nombre reservado con SERVICIO DE VIVIENDA URBANIZACION

Valdivia, veinte de julio de dos mil veinte.

VISTOS:

En Rol de esta Corte N°1627-2020, doña Carolina Azúa García, abogada, domiciliada en domicilio reservado, en representación de doña nombre reservado, arquitecta, de su mismo domicilio, interpone recurso de protección en contra de la Secretaría Regional Ministerial de Vivienda y Urbanismo de la Región de Los Ríos, persona jurídica de Derecho Público, representada por su Director, don nombre reservado, o quien ejerza dicha función al momento de la notificación, ambos domiciliados en domicilio reservado, por estimar que se ha incurrido en grave conculcación del artículo 19 número 1 de la Carta Fundamental, esto es, del derecho a la vida y a la integridad física y psíquica de su mandante, así como al artículo 19 número 2, consistente en su derecho a la igualdad y no discriminación, a los que añade el número 3, es decir, debido proceso, y número 24, relativo al derecho a la propiedad, estos últimos también del mismo precepto.

Funda su recurso, en resumen, en que por medio de Resolución Exenta N°31, de 23 de enero de 2018, la aludida Secretaría Regional ordenó instruir sumario administrativo, con el objeto de investigar los hechos expuestos en memorando N°56, de 20 de octubre de 2017, emitido por don nombre reservado, quien se desempeñaba en aquel entonces como Jefe del Departamento de Desarrollo Urbano de la misma repartición. Añade que en julio de 2018 se notificó a su representada la resolución de formulación de cargos dirigidos en su contra, instruidos por el fiscal designado al efecto, los que se centraron en dos hechos imputados a la recurrente, a saber: 1) Haber realizado una presentación en Contraloría, manifestando su disconformidad con el proceso y resultados de un concurso convocado para llenar un puesto en el referido Departamento de Desarrollo Urbano, lo cual se estimó vulnerador de los artículos 61 letras G y H del DFL 29/2004, sobre inobservancia del principio de probidad administrativa, en concordancia con los artículos 14, 15 y 54, todos de la Ley N°18.575. 2) Haber señalado en su presentación una serie de antecedentes de carácter a lo menos “reservados”, obtenidos de un sistema interno de información, sin comprobar este hecho, respecto de los términos de un sumario administrativo incoado en contra del señor nombre reservado, que estableció su destitución del MINVU, antecedentes que fueron expuestos en forma general, al haber sido ingresados a través de la oficina de partes de la SEREMINVU Los Ríos, en el momento que Contraloría requirió un informe de dicha oficina para mejor resolver. Este cargo, ponderado como más grave aún por el fiscal, se calificó como vulneración a la obligación establecida en los artículos 61 letras G y H y artículo 84 letra G del DFL 29/2004, sobre inobservancia del principio de probidad Administrativa, en concordancia con los mismos artículos 14, 15 y 54, todos de la Ley 18.575.

Añade que su parte evacuó los descargos correspondientes, el día 31 de julio de 2018, solicitando la absolución de su mandante y el sobreseimiento del sumario, fundando su petición en que se le acusaba de un hecho poco claro y que, peor aún, no logró acreditarse en el respectivo sumario.

Resalta que el nódulo de las imputaciones efectuadas a la recurrente fueron, por un lado, el supuesto desconocimiento de las normas sobre contratación del sistema público, mientras, por otro, haber utilizado información o documentación reservada; ambas cuales niega, al haberse ceñido al concurso dispuesto al efecto mediante la postulación respectiva y haber estado disponibles los documentos atingentes a la información pública comunicada en una plataforma virtual, amén de expresar que aquélla hecha llegar a Contraloría era relevante para la resolución del reclamo deducido, encontrándose amparada en su derecho constitucional a la defensa, consagrado en el N° 3 del artículo 19 de la Constitución Política del Estado, más artículos 8 y 9 de la Convención Americana de Derechos Humanos y 2.3 del Pacto internacional de Derechos Civiles y Políticos, lo que en caso alguno podían significar la afectación de los derechos del recurrido.

Aduce que, a pesar que lo pretendido era reclamar ante Contraloría respecto de un proceso de selección que estimó irregular y no obstante los descargos presentados, mediante Resolución Exenta N°37, de 7 de febrero de 2020, se aprobó el sumario instruido y se aplicó a su representada la medida administrativa consistente en multa de un 5% de su remuneración mensual, conforme lo establece el artículo 121 letra b) y articulo 123 letra a) del Estatuto Administrativo, además de ordenarse dejar constancia de anotación de demérito en dos puntos en el factor de calificación correspondiente, en atención al artículo 123 letra a) de la norma citada.

Atendido lo descrito, indica haber presentado escrito de reposición apelando en subsidio, el cual ingresó a la oficina de partes el 14 de febrero de 2020, en el que acentuó las argumentaciones vertidas y alegó, además, la ausencia de tipicidad de la conducta conforme a los cargos que habían sido formulados. Sin embargo, manifiesta que la reposición y apelación fueron rechazadas, constatándose que la primera lo fue el 19 de febrero de igual periodo, mientras la última el día 20 de marzo de 2020, mediante Resolución Exenta N°532, que fuera notificada mediante carta certificada a su representada el 15 mayo de 2020.

Agrega, luego, las citas legales, constitucionales y de instrumentos internacionales ratificados por Chile en que se apoya, que le permiten calificar de arbitraria e ilegal la imposición de la sanción que afectara a su clienta, efectuando, acto seguido, un encuadre en las infracciones que denuncia, en particular: al derecho a la integridad física y síquica de la recurrente, en virtud de haber padecido un sumario administrativo y sanción producto de una conducta no constitutiva de falta a la probidad alguna; a la igualdad ante la ley, por haber resultado discriminatoria la conducta del Servicio al juzgarle y sancionarle por un hecho no constitutivo de infracción, afectando su remuneración y calificación como funcionaria pública; al derecho al debido proceso legal, que incluye la posibilidad de ser sancionado sólo en la medida que la conducta juzgada sea típica y se halle descrita con anterioridad, lo que no estaría presente en el caso; al derecho a la protección de su honra y la de su familia (que añade sólo al final de su presentación), en atención a las consecuencias asociadas a haber sido pasible de la sustanciación de un sumario administrativo y de una sanción por un hecho atípico; a la libertad de trabajo y su protección (que, en idéntica forma, únicamente agrega al término de su escrito), por ver afectadas sus expectativas laborales en el futuro, producto de las consecuencias acarreadas por el sumario administrativo que le afectó y, finalmente, por vulnerarse su derecho de propiedad recaído en el porcentaje de sueldo que le pertenece y que le fuera privado a causa de la sanción pecuniaria aplicada.

Culmina impetrando que se acoja el recurso de protección interpuesto, se deje sin efecto cualquier sanción a su representada, por no haber cometido ninguna acción contraria a derecho y, por último, se condene en costas a la recurrida.

Informando el recurso, don nombre reservado, Secretario Regional Ministerial de Vivienda y Urbanismo, en apretada síntesis, luego de exponer latamente y en detalle los hechos de modo prácticamente análogo a la secuencia y contenido descritos en el libelo de la contraria, postuló el rechazo de la acción atendida su extemporaneidad, ya que constaba haber sido ingresada el 9 de junio de 2020, en circunstancias que el rechazo de la apelación que se atacaba debía entendérsele notificada el 8 de abril pasado, al haberse enviado la carta certificada correspondiente el 3 de abril, por aplicación de la presunción del inciso final del artículo 125 del Estatuto Administrativo, a pesar que constaba haber sido recibida exitosamente por la Sra. nombre reservado, el 7 de abril del año en curso. Finalmente, la Resolución Exenta a Registro N°88, le fue notificada el 8 de abril, debiendo practicarse también por carta certificada, que se entendió recibida el 14 de abril siguiente, de conformidad al precepto ya citado, pese a constar su recepción exitosa el día 9 del mismo mes.

Agrega que, en cualquier caso, si se estimaba injusto, ilegal y arbitrario el sumario administrativo, debió recurrirse apenas éste fue instruido, toda vez que lo que se ha alegado es que los hechos objeto del mismo no habían ocurrido o no encuadraban en alguna de las figuras de falta al principio de probidad administrativa. Ahonda, precisando que la tipicidad, que se esgrimía ausente en las conductas sometidas a sumario, no regía en materia administrativa, puesto que en este ámbito sólo se establecían tipologías de comportamientos a sancionar, mas no descripciones precisas, lo que explicaba que, en particular, la falta a la probidad fuera definida como una que afectaba el resguardo del interés público o en la que se daba preminencia al interés privado, exigiendo una conducta intachable.

Sostiene que por esta vía se estaba reclamando por haber instruido sumario administrativo en contra de la recurrente, que culminó con una sanción aplicada conforme al artículo 118 del Estatuto Administrativo (Ley N°18.834). No obstante, éste había sido instruido por la autoridad que correspondía, al haberse designado a un fiscal y su respectivo actuario, en calidad de ministro de fe, todos funcionarios competentes, no implicados ni recusados. Puntualiza también que no se reclama de alguna actuación concreta de éstos, que haya vulnerado algún derecho constitucional, sino que se hizo en forma genérica y por infracción al debido proceso, sin considerar que éste se encuentra resguardado por la vía del recurso de protección sólo en lo concerniente a la imposibilidad de juzgamiento por comisiones especiales, acorde a lo previsto en el artículo 20 de la Constitución Política de la República. Afirma que, por lo demás, el sumario se llevó conforme a las reglas previstas para su tramitación.

Destaca que en sus distintas instancias los hechos fueron ponderados por el fiscal designado, al formular los cargos, así como por el SEREMI de la cartera al dictar la resolución y hacerse cargo de su reposición, y por el Subsecretario, al conocer de la apelación.

Por otra parte, la recurrente declaró en la investigación, formuló descargos, repuso y apeló en subsidio durante el curso del sumario administrativo, por lo que resultaba desproporcionado afirmar que no había existido debido proceso. Asimismo, la sanción pecuniaria aplicada había sido proporcional a la vulneración constatada, considerando que las faltas a la probidad podían, inclusive, llevar a la destitución de un funcionario público.

En virtud de lo informado, finaliza requiriendo se proceda al rechazo del recurso intentado, con expresa condena en costas.

A la audiencia virtual fijada con el objeto de proceder a la vista de la causa, compareció tanto la abogada que apoderó el recurso, ya singularizada, como el abogado, don Claudio Faúndez Becerra, quienes expusieron su postura en los respectivos alegatos.

Se ordenó traer los autos en relación.

CONSIDERANDO:

PRIMERO: Que, en un ámbito estrictamente conceptual, resulta indispensable no perder de vista que el recurso de protección de garantías constitucionales, establecido en el artículo 20 de la Constitución Política de la República, se erige jurídicamente como una acción de naturaleza cautelar, destinada a amparar el legítimo ejercicio de las garantías y derechos que en esa misma disposición se enumeran, mediante la adopción de medidas de resguardo que se deben franquear ante una acción u omisión arbitraria o ilegal, que impida, amenace o perturbe ese ejercicio.

SEGUNDO: Que, avanzando al mismo tiempo en torno a una cuestión fundamental previa a entrar al conocimiento del asunto, es menester explicitar que ésta es una acción de naturaleza cautelar, urgente y no declarativa, de modo que no es posible a través de este procedimiento aspirar a la obtención de un pronunciamiento en el que se dirima la existencia del derecho invocado, su validez y, en general, las materias cuyo fallo requiere de una discusión y tramitación en un juicio declarativo de lato conocimiento.

En efecto, la procedencia de la acción de protección de garantías constitucionales requiere de suyo la existencia de un derecho indubitado en favor del actor y, sólo de concurrir tal derecho, corresponde determinar si se dan o no los demás requisitos para otorgar la cautela requerida. En dicha orientación, la Excma. Corte Suprema ha resuelto que: “la acción de cautela de derechos constitucionales impetrada en estos autos constituye un arbitrio destinado a dar protección respecto de derechos que se encuentren indubitados y no discutidos” (Rol N° 27.451-2014, de 14/01/2015). En refuerzo, se advierte que el Tribunal Constitucional ha fallado que la naturaleza jurídica del recurso de protección es la de “una acción cautelar, para la defensa de derechos subjetivos concretos, que no es idónea para declarar derechos controvertidos, sino tan solo para restablecer el imperio del derecho y asegurar la debida protección del afectado, en presencia de una acción u omisión arbitraria o ilegal, que amerita una solución urgente.” (Rol N°2538-2014, de 09/09/2014).

TERCERO: Que, congruente con ello, para que pueda prosperar el recurso de protección del artículo 20 de la Constitución Política de la República, debe existir un acto u omisión arbitraria o ilegal, que signifique o una “privación” o una “perturbación” o una “amenaza” en el legítimo ejercicio de alguno de los derechos constitucionales asegurados y garantidos por el recurso. Asimismo, esa privación, perturbación o amenaza ha de conculcar o afectar precisamente, sea de modo real, efectivo o inminente el legítimo ejercicio de los derechos que garantiza la Constitución y, finalmente, el restablecimiento del imperio del derecho debe serlo en un procedimiento sumario y rápido, sin perjuicio de los demás derechos que el afectado pueda hacer valer ante la autoridad o los tribunales correspondientes.

CUARTO: Que, en un orden lógico, debe ocuparse primeramente esta Corte de dirimir una de las alegaciones de carácter adjetivo vertidas por las partes a propósito del arbitrio deducido, en particular, la vinculada a la afirmación efectuada por el recurrido respecto a la extemporaneidad de la acción, basado en la circunstancia de haber constado la efectiva notificación de la negativa de la apelación formulada por la recurrente, así como de la Resolución Exenta a Registro N°88, con la cual se daba término al proceso disciplinario, inclusive en la más tardía de las fechas citadas, el 14 de abril de 2020, partiendo de su cotejo con la data de interposición del recurso, que lo era el 9 de junio de 2020.

En este punto, de contrario, en base al sobre aparejado en otrosí del escrito contenedor del recurso deducido, tanto en el cuerpo de la presentación respectiva como en el alegato desarrollado, la respectiva asesora letrada de la recurrente se atuvo a indicar el 15 de mayo de 2020, como fecha de notificación por carta certificada de la resolución recurrida.

A fin de dilucidar el aspecto controvertido, redundante en la determinación de la oportunidad o extemporaneidad del recurso, ha de tenerse por sustrato que en folio 1 de la carpeta digital se ha agregado por la recurrente una imagen escaneada de un sobre de color rojo, coincidente con los de material plástico ordinariamente empleados por la empresa de Correos de Chile, en el cual aparece sobrepuesto un comprobante impreso de color blanco, también semejante a los usualmente incluidos para identificación de los datos de remisión, el que, según los dichos de la propia pretensora que lo acompañó, era contenedor de la notificación por carta certificada de la Resolución Exenta a Registro N°88 (correspondiente, según se dijo, a aquélla con la cual se comunicaba el término del proceso disciplinario en aras de la ejecución de la sanción), donde son destacables como referencias relevantes: la mención del emisor, que lo es la Secretaría Regional Ministerial de Vivienda y Urbanismo, más su fecha, correspondiente al 8 de abril de 2020, a las 11:13 horas, así como la consignación de un código útil para efectos de su seguimiento en la plataforma digital, que lo es el Nº 999076152962.

En virtud de lo objetivamente constatado, no se advierte a partir de qué elemento ha podido la recurrente válidamente sostener que la notificación a su representada se habría verificado recién a mediados de mayo del presente año, en circunstancias que aparece fechado el sobre por ella misma acompañado el 8 de abril de 2020, lo que supone entenderla notificada por el mecanismo de carta certificada, a más tardar, el 14 de abril de esta misma anualidad, conforme a lo previsto en el inciso final del artículo 125 de la Ley N°18.834, pese a lo cual, inclusive, acorde a la verificación de seguimiento informático del derrotero del documento, se ha dado cuenta de haber sido recibido exitosamente antes en el domicilio de la notificada, el 9 de abril del presente y por parte de don nombre reservado.

De este modo, confirmado que ha quedado, que el ingreso de la acción que motiva esta causa al Portal de la Oficina Judicial Virtual y sistema de tramitación de esta Corte se ha verificado recién el 9 de junio de 2020, con lo que han transcurrido a esa época con creces los 30 días corridos y fatales contemplados en el artículo 1° del Auto Acordado sobre Tramitación y Fallo del Recurso de Protección de Garantías Constitucionales, “contados desde la ejecución del acto o la ocurrencia de la omisión o, según la naturaleza de éstos, desde que se haya tenido noticias o conocimiento cierto de los mismos”; no puede sino inferirse que la acción incoada en estos autos resulta desde toda perspectiva extemporánea, máxime si no ha sido hecha valer por la recurrente circunstancia alguna que permita concluir lo contrario y habiendo obrado en su perjuicio el documento incorporado.

QUINTO: Que, sin perjuicio de bastar para la desestimación del arbitrio la consideración del factor temporal aducido con precedencia, esta Corte habrá de efectuar igualmente una concentrada reflexión en torno al núcleo de su fundamento fáctico y jurídico.

En este sentido, se concuerda con el recurrido en torno a la generalidad o vaguedad de los términos del recurso, puntualmente en lo tocante a determinar en forma concisa cuál es el acto específico que se ataca, dada la latitud e insistencia en la infracción a normas de debido proceso que no se precisan, mencionando en cambio diversas fases del “iter” disciplinario, las que, no obstante, por deducción racional concordante con el reclamo final de atipicidad y ausencia de prueba respecto de la conducta evaluada, debiese ser el acto administrativo terminal del proceso sumarial analizado, cual lo es la Resolución Exenta N°88, contenedora de la sanción resultante del sumario administrativo, consistente en la aplicación de una multa equivalente al 5% de la remuneración mensual de la recurrente, sumada a una anotación de demérito, que le significaría la rebaja en dos puntos de su calificación en el correspondiente factor. Lo anterior se refrenda a partir del “petitum”, que expone en su punto “2° Que se deja sin efecto cualquier sanción a mi representada, toda vez que no se ha cometido ninguna acción contraria a derecho.”

SEXTO: Que en este rubro, pese a haber constatado que similares fundamentaciones a las allegadas en esta sede fueron ya vertidas por la recurrente en las diversas fases del propio procedimiento reclamado, el cual por esta vía pretende someter a escrutinio jurisdiccional, ahora desde la óptica de una eventual afectación de garantías constitucionales, particularmente enfocadas desde la óptica del debido proceso legal; para concretarlo habrá de considerarse, sin embargo, que al ser tal control del acto administrativo sancionador, conforme a sus elementos de legitimidad, un mecanismo de interdicción a la arbitrariedad de las autoridades públicas, cuya aspiración es afianzar un control intenso de la Administración en el ámbito sancionatorio, deberá revisarse concentradamente la convergencia de al menos cuatro elementos, concordando en ello con la doctrina, a saber: a) el análisis sobre la legitimidad de la actuación centrado en el examen de la existencia de la potestad administrativa y de quién la ejerce (investidura regular y competencia); b) un estudio sobre las solemnidades y procedimiento, es decir, centrado en que el procedimiento sancionador haya cumplido con las formalidades dispuestas en la legislación administrativa y que se haya dado estricto cumplimiento a las normas procesales aplicables a la dictación del acto (forma); c) la evaluación relativa a que el acto administrativo esté debidamente fundado, tanto en sus aspectos fácticos como jurídicos (motivación); y d) la verificación concerniente a si el acto administrativo sancionador se ha dictado en cumplimiento de los fines dispuestos por el legislador (nombre reservado, nombre reservado. “Los Criterios Unificadores de la Corte Suprema en el Procedimiento Administrativo Sancionador”. Estudios constitucionales vol.14 no.2 Santiago, 2016).

SÉPTIMO: Que, en tal orientación, atento el cedazo constitucional propuesto bajo este cuádruple tamiz, este tribunal ha podido deducir que, en cuanto al primer análisis, enfocado en la legitimidad de la actuación mirada a partir del examen de la existencia de investidura regular y competencia, aquél es superado satisfactoriamente, desde que el acto reclamado ha sido consecuencia de la resolución exenta sancionadora y de la que rechazó la reposición, emanadas de quien detenta la Jefatura de la Secretaría Regional Ministerial de Vivienda y Urbanismo de la Región de Los Ríos, el que se pronunció respecto de los cargos formulados por un fiscal y actuario diversos y designados conforme a la ley, así como de la recaída en la apelación también desestimada, a cargo del Subsecretario de la misma cartera; todos cuyos nombramientos y ámbitos de competencia aparecen en regla y no han sido cuestionados siquiera por la recurrente.

Enseguida, en lo tocante al segundo ítem del examen, enmarcado en el cumplimiento de las formalidades legales y normas procesales reguladoras de la dictación del acto, de igual manera, aparece haber existido estricto apego a la regularidad del procedimiento, constituido por el sumario administrativo, al haberse iniciado mediante la respectiva orden de su instrucción por autoridad competente, con posterior designación de fiscal y actuario, que aceptaron sus cargos, quienes no fueron objeto de inhabilitación y que, previa disposición de diligencias, fue llevado a término hasta la formulación de cargos, incluyendo la posibilidad de descargos y de oferta de prueba, para, tras la remisión de los antecedentes, culminar en su primera fase con la resolución administrativa sancionadora, debidamente notificada e impugnada con asesoría letrada (de la misma abogada recurrente de protección), tanto por la vía de la reposición no acogida, como de la apelación rechazada, todo ello acorde al artículo 123 y siguientes del estatuto Administrativo.

En tercer término, se advierte que el acto recurrido aparece adecuadamente motivado, tanto en lo jurídico como fáctico, según queda revelado de la sola lectura tanto del texto de la Formulación de Cargos de 25 de junio de 2018, que sirvió de base a la Resolución Exenta N°37, que aprueba el sumario administrativo y aplica la medida predeterminada, como de las N°54, que rechaza la reposición y N°532, que desestima la apelación, todas las cuales terminan mediante la Resolución Exenta a Registro N°88, que en definitiva cierra el procedimiento en aras de llevar a cabo la medida impuesta. Fruto de ellas, previa descripción de los hechos y de su encasillamiento legal, de conformidad a lo detallado, se ha impuesto y sostenido una medida no expulsiva, segunda dentro del catálogo previsto en el artículo 121 de la Ley N°18.834 y mínima dentro de la graduación prevista para las pecuniarias en el artículo 123 de igual texto, todo esto atendida la ponderación de la gravedad de las conductas y las circunstancias personales vinculadas a la funcionaria investigada.

En ulterior aspecto, la revisión del cumplimiento de los fines establecidos por el legislador también se consigue mediante el acto denunciado, desde que lo que se ha buscado en el caso concreto ha sido disciplinar el accionar de todo funcionario público, supeditando su conducta conforme al principio de probidad administrativa, consagrado en el artículo 54 de la Ley N°18.575, aún en el contexto de su participación en un concurso público llamado para proveer un cargo a contrata, en el que no podía la recurrente auto prometerse su asignación, ni justificar en un libelo acusatorio su fracaso en dos concursos a base de la difusión de antecedentes a lo menos de carácter reservado, obtenidos de un sistema interno de información sin comprobar el hecho, respecto de los términos de un sumario administrativo incoado contra otro funcionario, como lo era don nombre reservado.

OCTAVO: Que, así elucidada la situación planteada en el recurso, no resulta factible concluir que se esté en presencia de un acto arbitrario o ilegal, rememorando que la “arbitrariedad” indica carencia de razón en el actuar u omitir, falta de proporción entre los motivos y el fin o finalidad que alcanza, ausencia de ajuste entre los medios empleados y el objetivo a obtener, o sea, una actuación carente de fundamento (El Recurso de Protección, nombre reservado, página 189). En la especie, ha habido adecuado fundamento y proporcionalidad entre el comportamiento administrativamente evaluado y su consecuencia jurídica sancionatoria.

En tanto, lo “ilegal” se da en el ámbito de los elementos reglados de las potestades jurídicas, es decir, de lo contrario a la ley; en otras palabras, el actuar u omitir es ilegal cuando fundándose en algún poder jurídico que se posea o detenta, se excede en su ejercicio, cualquiera sea el tipo, modo o manera que el exceso adopte (op. cit. Pág. 239). Esto tampoco se vislumbra concurrente, al haberse ceñido el proceso y su resultado al ordenamiento jurídico que lo reglamenta.

NOVENO: Que, no obsta a lo argumentado, la censura de la actora enfocada en supuestas faltas al debido proceso, subsumidas, por un lado, bajo el concepto de atipicidad de la conducta de la recurrente, toda vez que es sabido que en el ámbito administrativo, de ser aplicables los principios del orden penal, incluido el mentado, lo son con una intensidad atenuada, bastando con la descripción del núcleo central de la conducta (en este caso, vinculado a faltas a la probidad, en cuanto deber de mantener un actuar moralmente intachable, honesto y leal al desempeño del cargo, con preminencia del interés público por sobre el privado), según lo ha resuelto el Máximo Tribunal de la República en fallos como en rol N°26.475-2018; mientras, por otro, el cuestionamiento ligado a la falta de acreditación de los cargos obedece a un aspecto de mérito del todo inviable de apreciar por esta vía tutelar de urgencia, sustentada en derechos indubitados, por tanto, sólo susceptible de determinar en el entorno de un proceso declarativo, como lo ha sido el concretado ya en sede administrativa, donde se tuvo la posibilidad, según se expresó, de ejercer en plenitud el principio de bilateralidad de la audiencia y de contradictoriedad, así como el derecho de defensa, declarando durante la indagatoria, formulando descargos, rindiendo prueba e impugnando la resolución adoptada hasta el total agotamiento de las vías recursivas pertinentes. Así, por lo demás lo ha dejado asentado la Excma. Corte Suprema en fallo pronunciado en Rol N°15.153-2018.

DÉCIMO: Que, en refuerzo de lo ya expresado en los motivos que preceden, puede considerarse al efecto la fundada opinión de los profesores Bordalí y Ferrada, cuando en lo pertinente sostienen que en el derecho chileno la exigencia de debido proceso, que guía la actuación de los órganos administrativos, así como sus reglas procedimentales, encuentra su sustento en el derecho consagrado en la Constitución y en las reglas legales de contradictoriedad, imparcialidad y motivación, previstas específicamente en la Carta Fundamental o en la ley N° 18.575, centrándose en referir: "[...] podría fácilmente derivar el derecho a ser oído por la administración y de obtener una decisión administrativa fundamentada, pudiendo extraerse de los segundos, el derecho a presentar alegaciones, el derecho a aportar pruebas, el derecho a tener asistencia letrada, la objetividad de la actuación administrativa y la exigencia de la motivación de las resoluciones" (Bordalí, Andrés y Ferrada, nombre reservado, "El derecho fundamental a la tutela judicial del ciudadano frente a la administración de Estado", Revista de Derecho Administrativo, p.15 (N° 2, 2008).

UNDÉCIMO: Que, como corolario de lo expresado en los motivos que preceden, siendo evidente la desestimación de este arbitrio en lo resolutivo, al constatarse que se ha adolecido de un acto arbitrario e ilegal; no se advierte la necesidad de analizar la forma específica cómo dicho actuar pudo afectar alguna de las otras múltiples garantías que se reclaman conculcadas, máxime si, en buena medida, se reducen a la ya analizada “in extenso” con antelación (debido proceso), la cual inclusive se encuentra circunscrita en su alcance (sólo proscripción de juzgamiento por comisiones especiales) para los efectos del empleo y aplicación de una herramienta como la escogida.

Por estos razonamientos y a la luz, además, de lo dispuesto en el artículo 19 N°1, 2, 3, 4, 16 y 24, más artículo 20 y demás pertinentes de la Constitución Política de la República, Auto Acordado de la Excelentísima Corte Suprema sobre Tramitación y Fallo del Recurso de Protección de Garantías Constitucionales y demás normas aplicables, se RECHAZA, sin costas, la acción de protección interpuesta por doña Carolina Azúa García, abogada, en representación de doña nombre reservado, en contra de la Secretaría Regional Ministerial de Vivienda y Urbanismo de la Región de Los Ríos, representada por su Director, don nombre reservado.

Regístrese, comuníquese y archívese, en su oportunidad.

Redacción del Ministro Titular, Señor Luis Moisés Aedo Mora.

Rol 1627 – 2020 PRO.