Protección contra POLICIA DE INVESTIGACIONES DE CHILE

Valdivia, cinco de junio de dos mil dieciocho.

VISTOS:

Don nombre reservado, abogado, domiciliado en domicilio reservado, por doña nombre reservado, Comisario de la Policía de Investigaciones de Chile, domiciliada en domicilio reservado, nombre reservado interpone recurso de protección en contra de la POLICIA DE INVESTIGACIONES DE CHILE, organismo público centralizado, representado legalmente por su Director General don HECTOR ESPINOZA VALENZUELA, ambos con domicilio, para estos efectos, en domicilio reservado, lugar en donde funciona la Prefectura Provincial de Valdivia, XIV Región Policial de Los Ríos.

Expresa en cuanto a los hechos preliminares de este recurso:

1.- Que su representada ingresó a la Policía de Investigaciones de Chile, el día 06 de diciembre de 2006, para formar parte del Escalafón de Oficiales Policiales Profesionales de dicha institución y, actualmente se desempeña como Comisario en la Brigada Investigadora de Delitos Sexuales y Menores de Valdivia.

2.-Que, en su último período de evaluación anual 2016-2017, fue clasificada en Lista 1 de mérito, siendo notificada personalmente el día 25 de septiembre de 2017. Sin embargo, ese mismo día, acto seguido, fue notificada, también personalmente, en dependencias de la Prefectura Provincial Valdivia, de que la Honorable Junta Calificadora de Oficiales Superiores y Jefes, la incluyó en el escalafón de completo (sic), decisión respecto de la cual su mandante presentó recurso de apelación. Posteriormente, con fecha 28 de noviembre de 2017, a las 11:50 horas, fue notificada, mediante acta de notificación, de la resolución de fecha 16 de noviembre de 2017, pronunciada por la Junta de Apelaciones, que rechazó el referido recurso, confirmándose su inclusión en el escalafón de complemento, sin posibilidad de recurrir administrativamente de esa decisión.

3.- Que estima que dicha determinación es arbitraria, por cuanto carece de un debido fundamento ya que, el motivo para rechazar su apelación y confirmar su inclusión en el escalafón de complemento fue finalmente por "las necesidades del servicio." 4.- Que es por lo anterior que su mandante deduce esta acción cautelar, con el fin de obtener el debido respeto de sus derechos constitucionales vulnerados, a fin de que se adopte de inmediato las providencias necesarias para restablecer el imperio del derecho y proteger a la recurrente contra las perturbaciones de las que ha sido objeto, por los actos arbitrarios de la recurrida, solicitando que declare arbitraria la decisión del órgano recurrido.

5.- Que dicho acto vulnera las garantías establecidas en los numerales 2º, 1º y 24º del art. 19 de la Constitución Política de la República de Chile, esto es, la igualdad ante la ley, el derecho a la vida y a la integridad física y psíquica y el derecho de propiedad, en sus diversas especies de bienes corporales o incorporales.

Manifiesta que los actos administrativos enunciados más arriba, es decir, la inclusión de su representada en el escalafón de complemento y, posteriormente, el rechazo de su apelación, que modificó el argumento para la inclusión y confirmación de dicha decisión, constituyen un acto arbitrario que afecta profundamente su vida profesional, personal y familiar.

La resolución que se le notificó por la cual se dictaminó su ingreso al Escalafón de Complemento, es del siguiente tenor: "En Santiago, a veintiún días del mes de septiembre del año dos mil diecisiete, se comunica que en sesión celebrada el día 01.SEP.017, por decisión unánime de la Junta Calificadora de Oficiales Superiores y Jefes , HA RESUELTO EL INGRESO AL ESCALAFON DE COMPLEMENTO a la Comisario OPP nombre reservado, de dotación de la Brigada Investigadora de delitos Sexuales y Menores Valdivia, considerando que la Policía de Investigaciones de Chile es una institución policial de carácter profesional, científico técnico, integrante de las fuerzas de orden, cuyo personal está sometido a un régimen jerárquico y disciplinario estricto, y que para el logro de sus fines específicos, ha sido dotada de mecanismos y procesos de selección de su personal , tanto desde el ingreso a la institución como a lo largo de toda su carrera funcionaria, con la finalidad de estimular el desarrollo de la carrera profesional y posibilitar así la promoción de su dotación , a través de evaluaciones y cumplimiento de etapas, conducentes a lograr el perfil de jefe superior, basadas tanto en las características personales, profesionales y de conocimientos, requisitos indispensables para asumir funciones y responsabilidades inherentes al grado que poseen en relación a sus años de servicio y al cargo que ocupan".

Que, con fecha 02 de octubre de 2017, estando dentro de plazo, su mandante interpuso, ante la Honorable Junta de Apelaciones de la Policía de Investigaciones de Chile, un recurso de apelación dado que, tras analizar el punto anterior y al no existir indicación de hechos concretos, podía presumirse que el fundamento bajo el cual se tomaba la decisión para el ingreso al escalafón de complemento, según lo que indica el citado documento, se basaba en que, aparentemente, la funcionaria no posee el perfil para jefe superior, atendidas sus características personales, profesionales y de conocimiento, requisitos indispensables para continuidad de una carrera funcionaria.

Que en la referida apelación, su representada expuso un resumen de su carrera funcionaria de, a la fecha, once años de servicios, siempre bien calificada y clasificada, sin ninguna sanción en todos estos años, con positivas opiniones de sus jefaturas, premios y distinciones. De igual forma, ella detalló su currículo profesional, su formación profesional que ha sido permanente y pagada de su peculio, entre otros. Dichos antecedentes dejaban de manifiesto que ella si posee características personales, profesionales y de conocimientos por las cuales se ha destacado tanto al interior de la institución, como fuera de ella. También indicó que, según consulta efectuada a la lnspectoría General de la PDI, sobre en qué normativa o documentos se indicaba el "perfil de oficial jefe" de la institución, respondieron mediante correo electrónico que "no hay algún documento o normativa sobre su pregunta, sólo sobre las funciones en caso de ser Jefe o Subjefe de alguna unidad, como lo describe la Orden General Nº 1.998, de Brigadas Especializadas".

Que, sin embargo, con fecha 28 de noviembre de 2017, a las 11 :50 horas, fue notificada mediante acta de notificación, del rechazo del recurso de apelación y confirmación de su inclusión en el escalafón de complemento, resolución que es del siguiente tenor:

"En Santiago, a dieciséis días del mes de noviembre del año dos mil diecisiete, y en conformidad al Decreto Nº 281981, de Defensa, Reglamento de Calificaciones del Personal de la Policía de Investigaciones de Chile, el Secretario que suscribe comunica que la JUNTA DE APELACIONES, resolvió RECHAZAR por unanimidad de sus integrantes el recurso interpuesto por la Comisario (OPP) nombre reservado, de dotación de la Brigada Investigadora de Delitos Sexuales y Menores Valdivia, en contra de su inclusión en el Escalafón de Complemento; toda vez que las argumentaciones que señala en su recurso, se refieren a aspectos que a su juicio le son positivos, tales como anotaciones de mérito, constancias positivas y formación académica, entre otros, sin que dichos antecedentes hayan sido considerados por la Junta de Apelaciones como determinantes para que continúe en el Escalafón de Oficiales Policiales Profesionales, pudiendo agregar además que, la Junta Calificadora de Oficiales Superiores y Jefes, es el órgano dispuesto por el DFL 1 "Estatuto del Personal de la Policía de Investigaciones de Chile", para incorporar a Oficiales al Escalafón de Complemento, considerando las necesidades del servicio, como ocurrió en el presente caso. No obstante lo anterior, dicha circunstancia no impide que continúe prestando servicios en la institución, de acuerdo a su nueva condición, motivos por los cuales este cuerpo colegiado CONFIRMA su inclusión en Escalafón de Complemento".

Que luego de esta decisión, se agotaron los recursos administrativos que le franqueaba la ley para impugnar su pase al escalafón de complemento.

A continuación, el recurrente cita los cuerpos legales pertinentes en la decisión que se impugna y transcribe sus normas atingentes. A saber, el Decreto con Fuerza de Ley Nº 1 de 11 de noviembre de 1980, del Ministerio de Defensa Nacional, Estatuto del Personal de Policía de Investigaciones de Chile, que es el cuerpo normativo en donde se encuentran las disposiciones sobre los oficiales de complemento, en los siguientes términos y artículos:

• Art. 5, letra c) Escalafón: Ordenación jerárquica del personal de planta hecha en relación a la función y según su grado y antigüedad.

• Art. 5, letra j) Oficial Policial: Funcionario perteneciente al Escalafón del Alto Mando, al Escalafón de Oficiales Policiales Profesionales de Línea o al Escalafón de Oficiales Policiales Profesionales.

• Título 1 "De la Carrera Profesional", Capítulo 1 º "De la Clasificación y Grados", artículo 7° letra e) Escalafón de Complemento (no se encuentra dentro de la planta de oficiales policiales)

• Capítulo 3 "Ascenso", artículo 43, inc. 1 y 2. La antigüedad de los Oficiales entre los diferentes escalafones será determinada por el grado y, a igualdad de grado, por el orden de precedencia determinado en al art. 7°.

Los Oficiales del Escalafón de Complemento tendrán menos antigüedad que los Oficiales de su mismo grado. Dentro de su escalafón y grado, su antigüedad se determinará por la que tenían en su Escalafón de origen.

• Art. 46º, lnc. 1. Los funcionarios de la Planta de Oficiales Policiales tendrán siempre mayor antigüedad que los de otras Plantas de la Institución.

• Capítulo 5 "Calificación y Escalafón de Complemento", artículo 61, inciso 1, 2, 3 y 4 letra a) y b). La Junta Calificadora de Oficiales Superiores y Jefes funcionará en Santiago y estará integrada por Prefectos Inspectores Policiales, siendo presidida por el Prefecto Inspector más antiguo de los que la integra.

Actuará como Secretario y sólo con derecho a voz, el Jefe del Departamento de Personal. Esta Junta conocerá de las calificaciones de los Oficiales Superiores y Jefes y del personal de Apoyo Científico Técnico de grados equivalentes y efectuará la clasificación de los mismos.

Le corresponderá, además, a esta Junta:

a)

Resolver los reclamos interpuestos por el personal mencionado en el inciso precedente en contra de sus calificaciones;

b) Formar la lista de los Oficiales que pasaran al Escalafón de Complemento.

• Artículo 64 a), Si las Juntas Calificadoras de Oficiales Superiores y Jefes o la Junta de Apelaciones acogen una solicitud de reconsideración o una apelación, respectivamente, y en virtud de tal resolución la lista de los que deben integrar el Escalafón de Complemento o la cuota de retiros quedaren incompletas, se entenderán de hecho modificadas en el sentido de disminuirse el número correspondiente a la reconsideración o apelación aceptada.

• Artículo 65 c); El Director General convocará en cualquier momento a esta Junta Extraordinaria, en los siguientes casos:

e) Para resolver, sobre el ascenso de algún Subprefecto o Comisario del Escalafón de Complemento cuando se presente vacante y no haya Jefe seleccionado.

Párrafo 2º "Del Escalafón de Complemento" • Artículo 68; El ingreso al Escalafón de Complemento de los Oficiales Superiores y Oficiales Jefes, será resuelto por la Junta Calificadora de Oficiales Superiores y Jefes en el proceso normal de calificación anual.

No obstante, lo anterior, regirá para estos efectos, en períodos diversos a los normales, lo prevenido en el artículo 65 del presente cuerpo legal.

Los Oficiales Superiores y Oficiales Jefes, que no se encontraren conforme a la resolución de la Junta, podrán deducir recurso de apelación para ante la Junta de Apelaciones, dentro del plazo de cinco días, contados desde la notificación.

• Artículo 69; Los Oficiales que integren el Escalafón de Complemento deben elevar solicitud de retiro al cumplir 30 años de servicios efectivos y, será facultativo para el Director General dar curso a dicho expediente, cuando lo estime conveniente.

• Artículo 70; El ingreso al Escalafón de Complemento se dispondrá por Decreto Supremo, a proposición del Director General de Investigaciones.

• Los Decretos Supremos que dispongan el ingreso al escalafón de complemento se cursarán sin otro antecedente que un certificado del Jefe de la Jefatura del Personal que acredite que el personal indicado ha pasado a integrar dicho escalafón. En este decreto se indicará, para cada afectado, la fecha de ingreso al Escalafón de Complemento y desde esa fecha podrá ocupar la vacante respectiva. En el caso de que aquella no se estableciera, la vacante podrá ocuparse desde la fecha del mencionado decreto.

• Artículo 71; Los Oficiales del Escalafón de Complemento en ningún caso podrán volver a su escalafón de origen, y sólo podrán ascender en un grado y cuando cumplan los requisitos legales, y siempre que sean seleccionados para este efecto, por la Junta de Apelaciones, en el proceso anual calificatorio o de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 65º letra e) del presente cuerpo legal.

Conforme a lo señalado en el Decreto Supremo N° 1 de 06 de enero de 1982, del Ministerio de Defensa Nacional, que aprueba el Reglamento de Sumarios Administrativos e Investigaciones Sumarias, Título 11 "Del Fiscal y del Actuario", artículos 9º y 15 y su analogía con el artículo 7° letra e) de la norma precitada en el apartado previo, el Oficial de Complemento no pertenece al escalafón de Oficiales Policiales y en consecuencia tampoco podría ser designado como Fiscal y/o Actuario en este tipo de actos administrativos.

• Art. 115; Todo funcionario, desde que legalmente entre a ocupar un cargo o empleo, tiene derecho a continuar en él, a menos que medie una causal legal de expiración de funciones. Del mismo modo, un funcionario no puede ser cambiado de las funciones propias de su escalafón o empleo que esté legalmente desempeñando, sino de acuerdo con las causales y procedimientos señalados en este Estatuto o en la reglamentación complementaria.

Que el escalafón al cual ella ha pertenecido por más de 11 años de carrera funcionaria, desde su ingreso, corresponde al Escalafón de Oficiales Policiales Profesionales (OPP) de la Policía de Investigaciones de Chile ( DFL Nº 1, ART. 7°, Letra a), en donde su último cargo corresponde a Comisario grado 8, en cuanto a grado y jerarquía, Oficiales Jefes, que se traduce en poder postular a la Academia de Oficial Graduado, ser asignado en Comisión de Servicio al Extranjero, asumir jefaturas de unidad policial y, poder llegar a la máxima jerarquía institucional correspondiente al escalafón. Pues bien, pasando a Complemento, todo esto le resulta imposible, como se indica en el artículo 71 del DFL. 1.

La determinación que se tomó en su caso, contrasta con la existencia en la institución de Comisarios OPP en lista 4, 3, 2 y 1 con calificaciones inferiores a la de su representada, que se mantuvieron en la línea.

En el caso de su mandante, calificada en lista 1 de mérito, con alrededor de 100 anotaciones de mérito, más de 70 constancias positivas, ninguna anotación de demérito, ninguna constancia negativa, sin haber sido nunca sancionada en sus 11 años de carrera funcionaria, ostentando una distinción del Ministerio Público el año 2012 por Fiscalía Regional de Temuco "Por su compromiso, dedicación y apoyo a la labor del Ministerio Público", año 2012 y, Premio "Excelencia en la Investigación Criminal", a la Brigada Investigadora de Delitos Sexuales y Menores Valdivia, según consta en su Anotación de Mérito en su Hoja de Vida Anual, de fecha 14 de junio de 2017, en virtud a la Orden (R) Nro. 04 de la Dirección General de la Policía de Investigaciones de Chile, "por la destacada contribución a la seguridad pública y ciudadana, además del compromiso y profesionalismo demostrado en la obtención de dicho estímulo, siendo miembro activo en este reconocimiento a nivel nacional", la decisión de integrar el Escalafón de Complemento responde a una decisión arbitraria que sólo busca comprometer su carrera funcionaria, pues existe personal suficiente para integrar las listas de complemento, con calificación y desempeño inferior al de ella, el cual se encuentra en su más alta clasificación. De este modo, la incorporación de su representada al escalafón de complemento corresponde a un actuar arbitrario por parte de la recurrida.

Recalca la necesidad de que el acto administrativo sea debidamente fundado:

El dictamen Nº 017111N06, dispuso retrotraer un acuerdo de la Junta Extraordinaria de Oficiales de la Policía de Investigaciones de Chile al estado previo a su dictación, por cuanto, dicho acto no expresó sus fundamentos. El citado dictamen dispuso lo siguiente:

"No se ajusta a derecho el acuerdo de la Junta Extraordinaria de Oficiales de la Policía de Investigaciones al disponer el retiro inmediato de un funcionario, cuando no se han enunciado las razones consideradas para adoptar tal medida, toda vez que aún cuando el cuerpo colegiado tiene facultades para ponderar los factores de fondo, se encuentra obligado a adoptar sus acuerdos con fundamento, sin arbitrariedades. Además con la finalidad de que el funcionario esté en condiciones de asumir adecuadamente su defensa por la vía interponer, en este caso, el recurso de reconsideración, establecido en el art65 del dfl 1180 investigaciones, para impugnar el acuerdo adoptado por la Junta Extraordinaria y no quedar, en caso contrario, en la indefensión. En consecuencia, conforme al principio de juricidad, en cuya virtud la administración se encuentra en el imperativo de invalidar los actos ilegales con el propósito de restablecer el orden jurídico, el correspondiente procedimiento debe retrotraerse al estado en que la Junta Extraordinaria emita una acuerdo debidamente fundado".

Pues bien, el acto que se impugna en este recurso- que ordena el pase al escalafón de complemento- no ha sido debidamente fundado. Está abierta falta de fundamentación del acto administrativo, da cuenta de un proceder arbitrario en el ejercicio de sus facultades, tal como lo expresó la Contraloría General de la República, en el dictamen recién citado.

GARANTIAS FUNDAMENTALES VULNERADAS:

a.) La igualdad ante la ley (art. 19 Nº 2 de la C.P.R)

La consecuencia inmediata de esta garantía es que nadie puede ser discriminado, es decir, no puede arribarse a soluciones diversas cuando dos personas están en condiciones equivalentes.

En la especie, la normativa reseñada en los apartados previos establece hipótesis que ubican a mi mandante en una situación tal que hace improcedente su pase a escalafón de complemento, y deviene en arbitraria, pues la resolución administrativa no explica, de manera objetiva y fundada, el por qué se arriba a la decisión, pese a existir normativa que la excluye. En este sentido la jurisprudencia ha señalado que:

"Se acoge el recurso de protección toda vez que la resolución impugnada atenta contra el derecho de igualdad ante la ley consagrado en el art 19 Nº 2 de la Constitución Política de la República, pues, el recurrente tiene el mismo derecho que tiene todo funcionario para que se justifique y fundamente el rechazo a la reposición interpuesta contra el derecho que lo exonera, lo que en la especie no ocurre" (ROL Nº PROTECCIÓN 2215-2014 ICA TEMUCO.)

"La medida de protección que persigue la recurrente por medio de esta acción cautelar es que se acoja a su respecto el beneficio concedido por el art. 44 de la Ley Nro. 15.076, de manera de restablecer el derecho que ha visto quebrantado a su juicio por conculcación del derecho a la igualdad ante la ley, al establecer la autoridad recurrida diferentes arbitrariedades entre ella y otros profesionales que, en igualdad de condiciones, obtuvieron el beneficio legal de que se trata. Y, conforme los antecedentes allegados al recurso, no se advierte por parte de la recurrida la verificación del acto arbitrario que de cuenta de la existencia de una igualdad por cuanto ella lo sería, en tanto el recurrente reuniera las condiciones para el reconocimiento del derecho que le ha sido negado, lo que no ocurre en la especie. Por estas consideraciones, se rechaza, el interpuesto" ROL NRO. PROTECCIÓN 208-2006. ICA PUERTO MONTT.

b.) El derecho de propiedad (art. 19 nro. 24 de la C.P.R)

Las actuaciones de la Policía de Investigaciones de Chile tienen un efecto claro en el patrimonio de mi representada, tanto en sus dimensiones corporales e incorporales.

En su dimensión corporal, existe una amenaza cierta a su futuro patrimonial. Tal como se ha explicado, el corolario inmediato de estar en el escalafón de complemento, es que se le pase a lista de retiro cesado, por tanto, pierde todas las prestaciones económicas a las que ha podido acceder en su destacada carrera funcionaria.

En su dimensión incorporal, y como lo expresa el artículo 583 del Código Civil, sobre las cosas incorporales se ejerce también una especie de propiedad. Resulta ineludible que esta especie o clase de propiedad sobre derechos incorporales también se encuentra protegida por el precepto constitucional. En la especie, ella es titular de un cargo como funcionaria pública dentro de la planta de la Policía de Investigaciones de Chile. Con la medida denunciada en esta acción la recurrida no hace sino amenazar este derecho, puesto que, al cambiarla de manera arbitraria del Escalafón de Oficiales Policiales Profesionales al de complemento, se está impidiendo que ella ejerza los derechos que se derivan de su encasillamiento en el actual escalafón, y está llevando su cargo a un derrotero cierto. (ART. 19, Nro. 1 de C.P.R)

c.)EI derecho a la vida y a la integridad física y psíquica Es pertinente la importancia de este derecho atendido a que la vida es la fuente de todo otro derecho y supone tanto la faculta de conservar y como de proteger la vida humana.

El derecho a la integridad física y psíquica alude a la preservación sin detrimento del cuerpo y la mente, por lo que su consagración constitucional excluye todos aquellos actos que impliquen un desconocimiento de este derecho.

En la especie el haber comprometido, sin la debida fundamentación, el futuro de la recurrente como funcionaria, el haber sometido a ella y su familia a esta presión, que supone cesar en sus funciones actuales, impidiendo un desarrollo y mejora en su carrera funcionaria con los beneficios económicos que lleva esta aparejada, cuya finalidad es una mejor calidad de vida, para ella y su familia. Considerando además que ella es madre, jefa de hogar, con dos hijos menores de edad, de 07 y 08 años respectivamente, en donde el mayor de estos, se encuentra afectado de resistencia a la insulina, depresión y padece balanitis xerótica obliterante, siendo sometido por este padecer, a dos intervenciones quirúrgicas, gastos que son pagados con su peculio, fruto de su trabajo, cuyas enfermedades son de tratamiento de por vida, no tiene cura a nivel mundial a la fecha.

Que en el caso de su representada, se observa que el órgano recurrido, en su decisión, no consideró: Que ha sido calificada en lista 1 de mérito, que tiene una destaca carrera funcionaria, que no posee sanciones, sin condenas judiciales.

Que, en su formación profesional, es Comunicadora Audiovisual, Licenciada en Ciencias de la Comunicación, Diplomada en Nuevos Lenguajes para la realización de Documentales y Reportaje, Magister (c) en Ciencias de la Comunicación de la Universidad, formación académica pagada con su peculio, con el interés de mejorar sus competencias académico-profesionales, para enriquecer su función como oficial policial profesional.

Que, la falta de consideración hacia estas circunstancias, además de la falta de fundamentos que sustenten el acto recurrido, hacen que este devenga en arbitrario y vulneratorio de las garantías de igualdad ante la ley, derecho a la propiedad en sus diversas formas, a la vida y a la integridad física y psíquica, ya que sólo una discriminación injustificada hacia su persona explica tales determinaciones.

Recalca que el presente recurso de protección ha sido interpuesto dentro de plazo.

Que el acto impugnado en este recurso, corresponde a la resolución de fecha 16 de noviembre de 2017, pronunciada por la Junta de Apelaciones, que rechazó el recurso de apelación deducido por mi representada, en contra de la resolución que ordenó su pase a complemento, decisión de rechazo que fue notificada a la recurrente con fecha 28 de noviembre de 2017. Así las cosas, conforme al art. 1º del Auto Acordado sobre Tramitación y Fallo del Recurso de Protección de Garantías Constitucionales, esta acción se encuentra presentada dentro de plazo.

Por ultimo sostiene que las actuaciones impugnadas han tenido su origen y fundamento en los actos emanados en la actual ciudad de destinación de su representada, en donde se desempeña en la Brigada Investigadora de Delitos Sexuales y Menores Valdivia, dependiente de la Prefectura Provincial Valdivia y esta a su vez de la XIV Región Policial de Los Ríos, ubicado en domicilio reservado. Es ese lugar donde además se le han comunicado todas las decisiones descritas en este recurso.

En consecuencia y en virtud de lo expuesto anteriormente, procede declarar que la actuación de la Policía de Investigaciones de Chile, en orden a ordenar su encasillamiento en el Escalafón de Complemento, corresponde a una decisión arbitraria y, por ende debe quedar sin efecto, puesto que vulnera las garantías constitucionales ya señaladas que, nuestra Carta Fundamental, le reconoce y garantiza. Por esto, entre las medidas que se estime convenientes, es necesario que ordene revocar dicho acto, manteniendo el encasillamiento de la funcionaria en el Escalafón de Oficiales Policiales Profesionales. Todo ello sin perjuicio que se estime procedente, para acoger el recurso de protección, por alguna otra infracción.

Pide, por último, hacer lugar al recurso de protección, restableciendo el imperio del derecho y declarar que la decisión contenida en el acto singularizado en este recurso, de encasillarla en el Escalafón de Complemento, es arbitraria y, en base a ello, o a las consideraciones que la Iltma. Corte estime pertinentes, declarar que se deja sin efecto dicha decisión, ordenando se mantenga a la funcionaria en el Escalafón de Oficiales Policiales Profesionales de la Policía de Investigaciones de Chile, todo ello con expresa condenación en costas.

Don OMAR ALONSO CASTRO TORRES, abogado, en representación convencional del recurrido, don nombre reservado, Director General de la Policía de Investigaciones de Chile, informa lo siguiente:

En cuanto al argumento principal del presente recurso de protección, referido a la supuesta falta de fundamento de la decisión de la Junta de Apelaciones de la Policía de Investigaciones de Chile, de fecha 16.NOV.017, y notificada con fecha 28.NOV.017, es preciso señalar, de forma categórica, que no se ajusta a la realidad, toda vez que dicha resolución sí se encuentra fundada.

Transcribe la resolución y manifiesta que de la sola lectura de la resolución, se observa que la Junta de Apelaciones en todo momento ajustó su decisión a Derecho. Así, dicha Junta es un cuerpo colegiado, que tomó una decisión fundada, que no denota algún arbitrio o capricho en el actuar de sus miembros, que pertenecen al Poder Judicial y a la Policía de Investigaciones de Chile; en efecto, dispone el artículo 62 del D.F.L. N° 1, de 1980, Estatuto del Personal de la Policía de Investigaciones de Chile”:

“La junta de Apelaciones del personal de Policía de Investigaciones de Chile estará integrada por el Director General, que la presidirá, y dos representantes del poder judicial, designados por la Corte Suprema, de entre las cuatro primeras categorías del Escalafón Primario.

Se integrarán a dicha Junta los Prefectos Inspectores Policiales para conocer de los recursos de Apelación que interpongan los Oficiales Subalternos, personal de Apoyo Científico - Técnico de grados equivalentes y personal de Apoyo General, en contra de la calificación y clasificación que los hubiere asignado la correspondiente Junta Calificadora.

La Junta a que se refiere el inciso primero de este artículo se integrará con los Prefectos Generales y conocerá de los recursos de apelación que interpongan los Oficiales Superiores y Jefes y personal de Apoyo Científico-Técnico de grados equivalentes en contra de la calificación y clasificación que les hubiere asignado la correspondiente junta Calificadora. Conocerá, asimismo, de los recursos de apelación contemplados en el inciso final del artículo 68 de este Estatuto.

Actuará como Secretario el Jefe del Departamento del Personal que tendrá sólo derecho a voz”

Como segundo argumento del recurso, se señala que doña nombre reservado se vería impedida de llegar a la máxima jerarquía en su escalafón, situación en la cual no existe ningún acto arbitrario o ilegal de esta Policía, toda vez que existe disposición legal al respecto.

En primer lugar es necesario dejar establecido que todo Policía se encuentra en una situación estatutaria especial con la Policía de Investigaciones de Chile; en efecto, se regula por su propia Ley Orgánica (D.L. 2460), la que establece lo que sigue:

“La Policía de Investigaciones de Chile es una Institución Policial de carácter profesional, técnico y científico, integrante de las Fuerzas de Orden, dependiente del Ministerio del Interior y Seguridad Pública, cuyo personal estará sometido a un régimen jerárquico y disciplinario estricto”.

En este sentido, y congruente con lo anterior, es el D.F.L. N° 1, Estatuto del Personal de la Policía de Investigaciones de Chile, el que regula en detalle la carrera funcionaria. Dicha ley es la que consagra el “Escalafón de Complemento”, formado por un cuerpo colegiado, la Junta Calificadora de Oficiales Superiores y Jefes; ello según lo dispuesto por el artículo 61 letra b) del D.F.L. N° 1, recién citado, a saber:

“La Junta Calificadora de Oficiales Superiores y Jefes funcionará en Santiago y estará integrada por los Prefectos Inspectores Policiales, siendo presidida por el Prefecto Inspector más antiguo de los que la integran.

Actuará como Secretario y sólo con derecho a voz, el Jefe del Departamento del Personal.

Esta Junta conocerá de las calificaciones de los Oficiales Superiores y Jefes y del personal de Apoyo Científico - Técnico de grados equivalentes y efectuará la clasificación de los mismos.

Le corresponderá, además, a esta Junta:

b) Formar la lista de los Oficiales que pasarán al Escalafón de Complemento”.

Luego, el Escalafón de Complemento se encuentra reglado en los artículos 68 y siguientes del D.F.L. N° 1 (Estatuto del Personal de la PDI); transcribiendo las normas pertinentes.

Agrega que es la propia ley la que dispone el efecto de integrar el Escalafón de Complemento, en ningún caso existe un acto arbitrario de la Junta de Apelaciones, o de algún otro ente de la Policía de Investigaciones de Chile.

En este mismo sentido, hay que dejar establecido, categóricamente, que ningún funcionario de la Policía de Investigaciones de Chile tiene un derecho adquirido respecto de la máxima jerarquía a la que puede llegar; en efecto, se trata de una condición, luego, el ascenso dependerá exclusivamente del desempeño laboral de cada funcionario, situación que se analizará caso a caso.

En cuanto a la no consideración de sus antecedentes positivos:

Dispone el artículo 68 inciso 1° del D.F.L. N° 1 (Estatuto del Personal):

“El ingreso al Escalafón de Complemento de los Oficiales Superiores y Oficiales Jefes, será resuelto por la Junta Calificadora de Oficiales Superiores y Jefes en el proceso normal de calificación anual”.

Es en dicho proceso que la Junta de Oficiales Superiores y Jefes consideró todos los antecedentes, positivos y negativos, de doña nombre reservado.

La norma antedicha se relaciona con lo dispuesto en el Decreto Supremo N° 28, de 1981, Reglamento de Calificaciones de la Policía de Investigaciones de Chile, en su artículo 8, que dispone:

“La calificación se hará basada en los conceptos contenidos en la correspondiente Hoja de Vida Anual y demás antecedentes que se estimen útiles al efecto”.

Así las cosas, la Junta de Apelaciones no cometió ningún acto arbitrario o ilegal; por lo demás, se le comunicó a doña nombre reservado, lo que sigue:

“… las argumentaciones que señala en su recurso, se refieren a aspectos que a su juicio le son positivos, tales como Anotaciones de Mérito, Constancias Positivas y formación académica, entre otros, sin que dichos antecedentes hayan sido considerados por la Junta de Apelaciones como determinantes para que continúe en el Escalafón de Oficiales Policiales Profesionales”.

Como se observa, la Junta de Apelaciones ponderó todos los antecedentes al efecto, no siendo efectivo lo señalado por la recurrente.

Por último en cuanto a la supuesta vulneración de las garantías constitucionales:

- En relación a la supuesta vulneración al derecho a la vida y la integridad física y psíquica (artículo 19 n° 1 C.P.R.), en ningún caso se configura, toda vez que la Policía de Investigaciones de Chile ha aplicado estrictamente la normativa legal y reglamentaria vigente, no actuando caprichosamente bajo ningún respecto ni circunstancia, ni menos cometiendo algún acto que vulnere tan importantes garantías constitucionales.

- Respecto a la aparente vulneración de la igualdad ante la ley (Artículo 19, Nº 2, de la Constitución Política de la República), es pertinente señalar que carece del fundamento básico, cual es la acreditación del capricho de la autoridad en el trato hacia quien recurre; en este sentido, es pertinente citar la sentencia dictada en el Recurso de Protección Nº 28.865-2016, razonamiento plenamente aplicable al caso de autos, el cual señala:

“Undécimo: Que, como corolario, procede descartar la ilegalidad invoca en los términos expresados con antelación, como asimismo, una supuesta arbitrariedad, pues, no se ha constatado en la situación sub lite la ausencia de la necesaria racionalidad en el proceder del recurrido, al no advertirse una manifestación del simple capricho del agente, que es lo que precisamente identifica el requisito en examen. No puede dejar de apuntarse en relación con este tópico que para que pudiese alegarse la existencia de una discriminación arbitraria en el trato que se le ha dado a la actora debió la recurrente acreditar que, pese a encontrarse en idéntica situación que otro, recibió un trato diferenciado que la perjudica, cuestión que no se reclamó y mucho menos se justificó”.

En razón de lo precedentemente expuesto, queda de manifiesto que el recurrente no acreditó que, pese a encontrase en una situación idéntica a otra persona, recibió por parte de la autoridad un trato diferenciado que lo perjudicó; aún más, no se constató la manifestación de un simple capricho del agente, toda vez que el procedimiento atacado por el recurrente se encuentra debidamente normado y reglamentado por la Policía de Investigaciones de Chile como parte de un debido proceso en que los involucrados pueden ejercer sus derechos y defensas.

- Finalmente, respecto a la supuesta vulneración del derecho de propiedad sobre su cargo, que se habría visto conculcada, se hace presente que precisamente, esta Iltma. Corte de Apelaciones de Valdivia, en una sentencia confirmada por la Excma. Corte Suprema, con fecha 30 de agosto de 2005, pronunciada en causa rol Nº 3830-05, ha sido categórica en señalar que no existe tal propiedad, excluyendo del Derecho Constitucional al empleo público, reconduciéndolo como corresponde al artículo 19 n° 17 de esta, numeral que no goza del amparo constitucional extraordinario del Recurso de Protección, restringiendo de esta forma la excesiva amplitud reconocida al derecho constitucional de propiedad, reduciéndolo al ámbito de los bienes.

En atención a los argumentos vertidos, se hace presente que no ha existido ningún acto que atente con los derechos fundamentales de doña nombre reservado. Más precisamente, la decisión recurrida se encuentra debidamente fundada, y en ella solo se aprecia la aplicación de un procedimiento reglado, consagrado en la normativa institucional pertinente, de acuerdo a lo que se ha detallado en el presente informe.

Finalmente pide el rechazo en todas sus partes del presente recurso.

Se trajeron los autos en relación.

CONSIDERANDO:

PRIMERO: El recurso de protección interpuesto a favor de doña nombre reservado, se ha dirigido contra la Policía de Investigaciones por la dictación de la resolución de fecha 16.NOV.2017, y notificada con fecha 28.NOV.2017, por la cual se rechazó el recurso de apelación deducido la actora, en contra de la resolución que ordenó su paso al Escalafón de Complemento.

SEGUNDO: No han sido discutidos los siguientes hechos:

a.- Que mediante el comunicado de fecha 14.SEP.2017, y notificado el 25.SEP.2017, la Junta Calificadora de Oficiales Superiores y Jefes resolvió incluir a doña nombre reservado, en Lista 1, de Mérito, con Nota 6,94.

b.- Luego, a través del comunicado de fecha 21.SEP.017, y notificado con fecha con fecha 25.SEP.017, la Junta de Oficiales Superiores y Jefes resolvió el ingreso de doña nombre reservado, al Escalafón de Complemento, en el siguiente tenor literal:

“…por decisión unánime de la Junta Calificadora de Oficiales Superiores y Jefes, ha resuelto el ingreso al escalafón de complemento a la Comisario OPP nombre reservado, de dotación de la Brigada Investigadora de Delitos Sexuales y Menores Valdivia, considerando que la Policía de Investigaciones de Chile es una Institución Policial de carácter profesional, científico y técnico, integrante de las Fuerzas de Orden, cuyo personal está sometido a un régimen jerárquico y disciplinario estricto, y que para el logro de sus fines específicos, ha sido dotada de mecanismos y proceso de selección de su personal, tanto desde el ingreso a la institución como a lo largo de toda la carrera funcionaria, con la finalidad de estimular el desarrollo de la carrera profesional y posibilitar así la promoción de su dotación, a través de evaluaciones y cumplimiento de etapas, conducentes a lograr el perfil de jefe superior, basadas tanto en las características personales, profesionales y de conocimientos, requisitos indispensables para asumir funciones y responsabilidades inherentes al grado que poseen en relación a sus años de servicio y al cargo que ocupan”.

c.- Con fecha 02.OCT.2017, doña nombre reservado dedujo recurso de apelación contra el acto recién mencionado.

d.- Luego, a través del comunicado de fecha 16.NOV.2017, y notificado con fecha 28.NOV.2017, la Junta de Apelaciones resolvió rechazar el recurso de apelación interpuesto por doña nombre reservado, en el siguiente tenor:

“… la Junta de Apelaciones, resolvió rechazar por unanimidad de sus integrantes el Recurso interpuesto por la Comisario (OPP) nombre reservado, de dotación de la Brigada Investigadora de Delitos Sexuales Valdivia, en contra de su inclusión en el Escalafón de Complemento; toda vez que las argumentaciones que señala en su recurso, se refieren a aspectos que a su juicio le son positivos, tales como Anotaciones de Mérito, Constancias Positivas y formación académica, entre otros, sin que dichos antecedentes hayan sido considerados por la Junta de Apelaciones como determinantes para que continúe en el Escalafón de Oficiales Policiales Profesionales, pudiendo agregar además que, la Junta Calificadora de Oficiales Superiores y Jefes, es el órgano dispuesto por el DFL 1 “Estatuto del Personal de la Policía de Investigaciones de Chile”, para incorporar a Oficiales al Escalafón de Complemento, considerando las necesidades del servicio, como ocurrió en el presente caso.

No obstante lo anterior, dicha circunstancia no impide que continúe prestando servicios en la Institución, de acuerdo a su nueva condición, motivos por los cuales, este cuerpo colegiado confirma su inclusión en Escalafón de Complemento”.

TERCERO: Que aclarado lo anterior, resulta útil asentar que la discusión se centra en torno a la eventual arbitrariedad en que se habría incurrido a carecer de fundamentación la resolución que incorpora a la recurrente en el Escalafón de Complemento, y la resolución que rechazó la apelación interpuesta en su contra.

CUARTO: Al respecto se debe atender a que el recurso de protección constituye una acción cautelar de origen constitucional, que puede deducir cualquier persona ante los Tribunales Superiores de Justicia, a fin de solicitar que éstos adopten de inmediato las medidas que resulten necesarias para restablecer el imperio del derecho quebrantado, y asegurar así la debida protección a los afectados, cuando por causa de alguna acción u omisión arbitraria y/o ilegal, sufran privación, perturbación o amenaza en el legítimo ejercicio de los derechos y garantías que la Constitución, en su artículo 20 ampara, esto sin perjuicio de los demás derechos que se puedan hacer valer ante la autoridad o los tribunales ordinarios correspondientes.

QUINTO: De lo consignado precedentemente se deduce con claridad que para la procedencia del recurso de protección se requiere que efectivamente se hayan realizado actos u ocurrido omisiones, con carácter de arbitrarios o contrarios a la ley, que realmente priven, perturben o amenacen el debido ejercicio de un derecho indubitado y no disputado del afectado, que se encuentre garantizado y amparado en el artículo 20 de la Constitución Política de la República de Chile. El ámbito de la acción cautelar que describe el artículo 20 de la Carta Fundamental comprende solamente situaciones inequívocas, de fácil y rápida comprobación, dentro de un procedimiento breve y sumarísimo.

SEXTO: En este caso, no ha sido discutido ni el procedimiento de calificación -y posterior inclusión en Escalafón de Complemento- ni las autoridades que participaron en él. Tampoco se ha invocado algún tipo de ilegalidad. El fundamento del recurso ha sido la arbitrariedad en que se incurre al no existir fundamentos que sostengan la decisión que incluye a la recurrente en el Escalafón de Complemento, conducta que vulnera las garantías establecidas en el numerales 1, 2 y 14 del artículo 19 de la Constitución.

SÉPTIMO: De la lectura de las resoluciones impugnadas, de fechas 21 de septiembre y 16 de noviembre de 2017, se advierte que en la primera se recurre a la falta de condiciones para cumplir el perfil que se requiere para cargos de mando superior. Por el contrario, en la segunda resolución se invoca las necesidades del servicio.

La recurrente aseveró en su recurso y en la audiencia de rigor que solicitado a la autoridad competente fue informada que no existe un documento que contengas los requisitos a que se alude, hecho no contradicho por la recurrida.

OCTAVO La inclusión en Lista de Complemento, es una facultad otorgada a la Junta Calificadora de Oficiales Superiores y Jefes, de acuerdo al artículo 68 del DFL n°1 de 1980. Misma institución que está a cargo de las calificaciones, tanto así que la recurrente fue calificada siendo incluida en lista Uno con nota 6,94 e incluida en la referida Lista el mismo día, por la misma Junta.

Si bien, la norma citada no señala expresamente la obligación de fundamentación de la resolución, no es posible desatender principios generales como la fundamentación de los actos administrativos, pues tal decisión es el fundamento del Decreto Suprema que la ley obliga a dictarse; la transparencia en el actuar de todo autoridad e institución estatal, y la ausencia de arbitrariedad en cualquier decisión.

En este caso, la decisión que afecta individualmente a la recurrente, trae consecuencias negativas, siendo las más relevantes: no acceder a ascensos que importen seguir en la línea de mando, coartando su desarrollo profesional y económico y la limitación de su permanencia en la institución, debiendo solicitar su jubilación luego de 30 años de servicio, cumpliendo ya once. Surgen así dos contextos relevantes, el perjuicio que esa decisión le significa y el que sea adoptada dentro del contexto de calificación de todos los funcionarios.

El perjuicio personal, ya se ha explicado. El segundo contexto es relevante desde que se trata de una decisión que permite tener una idea general del desempeño de todos los funcionarios. En ese orden de ideas, la justificación o fundamentación adquiere relevancia pues no es posible perjudicar la carrera de una persona sin causa que la sustente y resulta necesario transparentar por qué ha sido la recurrente y no otros/as los/as incluidos/as en esa lista.

Particularmente las resoluciones impugnadas por esta vía recurren a dos justificaciones distintas: no cumplir con el perfil necesario y necesidades del servicio. Saber si esas justificaciones responden a una misma base fáctica o no, requiere de una fundamentación que explique qué hechos las constituyen, cómo se cumplen respecto de la recurrente y que tan graves son -entre otros- que justifiquen dejarla en situación más desmedrada respecto de sus pares. En ausencia de esos hechos, tampoco es posible analizar si las formales fundamentaciones son coherentes y/o complementarias entre sí o por el contrario resultar ser contradictorias.

Tal omisión, vulnera el derecho a la igualdad desde que no se ha explicado suficientemente por qué se incluyó a la recurrente y no a sus pares en la Lista de Complemento, con los perjuicios que ello le reporta.

También se ha visto afectada su salud psicológica desde que la decisión no le ha provocado satisfacción tanto así que la ha motivado para recurrir en esta y otras instancias.

NOVENO: En ese contexto las resoluciones de 21 de septiembre y de 16 de noviembre del años 2017 resultan ser arbitrarias pues al carecer de fundamentos de fondo y no meramente formales, se ha vulnerado el trato igualitario de la recurrente con sus pares, al desconocerse la justificación de la diferenciación que se ha hecho, así como se ha visto razonablemente perturbada su salud psicológica al imponerle un status que la perjudica, sin explicación que lo sustente, obligándola a accionar para revertir tal situación.

DÉCIMO: Que cumpliéndose los presupuestos legales se accederá a lo pedido por la recurrente.

Por estas consideraciones, lo dispuesto en los artículos 19 y 20 de la Constitución Política de la República y en el Auto Acordado de la Excma. Corte Suprema sobre Tramitación del Recurso de Protección de Garantías Constitucionales, se declara que SE ACOGE, sin costas, la acción de protección deducida, por lo que se declara que la resolución de 29 de septiembre de 2017 dictada por la Junta Calificadora de Oficiales Superiores y Jefes y la resolución 16 de noviembre de 2017 que resuelve la apelación impetrada en contra de la primera, son arbitrarias por carecer de fundamento específico, debiendo tomarse las medidas necesarias para que cumpliendo con las obligaciones legales, se resuelva la situación de la recurrente mediante decisión debidamente fundada tanto fáctica como legalmente.

Esta decisión fue acordada con el voto en contra del Ministro Sr. Mario Julio Kompatzki Contreras, quien fue de parecer de rechazar el recurso por no existir la obligación de fundamentar la decisión impugnada por lo que la actuación se ejecutó dentro de las exigencias legales.

Regístrese, comuníquese y archívese, en su oportunidad.

Redacción de la Ministra doña Soledad Piñeiro Fuenzalida.

Rol 1642 – 2017 PRT.