nombre reservado con SEREMI DE SALUD REGION DE LOS RÍOS

C.A. de Valdivia Valdivia, nueve de agosto de dos mil veintiuno.

VISTOS:

Recurre de protección nombre reservado, patrocinado por el abogado Eduardo Wagnorn Halaby, en contra de la Secretaría Regional Ministerial de Valdivia, representada por nombre reservado, SEREMI de Salud, acusando un actuar ilegal y arbitrario al dictarse, por la Subsecretaría de Salud Pública, el decreto exento número 23 de 29.3.2021, por el cual se dispuso la vacunación obligatoria para un grupo de la población contra la influenza para el presente año 2021. Afirma que esta situación amenaza su derecho a la vida, integridad física y psíquica, respeto a su vida privada y honra, además de su libertad de conciencia impactando en su derecho a igualdad ante la ley.

Sostiene que pretender vacunar forzosamente a grupos escogidos arbitrariamente de la población chilena, incluidas personas enfermas y con alto riesgo de mortalidad, es un acto ilegal y arbitrario de corte eugenésico y genocida.

Explica que si bien el decreto cuestionado fue firmado por el Ministro de Salud por orden del Presidente de la República, dirige su acción contra la Secretaría Regional Ministerial del área por corresponderle la fiscalización de las disposiciones contenidas en el Código Sanitario, sus leyes, reglamentos y normas complementarias, en materias de higiene y seguridad del ambiente, prevención de riesgos y salud laboral, productos alimenticios, y profesiones médicas. Es esta entidad la que cuenta con atribuciones de vigilancia e inspección incluyendo la aplicación de sanciones sanitarias que procedan, previa instrucción del procedimiento sumario pertinente.

Dice trabajar como prevencionista de riesgos para empresas salmoneras. Afirma que a consecuencia de las medidas tomadas por el Gobierno lleva un largo tiempo cesante. Se ha puesto como meta ascender de tripulante general de cubierta a piloto regional dentro de la marina mercante nacional. Para optar a dicho puesto le exigen una serie de vacunas así también el test PCR. Señala haberse enterado mediante diversas redes sociales que se ha dictado un decreto que obliga a determinados grupos de personas a vacunarse contra la influenza; asimismo existe un proyecto de ley que obligaría a los habitantes de Chile a vacunarse contra el virus SARS conocido como Covid-19.

Afirma que la situación descrita le ha afectado en su ánimo y le infunde una sensación de inseguridad y temor al saber que se ha dictado un decreto en cuya virtud se pretende obligar a vacunarlo, primero contra la influenza y a poco andar contra el COVID 19. Dice tener la sensación de estar viviendo una dictadura sanitaria que día a día coarta su libertad a pretexto de protegerlo de un virus del cual se sabe menos.

De la lectura del decreto cuestionado la población objetivo se compone por determinados grupos de personas, escogidos cuidadosa pero arbitrariamente, con un criterio que dista de ser científico: los mayores, los niños, las embarazadas, los enfermos, los que están sobrepeso, etc. Asevera encontrarse en dicho grupo, pero por convicción personal y en uso de su libertad de conciencia se opone a recibir un tratamiento invasivo y cuestionado a nivel mundial como lo son las vacunas tradicionales, mostrando disposición al sometimiento de exámenes alternativos que no tengan riesgo. Afirma tener la convicción personal, autónoma y propia, con base en sus conocimientos y experiencias afianzadas en su trayectoria de vida, que su vida y salud corren serio peligro al exponer su cuerpo a esta serie de vacunas contemporáneas.

Asevera encontrarse en riesgo real y efectivo por la interferencia viral e inmunológica que involucran las vacunas, la asociación positiva entre las muertes por COVID 19 y las tasas de vacunación contra la influenza en personas mayores en todo el mundo, indicando que los vacunados contra la gripe infectan seis veces más que los no vacunados produciéndose un aumento del 4,250% en muertes fetales después de la vacuna contra la gripe administrada a mujeres embarazadas.

Alega que la conducta atribuida a la recurrida amenaza su derecho a vida e integridad física y psíquica ante la posibilidad de causar daño, efectos colaterales o trastornos tras su utilización en personas. Según estudios tales efectos pueden ser trastornos del sistema inmunológico como reacciones alérgicas, choque anafiláctico, anafilaxis y angioedema. Afirma que ha ha quedado acreditado en los estudios científicos que la interferencia inmunológica entre el POLISORBATO 80 de la vacuna antigripal adyuvada y el SARS-COV-2 que desencadenaría una reacción de hipersensibilidad con consecuencias fatales para la población. Como asimismo estos estudios han estado contestes en que existe una estrecha relación entre la tasa de personas vacunadas contra la influenza IVR en personas mayores de 65 años y el COVID 19. Además, se atenta contra su derecho a libertad de conciencia, la manifestación de todas las creencias y el ejercicio libre de todos los cultos que no se opongan a la moral, a las buenas costumbres o al orden público. Afirma que es parte de su creencia personal y de conciencia el que su bienestar y su salud integral penden del equilibrio natural y cósmico de la naturaleza humana en su conjunto y que a través de la implementación de las terapias alternativas se sana y es coherente con su filosofía religiosa y personal.

Pide se ordene se deje sin efecto la obligación impuesta sobre su persona de vacunarse contra la influenza, someterlo a test PCR como requisito para postular a algún trabajo o la obligación impuesta de vacunarlo contra el COVID 19, por cuanto estima que existe evidencia que se corren más riesgos que beneficios, con costas.

Se trajeron los autos en relación.

La recurrida informó por intermedio del abogado Leonardo Bórquez Escobar quien solicitó el rechazo del recurso alegando en primer lugar falta de legitimación pasiva de la Secretaría Ministerial de Salud de Los Ríos, afirmando que del recurso no queda suficientemente claro cuál es el origen de la legitimación pasiva que le correspondería a la Secretaría Regional Ministerial de Salud respecto del recurso de protección. Por un lado se alude al Decreto Exento número 23 de 29.3.2021, firmado por el Ministro de Salud, por orden del Presidente de la República, por el cual se dispone la vacunación obligatoria contra la influenza para 2021 a un grupo determinado de la población. Por otra parte alude a las facultades legales otorgadas a las Secretarías Regionales Ministeriales de velar por el cumplimiento de las normas, planes, programas y políticas nacionales de salud fijados por el Ministerio en cumplimiento a su rol fiscalizador.

Sostiene que si la recurrente basa su acción en cuanto a considerar como una acción ilegal o arbitraria la emisión del Decreto Exento número 23, el recurso debería desestimarse, pues la génesis de dicho acto no es imputable al actuar de la Secretaría Regional Ministerial de Salud de Los Ríos. Su autoría obedece a la facultad privativa del Presidente de la República delegada en su Ministro de Salud.

Si por el contrario, la recurrente sustenta la acción en el eventual o potencial ejercicio de las facultades legales que a la autoridad sanitaria regional le ha provisto el ordenamiento jurídico para el fiel desempeño de su función pública, no se vislumbra acto ilegal o arbitrario que justifique la acción de protección, ya que el ordenamiento normativo basado en el principio constitucional de reserva legal, despoja de toda arbitrariedad al futuro actuar de la Secretaría Regional Ministerial en la materia.

Considera evidente la falta de legitimación pasiva de la acción de protección porque la Secretaría Regional Ministerial no ha ejecutado acto ilegal o arbitrario susceptible de ser recurrido de protección.

Alega falta de legitimidad activa señalando que no queda claro el nexo causal entre la supuesta acción ilegal o arbitraria y la eventual vulneración o amenaza a derechos subjetivos del recurrente, ya que el Decreto Exento número 23 de 29.3.2021 dispone la vacunación obligatoria contra la influenza para 2021 a un grupo determinado de la población del cual aparentemente no es parte el recurrente. No se atisba de qué manera un instrumento normativo dirigido a un segmento específico de la población y del cual el recurrente no es parte, puede afectarle en sus derechos.

En cuanto a la obligatoriedad de las vacunas descrita en el Decreto Exento número 23, sostiene que dicho concepto tiene dos dimensiones. En primer lugar, dice relación con la obligatoriedad para la Administración del Estado, a través del Ministerio de Salud, de llevar a cabo el plan de vacunación y ejecutarlo siguiendo estricto apego a la seguridad y profilaxis sanitaria. En segundo lugar, la obligatoriedad dice relación con el establecimiento de requisitos sanitarios para la ejecución o intervención en determinadas actividades que aconsejan la vacunación dato el riesgo sanitario que involucra la dispersión contagiosa de alguna enfermedad.

Afirma que la obligatoriedad no alcanza bajo ningún respecto a ejecutar una acción de fuerza en contra de un particular que importe un suministro forzado o involuntario de una dosis. Finalmente, no se pronuncia acerca de los fundamentos científicos de la vacunación, toda vez que no es de competencia de la autoridad sanitaria regional emitir información al respecto, siendo el Instituto de Salud Pública o la comunidad científica los llamados a su pronunciamiento.

Considerando:

Primero: Que, el recurso de protección ha sido instituido por el constituyente como una acción destinada a evitar las posibles consecuencias dañosas derivadas de acciones u omisiones arbitrarias o ilegales, que produzcan privación, perturbación o amenaza de alguna o algunas de las garantías constitucionales expresamente señaladas en la Constitución Política de la República, a fin de restablecer el imperio del derecho y otorgar la debida protección a quien pueda resultar afectado.

En dicho sentido, es un medio de impugnación jurisdiccional que permite poner pronto remedio a situaciones de hecho que amaguen derechos de rango constitucional, estrictamente enumerados en el artículo 20 de la carta fundamental, comprendiendo situaciones inequívocas, de fácil y rápida comprobación, dentro de un procedimiento breve y sumarísimo.

Segundo: Que, la Excelentísima Corte Suprema ha señalado que “según se deduce de lo dispuesto en el artículo 20 de la Carta Fundamental, la denominada acción o recurso de protección requiere para su configuración la concurrencia copulativa de los siguientes presupuestos:

a) Una conducta –por acción u omisión- ilegal o arbitraria;

b) La afectación, expresada en privación, perturbación o amenaza, del legítimo ejercicio referido a determinados derechos esenciales garantizados en la misma Constitución y que se indican en el mencionado precepto;

c) Relación de causalidad entre el comportamiento antijurídico y el agravio a la garantía constitucional; y d) Posibilidad del órgano jurisdiccional ante el cual se plantea de adoptar medidas de protección o cautela adecuadas, para resguardar el legítimo ejercicio del derecho afectado” (Entre otras, sentencia dictada el 16 de mayo de 2019 en causa rol 78-2019).

Tercero: Que, fluye del contenido del recurso que el cuestionamiento está dirigido sobre una política pública plasmada en un Decreto Exento número 23 de 29.3.2021, dictado por el Ministro de Salud por orden del Presidente de la Republica, por medio del cual se dispone la vacunación obligatoria contra influenza para el año 2021 al grupo de población que se indica, entre ellos personal de salud; personas de 65 y más años, enfermos crónicos entre los 11 y hasta los 64 años, portadores de alguna de las condiciones de riesgo que se especifican en el decreto; embarazadas en cualquier etapa del embarazo; niños y niñas desde los 6 meses y hasta 5to básico; estrategia capullo para prematuros con patologías definidas en recomendaciones para la vacunación de pacientes con necesidades especiales por patología o situación de riesgo; trabajadores de la educación preescolar y escolar hasta quinto año básico; trabajadores de avícolas y criaderos de cerdos.

Cuarto: Que, en primer lugar el recurrente asevera encontrarse entre los grupos de personas indicados en el decreto, sin embargo no precisa en cual ni acompaña documentación suficiente que permita dilucidarlo.

Quinto: Que, en segundo lugar la recurrida no es la entidad que ha dictado el decreto cuestionado ni la autora de la política pública que se cuestiona, sino que como se ha dicho, la autoridad regional tendiente a velar por el cumplimiento de normas, planes, programas y políticas nacionales de salud fijados por el Ministerio de Salud en cumplimiento de un rol fiscalizador, que para el presente caso concreto del recurrente no se ha materializado en acto alguno, como pudiera ser algún sumario sanitario.

Sexto: Que, tal como ha sostenido la recurrida, el concepto de obligatoriedad que contiene el Decreto Exento número 23 tiene dimensiones que no se condicen con la situación expuesta y temida por el recurrente, toda vez que alude al mandato para la Administración del Estado, a través del Ministerio de Salud, de llevar a cabo un plan de vacunación y ejecutarlo siguiendo un estricto apego a la seguridad y profilaxis sanitaria. Además, dicha obligatoriedad dice relación con el establecimiento de requisitos sanitarios para la ejecución o intervención en determinadas actividades que aconsejan la vacunación dado el riesgo sanitario que involucra la dispersión de alguna enfermedad. De este modo, la obligatoriedad no alcanza a la ejecución de acciones de fuerza en contra de un particular que pueda significar un suministro forzado de una determinada vacuna. De esta manera se disipa el temor y la amenaza que advierte el recurrente en el ejercicio de alguno de los derechos invocados, entendiéndose que no se ha acreditado afectación alguna.

Por estas consideraciones, y visto, además, lo establecido en el artículo 19 números 1, 2, 4 y 6 en relación con el artículo 20 de la Constitución Política de la República y Auto Acordado sobre Tramitación del Recurso de Protección de Garantías Constitucionales, se resuelve:

Se RECHAZA, sin costas, la acción de protección interpuesta por nombre reservado en contra de la Secretaría Regional Ministerial de Valdivia, representada por nombre reservado, SEREMI de Salud.

Regístrese digitalmente y archívese, en su oportunidad.

N°Protección-1661-2021.