Protección contra Inspección Comunal del Trabajo de Valdivia

C.A. de Valdivia.

Valdivia, dieciocho de julio de dos mil diecinueve.

VISTOS:

Comparece doña nombre reservado, en representación de don nombre reservado, R.U.N. N°RUT reservado, de conformidad al artículo 20 en relación al 19 N°2, ambos de la Constitución Política de la República, deduciendo recurso de protección dirigido en contra de la Inspección Comunal del Trabajo de Valdivia (sic), respecto a su Resolución Ordinaria N° 578, de 10 de junio de 2019, que rechazó la solicitud de sustitución de multa por programa de capacitación, aplicada mediante Resolución Multa Nº 8118/19/43, de fecha 17 de mayo de 2019, que le fuera cursada por dicha institución, al haber sido presentada de manera extemporánea.

Expone que la recurrida ha actuado arbitraria e ilegalmente al haber conculcado el principio fundamental de la igualdad anta la ley, consagrado en el N° 2 del artículo 19 de la Constitución Política de la República, en atención a que se habría negado a tramitar un recurso de reconsideración presentado en nombre de su defendido dentro de plazo.

Señala que su representado fue sancionado por no tener libro de asistencia, falta que fue regularizada, por lo cual se solicitó sustituir la multa por un programa de capacitación, lo cual fue rechazado aludiendo que no presentó la documentación.

Fundamenta que, al no haber actuado como lo prescribe el artículo 25 de la Ley Nº 19.880, se colige que la recurrida obró arbitraria e ilegalmente vulnerando la garantía ya mencionada, actuación que solicita sea enmendada por esta Iltma. Corte, mediante la vía de esta acción constitucional.

Finaliza solicitando, que se sirva acoger el recurso, dejando sin efecto la aludida resolución.

Por su parte, informa don LUIS PEDRO CLERC ARAVENA, abogado, en representación de la recurrida, Inspección Provincial del Trabajo de Valdivia, solicitando desde ya su rechazo por no existir, en su concepto, actuación arbitraria o ilegal, al haberse actuado dentro del marco de la ley, en uso de atribuciones y prerrogativas que son propias de ese Servicio, no produciéndose privación perturbación o amenaza al derecho invocado.

Manifiesta que se ha interpuesto el presente recurso de protección, a fin que se deje sin efecto la Resolución Administrativa Nº 578, pronunciada por la Inspección Provincial del Trabajo con fecha 10 de junio de 2019, por la cual se rechazó la solicitud de sustitución de multa por un programa de capacitación, conforme a lo pretendido por la recurrente ante esa entidad.

Relata que con fecha 17 de mayo de 2019, la fiscalizadora dependiente de la Inspección Provincial de Valdivia, doña nombre reservado, dictó la Resolución de Multa Nº 8118/19/43, en contra de don nombre reservado, por: “no exhibir toda la documentación exigida que se deriva de las relaciones de trabajo, necesaria para realizar las labores de fiscalización según el siguiente detalle: registro de asistencia del período reclamado comprendido entre el 24/09/2018 hasta 30/04/2019. Lo anterior respecto de la trabajadora nombre reservado.” La referida multa fue notificada al infractor mediante carta certificada, depositada con fecha 12 de junio de 2019.

A la luz de los hechos, la multa fue cursada por infracción verificada tras denuncia de la trabajadora y que consta en informe de fiscalización N° 1401/2019/807, el cual goza de presunción legal de veracidad, conforme al artículo 23 del D.F.L. N° 2 de 1967. Tal infracción fue reclamada administrativamente, solicitándose la sustitución de ella por un programa de capacitación, de conformidad al artículo 506 ter Nº 2 del Código del Trabajo, solicitud que fue denegada y comunicada, según se expresó, por la citada resolución Nº 578, debidamente notificada, por no haberse cumplido con la corrección de la infracción que se constató.

Afirma que la sanción administrativa fue aplicada en el ejercicio de las facultades otorgadas a la fiscalizadora, según el artículo 505 y siguientes del Código del Trabajo y D.F.L. N° 2, del año 1967.

Sostiene que el Libro V del Código del Trabajo, que regula las materias relativas a la jurisdicción laboral establece, en su Título II, el procedimiento para reclamar judicialmente de las multas y demás resoluciones administrativas. De este modo, se prescribe la posibilidad de reclamar judicialmente de la resolución de multa y también respecto de aquéllas que se pronuncian sobre los recursos de reconsideración administrativa de dicha sanción e, inclusive, respecto de otras resoluciones pronunciadas por la Dirección del Trabajo distintas de las anteriormente señaladas, tal como lo es la que en el caso nos ocupa, referida a la solicitud de sustitución de multa por programa de capacitación, regulada en el artículo 506 ter Nº 2 del Código del Trabajo. Explica que en los casos antes enunciados se aplica un procedimiento especial, cuyos efectos son la suspensión de la aplicación de la multa y la determinación tanto de las partes como del conflicto jurídico; pero todo ello ante un juez laboral y en un procedimiento oral y concentrado, con respeto íntegro del principio de bilateralidad de la audiencia. Entonces, es en dicha sede donde necesariamente han de conocerse y resolverse impugnaciones como las efectuadas por el recurrente.

Aduce a decisiones en tal sentido adoptadas por la Excma. Corte Suprema, citando, a modo ejemplar, la sentencia de fecha 11 de noviembre de 2013, recaída en Rol N° 8393-2013, en que se asienta la doctrina señalada, la cual, en su considerando 4°, parte segunda, dispuso: “Es precisamente por ello que la calificación jurídica de los hechos no puede por sí sola constituir una ilegalidad, ya que forma parte integrante de la actividad administrativa; pero el error en la misma puede y debe ser controlada por el juez, el que por regla general lo hará en un procedimiento de lato conocimiento en un juicio interpuesto contra la resolución de la Administración, como ocurre, en el caso del Código del Trabajo aplicable a este recurso de protección.

Expresa que la recurrente plantea que la negativa del Servicio a haber accedido a la sustitución de la multa por un programa de capacitación plasmada en la Resolución Nº 578, vulneraría lo preceptuado por el articulo 19 Nº 2 de la Carta Fundamental, al habérsele supuestamente denegado esta solicitud por haber sido interpuesta fuera de plazo y, además a su juicio, por no haberse considerado la documentación acompañada a la solicitud, lo que acreditaba el cumplimiento de lo infraccionado, transgrediendo así el derecho constitucional de igualdad ante la ley. En cuanto a los plazos, añade que los que rigen en el ámbito de los procedimientos administrativos, según el artículo 25 de la Ley N°19.880, claramente son de días hábiles, entendiéndose por inhábiles los sábados, domingos y festivos. En la especie, precisa que la notificación de multa fue enviada por carta certificada con fecha 3 de mayo de 2019 y su solicitud fue interpuesta con fecha 27 de mayo de 2019, por lo que no existe extemporaneidad en su presentación.

Agrega que al momento de determinar si la recurrente cumplía o no con los requisitos exigidos por el referido artículo 506 ter respecto a esta sustitución de multa por programa de capacitación, la infractora no acreditó corrección de la infracción que dio origen a la sanción y no podría haberlo hecho, toda vez que reconoce en su carta explicativa acompañada a la solicitud de sustitución de multa, que no tenía libro de asistencia respecto a la trabajadora fiscalizada, situación que regularizó recién en febrero de este año, acompañando el libro de asistencia de la trabajadora desde esa fecha, en circunstancias que la ministro de fe había requerido tal documentación desde el 24 de septiembre de 2018, época en que la trabajadora empezó a prestar servicios para la empleadora; ello por sí solo bastaba para denegar la solicitud, lo que mediante la resolución Nº 578, en definitiva, se hizo, explicando precisamente que el rechazo se debía a estas circunstancias.

Culmina, aseverando que lo que procedía en la especie era que la infractora reclamara de la multa por la vía del recurso administrativo de reconsideración de multa, acreditando corrección de la infracción dentro de los 15 días siguientes de notificada la sanción para acceder a la rebaja de la misma y no pretender eximirse de su pago por vía de la sustitución por capacitación, por lo que el yerro de su acción administrativa no puede ser subsanada recurriendo a esta judicatura.

Se trajeron los autos en relación.

CONSIDERANDO:

PRIMERO: Que el recurso de protección constituye una acción constitucional de carácter extraordinario, que tiene por objeto el restablecimiento del imperio del derecho y el aseguramiento de la debida protección del afectado, frente a una acción u omisión arbitraria o ilegal, que importe privación, perturbación o amenaza en el legítimo ejercicio de los derechos y garantías establecidos en la Carta Fundamental, sin perjuicio de los demás derechos que aquél pueda hacer valer ante la autoridad o los tribunales correspondientes.

SEGUNDO: Que, bajo ese marco conceptual, con miras a dirimir el asunto sometido a la decisión de este Tribunal, debe dejarse establecido inicialmente en el plano jurídico, que el derecho que se invoca como conculcado por parte de la recurrente lo ha sido el de la igualdad ante la ley, que se encuentra consagrado en el artículo 19 N° 2 de la Constitución Política del Estado y, a su vez, que se halla incluido dentro del catálogo de aquéllos que forman parte de los tutelados mediante el mecanismo de urgencia en actual examen.

Ahora bien, conforme al tenor del escrito en que se contiene el recurso, la manifestación del aludido derecho de igualdad ante la ley cuya vulneración se acusa, debiese entenderse referida a la de un supuesto trato discriminatorio recibido de parte de un órgano de la Administración del Estado, en particular, de la Inspección Provincial del Trabajo de Valdivia, comprendiendo que ello se ha visto traducido en la negativa a acoger la reconsideración de una decisión de multa, por la vía de sustituirla por un programa de capacitación, al tenor del artículo 506 ter N°2 del Código del Trabajo, sin haber tampoco respetado lo que prescribe el artículo 25 de la Ley Nº 19.880.

TERCERO: Que, despejado lo anterior, es menester precisar, ahora en el ámbito fáctico, que la narración de hechos que contiene el recurso interpuesto se encuentra orientada a denunciar un comportamiento arbitrario e ilegal de parte del órgano recurrido, mediante la dictación de la Resolución N°578, por la que denegó su petición de sustitución de multa por un programa de capacitación, por haber sido interpuesta fuera de plazo y, además, por no haberse considerado la documentación acompañada a la solicitud, lo que, a su parecer, acreditaba el cumplimiento de lo infraccionado, perturbando así la igualdad ante la ley que el texto constitucional le garantiza.

CUARTO: Que, luego de estas necesarias aclaraciones previas, ha de tenerse siempre presente que para que proceda el recurso de protección, se requiere que efectivamente se hayan realizado actos o tenido lugar omisiones, que revistan el carácter de arbitrarios o bien contrarios a la ley, los que de modo real priven o perturben o, en forma inminente, amenacen el debido ejercicio de un derecho indubitado de quien expone ser afectado, el cual se encuentre dentro de aquéllos que quedan bajo el resguardo brindado a las garantías precisas consignadas en el artículo 20 de la Constitución Política de la República.

QUINTO: Que, en ese orden de ideas, no es dable soslayar que el ámbito de la acción cautelar en análisis comprende solamente situaciones acuciantes e inequívocas, de fácil y rápida comprobación, enmarcadas dentro de un procedimiento breve y sumarísimo, apareciendo, en buena medida, contrario a ello la circunstancia de haber tenido a su disposición y no haber empleado diversas vías remediales, tanto en sede administrativa como jurisdiccional, susceptibles de ser ejercidas estas últimas ante un tribunal especial, como lo es el Juzgado de Letras del Trabajo, el cual, al alero de uno o más procedimientos (sea por la vía del artículo 503 o la del 512, ambos del Código del Trabajo), podría haber permitido el cabal esclarecimiento de la situación en un contexto dotado de todas las garantías enmarcadas dentro de un debido proceso legal, con vigencia del principio contradictorio, de bilateralidad de la audiencia y del derecho de defensa, en el seno de un juicio cognoscitivo, si bien concentrado, que hubiese procurado la obtención de una sentencia dotada de autoridad de cosa juzgada en la materia examinada.

SEXTO: Que, a partir de lo detallado en la parte expositiva de este fallo, se logra comprobar que en la situación expuesta en el motivo anterior se ha encontrado la recurrente, lo que ha quedado aún más de manifiesto con el mérito de las alegaciones vertidas en estrados únicamente por la recurrida, dada la ausencia de quien ha accionado.

De esta forma, no se vislumbra el recurso de protección de garantías constitucionales como la herramienta idónea, a modo de sustituto jurisdiccional de las vías naturales proporcionadas por el ordenamiento jurídico, para haber impugnado esta índole de actos de la Administración.

SÉPTIMO: Que, pudiendo haber bastado para la desestimación de este arbitrio lo precedentemente razonado, se ha advertido, ya de fondo, que las actuaciones de la Dirección Provincial recurrida, traducidas en la Resolución N°578, tampoco reflejan un carácter ilegal, por cuanto la sanción administrativa fue aplicada en el ejercicio de las facultades otorgadas a la autoridad fiscalizadora, conforme al artículo 505 y siguientes del Código del Trabajo.

Seguidamente, resulta efectivo que en materia de plazos estos son de días hábiles en la esfera de los procedimientos administrativos, considerándose inhábiles los sábados, domingos y festivos, al tenor de lo prevenido expresamente en el inciso primero del artículo 25 de la Ley N°19.880, habiéndose demostrado, sin contradicción en el recurso, que la notificación de multa fue enviada por carta certificada con fecha 3 de mayo de 2019, por lo que la solicitud de sustitución fue oportuna, al haberse planteado el 27 de mayo de 2019, de manera que no ha sido efectiva su desestimación por fundamento de extemporaneidad, como se ha aseverado en el texto del libelo, habiéndolo así afirmado, por lo demás, la recurrida en su informe.

OCTAVO: Que se suma a lo anterior no vislumbrarse la denunciada ilegalidad en el acto por esta vía reclamado, pues la mentada Resolución del órgano administrativo ha sido correctamente fundada en derecho, desde que ha dejado patente que el infractor, que optó por este mecanismo sustitutivo de la sanción pecuniaria, no acreditó la corrección íntegra de la infracción que le dio origen, en los perentorios términos que se lo demandaba el referido numeral 2 del artículo 506 ter del Código del Trabajo, siendo, por lo demás, imposible haberlo demostrado (y de allí el error en el instrumento administrativo escogido), toda vez que, amén de haber reconocido ante el ente fiscalizador en la carta explicativa adjunta a su solicitud, que carecía de registro de asistencia a propósito de la trabajadora concernida, Srta. nombre reservado, sólo logró regularizar tal situación en el mes de febrero del año en curso, acompañando el libro de asistencia de la trabajadora evidentemente desde esa fecha en adelante, lo que, empero, no lograba salvar la situación de incumplimiento ya verificada a partir del 24 de septiembre de 2018, precisa época en que la trabajadora había comenzado a prestar servicios en favor del empleador y, que era, a su vez, el período que le había sido exigido por la ministro de fe.

NOVENO: Que, refrenda lo anterior el catálogo de facultades conferidas a la Dirección del Trabajo y a sus Inspectores, entre otros, por los artículos 2, 3, 23, 31 y 32 del Decreto con Fuerza de Ley N°2, del Ministerio del Trabajo y Previsión Social, preceptos conforme a los cuales se faculta a estos últimos funcionarios para la detección de infracciones a la ley laboral y aplicación consecuencial de multas, que es el acto original cuya sustitución se pretendía, lo cual en este caso tuvo lugar, sin que se hubiese acreditado de contrario el cambio en la situación de hecho en su oportunidad constatada, según ha quedado establecido, como para haber motivado el acceso positivo a lo pedido.

DÉCIMO: Que, habiéndose descartado con nitidez la ausencia de ilegalidad en el actuar de la Dirección Provincial del Trabajo local, la inexistencia de arbitrariedad se ve también respaldada, desde que la resolución, en este caso desestimatoria, de la solicitud del empleador, constituye una facultad precisamente reglada y no meramente discrecional de la autoridad, habiendo quedado desterrada la posibilidad de capricho, al haberse motivado adecuadamente el acto por esta vía reclamado, sustentándolo en forma concisa en el incumplimiento de un presupuesto legal por parte del infractor.

UNDÉCIMO: Que, así las cosas, inexistente que ha sido la percepción de un acto arbitrario o ilegal de parte de la autoridad administrativa recurrida, inoficioso resulta ocuparse de la forma como pudo verse engendrada una amenaza, perturbación o privación a la igualdad ante la ley, que se acusó inapropiadamente haber sido conculcada en la especie.

DUODÉCIMO: Que, colofón de los raciocinios vertidos en el presente arbitrio, es que la acción deducida por esta vía adolece de estar en condiciones de prosperar.

Y visto, además, lo dispuesto por el artículo 20 de la Constitución Política de la República y Auto Acordado de la Excma. Corte Suprema sobre Tramitación del Recurso de Protección, se RECHAZA el arbitrio formulado por doña nombre reservado, en representación de don nombre reservado, en contra de la Inspección Provincial del Trabajo de Valdivia.

Regístrese, comuníquese y archívese en su oportunidad.

Redactó el Ministro Titular señor Luis Moisés Aedo Mora.

N°Protección-1624-2019.