereses, reajustes y multas está el recurrido imputando cada porcentaje de dineros que retiene; y lo que es peor no saber en qué momento dispondrá derechamente Tesorería Regional de Los Ríos de los fondos retenidos para hacerse pago de lo debido. En efecto, la institución recurrida a través de un funcionario exhibió unas anotaciones de facturas y montos que aparecían consignados en forma manuscrita en un cuaderno, lo que no reviste desde ningún aspecto un acto administrativo.

Recalca que la institución recurrida en los hechos no se ha ceñido a la normativa vigente para proceder en estos casos ya que habiendo cedido –vía factoring- el crédito de facturas emitidas, la Tesorería Regional de Los Ríos ha procedido de igual manera a compeler a los receptores de las mismas y a retener los montos o porcentaje de dinero decretado por la misma recurrida.

En cuanto a la arbitrariedad con que la recurrida de estos autos ha actuado es pertinente valorar en concreto cada uno de los hechos consignados precedentemente. En efecto, la decisión de no entregar certificado de movimiento alguno que permita aclarar o liquidar la deuda, generándose nuevos embargos sobre facturas y créditos de clientes habituales, es del todo antojadiza, sin que sea amparada racional y justamente. Por lo demás, carece de toda lógica y estructura procedimental la existencia y seguimiento de cobranzas judiciales de impuestos adeudados cuando existen convenidos de pago que estaban vigentes.

Junto con ser arbitrario, es ilegal el actuar de la recurrida por cuanto desde que habiendo estado vigente los convenios de pago por los impuestos adeudados inició cobranza judicial de los mismos, ordenando el embargo de sumas de dinero sin entregar una liquidación de lo adeudado y lo efectivamente pagado. Sobre el particular, afirma que el hermetismo de la Tesorería Regional de Los Ríos vulnera gravemente los derechos de su representada en orden a conocer el estado actual de su deuda. Esto es así por disponer el artículo 170 del Código Tributario en su inciso cuarto, el que transcribe.

En la misma línea que lo anterior, pretender que las consignaciones manuales de los montos retenidos y embargados provenientes de los pagos de las facturas de terceros sea una manifestación de un acto administrativo, contradice la propia de Ley de Bases de Procedimiento Administrativo Nº 19.880 a la cual se encuentra sometida la Tesorería Regional de Los Ríos. La inobservancia denunciada se plasma en el artículo al artículo 3 de esa ley, la que en su inciso segundo prescribe: “Para efectos de esta ley se entenderá por acto administrativo las decisiones formales que emitan los órganos de la Administración del Estado en las cuales se contienen declaraciones de voluntad, realizadas en el ejercicio de una potestad pública”.

Al no revestir la anotación manual de los montos retenidos versus los saldos adeudados un acto administrativo desde el punto de vista legal, dicho documento no puede ser utilizado para entender que las sumas de dinero embragadas han ingresado a una cuenta de depósito, y menos puede entenderse que esa cuenta es de conocimiento y de acceso público.

Señala además lo pertinente de Circular Normativa N° 130 de fecha 21.10.2013 que establece el “Procedimiento de cobro de obligaciones tributarias de dinero y demás créditos del sector público, en su página 54 (apartado 3.7) explica el protocolo por el cual debe regirse el embargo de créditos (facturas por pagar) o contratos y prohíbe el embargo de los créditos por cobrar (facturas), cuando hayan sido cedidos a un tercero.

Sostiene que la recurrida no ha respetado el acto de traspaso o cesión de crédito efectuado por su representada a empresas de Factoring, transgrediendo en su integridad la Ley N° 19.983.

Concluye que esta acción constitucional busca proteger, para el caso concreto, la igualdad ante la ley, del artículo 19 N° 2 de la Constitución Política de la República: “La igualdad ante la Ley... Ni ley ni autoridad alguna pueden estable diferencias arbitrarias...”; garantía de la igualdad ante la aplicación de la ley, artículo 19 N° 22 de la Constitución Política de la República:" no discriminación arbitraria en el trato que deben dar el Estado y organismos en materia económica...” y garantía del derecho de propiedad, artículo 19 N° 24 de la Constitución Política de la República: derecho de propiedad en sus diversas especies sobre toda clase bienes corporales e incorporales”.

En cuanto a las garantías del Artículo 19 N° 2 de la Constitución Política de la República: “La igualdad ante la Ley... Ni ley ni autoridad alguna pueden estable diferencias arbitrarias...” y del N° 22 de la Constitución Política de la República:" no discriminación arbitraria en el trato que deben dar el Estado y organismos en materia económica, diremos que su ejercicio ha sido privado y perturbado por la recurrida por cuanto su representada ha sido tratada sin respetar transparencia debida, prohibiéndole tener acceso a una liquidación de su deuda impositiva de manera formal y legal. Al efecto cabe recordar que la misma Carta Fundamental en su Artículo 8º inciso segundo obliga a todos los órganos del Estado a ser públicos todos los actos y resoluciones así como sus fundamentos y los procedimientos que utilicen, norma que la recurrida para el caso de mandante no cumple.

La circunstancia de no tener acceso a una liquidación del estado de la deuda, y por ende la falta de transparencia de la parte recurrida junto con generar una desigualdad y arbitrariedad en el trato que se le ha dado a su mandante, perturba gravemente el ejercicio legítimo de su derecho de propiedad sobre los contratos que celebra con terceros a quienes les provee de sus servicios dentro de su giro, ya que en cada período mensual –circunstancia que se mantiene hasta hoy- se ignora cuál es la disponibilidad que tendrá su mandante en torno al monto de dinero que efectivamente ingresará a su patrimonio. Similar caso ocurre con las facturas cedidas previamente a empresas de factoring a los que se deberá cumplir con la restitución del monto total de las mismas.

Por lo expuesto, pide se declare la vulneración a las garantías constitucionales invocadas y se decrete:

1. Suspender toda la ejecución de estos autos mientras la recurrida no comunique formalmente –a través de un acto administrativo formal- el contenido de la liquidación de impuestos adeudados, donde se encuentren consignadas las deducciones por embargos de créditos y facturas de terceros.

2. Restablecer el imperio del derecho, ordenando a la Tesorería Regional de Los Ríos dar cumplimiento estricto al artículo 170 del Código Tributario, esto es consignar los montos que han sido embargados provenientes de pagos de terceros –mediante facturas- señalando las cuentas de depósitos respectiva y comunicando formalmente –a través de un acto administrativo formal- el contenido de la deuda liquidada actualizada.

3. Prohibir embargar dineros que provengan de facturas que hayan sido cedidos sus créditos por su representada a empresas de factoring, en cumplimiento de la Ley Nº 19.893.

4. Condenar en costas a la recurrida.

Don Mario Aravena Bozo, Director Regional, Tesorero de Los Ríos, domiciliado para estos efectos en domicilio reservado, informa el Recurso de Protección.

Realiza una primera alegación de extemporaneidad, con fundamento en que la demandada fue notificada en todos los expedientes señalados en su recurso y dirigidos en su contra y se le practicó los primeros embargos de acuerdo al siguiente detalle:

a.- 10293-2016 de Valdivia notificada demanda 17 de marzo de 2015 por cédula y el primer embargo 10 de julio de 2015.

b.- 10763-2017 de Valdivia notificada por cédula y practicado el primer embargo el 11 de mayo de 2017.

c.- 10293-2016 de Valdivia, notificada personalmente el 25 de febrero de 2016 personalmente a la representante legal y practicado el primer embargo en esa misma fecha.

d.- 10488-2016 de Valdivia, expediente terminado y su deuda pagada y procedimiento se suspendió el 18 de mayo de 2016 y no se han proseguido acciones en ese caso.

e.- 11275-2017 de Valdivia, notificado el 24 de agosto de 2017 por cédula y con esa misma fecha practicado el primer embargo.

f.- 11362-2017 de Valdivia, notificado el 20 de septiembre de 2017 y practicado el primer embargo en esa misma fecha.

Por lo tanto, concluye que es evidente que el recurso es absolutamente extemporáneo. Hace presente que no existe en su sistema demanda que contenga el Rol N° 10763- 2015 (sic) de Valdivia, por lo tanto no puede informar a ese respecto.

Para el evento de no admitirse la extemporaneidad se refiere al fondo de la cuestión planteada.

Asevera que el Servicio de Tesorería, en cumplimiento de sus funciones de cobranza y de acuerdo a lo dispuesto en el Título V del Libro III del Código Tributario, inició en el año 2016 el proceso de cobro de las obligaciones tributarias morosas de Ferias y Convenciones SpA. RUT N° RUT reservado, representada por doña nombre reservado, mediante los expedientes Roles 10329-2015, 11166-2015, 10488-2016, 10527-2016, 11003-2016, 11102-2016, 10763-2017 todos de la comuna de Valdivia los cuales se encuentran terminados y en actual tramitación los expedientes administrativos Roles 10293-2016, 10057-2017, 10389-2017, 11275-2017, 11362-2017 y 11762-2017 todos de la comuna de Valdivia. En todos los expedientes se notificó y requirió de pago y se le embargaron bienes.

Respecto a la información que no tiene, según los dichos en su recurso, señala que, quien representa a la recurrente posee clave para revisar en línea a través de la página web del Servicio de Tesorerías las consultas que señala.

Precisa que la contribuyente Ferias y Convenciones SpA., se encuentra demandada en los expedientes administrativos que detalló más arriba y que mantiene una deuda fiscal a esta fecha de $18.926.658.- Asimismo agrega que existen históricamente en ese Servicio, 3 convenios de pago que no dicen relación con los casos señalados por el demandado y por lo demás se encuentran caducados desde el año 2017 y todas las acciones de cobro se reactivaron oportunamente. Ellos son los que se otorgaron por medio de las resoluciones: 1074-2015, 386-2016 y 301-2017. En este orden de cosas, se debe tener presente que el Servicio de Tesorerías no ha cometido ningún acto arbitrario e ilegal que amenace, perturbe o prive a la recurrente del legítimo ejercicio de sus derechos, y ha ejercido sus potestades legales dentro del ámbito legal, al tenor de lo dispuesto por los artículos 6º y 7° de la Constitución Política de la República.

Recalca que ese Servicio se ha limitado a cumplir el mandato legal, establecido en el artículo 35 del Decreto Ley 1263 del año 1975, al efectuar el cobro de los impuestos girados por el Servicio de Impuestos Internos y adeudados por la recurrente.

El recurso debe ser rechazado porque el agravio de la recurrente deriva de resoluciones o actuaciones procesales que, por lo mismo, ya se encuentran bajo el imperio del derecho, y la propia ley franquea los mecanismos de corrección. Señala que el legislador contempla un procedimiento ejecutivo especial para el cobro de obligaciones tributarias en dinero, y dentro del Título V del Libro Tercero del Código Tributario existen disposiciones legales que demuestran que los pretendidos agravios sufridos por el recurrente se encuentran sometidos al imperio del derecho, existiendo todo un procedimiento regulado en el Código Tributario en su Libro III Título V que norma las actuaciones del Tesorero Provincial y las partes; contemplando la posibilidad de reclamar de vicios o errores de que adolezca el cobro, y por último señalando un funcionario ante quien se pueden reclamar directamente de las faltas o abusos cometidos durante el juicio por el Juez Sustanciador y sus auxiliares, por lo que no puede prosperar el recurso en cuanto pretende obviar los medios propios y especiales que franquea la ley tributaria para subsanar defectos o corregir errores en la tramitación de juicios tributarios ejecutivos, en el evento que existan.

Enfatiza que el recurso de protección debe ser rechazado por improcedente, al carecer de hechos que pudieran constituir un acto arbitrario e ilegal por parte del Servicio de Tesorerías que vulnere las garantías constitucionales establecidas en los números 2, 22 Y 24 del artículo 19 de la Constitución Política de Chile y privación de las mismas.

Explica que tanto la doctrina (Augusto Parra Muñoz, "oportunidad y forma de hacer valer el pago en la ejecución forzada de la obligación tributaria" en Revista de Derecho, Universidad de Concepción, N° 157 1971, pp. 67 y 68) como la jurisprudencia, considera al procedimiento contenido en los artículos 168 y siguientes del Código Tributario, "Del cobro ejecutivo de las obligaciones tributarias de dinero" como uno de carácter completo, lo que significa que la solución de los problemas que en él se planteen debe buscarse en sus propias normas o en aquellas a las que expresamente se remitiere.

Reitera que el recurso de protección no ha sido creado para solucionar conflictos específicos entre partes, ni entre éstas y la autoridad pública, cuando dicho conflicto se encuentra sometido al conocimiento de los tribunales, autoridad u organismo correspondiente, aunque en su tramitación y decisión se incurra en actos que pueden ser considerados arbitrarios o ilegales, porque el asunto, con la intervención de ellos, se encuentra bajo el imperio o autoridad del derecho, y los actos de aquel modo reprochados pueden ser corregidos por los medios que la ley franquea (Corte Suprema, 23-1- 1980, R., t. 77, sec. 1°, p. 13; Corte Apelaciones de Santiago, 6-10-1986, R.G.J. N° 76, p. 42).

En directa relación con ello cabe señalar que el título V del Libro III del Código Tributario faculta al Servicio de Tesorerías para confeccionar el título ejecutivo en esta materia y despachar inmediatamente el mandamiento de ejecución y embargo. El Tesorero en dicho caso, como dice el art. 170, actúa como "Juez Sustanciador", facultándosele para embargar incluso las remuneraciones de los deudores y en especial sobre todos los bienes, muebles, inmuebles, corporales e incorporales, susceptibles de apreciación pecuniaria por un recaudador fiscal quien actúa como ministro de fe y procede a la traba del embargo. Teniendo en consideración que el dinero es un bien corporal mueble que forma parte del patrimonio de una persona natural o jurídica, es plenamente posible embargar los pagos pendientes provenientes de los distintos clientes que la recurrente posee.

Respecto a la factorización, no había manera de saber que sus facturas se encontraban factorizadas, pues se trata de convenciones entre particulares que si no son informadas, no existe forma de conocerlas y por lo demás respecto a que no se pueda retener, es absolutamente discutible y no estamos en el estadio procesal que corresponda y tendría este juez sustanciador que tener habilidades premonitorias para conocer dichas convenciones y además saber que se ajustan a derecho y tienen la habilidad de interponerse en el proceso de cobro, pues no constan de los autos administrativos.

Destaca que la persona que representa a la recurrente Ferias y Convenciones SpA ante ese servicio, posee claves para revisar en línea a través de la página web del Servicio de Tesorerías las consultas que señala no tener respuesta, lo que consta de documento que acompaña.

Sostiene que es posible calificar un acto de ilegal, cuando se aparta o contraviene la ley o las disposiciones dictadas conforme a ella. Y, de arbitrario, si emana de un órgano incompetente o que por lo irracional o caprichoso que resulte, vulnere el espíritu de las normas jurídicas que regulan la materia de que se trata. Ello no acontece en este caso, toda vez que la actuación del Servicio de Tesorerías es absolutamente ajustada a Derecho, puesto que se ha ejercido la autoridad por el funcionario competente conforme a la ley y existiendo previamente una norma legal emanada de la Autoridad Administrativa en uso de sus expresas atribuciones legales. Detalla la legislación del ramo y los procedimientos que rigen la materia que contempla diversas instancias para que el recurrente pueda ejercer sus derechos, recalcando las funciones jurisdiccionales que cumple el Tesorero. Siendo consecuente con dicho predicamento, el recurso de protección deducido resulta absolutamente incompatible con la realidad del caso, toda vez que este tiene por objeto subsanar los vicios de que pudieren adolecer las actuaciones administrativas, provenientes de la autoridad respectiva, y en ningún caso cabe ejercitar dicho recurso para intentar modificar o enmendar resoluciones judiciales, dictadas por un Juez en un proceso legalmente tramitado de conformidad a las atribuciones que la ley le ha conferido. En el presente caso, el Tesorero-Juez Sustanciador del proceso de cobro ejecutivo de obligaciones tributarias, ha dictado las resoluciones pertinentes, cumpliendo las funciones jurisdiccionales contenidas en los artículos 168 y siguientes del Código Tributario.

Como consideraciones finales, apunta que la Segunda Sala de este Ilustrísimo Tribunal, con fecha 2 de febrero de 2016, al pronunciarse sobre otro recurso de protección dirigido contra ese servicio público Rol 35-2016 ha señalado en su cuarto considerando que: ... "la utilización de la acción de protección en contra de resoluciones dictadas con arreglo a un procedimiento legal, supone una absoluta desnaturalización de dicho arbitrio, toda vez que éstas deben impugnarse a través de los recursos ordinarios dispuestos por el ordenamiento jurídico y no por esta vía, ya que la acción de protección no es un sustituto procesal que pueda ser utilizado como medio de impugnación de decisiones jurisdiccionales, pues ello afecta el estado de derecho, la certeza jurídica y la normal sustanciación de los procedimientos judiciales, en los que el legislador ha previsto expresamente los remedios procesales que las partes pueden hacer valer en el evento de no compartir los fundamentos de una determinada decisión judicial. (Corte de Valdivia 546- 2014CIV)". En este mismo sentido se ha manifestado recientemente nuestro máximo tribunal al señalar:"(...) Que según lo expuesto por la parte recurrente y lo que surge del mérito de autos, la decisión impugnada se materializó en una resolución judicial dictada en la causa antes individualizada (...) Esto resulta inadmisible, ya que lo procedente es deducir en su contra los remedios jurisdiccionales que sean conducentes, y no que se utilice esta acción como un recurso procesal de dicha índole. El recurso de protección no puede entenderse como un medio de impugnación de resoluciones judiciales". "( .... ) Que, en consecuencia, lo pertinente es que el actual asunto sea debatido a través de los recursos jurisdiccionales que correspondan, toda vez que tal cuestión ya está sometida a la jurisdicción y, por lo tanto, bajo el imperio y regulación del derecho" (Excma. Corte Suprema Rol 9021-2014).

En mérito de las razones de hecho y de derecho consignadas pide el rechazo, con expresa condenación en costas.

Se trajeron los autos en relación.

CONSIDERANDO:

PRIMERO: Que el recurso de protección de garantías constitucionales establecido en el artículo 20 de la Constitución Política de la República, constituye una acción destinada a amparar el legítimo ejercicio de las garantías y derechos que en esa misma disposición se enumeran, mediante la adopción de medidas de resguardo que se deben adoptar ante una acción u omisión arbitraria o ilegal que impida, amenace o perturbe ese ejercicio.

SEGUNDO: Que, de lo expuesto por la recurrente aparece que son tres las alegaciones que realiza y que la llevan a accionar por esta vía constitucional: refiere la existencia de juicios tributarios en su contra con embargos verificados, en circunstancias que le favorecen convenios por los cuales la sustanciación debiera estar suspendida. También manifiesta su absoluto desconocimiento en cuanto a la suma que adeuda por el hermetismo del Servicio de Tesorería, en donde no le dan a conocer las cantidades que al día de hoy se mantiene como deuda. Y un tercer tópico de alegaciones lo sitúa en la actuación de Tesorería que en el procedimiento ejecutivo ha procedido a trabar embargo respecto de facturas que han sido cedidas a terceros, lo que resulta improcedente.

TERCERO: Que, en primer lugar, en cuanto a la alegación de extemporaneidad planteada por el recurrido, atendido que de los antecedentes aparejados consta que la medidas de embargo se materializaron mediante notificaciones que superan los 30 días de antelación a la interposición del recurso, es su petición que el libelo sea desestimado por extemporáneo, pero no siendo dichas actuaciones en concreto las que el actor enuncia como conculcatorias de sus derechos constitucionales amagados, no es posible declarar la extemporaneidad por dicha razón, ya que la parte recurrente engloba otros hechos como constitutivos de transgresión a los derechos que gozan de protección constitucional. Aunque, no puede dejarse de mencionar, que respecto de ninguno de los acontecimientos que invoca, da luces acerca de la época de su concreción, siendo más bien vagas sus aseveraciones al respecto.

De lo expuesto se puede concluir que si bien no aparece con certeza que la acción se haya entablado dentro de plazo, tampoco se señala época para su cómputo, razón por la que dicha alegación será desechada, siendo necesario un pronunciamiento respecto del fondo del asunto.

CUARTO: Que, la recurrida en su informe señala el detalle del monto adeudado por el contribuyente moroso, desmembrando lo que corresponde a capital, intereses, multas y totalizando el monto de cobro ejecutivo en los $18.926.658.- Con esa aseveración ya se da respuesta a una de las cuestiones reclamadas por la recurrente, quien aseveró desconocer el monto de lo que se debía. Información que en todo caso aparece como injustificadamente pedida en el marco de una acción constitucional por transgresión a garantías fundamentales. Dicha información se obtiene de los expedientes en tramitación, cuyas copias han sido acompañadas junto al informe y de la propia página web del Servicio de Tesorería, para cuyo acceso el recurrente cuenta con clave de ingreso, según se informó.

QUINTO: Que las restantes alegaciones de incumplimiento de convenios de pagos, por parte de Tesorería, que habría seguido con las ejecuciones pese a estar vigentes los convenios, han sido desvirtuadas por la recurrida, quien aportó la individualización de las resoluciones que permitieron al recurrente acogerse a convenio y las fechas desde las cuales estos caducaron, con la consiguiente consecuencia de proseguirse con la tramitación de apremio.

Resulta además palmaria la absoluta falta de actividad del contribuyente en los procesos de ejecución. Quien hoy recurre de protección y que ha sido emplazado en forma personal en los juicios que se siguen en su contra no ha verificado actuación alguna en ninguno de los expedientes vigentes ante Tesorería según se desprende de las copias digitalizadas a estos autos. Ello se deja de manifiesto al tenor de las alegaciones que plantea, como la de falta de cumplimiento de los convenios, que de ser efectiva, debió realizarse en el marco de procedimiento respectivo ante el Tesorero.

Lo mismo es aplicable a la situación que denuncia de haberse embargado pagos de servicios respecto de los cuales las facturas habían sido cedidas a terceros. Esta situación debió ser puesta en conocimiento del Juez Sustanciador, en el proceso en que se verificó el embargo en esas condiciones. Nada de eso ocurrió.

SEXTO: Que, como corolario de lo expuesto, resulta necesario poner de relieve que la utilización de la acción de protección en contra de resoluciones dictadas con arreglo a un procedimiento legal, supone una absoluta desnaturalización de dicho arbitrio, toda vez que éstas deben impugnarse a través de los recursos ordinarios dispuestos por el ordenamiento jurídico y no por esta vía, ya que la acción de protección no es un sustituto procesal que pueda ser utilizado como medio de impugnación de decisiones jurisdiccionales, pues ello afecta el estado de derecho, la certeza jurídica y la normal sustanciación de los procedimientos judiciales, en los que el legislador ha previsto expresamente los remedios procesales que las partes pueden hacer valer en el evento de no compartir los fundamentos de una determinada decisión judicial. (Corte de Valdivia Rol 546-2014CIV y Rol 35-2016 PROT).

En este mismo sentido se ha manifestado nuestro máximo tribunal al señalar lo siguiente: “(…) Que según lo expuesto por la parte recurrente y lo que surge del mérito de autos, la decisión impugnada se materializó en una resolución judicial dictada en la causa antes individualizada (....) Esto resulta inadmisible, ya que lo procedente es deducir en su contra los remedios jurisdiccionales que sean conducentes, y no que se utilice esta acción como un recurso procesal de dicha índole. El recurso de protección no puede entenderse como un medio de impugnación de resoluciones judiciales”.

“(….) Que, en consecuencia, lo pertinente es que el actual asunto sea debatido a través de los recursos jurisdiccionales que correspondan, toda vez que tal cuestión ya está sometida a la jurisdicción y, por lo tanto, bajo el imperio y regulación del derecho” (Excma. Corte Suprema Rol N°9021-2014).

SEPTIMO: Que, en efecto, como lo ha sostenido reiteradamente esta Corte, el recurso de protección constituye una medida esencialmente cautelar, que tiene por objeto solo otorgar una medida rápida y efectiva cuando alguno o algunos de los derechos que se consagran en el artículo 20 del texto constitucional se vean amenazados o vulnerados, por actos que importen una vulneración al estado de derecho, supuestos que no concurren en la especie, al emanar los actos recurridos de un resoluciones en el marco de un procedimiento administrativo.

Al respecto, preciso resulta enfatizar que el procedimiento ejecutivo tributario regulado en el Título V, del Libro Tercero, del Código Tributario, constituye un solo procedimiento, dividido en dos etapas, una administrativa y la otra judicial. En dicho procedimiento se establecen normas especiales en materia de emplazamiento, requerimiento, excepciones a la ejecución, realización de bienes, entre otras, que se explican por el interés público comprometido en el cobro de deudas tributarias, y que justifica que el legislador haya otorgado ciertas prerrogativas al Fisco acreedor que lo diferencian del acreedor común.

En este orden de ideas, las resoluciones que decretaron el embargo parcial de las sumas que la actora debía percibir, se encuentran expresamente previstas como medida de apremio en el artículo 170 inciso tercero del Código Tributario, las que han sido dictadas previa notificación de la afectada y en la forma que el inciso cuarto de la misma disposición legal regula para tales efectos, de lo que se deduce que dichas medidas se encuentran dentro de la competencia y facultades que el propio legislador confiere al ente recaudador, razón por la que no constituye un acto ilegal, siendo una norma claramente de carácter especial, en favor del interés público comprometido en la recaudación fiscal.

OCTAVO: Que, por lo señalado anteriormente, no se vislumbra de qué manera pueden entenderse vulnerados los derechos constitucionales invocados por la parte recurrente, razón por la que el recurso deberá ser rechazado.

Por estas consideraciones y visto, además, lo establecido en el artículo 20 de la Constitución Política de la República y Auto Acordado sobre Tramitación del Recurso de Protección de Garantías Constitucionales, SE RECHAZA, con costas, la acción de protección interpuesta.

Redacción del Ministro don Mario Julio Kompatzki Contreras.

Regístrese y archívese, en su oportunidad.

N°Proteccion-Ant-1668-2017.