Protección contra Inspección Provincial del Trabajo de Osorno

Valdivia, veintiséis de enero de dos mil dieciocho.

VISTOS Y CONSIDERANDO:

1°.- Doña nombre reservado, Ingeniero Comercial, en representación de Delta Telecomunicaciones Limitada, del giro de su denominación, con domicilio en domicilio reservado, deduce recurso de protección en contra de la Inspección Provincial del Trabajo de Osorno, representada por su Inspector Provincial Juan Antonio Sánchez Pinto, o quien le reemplace o subrogue legalmente, ambos domiciliados en domicilio reservado, por cuanto, con fecha 15 de noviembre de 2017, dictó el Ordinario N° 1643, siendo notificado a su representada con fecha 22 de noviembre, Ordinario en el cual niega dar curso a la reconsideración administrativa presentada con fecha 3 de noviembre de 2017, manteniendo firme las Multas N° 8356/17/65-1, 8356/17/65-2 y 8356/17/65-3 cursada a su mandante, lo que constituye un acto ilegal y arbitrario, el cual ha provocado una privación, perturbación o amenaza en el legítimo ejercicio de los siguientes derechos a su representada, constitucionalmente protegidos y amparados por esta acción de protección, consistentes en la igualdad ante la ley (art. 19 N° 2 de la Constitución Política de la República y el derecho de propiedad.- (art. 19 N° 24 de la Constitución Política de la República) en base a los siguientes antecedentes.

Con fecha 27 de agosto de 2017, el fiscalizador de la Inspección Provincial del Trabajo de Osorno, don nombre reservado, dictó la Resolución de Multas números 8356/17/65-1, 8356/17/65-2 y 8356/17/65-3 de 60 UTM cada una, notificada a su representada con fecha 13 de septiembre del año 2017. El 3 de noviembre de 2017, se ingresa solicitud de reconsideración administrativa. Sin embargo, la Inspección Provincial del Trabajo de Valdivia, al momento de resolver la solicitud de reconsideración planteada, decide no dar curso a ella, por los motivos consignados en el Ordinario N° 1643 de 15 de noviembre de 2017, esto es, no se presentó dentro del plazo legal de 30 días corridos, contados desde su notificación, es decir, según su criterio, la solicitud fue presentada en forma extemporánea.

Lo anterior conculca las garantías fundamentales invocadas, por lo que previas citas legales, pide tener por interpuesto recurso de protección en contra de la Inspección Provincial del Trabajo de Osorno, representada por su Inspector Provincial Juan Antonio Sánchez Pinto, o quien le reemplace o subrogue legalmente, con la finalidad se ordene a la recurrida dar la tramitación que en derecho corresponda a solicitud de reconsideración administrativa, con costas.

2°.- ROBERTO VILLAVICENCIO nombre reservado, abogado, por la recurrida Inspección Provincial del Trabajo de Osorno, informa al tenor del recurso. En primer lugar, describe los antecedentes de la causa, para luego expresar la improcedencia del recurso, debido a que el Libro V del Código del Trabajo, relativo a la jurisdicción laboral contempla en su título II el procedimiento para reclamar judicialmente de las multas y demás resoluciones administrativas, por consiguiente, en los casos antes enunciados se aplica un procedimiento especial, cuyos efectos son la suspensión de la aplicación de la multa y la fijación de las partes del conflicto jurídico. Todo ello ante un juez laboral y en un procedimiento oral, concentrado, con un respeto íntegro del principio de la bilateralidad de la audiencia. Entonces, es en dicha sede donde necesariamente han de conocerse y resolverse impugnaciones como las efectuadas por el recurrente.

Señala a continuación, la legalidad del actuar de la recurrida como la no existencia de un acto arbitrario, sin que se vulnere garantía fundamental alguna por lo que pide tener por evacuado el informe solicitado, tenerlos como parte del mismo y rechazar el presente recurso por no existir actuación arbitraria o ilegal, por cuanto se actuó dentro del marco legal , en uso de atribuciones y prerrogativas que son propias, no produciéndose además la lesión al derecho invocado, declarando en definitiva que el ordinario 152 quede firme.

3°.- Se trajeron los autos en relación y el día de la vista alegaron los abogados que comparecieron interponiendo el recurso e informándolo, respectivamente.

4°.- Consta en autos, con los documentos acompañados por el propio recurrente, que la resolución que impuso las multas fue dictada con fecha 29 de agosto de 2017, enviada carta certificada depositada en Correos de Chile el día 13 de septiembre, notificada conforme al artículo 508 del Código del Trabajo el 22 de septiembre, presentando la solicitud de reconsideración administrativa el 3 de noviembre todos de 2017.

5°.- El Ordinario N° 1643 de 15 de noviembre de 2017, que es el que se impugna por medio de esta acción constitucional, expresa que la reconsideración no se presentó dentro del plazo legal de treinta días corridos, contados desde su notificación y la declara extemporánea.

6°.- Cabe señalar que el 512 del Código del Trabajo, en su inciso primero, señala que el plazo para la presentación de las solicitudes de reconsideración administrativa de multas es de treinta días, sin especificar si se trata de días hábiles o corridos. Pero lo anterior debe relacionarse con el artículo 25 de la ley 19.880, que señala que el cómputo de los plazos de días del procedimiento administrativo, establecidos en esa ley son de días hábiles, entendiéndose que son inhábiles los días sábado, los domingos y los festivos, norma aplicable en la especie en forma supletoria por mandato del artículo 1º de la misma ley; de lo que se puede colegir que la reconsideración fue formulada dentro del plazo.

7°.- Debe tenerse en cuenta que la Excma. Corte Suprema se ha pronunciado sobre la materia dando aplicación a la norma supletoria del artículo 25 de la ley 19.880, en diversos fallos, de los que se puede citar el dictado en causa rol 8727-2015, de fecha 16 de septiembre de 2016.

8°.- El actuar de la recurrida, consecuencialmente es ilegal, desde que no se ajusta a la correcta y armónica interpretación de las disposiciones legales citadas. Y forzosamente debe dejarse establecido que tal errónea interpretación legal afecta al derecho de propiedad de la parte recurrente, consagrado en el artículo 19 N° 24 de la Constitución Política de la República, puesto que, al impedírsele una revisión en sede administrativa respecto de la resolución que le impuso multas, se ve afectada en su patrimonio, toda vez que la consecuencia del rechazo de la reconsideración deja a firme las sanciones económicas que le fueron impuestas y, a la vez, priva a dicha parte de recurrir a los tribunales respecto de lo que se resuelva en dicha reconsideración, como lo permite el artículo 512 del Código del Trabajo.

9°.- Cabe tener presente que el artículo 504 del Código del Trabajo dispone: “En todos aquellos casos en que en virtud de este Código u otro cuerpo legal, se establezca reclamación judicial en contra del resoluciones pronunciadas por la Dirección del Trabajo, distintas de la multa administrativa o de la que se pronuncie acerca de una reconsideración administrativa de multa, se sustanciará de acuerdo a las reglas del procedimiento monitorio, contenidas en los artículos 500 y siguientes del presente Código”. Es decir, el recurrente de protección podía deducir dicha acción ante el tribunal laboral competente, sin tener que recurrir a este medio de carácter cautelar y excepcional. De hecho, ese era el procedimiento de reclamación más idóneo.

10°.- En todo caso, la parte final del inciso 1° del artículo 20 de la Carta Fundamental, que consagra esta acción constitucional señala que ella es “sin perjuicio de los demás derechos que (el recurrente) pueda hacer valer ante la autoridad o los tribunales correspondientes”, de tal modo que la duplicidad que la norma en análisis establece impide rechazar el presente recurso so pretexto de no haberse utilizado el procedimiento idóneo creado por ley al efecto.

Y visto lo dispuesto en las normas legales citadas y en los artículos 19 N° 24 y 20 de la Constitución Política de la Republica y Auto Acordado de la Excelentísima Corte Suprema sobre Tramitación del Recurso de Protección de Garantías Constitucionales.

Se ACOGE el recurso de protección interpuesto por doña nombre reservado, Ingeniero Comercial, en representación de Delta Telecomunicaciones Limitada , en contra de la Inspección Provincial del Trabajo de Osorno y se deja sin efecto el oficio de ésta N° 1643 de 15 de noviembre de 2017 y se ordena a dicho órgano administrativo a tramitar y pronunciarse acerca de la solicitud de reconsideración presentada por la recurrente el 3 de noviembre de 2017 respecto de la resolución de multas números 8356/2017/65-1, 2 y 3.

Regístrese, notifíquese y, archívese en su oportunidad.

Rol 1621 – 2017 PRT.