nombre reservado con INGENIERIA Y CONSTRUCCIÓN HARCHA LIMITADA

Valdivia, diecinueve de marzo de dos mil dieciocho.

Visto:

El recurso.

Que la señora Nadia Alejandra Monsalve Arroyo, abogada, con domicilio en domicilio reservado, en representación convencional de don nombre reservado, jubilado, domiciliado en domicilio reservado, Región de Los Ríos, dedujo recurso de protección en contra de la empresa Ingeniería y Construcción Harcha Limitada, representada por nombre reservado, todos domiciliados en domicilio reservado, Ruta 5 Sur km 832, comuna de Los Lagos, toda vez que por actuaciones que califica de ilegales y arbitrarias, se han visto lesionados los derechos garantizados por la Constitución Política de la República de su representado, de conformidad a lo dispuesto en el artículo 19 número 24 de nuestra Carta Fundamental, derecho de propiedad, en virtud de los siguientes antecedentes:

Expone que en los documentos y certificados de dominio vigentes que acompaña consta que su representado es dueño en comunidad del Lote 1, del resto de la hijuela denominada Panguilelfún, de una superficie de 58 hectáreas que en especial deslinda: Norte, con camino vecinal, que los separa de terrenos de nombre reservado y con el lote 2, en 265 metros; Sur, con estero Coyamelleo, que lo separa de la sucesión nombre reservado en 761 metros; Oriente, con estero Chilcoco, que lo separa de terrenos de nombre reservado, y Poniente, con propiedad de nombre reservado en 1.476 metros. El plano de subdivisión en referencia, visado por el Servicio Agrícola Ganadero se encuentra inscrito bajo el número 255 letra A, en el Registro de Propiedad del año 2008, del Conservador de Bienes Raíces de Panguipulli, título de dominio inscrito a fojas 665 número 696, del Registro de Propiedad del año 2008, del Conservador de Bienes Raíces de Panguipulli.

Dichos derechos los adquirió por herencia intestada quedada al fallecimiento de sus padres don nombre reservado y doña nombre reservado, según inscripción de fojas 316, número 309, del Registro Propiedad año 2008 e inscripción de fojas 375 número 371 del Registro Propiedad del año 2008, todos del Conservador de Bienes Raíces de Panguipulli. El Lote número 1, fue adjudicado por medio de escritura de partición, en conjunto con otros comuneros, don nombre reservado, don nombre reservado, don nombre reservado y doña nombre reservado.

Señala que doña nombre reservado y don nombre reservado enajenaron sus derechos sobre el Lote N°1, vendiendo a don nombre reservado y a don nombre reservado, como consta a fojas 164 vuelta número 159 del Registro de Propiedad del año 2010 y fojas 591 número 566 del Registro de Propiedad del año 2011, todos del Conservador de Bienes Raíces de Panguipulli.

Actualmente, en conjunto con don nombre reservado, nombre reservado, nombre reservado y nombre reservado son los actuales dueños del inmueble.

Que por inscripción de fojas 1277, número 1354 del Registro Propiedad del año 2017, del mismo Conservador de Bienes Raíces, el Fisco de Chile expropió 5.346 metros cuadrados del Lote 1, inmueble del cual son dueños en común, con el objeto de ejecutar la obra “Sistema de Agua Potable Rural de Panguilelfún”, que se ejecutaría de acuerdo a Plano de Expropiación inscrito que adjunta; y como consta en el sistema Mercado Público la Dirección de Obras Hidráulicas licitó la “Construcción del Servicio APR de Panguilelfún-Huerquehue, comuna de Panguipulli, Región de Los Ríos”, siendo adjudicada la licitación por la Empresa Harcha.

Afirma que desde el 1 de diciembre de 2017 la Empresa Harcha ha realizado los trabajos con objeto de concretar el Proyecto de Agua Potable de Panguilelfún, pero se han excedido en sus funciones, cortando árboles nativos, utilizando el referido inmueble sin permiso previo, llenando de basura y escombros, han realizado instalaciones en sitio de propiedad de su representado, ingresando maquinaria pesada y transitan por la propiedad sin permiso alguno, no circunscribiéndose al plano e inmueble que el Fisco expropió para dichos trabajos, realizando todo tipos de destrozos en el inmueble del cual su representado es dueño en comunidad, Lote 1, que denominan “Parcela Santa Mercedes”. Y su representado realizó denuncia contra la empresa por la tala de especies nativas, ya que la empresa habría vulnerado la legislación forestal.

Lo descrito lo ha privado o turbado arbitrariamente su derecho de propiedad y dichos actos lo determinan a denunciar los hechos, toda vez que la empresa mencionada se ha excedido en los trabajos que el Fisco le encomendó y ha invadido propiedad privada, vulnerando los derechos del señor nombre reservado y los demás comuneros del Lote 1, quienes han visto interrumpidas sus labores agrícolas habituales, esto es realizar el proceso normal de cultivos, el pastoreo de los pocos animales de subsistencia que su representado y su familia poseen, ya que la empresa aludida ha ocupado a sus total arbitrio terrenos, introduciendo maquinaria pesada, talando árboles nativos, rompiendo cercos, con el inminente peligro que acarrea, permitiendo que cualquiera que desee ingresar lo haga.

En sustento de su acción invoca el artículo 19 N° 24 de la Constitución señala que: La Constitución asegura a todas las personas:

“El derecho de propiedad en sus diversas especies sobre toda clase de bienes corporales o incorporales.

Sólo la ley puede establecer el modo de adquirir la propiedad, de usar, gozar y disponer de ella y las limitaciones y obligaciones que deriven de su función social. Esta comprende cuanto exijan los intereses generales de la Nación, la seguridad nacional, la utilidad y la salubridad públicas y la conservación del patrimonio ambiental.

Nadie puede, en caso alguno, ser privado de su propiedad, del bien sobre que recae o de alguno de los atributos o facultades esenciales del dominio, sino en virtud de ley general o especial...”

Finaliza solicitando se acoja el recurso y se ordene a empresa Ingeniería y Construcción Harcha Limitada que abandone el inmueble de propiedad de su representado, para realizar sus trabajos sólo en el predio expropiado por el Fisco, único espacio en que puede realizar operaciones, con costas.

El informe.

Que el señor nombre reservado, abogado, por la recurrida, informa al tenor del recurso y pide su rechazo, con costas. Indica que su representada es una empresa de construcción inscrita en el Ministerio de Obras Públicas (MOP) en el Registro de Obras Mayores. Precisamente la obra que ejecuta en el sector de Panguilelfún-Herquehue de la comuna de Panguipulli -que está directamente relacionada con este recurso- corresponde a un contrato cuyo mandante es la DOH, suscrito según Convenio Ad-referendum, la Empresa de Servicios Sanitarios de Los Lagos (ESSAL) para la ejecución de la obra “Construcción Servicio APR Panguilelfún-Herquehue, Panguipulli”, cuya finalidad es el abastecimiento de agua potable a la comunidad de Panguilelfún y, por cierto, al predio del propio recurrente.

Señala que dentro de los objetivos generales de la obra, según el documento denominado INFORMACIÓN BÁSICA: “CONSTRUCCIÓN SERVICIO APR PANGUILELFÚN HUERQUEHUE, PANGUIPULLI” de la Dirección de Obras Hidráulicas del MOP, se cuenta: “Dotar de agua potable a la población rural en calidad, cantidad y continuidad, contribuyendo al desarrollo económico y a la integración social de dicha localidad a la región. Obtener una participación responsable y permanente de los beneficiarios, para que sea la propia comunidad organizada quien efectúe la administración en forma autónoma del servicio una vez construido. También se debe tener presente que la ejecución del Proyecto de Instalación del Sistema de Agua Potable Rural de la localidad de Huerquehue Panguilelfun afectará en forma positiva principalmente a las mujeres del sector, permitiendo que se disminuya la carga doméstica, se den condiciones sanitarias para la generación de trabajo, se abran nuevos espacios para la participación y se generen condiciones para la equidad”. Por su parte, dentro del contexto referencial en que se aprobó el contrato de ejecución de obra se deja constancia que las condiciones sanitarias existentes en la zona “en relación con las descargas de aguas servidas, la mayoría de las viviendas, un 50,23% dispone de sus aguas a través de pozos negros, mientras que un 45,07% de las viviendas posee fosa séptica. El porcentaje de respuesta alcanzó el 96,82%”. Es decir, la construcción del Servicio de APR en referencia es de una evidente conveniencia para toda la localidad de Panguilelfún. Lo que por cierto, no quiere significar que a pretexto de la utilidad del proyecto y en contrapartida a ella, deban tolerarse intromisiones en los derechos de terceras personas, sean de orden constitucional, civil o de vecindad.

Para la ejecución del Servicio de APR el Fisco expropió un lote de 5.346 m2 que corresponde a una faja de terreno de 3 metros de ancho por aproximadamente 1700 metros de extensión, la que está destinada fundamentalmente para canalizar las tuberías entre el sector de Sondaje o Captación de aguas, la Torre o Estanque donde se acumulará el recurso en la periferia de los predios vecinos para su posterior distribución por medio de arranques individuales. A su vez, el retazo correspondiente al lugar donde se construyó el sondaje de la obra cuyo titular es el Comité de Agua Potable de Panguilelfun Bajo, fue adquirido por compra a don nombre reservado, venta y subdivisión que fuera autorizada por Corporación Nacional de Desarrollo Indígena (Conadi), mediante Resolución Exenta Nº1715 de fecha 23-12-2014, atendiendo el destino social que implicaba la construcción del Sistema de Agua Potable Rural para la comunidad. La inscripción de dominio rola a fojas 392 Nº434 del Registro de Propiedad del CBR de Panguipulli del año 2015. Por su parte, el inmueble donde se ubicará el estanque se encuentra dentro del predio que fue expropiado y que se encuentra inscrito a fojas 1277, Nº 1354 del Registro de Propiedad del CBR de Panguipulli del año 2017.

Hace presente que el recurrente tiene por domicilio la ciudad de Panguipulli, particularmente, en la calle Carlos Ibáñez del Campo, casa Nº 93, Población Claudio Matte, y no el sector de Panguilelfún como parece sugerir cuando dice afectadas sus actividades agrícolas y de pastoreo. Por su parte, de las fotos que acompaña no se aprecian los hechos que denuncia (talas, basura y escombros, destrozos, etc.) solo se ve una limpia de matorrales que no se sabe a qué pueda corresponder, ni el autor, ni el sector, ni el inmueble en que se ejecutó.

Es más, de las fotos se aprecia obras que corresponden al estanque de agua que se construye. Y que se construye, precisamente, en cumplimiento del contrato suscrito con la Dirección de Obras Hidráulicas. No divisa ni la arbitrariedad ni menos ilegalidad alguna. Por el contrario, de no hacerlo habría un claro incumplimiento y una abierta ilegalidad. En la misma dirección, las fotos grafican -en el mejor de los casos para el recurrente- intervenciones de limpieza en sectores aledaños a deslindes naturales como una línea de árboles o mantención de caminos interiores. Superficies que además tienen pendientes significativas y, que por lo mismo, no son propios para el desarrollo de actividades agrícolas o de ganadería como sostiene el recurrente.

Contrariamente a lo sostenido por el recurrente, el predio de la comunidad solo tiene una cabida de 48 hectáreas y no 58 como erróneamente indica, con lo que es muy probable que tampoco conozca los límites del predio que tiene en comunidad junto a 4 personas más y que dice haberse afectado por la actividad de su representada.

Actualmente son 5 los comuneros propietarios del predio, inmueble al que se le expropió una superficie total de 5346 m2. Sin embargo, no consta que los hechos que denuncia -improbados hasta el momento- se hayan ejecutado al interior al predio o en alguna parcialidad de la que pueda tener posesión material el recurrente.

Afirma que la actividad de su representada se ha limitado a los términos del contrato suscrito con la DOH por medio de su representante Essal. Actividad que es permanente y rigurosamente monitoreada por el Inspector Técnico de la Obra (ITO), quien en representación de la Dirección de Obras Hidráulicas, verifica el estricto cumplimiento tanto de las normas técnicas constructivas como la interacción que tiene la empresa con las personas y órganos sociales de la comunidad para que ellas se ejecuten dentro del marco legal, por cuanto de no hacerlo puede generar responsabilidad administrativa de la DOH por omisión. De esta forma, cuando la empresa no cuenta con un recinto público para sus quehaceres propios y se ve en la necesidad de acceder u ocupar parte de un predio vecino o colindante a las obras para la ejecución de alguna actividad específica y temporal, siempre ha requerido las autorizaciones escritas de los propietarios, las que son presentados al ITO para su aprobación y custodia. Y lo anterior no tiene ninguna anormalidad en la ejecución de estos contratos, por cuanto siempre los Comités de APR adquieren la propiedad de los recintos de Sondaje o extracción de agua y de los Estanques en su cabida mínima, esto es, solo para su adecuado funcionamiento y mantención, pero esa cabida no considera la etapa de construcción que claramente supera ese importe mínimo, por lo que siempre -o la mayoría de la veces- será necesario convenir con los vecinos esas autorizaciones. Lo mismo puede decirse respecto de las instalaciones de maquinarias. Claramente el Fisco no expropiará un inmueble para el solo efecto de que la constructora cuente con un recinto para dejar sus maquinarias, sino que claramente la empresa deberá recurrir a un arriendo, comodato o a una simple autorización del dueño. En este sentido, los vecinos a las obras que ejecuta la Constructora Harcha, don nombre reservado, comunero del mismo predio que el recurrente, y don nombre reservado, vecino que adquirió del predio original de 58 hectáreas un lote de 10 hectáreas y cuyo título consta por escritura de partición y adjudicación, inscrito a fojas 666 vta. Nº 697 del Registro de Propiedad del CBR de Panguipulli del año 2008 (acompañado por el recurrente), han dado sus autorizaciones por escrito para ocupar parte de sus predios, entendiendo el beneficio que reciben por la misma obra de APR como por obras menores que han logrado de parte de la constructora en beneficio directo de sus predios. En efecto, don nombre reservado, comunero del mismo predio que el recurrente, ha autorizado a la empresa para ocupar parte del predio, específicamente, el entorno del recinto donde se construirá la torre del estanque de agua del proyecto de APR. Por su parte, don nombre reservado ha autorizado al personal de la empresa para realizar trabajos de termofusión y circulación de vehículos y maquinarias en beneficio del proyecto de APR.

Señala que recurrente a transformado problemas o situaciones pendientes de cualquier otra índole en un asunto constitucional, como la supuesta tala ilegal, como el tema vecinal, respecto de la supuesta acumulación de basura y escombros, un tema de posesión material sobre inmuebles, como lo es quién detenta en los hechos un inmueble o la parte de él que estima afectado, y que le permita, a la vez, impetrar la mantención del status quo -que es de lo que se trata la protección en materia de derecho de propiedad-, termina siendo reconducido a un asunto de índole constitucional, a pesar de todas las vacilaciones e indeterminaciones que este planteamiento presenta por parte del recurrente. Escapa, entonces, a la naturaleza que se ha dado a este recurso los hechos denunciados y el contexto en que ellos se habrían verificado. Cada uno de los hechos relatados por el propio recurrente, cada uno de los hechos que imputa encuentran regulación en otras jurisdicciones, como ser Policía Local o, como lo hizo, la Corporación Nacional Forestal (Conaf) o acciones posesorias, etc., pero en ningún caso en sede constitucional, lo que claramente constituye un abuso de este recurso.

Afirma que de las alegaciones efectuadas se infiere que el inmueble en que se habría producido la afectación del derecho de propiedad pertenece a una comunidad compuesta por 5 personas, dentro de las cuales se encuentra el recurrente, a ello agrega que el recurrente no vive en el sector de Panguilelfún, sino en la ciudad de Panguipulli. Asimismo debe tenerse presente que la posesión del inmueble -o al menos del sector que constituye el entorno inmediato del estanque- es reivindicada por otro comunero, don nombre reservado, por lo que en definitiva, no consta indubitativamente que el recurrente pueda ser titular de la acción de protección en estas circunstancias. Lo anterior es claramente una de las desventajas de permanecer en comunidad que deberá resolver el recurrente en la sede correspondiente.

Finalmente indica que la actividad de su representada se ha ajustado plenamente al contrato de ejecución de obra mandatado por la Dirección de Obras Hidráulicas dependiente del Ministerio de Obras Públicas y ha sido, por lo demás, fiscalizada permanentemente por el Inspector Técnico de la Obra, quien es, al final de cuentas el custodio de la legalidad del contrato y de su correcta ejecución. Y como se ha dicho, cuando la empresa se ha visto en la necesidad de ocupar propiedades colindantes al de las obras, como por ejemplo, el entorno inmediato al recinto de la torre de estanque, siempre ha procurado las autorizaciones correspondientes. En ninguna ilegalidad ni arbitrariedad, ha incurrido su representada, por el contrario todas las actividades que se han relatado han dado cuenta del cumplimiento de una estricta legalidad y de la necesidad de cada una de ellas.

Desde otra perspectiva, no puede pasarse por alto, que frente a una obra de ingeniería de significancia, siempre se producirán molestias menores a la comunidad, por cuanto muchas veces simplemente es imposible, a pesar de todas las medidas de mitigación que vayan a implementarse, eliminar del todo esas afectaciones, que claramente no son de entidad, ni son el resultado del capricho de las empresas que las ejecutan. De esta forma, es fundamental distinguir adecuadamente las simples molestias, de los verdaderos atentados al derecho de propiedad. En la especie, ni unos ni otros, nada se ha acreditado por don nombre reservado, ni sus propios derechos que dice conculcados.

Y considerando:

Primero: Que el recurso de protección de garantías constitucionales, previsto en el artículo 20 de la Constitución Política de la República, es una acción constitucional, cuyo propósito consiste en obtener de los Tribunales superiores de justicia, una tutela eficaz y eficiente para salvaguardar la integridad de los derechos fundamentales que aquélla norma contempla. Al conocer un recurso de protección, es el deber constitucional de esta Corte adoptar, en forma inmediata, las providencias necesarias para asegurar la debida protección ante una acción u omisión arbitraria o ilegal, que importe una privación, perturbación o amenaza de los derechos y garantías que el constituyente establece.

Segundo: Que, como una cuestión previa y fundamental para entrar al conocimiento del asunto, es menester explicitar que el recurso de protección es una acción de naturaleza cautelar, urgente y no declarativa, de modo que no es posible a través de este procedimiento, obtener un pronunciamiento en el que se dirima la existencia del derecho invocado, su validez y en general, las materias cuyo fallo requiere una discusión y tramitación en un juicio de lato conocimiento.

En efecto, la procedencia de la acción de protección de garantías constitucionales, requiere de suyo la existencia de un derecho indubitado en favor del actor y, sólo de concurrir tal derecho, corresponde determinar si se dan o no los demás requisitos para otorgar la cautela requerida, pues como la sostenido la Excma. Corte Suprema “la acción de cautela de derechos constitucionales impetrada en estos autos constituye un arbitrio destinado a dar protección respecto de derechos que se encuentren indubitados y no discutidos” (Rol N° 27451-2014, de 14/01/2015). En el mismo sentido, el Tribunal Constitucional ha fallado que la naturaleza jurídica del recurso de protección es la de “una acción cautelar, para la defensa de derechos subjetivos concretos, que no es idónea para declarar derechos controvertidos, sino tan solo para restablecer el imperio del derecho y asegurar la debida protección del afectado, en presencia de una acción u omisión arbitraria o ilegal, que amerita una solución urgente (Rol 2538-14, de 09/09/2014)”.

Tercero: Que en sustento de la acción se acompañaron los siguientes documentos:

1. Inscripción de Fojas 316, número 309 del Registro de Propiedad del año 2008, del Conservador de Bienes Raíces de Panguipulli.

2. Inscripción de Fojas 375, número 371, del Registro de Propiedad del año 2008, del Conservador de Bienes Raíces de Panguipulli.

3. Inscripción de Fojas 665, número 695, del Registro de Propiedad del año 2008, del CBR Panguipulli.

4. Certificado de dominio vigente de fojas 666 vuelta, número 697, del año 2008, del CBR Panguipulli.

5. Certificado de dominio vigente de fojas 164, número 159 del Registro de Propiedad del año 2010 del CBR Panguipulli.

6. Certificado de dominio vigente de fojas 591 vuelta, número 566, del Registro de Propiedad del año 2011, del CBR de Panguipulli.

7. Certificado de dominio vigente de fojas 1277, número 1354, del Registro de Propiedad del año 2017.

8. Plano subdivisión N° 255 a) Registro Propiedad año 2008, CBR Panguipulli, Lote 1 y Lote 2.

9. Plano de Expropiación Fisco.

10. Set fotográfico.

11. Denuncia CONAF Y la empresa recurrida acompañó lo siguiente:

1. Contrato de Construcción APR Panguilelfún-Huerquehue.

2. Información Básica Contrato Servicio de APR.

3. Resolución Exenta Nº1715 de 23-12-2014 de la Conadi.

4. Inscripción de dominio de fojas 392, Nº 434, del Registro de Propiedad del CBR Panguipulli de 2017, correspondiente al inmueble donde se ubica la obra de Sondaje o Captación a nombre del Comité de APR de Panguilelfún.

5. Autorización de don nombre reservado.

6. Autorización de don nombre reservado.

Cuarto: Que son hechos no controvertidos los siguientes:

a) Que el recurrente señor nombre reservado es dueño en comunidad de un predio, denominado Lote 1, del resto de la hijuela Panguilelfún, de una superficie en hectáreas y deslindes que señalan sus títulos, predio respecto del cual el Fisco de Chile expropió 5.346 metros cuadrados, con el objeto de ejecutar la obra “Sistema de Agua Potable Rural de Panguilelfún”, que debe ejecutarse de acuerdo a Plano de Expropiación, obra que se licitó por orden de Dirección de Obras Hidráulicas como la “Construcción del Servicio APR de Panguilelfún-Huerquehue, comuna de Panguipulli, Región de Los Ríos”, siendo adjudicada por la Empresa Harcha.

b) Que la recurrida empresa Ingeniería y Construcción Harcha Limitada en su informe se presenta como una empresa de construcción inscrita en el Ministerio de Obras Públicas (MOP) en el Registro de Obras Mayores y la obra que ejecuta en el sector de Panguilelfún-Herquehue de la comuna de Panguipulli -que está directamente relacionada con este recurso- corresponde a un contrato cuyo mandante es la DOH, suscrito según Convenio Ad-referendum, la Empresa de Servicios Sanitarios de Los Lagos (ESSAL) para la ejecución de la obra “Construcción Servicio APR Panguilelfún-Herquehue, Panguipulli”, cuya finalidad es el abastecimiento de agua potable a la comunidad de Panguilelfún. La misma empresa afirma que la actividad de su representada se ha limitado a los términos del contrato suscrito con la DOH por medio de su representante Essal, actividad que es permanente y rigurosamente monitoreada por el Inspector Técnico de la Obra (ITO), quien en representación de la Dirección de Obras Hidráulicas, verifica el estricto cumplimiento tanto de las normas técnicas constructivas como la interacción que tiene la empresa con las personas y órganos sociales de la comunidad para que ellas se ejecuten dentro del marco legal.

c) La empresa recurrida reconoce que don nombre reservado, quien también es comunero del mismo predio que el recurrente, autorizó a la empresa Harcha para ocupar parte del predio, específicamente, el entorno del recinto donde se construirá la torre del estanque de agua del proyecto de APR. Añade que don nombre reservado ha autorizado al personal de la empresa para realizar trabajos de termofusión y circulación de vehículos y maquinarias en beneficio del proyecto de APR.

Quinto: Que de conformidad con lo dispuesto en el artículo 2305 del Código Civil, el derecho de cada uno de los comuneros sobre la cosa común es el mismo que el de los socios en el haber social. Por su parte, el artículo 2081 del mismo cuerpo legal, norma contenida dentro de aquellas que regulan el contrato de sociedad, prescribe que no habiéndose conferido la administración a uno o más de los socios, se entenderá que cada uno de ellos ha recibido de los otros el poder de administrar con las facultades indicadas en los artículos precedentes.

Ahora bien, el inciso 1° del artículo 2078, norma que precede a la última de las citadas en el párrafo anterior, estatuye que corresponde al socio administrador cuidar de la conservación, reparación y mejora de los objetos que forman el capital fijo de la sociedad; pero no podrá empeñarlos, ni hipotecarlos ni alterar su forma, aunque las alteraciones le parezcan convenientes.

Sexto: Que la aplicación las disposiciones citadas en el motivo que antecede permite afirmar que en el evento de no haberse conferido a alguno de los codueños de una cosa facultades para administrarla, cualquiera de ellos puede -y debe- cuidar de la conservación, reparación y mejora de la cosa común.

Lo anterior conduce a responder si la autorización dada por uno o dos de los comuneros a la empresa constructora Harcha, en los términos que se indicaron en la letra c) del motivo cuarto, corresponde o no el legítimo ejercicio de alguna de estas facultades de administración, que no cabe sino calificar de conservativas, atendidas las potestades relativamente restringidas que éstas últimas conllevan.

Séptimo: Que, en este caso, la calidad de comunero del inmueble no es suficientemente idónea y hábil para los efectos de habilitar a la empresa recurrida para ocupar una parte del predio denominado del Lote 1, resto de la hijuela denominada Panguilelfún, del cual el recurrente es dueño en comunidad, pues no se ha actuado en procura de la conservación de la cosa común, lo que significa que quienes dieron la autorización a la empresa Harcha para ocupar y realizar faenas en dicho predio se excedieron en sus facultades. Además, en la audiencia realizada en esta Corte para la vista de esta acción, la apoderada del recurrente exhibió un plano y explicó en qué consistió la expropiación realizada por el Fisco, que incluye una ruta de acceso al lote 1, que incluye un área que se visualiza como una circunferencia y de mayor superficie, de lo cual se infiere que se expropió terreno suficiente para realizar los trabajos que permiten la construcción de la obra, circunstancias que dejan en evidencia la ilegalidad de la ocupación.

Octavo: Que, tratándose de la ocupación un bien ajeno, sobre el cual la empresa recurrida -en este caso- no pudo válidamente ejercer dichos actos a motu propio sin incurrir en autotutela, se concluye que tal situación es razón suficiente para acoger la acción.

Por estas consideraciones y visto, además, lo establecido en los artículos 19 N°3 inciso 5°, 7, 24 y 20 de la Constitución Política de la República y Auto Acordado sobre Tramitación del Recurso de Protección de Garantías Constitucionales, se acoge con costas la acción de protección deducida por la señora Nadia Alejandra Monsalve Arroyo, abogada, en representación convencional de don nombre reservado y se ordena a empresa Ingeniería y Construcción Harcha Limitada que abandone el inmueble ocupado que motiva esta acción, sociedad que deberá para realizar sus trabajos sólo en el predio expropiado por el Fisco con tal finalidad.

Notifíquese, comuníquese, regístrese y archívese en su oportunidad.

Redacción a cargo del Ministro Titular señor Juan Ignacio Correa Rosado.

Rol 1649 – 2017 PRT.

No firma la Ministra Interina Sra. Cecilia Samur Cornejo, no obstante haber concurrido a la vista de la causa y acuerdo del fallo por haber cesado en sus funciones.