Protección contra SECRETARIA REGIONAL MINISTERIAL DE TRANSPORTES Y TELECOMUNICACIONES

Valdivia, veinticinco de enero de dos mil dieciocho.

VISTOS:

Se ha presentado nombre reservado, Rut: RUT reservado y nombre reservado, Rut: RUT reservado, ambos abogados, con oficio en domicilio reservado, en representación convencional según se acredita de nombre reservado. RUT: RUT reservado; nombre reservado, Rut: RUT reservado; nombre reservado, Rut: RUT reservado; nombre reservado, Rut: RUT reservado; nombre reservado, Rut: RUT reservado; nombre reservado, Rut: RUT reservado; nombre reservado, Rut: RUT reservado; nombre reservado, Rut: RUT reservado; nombre reservado, Rut: RUT reservado; nombre reservado, Rut: RUT reservado; Sociedad Comercial Brisas Del Mar Limitada, Rut:RUT reservado, representada por nombre reservado, Rut: RUT reservado y don nombre reservado, Rut: RUT reservado, y dicen que en ejercicio del derecho que les confiere el Artículo 20 de la Constitución Política de la República, y dentro de plazo, interponen Recurso de Protección en contra de la SECRETARIA REGIONAL MINISTERIAL DE TRANSPORTES Y TELECOMUNICACIONES, REGIÓN DE LOS RÍOS; nombre reservado, Cédula Nacional de Identidad Nº RUT reservado, por las acciones ilegales y arbitrarias que se señalan más adelante, de las cuales se tomó conocimiento el día 30 de noviembre de 2017, acciones que se han perpetuado a la fecha y que vulneran de manera continua los derechos y libertades fundamentales que la Constitución Política de la República de Chile reconoce a todos los habitantes del territorio, solicitando que se acoja el presente Recurso de Protección; por vulneración al derecho a la propiedad sobre toda clase de cosas y bienes, corporales e incorporales previsto en el 19 Nº 24. Y se adopte de inmediato y en forma urgente las providencias que señala, o las que la Corte juzgue necesarias para restablecer el imperio de derecho y asegurar la debida protección que auxilia, de acuerdo a los antecedentes de hecho y de derecho que se exponen a continuación:

I.- HECHOS. DESDE UNA MIRADA HISTÓRICA (redactada por abogado Germán Aravena Triviños) Es el caso que sus representados son Armadores y dueños de embarcaciones dedicadas desde tiempos inmemorables al transporte de pasajeros en la conexión marítimo-fluvial Niebla-Corral en la Región de Los Ríos, actividades que fueron realizadas sin contratiempos y a plena satisfacción social de sus pasajeros y compartidas más tarde sin conflicto con barcazas particulares dedicadas únicamente al transporte de carga en la misma conexión. Todo se materializó en circunstancias y condiciones de normalidad hasta que con fecha del mes de diciembre del año 2010 inició actividades económicas, labores, gestiones y servicios de transporte de carga y pasajeros una nueva Barcaza denominada “Cullamó”, de propiedad fiscal, mandada a construir por el Fisco precisamente para la conexión marítimo-fluvial de Niebla-Corral señalada. El inicio de las actividades económicas, laborales y servicios de la señalada Barcaza Cullamó lo fue bajo el amparo de haberse adjudicado un tercero – la empresa Somarco Ltda.- una Licitación denominada “Servicio Integral para el Transporte Fluvial y Lacustre de la Región de Los Ríos: Lago Pirehueico, Lago Ranco y Conexión Niebla Corral”, todo como ejecución del denominado “Programa de Concesión del Plan de Conectividad Austral” resultante de un especial acuerdo y convenio entre el Ministerio de Transportes y del Ministerio de Obras Públicas del Gobierno y Estado de Chile.

Consideración histórica: La conexión marítimo-fluvial es resultado de la construcción del nominado Puente Cruces en el año 1987, que comunica de modo terrestre el sector Isla Teja con la costa del Pacifico de la comuna de Valdivia. Hasta antes del Puente señalado la conexión marítimo-fluvial de Corral lo era directamente con la ciudad de Valdivia, surcando en toda su extensión el Río del mismo nombre.

Desde su origen esta conexión marítimo-fluvial de transporte de pasajeros fue desarrollada por y con particulares, nunca por el Estado, de ninguna manera, y si alguna intervención estatal existió, aunque mínima, específica, ajena y parcial, lo fue a contar del año 2007 pasado aproximadamente, época en que el estado determinó subsidiar el transporte de carga en tal conexión Niebla-Corral, y lo hizo mediante una suma de dinero menor que pagaba a una Barcaza de propiedad de un particular con el fin de asegurar cinco recorridos diarios y subsidiar mínimamente el precio de tal transporte de carga. El punto es que la existencia de este subsidio menor jamás alteró, ni afectó las condiciones en que los demás participes del mercado de transporte de carga y pasajeros de la conexión Niebla-Corral efectuaban su actividad económica. Y, lo que es más relevante, dicha intervención nunca fue directa, pues se limitó a un subsidio menor a un particular por determinado número de recorridos diarios mediante la propia Barcaza de éste.

No se desconoce, ni puede desconocerse, la importancia y trascendencia de cualquier Programa de Concesiones Públicas, y lo útil, beneficioso y prioritario que puede resultar para las comunidades aisladas de nuestro país y de nuestra región, pero ello no puede hacerse de modo ajeno a nuestro sistema jurídico institucional de potestades públicas y perjudicando además a terceros como es que ha ocurrido en el caso. Lo peor es que tampoco puede hacerse en función o fundado en la circunstancia de un aislamiento inexistente tanto de Corral como de Niebla.

Lo concreto es que todo cambió en diciembre de 2010 pasado, ocasión en que el Estado materializó una profunda intervención en la conexión Niebla-Corral mediante la Licitación antes referida que la incluyó y que determinó el inicio de la explotación de una barcaza Fiscal entregada a un particular para su explotación a título de concesión, permitiéndole cobrar precios de transporte de pasajeros subsidiados, que resultaron menores a los que a esa fecha cobraban sus representados. Es en este momento donde de manera indirecta el Estado comienza a incidir en la actividad económica del transporte y, derechamente, comienza a propiciar conectividad, desechando el aporte histórico de sus representados, disminuyendo de manera considerable sus ingresos económicos.

Resulta un hecho objetivo que se decide intervenir con Naves de propiedad del Estado para el transporte de carga y transporte de pasajeros; lo que en los hechos implicó que sus representados se vieran en una situación de competencia con el Estado; quien a través de una Concesión Pública a un particular entregó la administración y explotación de dicha Nave de propiedad fiscal y nueva, con un costo de construcción cercano a los $3.000.000.000 (tres mil millones de pesos). Al mismo particular Concesionario se le entregó la operación, mantenimiento, conservación y explotación lucrativa de la infraestructura portuaria existente, esto es, las Ramplas de Niebla y de Corral.

Lo expuesto implica, por lo pronto y desde una perspectiva general, que el Estado, por sí y ante sí, decide intervenir una actividad económica determinada invertir miles de millones de pesos fiscales para ello, excluir a todos y cada uno de los partícipes que llevaban históricamente desarrollando la actividad, y hacerlo no simplemente subsidiando el transporte de carga sino que además y especialmente el de pasajeros ya existente, y lo que es peor, convirtiéndose derechamente en actor relevante y pretendidamente único de la misma a través de su concesionario: la empresa Somarco Ltda.

De cualquier modo, y como sea que se consideren o puedan considerarse las cosas, claro es que cualquier programa gubernamental de intervención estatal en el caso sólo pudo hacerse respecto de y en beneficio de comunidades aisladas, cumpliendo en todo caso y a su respecto todos los presupuestos y normas básicas, constitucionales, legales, reglamentarias y esenciales de nuestro sistema jurídico institucional, que no es precisamente lo que ha ocurrido en el caso de modo alguno, como se verá, pues ni Corral ni Niebla son comunidades aisladas de ningún modo, ni en su caso se cumplieron los estándares ni las habilitaciones constitucionales y legales para hacer uso de potestades públicas del modo como se hizo.

Todo lo expuesto ha afectado esencial y vitalmente no sólo al negocio de sus representados, sino su subsistencia personal, familiar y social, pues se alteró, subvirtió, afectó y mutó de modo inconstitucional, injusta e ilegal su histórica actividad comercial, lo que ocurrió no sólo por la intervención misma sino que además por la rebaja sustancial de precios que se impuso por debajo de cualquier costo de sobrevivencia económica y comercial, al punto que la actividad de sus representado se ha hecho en la práctica insostenible como lo demostraran.

Hacen presente especialmente al respecto que sus representados son personas de escasos recursos, y prácticamente su única actividad de sustento personal y familiar la constituía el trasporte de pasajeros en la Conexión Niebla-Corral, la que ahora se encuentra prácticamente su única actividad de sustento personal y familiar la constituía el trasporte de pasajeros en la Conexión Niebla-Corral, la que ahora se encuentra prácticamente impedida por el actuar Estatal.

De hecho, producida la intervención del modo en que se ha relatado, sus representados concurrieron ante todas las autoridades políticas de la época, reclamando por las ilegalidades, nulidades y perjuicios directamente causados, sin que ninguna atendiera sus reclamos, tampoco ninguna de las posteriores.

Todo lo anterior; como antecedente histórico, cobra mayor relevancia con el actual sistema de turnos de las barcazas en funcionamiento. En efecto, las barcazas CULLAMÓ y ANDALUÉ suben su frecuencia de 10 a 12 ciclos; lo que vino en poner una lápida a las actividades de transporte de nuestros representados.

Lo anterior, se funda en resolución de la SEREMI DE TRANSPORTE Y TELECOMUNICACIONES de Los Ríos, de fecha no clarificada en razón de que no se visualiza publicada en los portales de transparencia.

Sin perjuicio de lo anterior, el OFICIO 788 de la respectiva SEREMI, de fecha 29 de Noviembre de 2017, que se adjunta a esta presentación, dirigido al ALCALDE de CORRAL, da fe de la nueva situación de transporte; que resulta a todas luces arbitraria frente a los intereses de sus representados.

No existe fundamento para el referido aumento de ciclos de transporte. No existe comunicación ni medida mitigatoria de perjuicios con nuestros representados.

II. DE LA VULNERACIÓN DE DERECHOS CONSITUCIONALES.

Derecho de propiedad en sus diversas especies sobre toda clase de bienes corporales o incorporales (artículo 19 No 24 de la Constitución Política de la República).

Tal cual como se expondrá en alegatos, existe evidente vulneración a la propiedad de sus representados, quienes en los hechos han sufrido la expropiación de actividades económicas históricas. Así las cosas, no cabe duda que la conducta que imputamos a la recurrida y, especialmente, los daños que hasta ahora se han causado configuran un evidente y grave atentado, actual y continuo y también una amenaza futura, al derecho de propiedad que los recurrentes o algunos de ellos tienen respecto de las viviendas afectadas.

III. DEL DERECHO APLICABLE, EN GENERAL.

Conforme con nuestro sistema Jurídico constitucional, constituyen bases, principios y normas esenciales o fundamentales las siguientes:

- Que el Estado debe respetar los derechos y garantías que la misma Constitución establece, y asegurar el derecho de las personas a participar con igualdad de oportunidades en la vida nacional;

- Que los órganos estatales deben someter su acción a la Constitución y a las normas dictadas conforme a ella, las que son obligatorias tanto para los titulares o integrantes de dichos órganos como para toda persona, institución o grupo;

- Que los órganos del Estado deben actuar en la forma que prescriba la Ley, y que no pueden atribuirse otra autoridad o derechos que los que expresamente se les hayan conferido en virtud de la Constitución o las leyes;

- Que constituye derecho esencial la igualdad ante la ley, que no hay persona ni grupos privilegiados, que ni la ley ni autoridad alguna podrán estableces diferencias arbitrarias, que no habrá igual repartición de los cargos públicos, así como el derecho a desarrollar cualquiera actividad económica que no sea contraria a la moral, al orden público o a la seguridad nacional, respetando las normas legales que la regulen;

- Que el Estado y sus organismos podrán desarrollar actividades empresariales o participar en ellas sólo si una ley de quorum calificada los autoriza, y en tal caso esas actividades estarán sometidas a la legislación común aplicable a los particulares, sin perjuicio de las excepciones que por motivos justificados establezca la ley, la que deberá ser, asimismo, de quorum calificado; y, por motivos justificados que establezca la ley, la que deberá ser, asimismo, de quorum calificado; y, - Que no habrá discriminación arbitraria en el trato que deben dar el Estado y sus organismos en materia económica, y que sólo en virtud de una ley, y siempre que no signifique tal discriminación, se podrán autorizar determinador beneficios directos o indirectos a favor de algún sector, actividad o zona geográfica, o estableces gravámenes especiales que afecten a uno u otras.

Por último; consideran válido preguntarse como las licitaciones en ejercicio se modifican; con aumentos presupuestarios en contratos vigentes. Es pues el caso VS., que específicamente en relación con aquella parte de la licitación de marras que se refiere la conectividad Niebla-Corral, se ha violentado flagrantemente toda la base esencial de principios y normas institucionales y constitucionales antes referidos, lo que se ha hecho además de modo grave –a lo menos-a contar del mes de diciembre del año 2010 pasado, tal y como se ha referido antes; y, con clara problemática actual.

Terminan solicitando que en mérito de lo expuesto y de lo dispuesto en los numerales 1, 2, 10 y 24 del artículo 19 y artículo 20 de la Constitución Política de la República, las normas pertinentes del Auto Acordado sobre Tramitación y Fallo del Recurso de Protección, y demás normas que U.S. Ilma., estime pertinente, se tenga por interpuesto el presente Recurso de Protección en contra de la SECRETARIA REGIONAL MINISTERIAL DE TRANSPORTE Y TELECOMUNICACIONES, REGIÓN DE LOS RÍOS; nombre reservado, Cédula Nacional de Identidad Nº RUT reservado, con domicilio en domicilio reservado, acogerlo a tramitación, y resolver en definitiva se paralice el actual sistema de barcazas NIEBLA / CORRAL, declarando que el acto de la recurrida es arbitrario e ilegal, que afectan las garantías constitucionales señaladas en esta presentación, y en consecuencia ordene restablecer el imperio del derecho haciendo pervivir los derechos patrimoniales de nuestros representados o restableciendo el imperio del derecho con las providencias que se estime adecuadas.

Con el recurso se acompañó copia de Oficio 788/2017, Seremi de Transportes Y Telecomunicaciones a Alcalde de Corral.

Por la recurrida, don nombre reservado, abogado, EVACUA EL INFORME, solicitando desde ya se niegue lugar al recurso de protección interpuesto en su contra, con expresa condena en costas, en base a las siguientes consideraciones de hecho y de derecho:

ANTECEDENTES DEL RECURSO.

Los recurrentes solicitan se paralice el sistema de barcazas actualmente en funcionamiento entre las localidades de Niebla y Corral, en razón - se logra desprender de un análisis del mismo - de haberse aumentado los ciclos o viajes programados, afectándose la actividad económica y con ello, el derecho de propiedad, de los pequeños armadores o lancheros que trasladan pasajeros entre los mismos puntos.

A juicio de los recurrentes, el aumento de ciclos decretado por el Ministerio de Transportes y Telecomunicaciones a través de Decreto Nº47 de 09 de julio de 2017, e informado a la comunidad de Corral por Oficio Nº788 de 29 de noviembre de 2017 - aludido en el recurso - habría afectado gravemente la siguiente garantía constitucional de los pequeños armadores y lancheros de Corral que por esta vía recurren, en los siguientes términos:

a) El artículo 19 Nº24 de la Constitución Política de la República que consagra el derecho de propiedad en sus diversas especies sobre toda clase de bienes corporales e incorporales. Agrega el recurrente: "... existe vulneración a la propiedad de mis representados, quienes en los hechos han sufrido la expropiación de actividades económicas históricas". "No cabe duda que la conducta que imputamos a la recurrida y, especialmente, los daños que hasta ahora se han causado configuran un evidente y grave atentado, actual y continuo y también una amenaza futura, al derecho de propiedad que los recurrentes o algunos de ellos tienen respecto a las viviendas afectadas". (Párrafo que llama la atención al aludir a "viviendas afectadas" y que resulta estar textualmente copiado del Recurso de Protección interpuesto ante la lltma. Corte de Apelaciones de Valparaíso por los recurrentes nombre reservado y otros en contra de Inmobiliaria e Inversiones Santa Daniela Limitada y otros.").

A los recurrentes no se les ha transgredido derecho alguno, toda vez que la decisión adoptada se ajusta al legítimo ejercicio de las potestades conferidas por nuestro ordenamiento jurídico y en el marco del procedimiento licitatorio en el cual se encuentran inmersas ambas barcazas. En consecuencia, el acto impugnado jamás ha vulnerado la normativa a que se ha hecho referencia en los literales anteriores.

En efecto, todos los actos administrativos dictados por esa Secretaria Regional Ministerial y que, directa o indirectamente - pues el recurso no especifica con claridad el acto que realmente impugna - digan relación con la relación contractual que vincula la operación y funcionamiento de las barcazas Cullamó y Andalué con el Ministerio de Transportes y Telecomunicaciones y toda la normativa legal aplicable, conforme lo dispone el artículo 3 de la Ley Nº19.880, gozan de presunción de legalidad.

Para facilitar la comprensión de la artificial controversia planteada por los recurrentes, el presente informe se estructurará de acuerdo al siguiente detalle: (I) De la Licitación Pública vigente de las Barcazas Cullamó y Andalué y su marco regulatorio; (II) Del acto recurrido; (III) De la improcedencia del recurso; (IV) Falta de determinación del acto recurrido; (V) Inexistencia de Ilegalidad y Arbitrariedad. (VI) Inexistencia de vulneración de la Garantía Constitucional invocada; (VII) De la calidad de Zona Aislada y el perjuicio a la comuna de Corral en caso de concederse lo solicitado por los recurrentes. (VIII) Ha habido cumplimiento de las normas constitucionales. (IX) Conclusiones.

(I) DE LA LICITACIÓN PÚBLICA VIGENTE DE LAS BARCAZAS CULLAMÓ Y ANDALUÉ Y SU MARCO REGULATORIO. El Artículo 5º de la Ley N°20.378/2009 que crea un subsidio nacional para el Transporte Público remunerado de pasajeros establece: "En las mismas zonas contempladas en los artículos 3º, literal b), y 4º, podrán destinarse recursos de subsidio, sobre la base de criterios de impacto y, o rentabilidad social, a un Programa de Apoyo al Transporte Regional que contemplará un subsidio al transporte público remunerado en zonas aisladas; un subsidio al transporte escolar; un subsidio orientado a la promoción y fortalecimiento del transporte público en las zonas rurales del país; subsidios que promuevan el transporte público n las Regiones de Arica y Parinacota, Tarapacá, Aysén, Magallanes y la Antártica Chilena, y las Provincias de Palena y Chiloé, cuando el uso del transporte público mayor sea significativamente menor al resto del país; y otros programas que favorezcan el transporte público, la seguridad o la educación vial, los que podrán considerar la entrega de orientación psicológica o jurídica a las víctimas de accidentes de tránsito.

El programa de Apoyo al Transporte Regional será administrado por el Ministerio de Transportes y Telecomunicaciones y las normas necesarias para la distribución de recursos entre proyectos, su implementación y operación estarán contenidas en un reglamento especial dictado para esos efectos por el Ministerio de Transportes y Telecomunicaciones y suscrito, además, por el Ministro de Hacienda. Para efectos de la entrega del subsidio, el Ministerio de Transportes y Telecomunicaciones podrá celebrar convenios con otros Ministerios, servicios públicos o entidades privadas o públicas, con o sin fines de lucro, conforme a la normativa vigente.

En el Programa de Apoyo al Transporte Regional quedan excluidas todas las actividades de publicidad o difusión por medios de comunicación masivos, en los términos previstos en el artículo 3º de la ley Nº 19.896." Esta disposición, que establece el punto de origen de la existencia de subsidios financiados y administrados por el Ministerio de Transportes y Telecomunicaciones en nuestro país, encuentra un correlato en otros cuerpos normativos y actos administrativos que conforman el estatuto regular de las licitaciones públicas en materia de subsidios. En lo que respecta a la modalidad marítima, estas licitaciones se rigen, entre otras por el Decreto Ley Nº2222/78¡ o Ley de Navegación del Ministerio de la Defensa Nacional; el Decreto Ley Nº3.059/79 del Ministerio de Transportes y Telecomunicaciones o Ley de Fomento a la Marina Mercante; el Decreto Nº4/2010 en conjunto del Ministerio de Transportes y Telecomunicaciones y Hacienda, que autoriza al primero a administrar los fondos provenientes de la citada Ley Nº20.378 que crea los subsidios, entre otros.

En lo referente a la Licitación Pública para la realización y operación de servicio de transporte marítimo en el tramo Niebla-Corral ID CAM0074, se autorizó su llamado mediante Decreto Nº223/2014 del Ministerio de Transportes y Telecomunicaciones, procedimiento de licitación que se llevó a cabo conforme al marco regulatorio establecido en la Ley Nº 20.378, y en el Decreto Supremo 04 de 2010, suscrito en conjunto por el Ministerio de Transportes y Telecomunicaciones y el Ministerio de Hacienda.

La adjudicación de dicho procedimiento licitatorio se materializó en el Decreto Nº98/2015 del Ministerio de Transportes y Telecomunicaciones y correspondió a la empresa Comercial Marítima Jorge nombre reservado Larraín Santa Cruz E.I.R.L., RUT RUT reservadoPor su parte, la aprobación del contrato de otorgamiento de subsidio para la prestación del servicio ID CAM0074, se realizó mediante Decreto 6xento Nº1593 del 30 de marzo del 2015, que se adjunta, reparándose expresamente en el considerando tercero de su contenido que el otorgamiento de dicho subsidio obedecía a: "La necesidad de los habitantes de las localidades de Niebla y Corral, en la Región de Los Ríos, de contar con servicios de transporte que les pe/imitan acceder a una mejor integración territorial, económica y social, con centros de mayor desarrollo económico y con una mejor oferta de servicios." Se refuerza y reitera en la cláusula primera, relativa al objeto del contrato, el fundamento de la existencia de este subsidio: "a- Otorgar un subsidio para la prestación de un servicio de transporte marítimo, regular y permanente de pasajeros y/o carga en el tramo: Niebla-Carboneros-Corral, con el objeto de satisfacer principalmente las necesidades de abastecimiento de los habitantes de dichas localidades. b. Contribuir a la integración productiva y territorial de los habitantes, permitiendo o facilitando su desplazamiento hacia localidades con mayor desarrollo económico, servicios administrativos de salud, educación, etc." De la anterior disposición se desprende claramente que el servicio prestado en sus inicios por la Barcaza Cullamó no es equivalente ni comparable al prestado por los recurrentes a la comunidad, excediendo por lejos su campo de acción.

Siguiendo con el curso regular de la licitación anteriormente indicada, se suscribió el contrato de otorgamiento de subsidio con fecha 26 de marzo de 2015, el que fue aprobado por el Decreto Nº1593, antes citado, y a 30 de marzo del mismo año fue debidamente notificado el operador adjudicado, comunicándosele en el acto que la barcaza debía estar en pleno funcionamiento a partir del día siguiente, esto es, 31 de marzo del mismo año. Con posterioridad, y para posibilitar la incorporación y operación de la barcaza Andalué, en el año 2016 se procedió a la modificación del contrato, según lo previsto y dispuesto en su cláusula séptima, que indica: "En caso que el Ministerio de Obras Públicas u otro organismo público, incorpore otra embarcación propiedad al servicio a que se refiere este contrato, el monto del subsidio establecido en este contrato podrá aumentarse hasta el doble. Cabe señalar que el referido monto será determinado por el Ministerio en relación a las condiciones de operación de dicha embarcación." El Addendum Modificatorio al contrato de otorgamiento de subsidio a la prestación del servicio de transporte marítimo realizado en el tramo Niebla-Corral fue aprobado por Decreto Nº174 del 01 de diciembre de 2016 del Ministerio de Transportes y Telecomunicaciones.

Con el contrato de otorgamiento de subsidio de 2015 y el addendum modificatorio del mismo de 2016, se establecía en forma regular la operación de las barcazas Cullamó y Andalué para el tramo Niebla-Corral, estableciéndose en la cláusula tercera del mismo las modificaciones a las frecuencias mínimas que se realizarían por cada barcaza.

Cercano al inicio de la operación de la barcaza Andalué, los vecinos de la comuna de Corral, representados por su alcalde, Sr. Gastón Pérez González, hace llegar a la Secretaria Regional Ministerial de Transportes, Srta. nombre reservado, el Oficio Ord.Nº243 de 16 de marzo de 2017, mediante el cual, expone expresamente la necesidad de su comunidad de aumentar las frecuencias de las barcazas en la época estival y durante el resto del año, en los siguientes términos: "agradezco su buena disposición que ha tenido de enviar a su equipo de trabajo para exponer en el concejo todo lo referente a las Barcazas Cullamó y Andalué que hoy tenemos presentes en nuestra comuna, de acuerdo a lo solicitado en esa oportunidad reitero petición por escrito, que serían lo siguiente: - Aumento de Temporada de Verano del 15 de diciembre al 15 de marzo para las dos barcazas, por aumento de demanda. - Aumentar la frecuencia de las dos barcazas en temporada de verano, por aumento de demanda. - Aumentar frecuencia de Barcaza Andalué en temporada normal." Recepcionada esta comunicación del alcalde de Corral y teniendo a la vista los antecedentes técnicos y disposiciones contenidas en el contrato de licitación, principalmente en relación a la cláusula séptima considerando sexto del mismo, que indica: "El Ministerio podrá requerir, fundadamente, modificaciones de las condiciones de prestación del servicio de transporte marítimo subsidiado. Tales modificaciones se aprobarán por acto administrativo totalmente tramitado, y si así corresponde, el prestador deberá complementar o entregar una nueva garantía de fiel cumplimiento del contrato. Las modificaciones no podrán alterar el monto total del contrato en más de un 10% del total de éste", se procedió a remitir oficio Ord.Nº155 del 17 de marzo de 2017, dirigido a don nombre reservado, Jefe de División de Transporte Público Regional, representando la solicitud de la comunidad Corraleña, requiriendo, en lo principal, lo siguiente: "Se transmite las modificaciones y extensión del contrato CAM0074, generadas por la solicitud de la comunidad de Corral (. . .) principal beneficiada con este subsidio: 1. - El contrato del CAM0074 establece una frecuencia mayor de viajes para la temporada alta de enero y febrero, sin embargo efectuando un análisis de demanda tanto de carga como de pasajeros, se requiere un aumento de los viajes de ambas barcazas, pasando de las 9 frecuencias actuales a 12, con lo cual, se garantiza el traslado de las personas y vehículos en temporada de alta demanda. (... ) 3.- De acuerdo a lo anterior, se solicita modificar el contrato del servicio CAM0074, en el sentido de trasladar el inicio de temporada actual al 16 de diciembre y extenderla hasta el 15 de marzo, con el objetivo de satisfacer la alta demanda del servicio, especialmente dado por el alto uso por parte de turistas. Cabe destacar que la extensión de temporada, significa un aumento de viajes, por lo tanto se requiere un aumento del monto del subsidio.4.- Adicionalmente, dado el incremento de pasajeros y vehículos a lo largo de la temporada baja y por solicitud de la Municipalidad de Corral, solicitamos aumentar en una frecuencia diaria las vueltas que actualmente tiene contratada la Barcaza Andalué, pasando de cuatro a cinco frecuencias diarias durante el periodo comprendido entre el 16 de marzo y el 15 de diciembre." Tras la modificación propuesta por la recurrida, se dio inicio en la Subsecretaría de Transportes, dependiente del Ministerio de Transportes y Telecomunicaciones a la ponderación de los antecedentes a la vista y la tramitación del acto administrativo que apruebe las mismas. Finalmente, mediante Decreto Nº47 de 09 de junio de 2017 del Ministerio de Transportes y Telecomunicaciones, se aprobaron las modificaciones previstas, tomándose razón del mismo por Contraloría General de la República el 10 de julio del mismo año.

Precisa que para poder solicitar la modificación del contrato, en los términos de la citada cláusula séptima considerando sexto del contrato de otorgamiento de subsidio, se tuvo a la vista los siguientes fundamentos: 1.- La solicitud de modificación se encuentra fundamentada, tanto técnicamente (aumento de flujo de carga y pasajeros en época considerada temporada alta), como por el requerimiento expresa de la comunidad de Corral, principal beneficiada con la utilización del subsidio y la operación de ambas barcazas. 2.- La gestión y aprobación de las modificaciones al contrato se realizó por acto administrativo regularmente tramitado y tomado de razón por Contraloría General de la República, según consta del Decreto Nº47 de 09 de junio de 2017 del Ministerio de Transportes y Telecomunicaciones, ya indicado. 3.- Las modificaciones propuestas y aprobadas, si bien aumentaron el monto del subsidio, en ningún caso superaron el 10% del valor total del contrato. Con la tramitación completada de la modificación al contrato de otorgamiento de subsidio, se procedió a comunicar la misma mediante la remisión del Oficio Ord.Nº788 de 29 de noviembre de 2017 - aludido en el recurso - en el que la Seremi de Transportes y Telecomunicaciones, comunica al Alcalde de Corral, Sr. Gastón Pérez González la aprobación de las modificaciones requeridas.

(II) DEL ACTO RECURRIDO.

En primer lugar, y teniendo en cuenta la poca claridad del recurso presentado, es necesario realizar un esfuerzo para desprender que el acto administrativo recurrido es el Decreto Nº47 de 09 de junio de 2017 del Ministerio de Transportes y Telecomunicaciones que modifica y prorroga el contrato de otorgamiento de subsidio, aumentando los ciclos de las barcazas Cullamó y Andalué de 9 a 12 ciclos para la temporada alta, la cual, también se extendió desde el 16 de diciembre hasta el 12 de marzo de cada año.

Es necesario precisar que es éste el acto administrativo que consagra el aumento de operación de las barcazas, considerado gravoso por los recurrentes, y no el Oficio Nº788 de 29 de noviembre de 2017 de la Seremi de Transportes y Telecomunicaciones de la Región de Los Ríos mediante el cual solo se informa al alcalde de Corral el cambio en los ciclos y solicita le contribuya en la difusión de la información entre la comunidad de Corral.

(III) DE LA IMPROCEDENCIA DEL RECURSO.

En atención a lo anteriormente señalado, y respecto a los aspectos formales en la interposición del Recurso de Protección consagrado en el art.20 de la Constitución Política de la República y cuyo procedimiento regula el Auto Acordado de la Excma. Corte Suprema del año 2015, el recurso interpuesto por los recurrentes resultaría improcedente por razones formales en atención, al menos, dos consideraciones:) Al existir claridad respecto al acto administrativo sindicado como gravoso por los recurrentes, se debe considerar que el recurso se ha interpuesto de modo extemporáneo, en razón que fue suscrito por el Ministro de Transportes y Telecomunicaciones con fecha 09 de junio de 2017 y tomado de razón por Contraloría General de la República el 10 de julio del mismo año, excediéndose por lejos el plazo de 30 días corridos establecidos por el Auto Acordado previamente indicado.

ii) Asimismo, el acto recurrido fue suscrito por el Ministerio de Transportes y Telecomunicaciones, razón por la cual, no existiría legitimación pasiva de la Seremi de Transportes y Telecomunicaciones de la Región de los Ríos, recurrida en los presentes autos, en atención a la modificación de la licitación previamente indicada.

De la revisión de los documentos que componen la licitación de las barcazas, acompañados al presente informe, se desprende que en ningún caso existe una delegación a la Secretaria Regional Ministerial para poder proceder a la firma, modificación, complementación o alteración de ninguno de los ítems que involucra la citada licitación. Al ser la Secretaría Regional Ministerial un órgano desconcentrado territorialmente del Ministerio de Transportes y Telecomunicaciones, su campo de atribuciones está específicamente determinado por las delegaciones que el órgano central le realiza. Lo anterior, en directa relación a lo establecido por el bloque de juridicidad que establece nuestra misma Constitución, esto es, sus artículos 6 y 7.

En la lectura de las bases de licitación, que se adjuntan al informe, se desprende que cada vez que la Secretaría Regional tiene injerencia en alguna gestión propia de la misma, esto se expresa claramente, en cumplimiento del principio de legalidad que informa la función pública en su conjunto.

En lo que respecta a las modificaciones al contrato de otorgamiento de subsidio, la cláusula décimo séptima refiere en forma textual: "Toda modificación de cualquier naturaleza que afecte al servicio deberá ser informada a los usuarios y aprobada por el Ministerio, a través de la Secretaría Regional, con una anticipación de a lo menos 30 días corridos a la fecha de su entrada en vigencia." Esto es, la Secretaría Regional Ministerial mantiene, en materia de concesiones, un rol mediador, administrativo y fiscalizador, pero no resolutor. Esto es, y siguiendo un principio básico del Derecho en materia de contratación, que también rige en el ámbito público, "en Derecho todo se modifica o deshace de la misma forma en que se hizo". El Ministerio de Transportes administra el subsidio a través de las instrucciones que refiere el D.S.Nº4/2010, y canaliza el proceso licitatorio que implica el otorgamiento de los referidos subsidios hasta su total concreción.

La Secretaría Regional Ministerial solo juega un rol intermediador, como ocurrió en la especie, esto es, acercar la solicitud de la comunidad de Corral para que se proceda a la modificación del contrato de licitación. Adicionalmente, indica el art.3 del Auto Acordado que regula el procedimiento del Recurso de Protección: "3. Acogido a tramitación el recurso, la Corte de Apelaciones ordenará que informe, por la vía que estime más rápida y efectiva, la persona o personas, funcionarios o autoridad que según el recurso o en concepto del Tribunal son los causantes del acto u omisión arbitraria o ilegal, que haya podido producir privación, perturbación o amenaza del libre ejercicio de los derechos que se solicita proteger, fijándole un plazo breve y perentorio para emitir el señalándole que conjuntamente con éste, el obligado en evacuarlo remitirá a la Corte todos los antecedentes que existan en su poder sobre el asunto motivo del recurso." En lo que respecta al fondo de lo planteado por los recurrentes:

i) Sin lugar a dudas, el fundamento último del recurso de protección es el restablecimiento del imperio del derecho y así lo reconoce la propia Constitución Política en su artículo 20, pero no es menos cierto que debe existir una petición concreta e inmediata que recaiga sobre el derecho indubitado afectado que, y que de acogerse, importe el fin de los actos u omisiones arbitrarios o ilegales que atentaban contra las garantías constitucionales que se encuentran amparadas por este recurso.

En el caso materia de estos autos, la petición concreta de los recurrentes consiste en que se "paralice el actual sistema de barcazas Niebla-Corral”, expresión que de su propia lectura se desprende generalidad y abstracción atentatoria contra los fines mismos que persiguen el recurso que por esta vía se intenta. Resulta imposible desprender de lo solicitado qué es lo que recurrentes entienden por paralización del actual sistema de barcazas y cómo lo vinculan con el acto administrativo que modificó dentro del marco legal y regulatorio el contrato de otorgamiento de subsidio. ¿Paralizar implica que las barcazas cesen en su operación? ¿Acaso implica que debe declararse la invalidación de la licitación y sus modificaciones? Lo anterior con el consiguiente perjuicio a la comunidad corraleña y valdiviana en general que hace uso diario y permanente de este servicio, según se detallará en apartados posteriores de este informe.

En este sentido, y reiterando, si lo que se pretende atacar por vía del recurso es un acto administrativo tramitado de forma regular por el Ministerio de Transportes y dentro del marco de sus atribuciones constitucionales y legales, no es el recurso de protección la herramienta idónea para estos efectos. El propio constituyente ha señalado que el recurso de protección es una medida cautelar de emergencia y que, en consecuencia, es improcedente que se utilice para obtener declaración de derechos, por cuanto ello debe ser objeto de un juicio ordinario, tal como lo señala el artículo 3 del Código de Procedimiento Civil.

Nuestros más altos Tribunales de Justicia, han declarado que el recurso de protección no tiene por objeto declarar derechos permanentes a favor de las partes, pues está concebido para dar respuesta pronta a situaciones de hecho que, constituyendo actos u omisiones arbitrarias o ilegales, amagan o vulneran el ejercicio de algunas de las garantías individuales que señala el artículo 20 de la Constitución. (Corte de Apelaciones de Santiago, 19 diciembre 1990, R.G.J. Nº 126, p.51; Corte Suprema, 24 enero 1991. R.G.J. Nº 127, p. 20. R., t 88, sec. 5º, p. 41.).

La acción constitucional de protección no es procedente para conocer materias como la nulidad o ineficacia de un acto administrativo, indiscutiblemente deben ser conocidos, probados y resueltos en un procedimiento de lato conocimiento. Solicitar entonces, la nulidad o ineficacia de un acto administrativo a través de un recurso de protección, importa rehuir de la naturaleza misma de la institución de la acción de protección, que no es otra, que la de salvaguardar de manera expedita, directa e inmediata los derechos amparados constitucionalmente.

En el mismo sentido, los profesores Ferrada, Bordalí y Cazor han reprochado la utilización del recurso de protección como contencioso administrativo de general aplicación, porque ello viene a desnaturalizar esta acción cautelar de emergencia, por eso han señalado "la transformación del Recurso de Protección en un medio de impugnación ordinario de la actuación administrativa, con prescindencia de la existencia o no de un derecho fundamental comprometido, ampliado la interpretación del mismo a materias o áreas no previstas por el constituyente, lo ha convertido en un mecanismo de control de la legalidad o juridicidad de la actuación administrativa, afectando con ello la urgencia, excepcionalidad y esencialidad de su tutela ... esto ha llevado a una explosión numérica sin precedentes en la actividad forense, registrándose como la principal materia de ingreso de causas en los tribunales superiores de justicia, colapsando la actividad jurisdiccional y afectando con ello los procedimientos ordinarios y especiales de control existentes en el ordenamiento jurídico" (Ferrada, nombre reservado; Bordalí, nombre reservado; Cazor, Kamel: "El recurso de protección como mecanismo de control jurisdiccional ordinario ¡de los actos administrativos: una respuesta inapropiada a un problema jurídico complejo", en Revista de Derecho, Universidad Austral, Vol. XIV, Julio, 2003, p. 68).

Por lo anterior, y dado que el recurso interpuesto se ha alejado del fin esencial de amparar garantías constitucionales persiguiendo por esta vía dejar sin efecto un acto administrativo y en consecuencia una sentencia declarativa de derechos, es que solicitamos a esta Corte, rechazar el recurso, con expresa condenación en costas.

(IV) FALTA DE DETERMINACIÓN DEL ACTO RECURRIDO El recurso de protección interpuesto erróneamente en contra de la Seremi de Transportes y Telecomunicaciones - según se ha indicado previamente -, adolece de una evidente falta de determinación del acto que presuntamente afectaría las garantías del recurrente y de aquellos en cuyo favor se recurre.

En efecto, de la sola lectura del recurso interpuesto, no permite determinar con exactitud cuál es o son los actos recurridos. Es decir no existe una individualización del acto que se pretende recurrir, en consecuencia, cabe la pregunta ¿Qué es lo impugnado?

Por medio de un esfuerzo interpretativo hemos podido establecer que a pesar de que el recurrente nombra en forma amplia, y sin detalle todos los actos mencionados en el párrafo anterior, piensan que deben dirigirse a su petitorio, en donde expresa que es el aumento de los ciclos - a razón de la modificación del contrato de otorgamiento de subsidio con el particular que opera las barcazas - habría ocasionado daño en el patrimonio de los recurrentes, toda vez que se les impediría ejercer plenamente su actividad económica. Sobre el particular, sin duda existen vías judiciales y administrativas más idóneas que un Recurso de Protección para poder defender la libertad económica, libre competencia y participación del Estado en materia económica. Así mismo, al invocarse de modo artificioso el derecho fundamental de propiedad, los recurrentes proceden a forzar la controversia, intentando ampliar un inexistente escenario de vulneración de derechos.

(V) INEXISTENCIA DE ILEGALIDAD O ARBITRARIEDAD De lo expuesto precedentemente, es posible desprender que los recurrentes reprochan el acto administrativo de la Seremi de Transportes y Telecomunicaciones (que no es tal, en el entendido que deriva directamente del Ministerio de Transportes y Telecomunicaciones), el cual les resulta ilegal y arbitrario.

La Administración obró conforme al mérito de los antecedentes, y las decisiones adoptadas han contado con la argumentación necesaria para descartar de plano cualquier arbitrariedad, toda vez que ella fue razonada y acorde con lo dispuesto en la normativa legal y reglamentaria existente.

En materia de arbitrariedad, se ha entendido jurisprudencialmente que "implica carencia de razonabilidad en el actuar u omitir; falta de proporción entre los medios y el fin a alcanzar; ausencia de ajuste entre los medios empleados y el objetivo a obtener o una inexistencia de los hechos que fundamentan un actuar." Así mismo, la Real Academia Española la define como el ''Acto o proceder contrario a la justicia, la razón o las leyes, dictado solo por la voluntad o el capricho".

Se ha desprendido en el ítem (I) de este informe que el acto administrativo impetrado no solamente se ajustó a derecho en su tramitación, sino también se encuentra debidamente fundamentado.

Por su parte, en lo que respecta a la ilegalidad, cabe señalar que aquellas tienen el carácter de acto administrativo, de modo tal que respecto de ellas se aplica la presunción establecida en el art.3 de la Ley sobre Procedimiento Administrativo que señala: "Los actos administrativos gozan de una presunción de legalidad, de imperio y de exigibilidad frente a sus destinatarios, desde su entrada en vigencia, autorizando su ejecución de oficio por la autoridad administrativa, salvo que mediare una orden de suspensión dispuesta por la autoridad administrativa dentro del procedimiento impugnatorio o por el juez conociendo por la vía jurisdiccional”.

¿Qué significa esta norma? Que el acto administrativo al nacer a la vida de derecho, se hace exigible de inmediato y se estima como válido para todos sus destinatarios, activos y pasivos, mientras no exista una sentencia que declare su invalidez.

Así las cosas, cualquier acto administrativo que haya cumplido con las etapas necesarias para convivir en la comunidad jurídica se debe entender como válido y vigente, eficaz y vinculante.

En la especie, el acto recurrido ha cumplido, con todos y cada uno ele los estadios para ser vinculante en la vida del Derecho, gozando en consecuencia de la correspondiente presunción de legalidad, la que podrá ser desvirtuada, en un juicio de lato conocimiento, donde deberá rendirse prueba, y cuyo conocimiento y juzgamiento se encuentra entregado a los jueces del fondo.

Así las cosas, no puede impugnarse por la vía del recurso de protección actos administrativos que se encuentran investidos de una presunción legal de veracidad y validez.

Por esta sola circunstancia, no cabe sino desechar el recurso de protección interpuesto en autos, por cuanto se pretende impugnar por la vía cautelar actos que han sido dictados en ejercicio de potestades públicas, cumpliendo con las solemnidades legales, gozando en consecuencia de presunción legal de veracidad.

(VI) INEXISTENCIA DE VULNERACION DE GARANTIA CONSTITUCIONAL INVOCADA.

En relación a las consecuencias o efectos cuya producción requiere el precepto constitucional, esto es, la privación, perturbación o amenaza en el legítimo ejercicio de las garantías constitucionales que señala, tampoco queda claro o manifiesto la afectación sufrida por el recurrente.

Por lo demás, y si bien el auto acordado de la Excma. Corte Suprema que regula la tramitación y fallo de la acción interpuesta, no repara en formalismos, facilitando su interposición, ello en ningún caso puede interpretarse como una abierta falta de fundamentación del mismo, como se desprende del caso sublite.

Comprendiendo que los diversos grados de afectación en el legítimo ejercicio de un derecho se corresponden respectivamente con la pérdida irremediable del mismo; obstaculizar, embarazar o alterar su normal desarrollo u aplicación o, finalmente, exponerse en forma inminente y seria a un mal o agravio futuro, es dable concluir que ninguna de estas acepciones resulta asimilable a lo relatado por los recurrentes.

En ninguna parte de la acción interpuesta se identifica en forma clara en qué estado de afectación se encuentra el ejercicio de las garantías constitucionales que invoca, ni mucho menos, el nivel de extensión y consecuencias agraviantes que han devenido con ocasión de lo mismo, lo cual, no sólo dificulta seriamente el análisis de la misma, sino además sus posibilidades ciertas de prosperar en sede judicial.

La acción constitucional deducida en autos, es a todas luces improcedente, puesto que como se ha explicado no ha existido ni ilegalidad ni arbitrariedad en el proceder del Ministerio de Transportes y Telecomunicaciones.

Sin duda alguna que la actuación de la Administración se ajustó plenamente a la esfera de sus competencias y, sólo se limitó a aplicar la ley y la normativa reglamentaria dispuesta al efecto.

Inexistencia de afectación al derecho de propiedad establecido en el artículo 19 número 24 de la Constitución Política de la República.

Es innegable que no se ha vulnerado de manera alguna el derecho de propiedad, toda vez que, en primer término, a todas luces lo que pretenden plegar los recurrentes son los eventuales perjuicios en el ejercicio de su actividad económica que el acto administrativo modificatorio de la licitación de las barcazas Cullamó y Andalué, emanado del Ministerio de Transportes y Telecomunicaciones, les pudiese ocasionar.

De hecho, es tal la imprecisión del recurso que ni siquiera se acompaña un ejercicio simple con cálculos u otros efectos en relación a las ventajas-desventajas, pérdida-ganancia, que han experimentado con el mayor flujo de operación de las barcazas en temporada alta. De esta forma, la solicitud en sí misma no permite determinar si estamos ante una privación, perturbación o solo una amenaza de la garantía invocada. A todas luces las pretensiones de los recurrentes están más cercanas a otras garantías, como se ha señalado anteriormente, sin la necesidad de llevar al extremo al derecho de propiedad, lo cual, tampoco en el caso resultaría aplicable, toda vez que las pretensiones de los recurrentes están más cercas de las meras expectativas que de un hecho concreto que efectivamente ha entrado en el patrimonio de los mismos y sobre el cual, por vía de la modificación licitatoria se les está privando, perturbando o amenazando.

Así cosas, y como se ha señalado con anterioridad, si es la protección del ejercicio de la actividad económica lo que por vía de este recurso se pretende proteger, apuntar a que el acto administrativo del Ministerio es el causante de la merma en el interés de los servicios, parece al menos sesgado. Se acompaña al presente informe un certificado de la Capitanía de Puerto de Corral el que señala las estadísticas de los cierres de puerto para embarcaciones menores que se han decretado por malas condiciones climáticas en el último año 2017, el cual entrega como dato objetivo: un total de 196 cortes.

Queda de manifiesto que los datos entregados por la marina aportan para poder afirmar la actividad de las barcazas no constituye la principal razón de la pretendida e indeterminada merma en el ejercicio económico de los lancheros, sino también las condiciones y el contexto mismo en que se desempeñan, lo cual, es un hecho ajeno a la Administración. Cabe precisar que en las 196 ocasiones en que la autoridad marítima determinó el cierre del puerto de Corral por razones climáticas, de no ser por el funcionamiento de las barcazas, la comunidad de Corral hubiese quedado totalmente incomunicada. Asimismo, se denota que el más alto número de cierres - algunos decretados en más de una oportunidad en un mismo día - se produce entre los meses de mayo y agosto, época especialmente sensible para adultos y niños, donde se aumenta el traslado de insumos, mercaderías, medicamentos y pacientes con enfermedades propias de la temporada más fría y dura del año.

Por tanto, y reiterando, el servicio tradicional que prestan los lancheros no solamente se ha visto restringido y disminuido por la operación de las barcazas, sino por razones propias de su ejercicio y el contexto de desarrollo de la misma.

De la lectura y análisis del informe de la marina se puede desprender que ante la ausencia o la imposibilidad de prestarse el servicio de lancheros la circulación constante y regular de las barcazas es el único medio regular de conexión entre la comunidad de Corral y la ciudad de Valdivia. Lo anterior, cobra aún más fuerza si es que se repara en la presencia de servicios, colegios y, sobretodo, un Hospital con importante presencia para la comunidad, el cual, no es posible aislar ni arriesgar su conexión bajo ningún argumento que resulte de peso al respecto.

De esta forma, y ante los datos entregados, no puede sino parecer extrema e infundada la petición de los recurrentes, que al parecer no han dimensionado ni reparado en los efectos que la suspensión de la actividad de las barcazas podría ocasionar en la comunidad a la cual aspiran poder atender con sus servicios.

(VII) DE LA CALIDAD DE ZONA AISLADA Y EL PERJUICIO A LA COMUNIDAD DE CORRAL EN EL CASO DE ACCEDERSE A LO SOLICITADOPORLOSRECURRENTES.

Se enuncia en reiteradas oportunidades a lo largo del recurso que la comunidad de la Niebla y Corral no pueden ser calificadas como zonas aisladas, pretendiendo los recurrentes cuestionar la naturaleza y calificación del subsidio mismo que favorece a estas comunidades. Es del caso reiterar, como lo indica la misma licitación de las barcazas, que uno de los dos objetivos principales que reviste el otorgamiento del subsidio para la operación del servicio es precisamente "La necesidad de los habitantes de las localidades de Niebla y Corral, en la 1egión de Los Ríos, de contar con servicios de transporte que les permitan accederla una mejor integración territorial, económica y social, con centros de mayor desarrollo económico y con una mejor oferta de servicios." La calificación de Corral como zona aislada no solo se desprende de una observación fáctica (acceso terrestre único y deficiente, presencia de servicios básicos y precarios, escasa conectividad móvil y wifi, proliferación de localidades apartadas del centro urbano, etc.), sino además ha sido así reconocido en un estudio realizado por la Subsecretaría de Desarrollo Regional y Administrativo (SUBDERE) el año 2012, estableciendo a Corral como una de las zonas más rurales y carentes de vinculación efectiva de servicios en la región, en conjunto con Panguipulli. (htpp://www.subdere.gov.cl/sites/default/files/documentos/zonasaisladas2.pdf Revisado con fecha 11 de enero de 2018.-).

Ciertamente las expresiones que contiene el recurso no se condicen con la demanda histórica de la comunidad corraleña de disponer para sus habitantes de más y mejores vías de conexión con el centro urbano más importante de la región, esto es, Valdivia. La necesidad de servicios, educación, salud y beneficios públicos es una pretensión que no ha sido más que ser respaldadas por las autoridades públicas, en estricto cumplimiento del art.1 inc.3 de la Constitución, dispuesto dentro de las bases de la institucionalidad: "El Estado está al servicio de la persona humana y su finalidad es promover el bien común, para lo cual debe contribuir a crear las condiciones sociales que permitan a todos y a cada uno de los integrantes de la comunidad nacional su mayor realización espiritual y material posible, con pleno respeto a los derechos y garantías que esta Constitución establece." El Estado es el garante del bien común o interés general, debiendo tener a la vista primero las necesidades de la comunidad - graficadas en las mismas solicitudes plasmadas en el oficio de sus autoridades locales - y la naturaleza diversa y estable de los servicios que prestan las barcazas, las cuáles, en el marco de su operación brindan mayor estabilidad, regularidad (horarios fijos y determinados), certeza (su operación solamente se suspende ante inclemencias climáticas extremas) y comodidad.

Aun haciendo un esfuerzo de interpretación cuesta entender lo que realmente los recurrentes pretenden al solicitar "la paralización del actual sistema de barcazas", sin embargo, de un ejercicio literal, la sola detención en la operación de las barcazas generaría un perjuicio en la comunidad que los lancheros en su conjunto no podrían solventar. Solo para graficar el impacto que significaría, en la comunidad la detención de la operación de las barcazas, se permite indicar que el traslado diario de personas desde y hacia Corral (principalmente profesionales que van a la comuna para prestar servicios a los vecinos), el traslado de pacientes desde y hacia el Hospital de Corral, y la reacción ante contingencias y accidentes (bomberos, Carabineros de Chile, operativo de rescate), se vería extremadamente reducida.

(VIII) HA HABIDO CUMPLIMIENTO ESTRICTO DE LAS NORMAS CONSTITUCIONALES.

Además de cumplirse cabalmente por la Administración el estatuto que regula el otorgamiento de subsidio para la operación de las barcazas en el tramo Niebla-Corral - desarrollado ampliamente en los apartados anteriores - es posible señalar que la actuación de la autoridad administrativa se ha ajustado a las normas constitucionales. En especial, se ha circunscrito en primer lugar a lo indicado en el artículo 6 de nuestra Carta Fundamental que dispone: "Los órganos del Estado deben someter su acción a la Constitución y a las normas dictadas conforme a ella.

Los preceptos de esta Constitución obligan tanto a los titulares o integrantes de dichos órganos como a toda persona, institución o grupo.

La infracción de esta norma generará las responsabilidades y sanciones que determine la ley".

Del tenor literal de lo señalado por la norma citada, y lo expuesto en el presente escrito, se desprende inequívocamente que la actuación del Ministerio de Transportes y Telecomunicaciones, ha sido ajustada a la Carta Fundamental y a las normas dictadas conforme a ella, con lo cual se cumple cabalmente el objetivo de la norma, no habiendo existido ninguna conducta o acto que haya vulnerado esta normativa.

En el mismo sentido, el artículo 7 de la misma Carta Fundamental ha dispuesto a la letra lo siguiente:

"Los órganos del Estado actúan válidamente previa investidura regular de sus integrantes, dentro de su competencia y en la forma que prescriba la ley.

Ninguna magistratura, ninguna persona ni grupo de personas pueden atribuirse, ni aun a pretexto de circunstancias extraordinarias, otra autoridad con derechos que los que expresamente se les hayan conferido en virtud de la constitución o las leyes. Todo acto en contravención a este artículo es nulo y originará las responsabilidades y sanciones que la ley señale".

(IX) CONCLUSIONES.

Ha quedado demostrado que este Ministerio ha actuado en todo caso con estricto apego a las disposiciones legales y reglamentarias vigentes y no ha existido ni puede existir afección alguna a los derechos garantizados por nuestra Carta Fundamental. Finalmente, demostró que la alegación de afectación de la recurrente de sus derechos constitucionales no tiene asidero.

Por todo lo anterior, es claro que el recurso deberá ser rechazado en todas sus partes.

De todo lo expuesto en lo que antecede, necesariamente debe concluirse:

1. Que el recurso interpuesto carece de toda sustancia y fundamento, debiendo ser desestimado, en atención a que la acción de protección carece de base, dado que no existen garantías constitucionales vulneradas.

2. No ha existido acto arbitrario o ilegal alguno que haya amenazado, privado o perturbado el legítimo ejercicio de las garantías que la Constitución Política del Estado establece, sino el ejercicio de las facultades que la Ley ha conferido esa Autoridad Administrativa.

3. Todo lo anterior, importa estimar improcedente el recurso interpuesto, el cual deberá ser rechazado en toda sus partes, con expresa condenación en costas. Lo que pide concretamente.

Con el informe acompañó los siguientes documentos:1.- Decreto Exento Nº1593 de 30 de marzo de 2015 que aprueba contrato de otorgamiento de subsidio a la prestación del servicio de transporte marítimo, tramo Niebla-Corral, ID CAM0074, en la región de Los Ríos. 2.- Carta de inicio Servicios Comercial Marítima nombre reservado Santa Cruz de 30 de marzo de 2015. 3.- Decreto Nº174 de 01 de diciembre de 2016 que aprueba addendum modificatorio al contrato otorgamiento de subsidio a la prestación del servicio de transporte marítimo tramo Niebla-Corral, ID CAM0074, en la Región de Los Ríos. 4- Oficio Ord.Nº243 de Alcalde comuna de Corral, Sr. Gastón Pérez González, de fecha 16 de marzo de 2017. 5.- Oficio Ord.Nº155 de Seremi de Transportes y Telecomunicaciones de la Región de Los Ríos, de fecha 17 de marzo de 2017. 6.- Decreto Nº47 de 09 de junio de 2017 que aprueba modificación y prórroga de contrato de otorgamiento de subsidio a la prestación del servicio de transporte marítimo tramo Niebla-Corral, ID CAM0074, en la Región de Los Ríos. 7.- Oficio Ord.Nº788 de Seremi de Transportes y Telecomunicaciones de la Región de Los Ríos, de fecha 29 de noviembre de 2017. 8.- Informe Certificado Capitanía de Puerto de Corral de fecha 15 de enero de 2018.

El día de la vista del recurso se escucharon los alegatos de los apoderados de recurrente y recurrida, manteniendo las pretensiones, argumentaciones y defensas expuestas en recurso e informe respectivamente.

Terminada la vista del recurso, la causa quedó en acuerdo.

CONSIDERANDO:

Primero: Que el recurso de protección de garantías constitucionales, previsto en el artículo 20 de la Constitución Política de la República, es una acción constitucional, cuyo propósito consiste en obtener de los Tribunales Superiores de Justicia, una tutela eficaz y eficiente para salvaguardar la integridad de los derechos fundamentales que aquélla norma contempla. Al conocer un recurso de protección, es el deber constitucional de esta Corte adoptar, en forma inmediata, las providencias necesarias para asegurar la debida protección ante una acción u omisión arbitraria o ilegal, que importe una privación, perturbación o amenaza de los derechos y garantías que el constituyente establece.

Segundo: Que, cabe recordar que el recurso de protección es una acción de naturaleza cautelar, urgente y no declarativa, de modo que no es posible a través de este procedimiento, obtener un pronunciamiento en el que se dirima la existencia de un derecho o su validez y en general, las materias cuyo fallo requiere una discusión y tramitación en un juicio de lato conocimiento. Esta acción requiere de suyo la existencia de un derecho indubitado en favor del actor y, sólo de concurrir tal derecho, corresponde determinar si se dan o no los demás requisitos para otorgar la cautela requerida, pues como lo ha sostenido la Excma. Corte Suprema “la acción de cautela de derechos constitucionales impetrada en estos autos constituye un arbitrio destinado a dar protección respecto de derechos que se encuentren indubitados y no discutidos” (Rol N° 27451-2014, de 14/01/2015). En el mismo sentido, el Tribunal Constitucional ha fallado que la naturaleza jurídica del recurso de protección es la de “una acción cautelar, para la defensa de derechos subjetivos concretos, que no es idónea para declarar derechos controvertidos, sino tan solo para restablecer el imperio del derecho y asegurar la debida protección del afectado, en presencia de una acción u omisión arbitraria o ilegal, que amerita una solución urgente (Rol 2538-14, de 09/09/2014)”.

Tercero: Que para que pueda prosperar el recurso de protección del artículo 20 de la Constitución Política de la República debe existir un acto u omisión arbitraria o ilegal y que signifique o una “privación” o una “perturbación” o una “amenaza” en el legítimo ejercicio de alguno de los derechos constitucionales asegurados y garantidos por el recurso y que esa privación, perturbación o amenaza conculque o afecte precisamente, de modo real, efectivo o inminente el legítimo ejercicio de los derechos que garantiza la Constitución, por esta vía, y el restablecimiento del imperio del derecho debe serlo en un procedimiento sumario y rápido, sin perjuicio de los demás derechos que el afectado pueda hacer valer ante la autoridad o los tribunales correspondientes.

La “arbitrariedad” indica carencia de razón en el actuar u omitir, falta de proporción entre los motivos y el fin o finalidad que alcanza, ausencia de ajuste entre los medios empleados y el objetivo a obtener, o sea, una actuación carente de fundamento (El Recurso de Protección, nombre reservado, página 189).

Lo “ilegal” se da en el ámbito de los elementos reglados de las potestades jurídicas; es decir, de lo contrario a la ley; en otras palabras, el actuar u omitir es ilegal cuando fundándose en algún poder jurídico que se posea o detenta, se excede en su ejercicio, cualquiera sea el tipo, modo o manera que el exceso adopte (op. cit. Pág. 239).

Cuarto: Que esta Corte debe analizar si los hechos descritos en el recurso, los cuales no fueron controvertidos sustancialmente por la recurrida, son constitutivos de ilegalidad y o arbitrariedad.

Los recurrentes contextualizan en dos etapas la supuesta vulneración de su garantía constitucional del derecho de propiedad a desarrollar su actividad económica de lancheros para transporte de pasajeros entre el puerto de Corral y la localidad de Niebla de esta Región, haciendo una mirada histórica.

La primera en diciembre del año 2010 en que inició actividades económicas, labores, gestiones y servicios de transporte de carga y pasajeros una nueva Barcaza denominada “Cullamó”, de propiedad fiscal, mandada a construir por el Fisco precisamente para la conexión marítimo-fluvial de Niebla-Corral señalada.

El inicio de las actividades económicas, laborales y servicios de la señalada Barcaza Cullamó lo fue bajo el amparo de haberse adjudicado un tercero –la empresa Somarco Ltda.- una Licitación denominada “Servicio Integral para el Transporte Fluvial y Lacustre de la Región de Los Ríos: Lago Pirehueico, Lago Ranco y Conexión Niebla Corral”, todo como ejecución del denominado “Programa de Concesión del Plan de Conectividad Austral” resultante de un especial acuerdo y convenio entre el Ministerio de Transportes y del Ministerio de Obras Públicas del Gobierno y Estado de Chile, de lo cual cuestionan su constitucionalidad y legalidad, tanto porque no existe la falta de conectividad de Corral con centros urbanos que la fundamento, como porque el Estado de Chile se involucra en actividades empresariales y económicas que privados como ellos desarrollan, sin la autorización .

De la ilegalidad de ese actuar, sostienen haber reclamado en las instancias políticas y administrativa oportunamente, sin ser oídos.

La segunda acción vulneratoria en opinión de los recurrentes, se produce al autorizarse el actual sistema de turnos de las barcazas en funcionamiento, CULLAMÓ y ANDALUÉ que suben su frecuencia de 10 a 12 ciclos; lo que vino en poner una lápida a las actividades de transporte que ellos realizaban. Lo anterior, se funda en resolución de la SEREMI DE TRANSPORTE Y TELECOMUNICACIONES de Los Ríos, de fecha no clarificada pero que tomaron conocimiento por el OFICIO 788 de la respectiva SEREMI, de fecha 29 de Noviembre de 2017, que se adjuntó al recurso, dirigido al ALCALDE de CORRAL, y que da fe de la nueva situación de transporte; que resulta, en su opinión a todas luces arbitraria frente a sus intereses. Estiman que o existe fundamento para el referido aumento de ciclos de transporte. No existe comunicación ni medida mitigatoria de perjuicios causados a ellos y que ha afectado esencial y vitalmente no sólo su actividad económica, sino su subsistencia personal, familiar y social, pues se alteró, subvirtió, afectó y mutó de modo inconstitucional, injusta e ilegal su histórica actividad comercial, lo que ocurrió no sólo por la intervención misma sino que además por la rebaja sustancial de precios que se impuso por debajo de cualquier costo de sobrevivencia económica y comercial, al punto que la actividad de sus representado se ha hecho en la práctica insostenible como lo demostraran.

Quinto: Que, en su informe la recurrida solicita el rechazo del recurso, por no haberse cometido ninguna ilegalidad o arbitrariedad en la decisión de aumento de las frecuencias de los viajes de las barcazas Cullamó y Andalué, en todo caso adoptada a solicitud de la comunidad corralina, planteada por intermedio de su alcalde, y que fue acogida y suscrita por el Ministro de Transportes y Telecomunicaciones, órgano público competente, con fecha 09 de junio de 2017 y tomado de razón por Contraloría General de la República el 10 de julio del mismo año, no por la recurrida, que sólo cumplió una función de enlace entre la petición de la comunidad y el Ministerio, por lo que el recurso resulta extemporáneo, y, además, no es ella la legitimada pasiva, ya que no dictó el acto administrativo.

Enseguida efectúa una sistematización de sus argumentos refiriéndose en detalle a: (I) De la Licitación Pública vigente de las Barcazas Cullamó y Andalué y su marco regulatorio; (II) Del acto recurrido; (III) De la improcedencia del recurso; (IV) Falta de determinación del acto recurrido; (V) Inexistencia de ilegalidad y arbitrariedad. (VI) Inexistencia de vulneración de la Garantía Constitucional invocada; (VII) De la calidad de Zona Aislada y el perjuicio a la comuna de Corral en caso de concederse lo solicitado por los recurrentes. (VIII) Ha habido cumplimiento de las normas constitucionales. (IX) Conclusiones.

Y en sus conclusiones señala: 1. Que el recurso interpuesto carece de toda sustancia y fundamento, debiendo ser desestimado, en atención a que la acción de protección carece de base, dado que no existen garantías constitucionales vulneradas. 2. No ha existido acto arbitrario o ilegal alguno que haya amenazado, privado o perturbado el legítimo ejercicio de las garantías que la Constitución Política del Estado establece, sino el ejercicio de las facultades que la Ley ha conferido esa Autoridad Administrativa. 3. Todo lo anterior, importa estimar improcedente el recurso interpuesto, el cual deberá ser rechazado en toda sus partes, con expresa condenación en costas. Lo que pide concretamente.

Sexto: Que son hechos no discutidos por las partes de este recurso respecto a la Licitación Pública vigente de las barcazas Cullamó y Andalué y su marco regulatorio, y refrendados, además, con la documentación acompañada por ambas, no impugnada, que es apreciada conforme a la sana crítica, los siguientes:

A) Que para efectuar dicha licitación se tuvo como fundamento normativo el Artículo 5º de la Ley N°20.378/2009 que crea un subsidio nacional para el Transporte Público remunerado de pasajeros, norma que establece: "En las mismas zonas contempladas en los artículos 3º, literal b), y 4º,podrán destinarse recursos de subsidio, sobre la base de criterios de impacto y/ o rentabilidad social, a un Programa de Apoyo al Transporte Regional que contemplará un subsidio al transporte público remunerado en zonas aisladas; un subsidio al transporte escolar; un subsidio orientado a la promoción y fortalecimiento del transporte público en las zonas rurales del país; subsidios que promuevan el transporte público n las Regiones de Arica y Parinacota, Tarapacá, Aysén, Magallanes y la Antártica Chilena, y las Provincias de Palena y Chiloé, cuando el uso del transporte público mayor sea significativamente menor al resto del país; y otros programas que favorezcan el transporte público, la seguridad o la educación vial, los que podrán considerar la entrega de orientación psicológica o jurídica a las víctimas de accidentes de tránsito”.

“El programa de Apoyo al Transporte Regional será administrado por el Ministerio de Transportes y Telecomunicaciones y las normas necesarias para la distribución de recursos entre proyectos, su implementación y operación estarán contenidas en un reglamento especial dictado para esos efectos por el Ministerio de Transportes y Telecomunicaciones y suscrito, además, por el Ministro de Hacienda. Para efectos de la entrega del subsidio, el Ministerio de Transportes y Telecomunicaciones podrá celebrar convenios con otros Ministerios, servicios públicos o entidades privadas o públicas, con o sin fines de lucro, conforme a la normativa vigente”.

“En el Programa de Apoyo al Transporte Regional quedan excluidas todas las actividades de publicidad o difusión por medios de comunicación masivos, en los términos previstos en el artículo 3º de la ley Nº 19.896." B) Que la disposición anterior, que establece el punto de origen de la existencia de subsidios financiados y administrados por el Ministerio de Transportes y Telecomunicaciones en nuestro país, encuentra un correlato en otros cuerpos normativos y actos administrativos que conforman el estatuto regular de las licitaciones públicas en materia de subsidios. Y en lo que respecta a la modalidad marítima, estas licitaciones se rigen, entre otras por el Decreto Ley Nº2222/78 o Ley de Navegación del Ministerio de la Defensa Nacional; el Decreto Ley Nº3.059/79 del Ministerio de Transportes y Telecomunicaciones o Ley de Fomento a la Marina Mercante; el Decreto Nº4/2010 en conjunto del Ministerio de Transportes y Telecomunicaciones y Hacienda, que autoriza al primero a administrar los fondos provenientes de la citada Ley Nº20.378 que crea los subsidios, entre otros.

C) En lo referente a la Licitación Pública para la realización y operación de servicio de transporte marítimo en el tramo Niebla-Corral ID CAM0074, se autorizó su llamado mediante Decreto Nº223/2014 del Ministerio de Transportes y Telecomunicaciones, procedimiento de licitación que se llevó a cabo conforme al marco regulatorio establecido en la Ley Nº 20.378, y en el Decreto Supremo 04 de 2010, suscrito en conjunto por el Ministerio de Transportes y Telecomunicaciones y el Ministerio de Hacienda.

D) Que la adjudicación de dicho procedimiento licitatorio se materializó en el Decreto Nº98/2015 del Ministerio de Transportes y Telecomunicaciones y correspondió a la empresa Comercial Marítima Jorge nombre reservado Larraín Santa Cruz E.I.R.L., RUT RUT reservadoPor su parte, la aprobación del contrato de otorgamiento de subsidio para la prestación del servicio ID CAM0074, se realizó mediante Decreto 6xento Nº1593 del 30 de marzo del 2015, reparándose expresamente en el considerando tercero de su contenido, que el otorgamiento de dicho subsidio obedecía a: "La necesidad de los habitantes de las localidades de Niebla y Corral, en la Región de Los Ríos, de contar con servicios de transporte que les permitan acceder a una mejor integración territorial, económica y social, con centros de mayor desarrollo económico y con una mejor oferta de servicios." Se refuerza y reitera en la cláusula primera, relativa al objeto del contrato, el fundamento de la existencia de este subsidio: "a- Otorgar un subsidio para la prestación de un servicio de transporte marítimo, regular y permanente de pasajeros y/o carga en el tramo: Niebla-Carboneros-Corral, con el objeto de satisfacer principalmente las necesidades de abastecimiento de los habitantes de dichas localidades. b. Contribuir a la integración productiva y territorial de los habitantes, permitiendo o facilitando su desplazamiento hacia localidades con mayor desarrollo económico, servicios administrativos de salud, educación, etc." E) Que siguiendo con el curso regular de la licitación referida, se suscribió el contrato de otorgamiento de subsidio con fecha 26 de marzo de 2015, aprobado por el Decreto Nº1593, y el 30 de marzo del mismo año fue debidamente notificado el operador adjudicado, comunicándosele en el acto que la barcaza debía estar en pleno funcionamiento a partir del día siguiente, esto es, 31 de marzo del mismo año.

F) Que con posterioridad, y para posibilitar la incorporación y operación de la barcaza Andalué, en el año 2016 se procedió a la modificación del contrato, según lo previsto y dispuesto en su cláusula séptima, que indica: "En caso que el Ministerio de Obras Públicas u otro organismo público, incorpore otra embarcación propiedad al servicio a que se refiere este contrato, el monto del subsidio establecido en este contrato podrá aumentarse hasta el doble. Cabe señalar que el referido monto será determinado por el Ministerio en relación a las condiciones de operación de dicha embarcación." G) Que el Addendum Modificatorio al contrato de otorgamiento de subsidio a la prestación del servicio de transporte marítimo realizado en el tramo Niebla-Corral fue aprobado por Decreto Nº174 del 01 de diciembre de 2016 del Ministerio de Transportes y Telecomunicaciones.

H) Que con el contrato de otorgamiento de subsidio de 2015 y el addendum modificatorio del mismo de 2016, se establecía en forma regular la operación de las barcazas Cullamó y Andalué para el tramo Niebla-Corral, estableciéndose en la cláusula tercera del mismo las modificaciones a las frecuencias mínimas que se realizarían por cada barcaza.

I) Que cercano al inicio de la operación de la barcaza Andalué, los vecinos de la comuna de Corral, representados por su alcalde, Sr. Gastón Pérez González, hacen llegar a la Secretaria Regional Ministerial de Transportes Región de Los Ríos, Srta. nombre reservado, el Oficio Ord.Nº243de 16 de marzo de 2017, mediante el cual, expone expresamente la necesidad de su comunidad de aumentar las frecuencias de las barcazas en la época estival y durante el resto del año, en los siguientes términos: "agradezco su buena disposición que ha tenido de enviar a su equipo de trabajo para exponer en el concejo todo lo referente a las Barcazas Cullamó y Andalué que hoy tenemos presentes en nuestra comuna, de acuerdo a lo solicitado en esa oportunidad reitero petición por escrito, que serían lo siguiente: - Aumento de Temporada de Verano del 15 de diciembre al 15 de marzo para las dos barcazas, por aumento de demanda. - Aumentar la frecuencia de las dos barcazas en temporada de verano, por aumento de demanda. - Aumentar frecuencia de Barcaza Andalué en temporada normal." J) Que recepcionada esta comunicación del alcalde de Corral y teniendo a la vista los antecedentes técnicos y disposiciones contenidas en el contrato de licitación, principalmente en relación a la cláusula séptima considerando sexto del mismo, que indica: "El Ministerio podrá requerir, fundadamente, modificaciones de las condiciones de prestación del servicio de transporte marítimo subsidiado. Tales modificaciones se aprobarán por acto administrativo totalmente tramitado, y si así corresponde, el prestador deberá complementar o entregar una nueva garantía de fiel cumplimiento del contrato. Las modificaciones no podrán alterar el monto total del contrato en más de un 10% del total de éste", se procedió a remitir oficio Ord.Nº155 del 17 de marzo de 2017, dirigido a don nombre reservado, Jefe de División de Transporte Público Regional, representando la solicitud de la comunidad Corraleña, requiriendo, en lo principal, lo siguiente: "Se transmite las modificaciones y extensión del contrato CAM0074, generadas por la solicitud de la comunidad de Corral (. . .) principal beneficiada con este subsidio: 1. - El contrato del CAM0074 establece una frecuencia mayor de viajes para la temporada alta de enero y febrero, sin embargo efectuando un análisis de demanda tanto de carga como de pasajeros, se requiere un aumento de los viajes de ambas barcazas, pasando de las 9 frecuencias actuales a 12, con lo cual, se garantiza el traslado de las personas y vehículos en temporada de alta demanda. (... ) 3.- De acuerdo a lo anterior, se solicita modificar el contrato del servicio CAM0074, en el sentido de trasladar el inicio de temporada actual al 16 de diciembre y extenderla hasta el 15 de marzo, con el objetivo de satisfacer la alta demanda del servicio, especialmente dado por el alto uso por parte de turistas. Cabe destacar que la extensión de temporada, significa un aumento de viajes, por lo tanto se requiere un aumento del monto del subsidio.4.- Adicionalmente, dado el incremento de pasajeros y vehículos a lo largo de la temporada baja y por solicitud de la Municipalidad de Corral, solicitamos aumentar en una frecuencia diaria las vueltas que actualmente tiene contratada la Barcaza Andalué, pasando de cuatro a cinco frecuencias diarias durante el periodo comprendido entre el 16 de marzo y el 15 de diciembre." K) Que tras la modificación propuesta por la recurrida, se dio inicio en la Subsecretaría de Transportes, dependiente del Ministerio de Transportes y Telecomunicaciones a la ponderación de los antecedentes a la vista y la tramitación del acto administrativo que aprueba las mismas. Finalmente, mediante Decreto Nº47 de 09 de junio de 2017 del Ministerio de Transportes y Telecomunicaciones, se aprobaron las modificaciones previstas, tomándose razón del mismo por Contraloría General de la República el 10 de julio del mismo año.

Séptimo: Que, como sostienen ambas partes del recurso constituyen bases, principios y normas esenciales o fundamentales de nuestra institucionalidad las siguientes:

- Que el Estado debe respetar los derechos y garantías que la misma Constitución establece, y asegurar el derecho de las personas a participar con igualdad de oportunidades en la vida nacional;

- Que los órganos estatales deben someter su acción a la Constitución y a las normas dictadas conforme a ella, las que son obligatorias tanto para los titulares o integrantes de dichos órganos como para toda persona, institución o grupo;

- Que los órganos del Estado deben actuar en la forma que prescriba la Ley, y que no pueden atribuirse otra autoridad o derechos que los que expresamente se les hayan conferido en virtud de la Constitución o las leyes;

- Que constituye derecho esencial la igualdad ante la ley, que no hay persona ni grupos privilegiados, que ni la ley ni autoridad alguna podrán estableces diferencias arbitrarias, que no habrá igual repartición de los cargos públicos, así como el derecho a desarrollar cualquiera actividad económica que no sea contraria a la moral, al orden público o a la seguridad nacional, respetando las normas legales que la regulen;

- Que el Estado y sus organismos podrán desarrollar actividades empresariales o participar en ellas sólo si una ley de quorum calificada los autoriza, y en tal caso esas actividades estarán sometidas a la legislación común aplicable a los particulares, sin perjuicio de las excepciones que por motivos justificados establezca la ley, la que deberá ser, asimismo, de quorum calificado; y, por motivos justificados que establezca la ley, la que deberá ser, asimismo, de quorum calificado; y, - Que no habrá discriminación arbitraria en el trato que deben dar el Estado y sus organismos en materia económica, y que sólo en virtud de una ley, y siempre que no signifique tal discriminación, se podrán autorizar determinador beneficios directos o indirectos a favor de algún sector, actividad o zona geográfica, o estableces gravámenes especiales que afecten a uno u otras.

Octavo: Que lo anterior se infiere de la interpretación sistemática y armónica de las siguientes normas constitucionales: “Artículo 1°.- Las personas nacen libres e iguales en dignidad y derechos”.

“La familia es el núcleo fundamental de la sociedad. El Estado reconoce y ampara a los grupos intermedios a través de los cuales se organiza y estructura la sociedad y les garantiza la adecuada autonomía para cumplir sus propios fines específicos.”

“El Estado está al servicio de la persona humana y su finalidad es promover el bien común, para lo cual debe contribuir a crear las condiciones sociales que permitan a todos y a cada uno de los integrantes de la comunidad nacional su mayor realización espiritual y material posible, con pleno respeto a los derechos y garantías que esta Constitución establece”.

“Es deber del Estado resguardar la seguridad nacional, dar protección a la población y a la familia, propender al fortalecimiento de ésta, promover la integración armónica de todos los sectores de la Nación y asegurar el derecho de las personas a participar con igualdad de oportunidades en la vida nacional”.

Artículo 6.- "Los órganos del Estado deben someter su acción a la Constitución y a las normas dictadas conforme a ella.

Los preceptos de esta Constitución obligan tanto a los titulares o integrantes de dichos órganos como a toda persona, institución o grupo.

La infracción de esta norma generará las responsabilidades y sanciones que determine la ley".

Artículo 7.- "Los órganos del Estado actúan válidamente previa investidura regular de sus integrantes, dentro de su competencia y en la forma que prescriba la ley.

Ninguna magistratura, ninguna persona ni grupo de personas pueden atribuirse, ni aun a pretexto de circunstancias extraordinarias, otra autoridad con derechos que los que expresamente se les hayan conferido en virtud de la constitución o las leyes. Todo acto en contravención a este artículo es nulo y originará las responsabilidades y sanciones que la ley señale". “Artículo 19°.- La Constitución asegura a todas las personas: (“...”) N 21º.- El derecho a desarrollar cualquiera actividad económica que no sea contraria a la moral, al orden público o a la seguridad nacional, respetando las normas legales que la regulen”.

“El Estado y sus organismos podrán desarrollar actividades empresariales o participar en ellas sólo si una ley de quórum calificado los autoriza. En tal caso, esas actividades estarán sometidas a la legislación común aplicable a los particulares, sin perjuicio de las excepciones que por motivos justificados establezca la ley, la que deberá ser, asimismo, de quórum calificado”

“N 22º.- La no discriminación arbitraria en el trato que deben dar el Estado y sus organismos en materia económica. Sólo en virtud de una ley, y siempre que no signifique tal discriminación, se podrán autorizar determinados beneficios directos o indirectos en favor de algún sector, actividad o zona geográfica, o establecer gravámenes especiales que afecten a uno u otras. En el caso de las franquicias o beneficios indirectos, la estimación del costo de éstos deberá incluirse anualmente en la Ley de Presupuestos”;

Noveno: Que se soslayará la petición de extemporaneidad del recurso planteada por la recurrida, por cuanto el acto recurrido es el aumento de la frecuencia de viajes de las barcazas Cullamó y Andalué, si bien adoptada por acto administrativo por el Ministerio de Transportes y Telecomunicaciones, en junio de 2017, fue notificada a la comunidad Corralina por el Oficio 788 emanado de aquella, de fecha 29 de Noviembre de 2017, y este acto sigue produciendo sus efectos.

La falta de legitimidad pasiva, se rechazará, por cuanto reconoce la recurrida, haber sido la mediadora entre los habitantes de la comuna de Corral y el respectivo ministerio para materializar el aumento de las frecuencias de viajes de las barcazas.

Décimo: Que como se puede inferir de lo que se lleva dicho, lo que se busca por los recurrentes es que se deje sin efecto el acto administrativo - Decreto Nº47 de 09 de junio de 2017 del Ministerio de Transportes y Telecomunicaciones - , por considerar que su origen está afectado por un vicio de nulidad de derecho público, acto administrativo que, sin embargo, goza de presunción de legalidad, no puede, en opinión de esta Corte, ser revisado por esta vía de urgencia, ya que tiene su verdadera génesis en el año 2010, como reconocen aquellos en el texto del recurso, compartiendo la opinión de la doctrina citada por la recurrida en cuanto sostiene que: " la transformación del Recurso de Protección en un medio de impugnación ordinario de la actuación administrativa, con prescindencia de la existencia o no de un derecho fundamental comprometido, ampliado la interpretación del mismo a materias o áreas no previstas por el constituyente, lo ha convertido en un mecanismo de control de la legalidad o juridicidad de la actuación administrativa, afectando con ello la urgencia, excepcionalidad y esencialidad de su tutela (“…”) y afectando con ello los procedimientos ordinarios y especiales de control existentes en el ordenamiento jurídico" (Ferrada, nombre reservado; Bordalí, nombre reservado; Cazor, Kamel: "El recurso de protección como mecanismo de control jurisdiccional ordinario de los actos administrativos: una respuesta inapropiada a un problema jurídico complejo", en Revista de Derecho, Universidad Austral, Vol. XIV, Julio, 2003, p. 68).

Se estima, entonces, que la acción constitucional de protección deducida no resulta procedente para conocer materias como la nulidad o ineficacia de un acto administrativo de larga data y la eventual afectación que pudo causar en la actividad económica de los recurrentes, cuestiones que, indiscutiblemente, deben ser conocidas, probadas y resueltas en un procedimiento de lato conocimiento.

En el mismo sentido, la jurisprudencia ha dicho que el recurso de protección no tiene por objeto declarar derechos permanentes a favor de las partes, pues está concebido para dar respuesta pronta a situaciones de hecho que, constituyendo actos u omisiones arbitrarias o ilegales, amagan o vulneran el ejercicio de algunas de las garantías individuales que señala el artículo 20 de la Constitución. (Corte de Apelaciones de Santiago, 19 diciembre 1990, R.G.J. Nº 126, p.51; Corte Suprema, 24 enero 1991. R. G. J. Nº 127, p. 20. R., t 88, sec. 5º, p. 41).

Undécimo: Que, estima esta Corte, no es adecuado ni prudente, entrar a revisar por esta vía la legalidad de las decisiones adoptadas en los años 2010 y siguientes, por las autoridades político-administrativas, con el propósito de satisfacer “la necesidad de los habitantes de las localidades de Niebla y Corral, en la Región de Los Ríos, de contar con servicios de transporte que les permitan acceder a una mejor integración territorial, económica y social, con centros de mayor desarrollo económico y con una mejor oferta de servicios" y la supuesta prohibición constitucional del Estado de desarrollar una actividad económica empresarial, y si la Licitación conferida se encuentra en esa situación, más aun si por norma constitucional El Estado es el principal responsable de “promover el bien común, para lo cual debe contribuir a crear las condiciones sociales que permitan a todos y a cada uno de los integrantes de la comunidad nacional su mayor realización espiritual y material posible, con pleno respeto a los derechos y garantías que esta Constitución establece” (Artículo 1 inciso tercero de la Constitución Política de la Republica).

Por estas consideraciones, y visto además, lo establecido en los artículos 19 N° 2 y 20 de la Constitución Política de la República y Auto Acordado de la Excma. Corte Suprema sobre Tramitación del Recurso de Protección de Garantías Constitucionales, se declara que:

Se RECHAZA, sin costas, el recurso de protección deducido por don nombre reservado, Rut: RUT reservado y nombre reservado, Rut: RUT reservado, ambos abogados, con oficio en domicilio reservado, en representación convencional según se acredita de nombre reservado. RUT: RUT reservado; nombre reservado, Rut: RUT reservado; nombre reservado, Rut: RUT reservado; nombre reservado, Rut: RUT reservado; nombre reservado, Rut: RUT reservado; nombre reservado, Rut: RUT reservado; nombre reservado, Rut: RUT reservado; nombre reservado, Rut: RUT reservado; nombre reservado, Rut: RUT reservado; nombre reservado, Rut: RUT reservado; Sociedad Comercial Brisas Del Mar Limitada, Rut:RUT reservado, representada por nombre reservado, Rut: RUT reservado y don nombre reservado, Rut: RUT reservado, y dicen que en ejercicio del derecho que les confiere el Artículo 20 de la Constitución Política de la República, y dentro de plazo, interponen Recurso de Protección en contra de la SECRETARIA REGIONAL MINISTERIAL DE TRANSPORTES Y TELECOMUNICACIONES, REGIÓN DE LOS RÍOS; nombre reservado

Regístrese, comuníquese y archívese en su oportunidad.

Redacción a cargo del Ministro Titular señor Carlos Gutiérrez Zavala.

N°Proteccion-Ant-1629-2017.