nombre reservado con ASOCIACIÓN NACIONAL DE FÚTBOL PROFESIONAL

Valdivia, nueve de julio de dos mil veinte.

VISTOS:

nombre reservado, jugador de fútbol profesional, domiciliado en domicilio reservado, quien deduce acción constitucional de protección en contra del Tribunal de Asuntos Patrimoniales de la Asociación Nacional de Fútbol Profesional y en contra del Directorio de la misma Asociación, representados por sus presidentes don nombre reservado y don nombre reservado, respectivamente, en atención a que el actuar ilegal y arbitrario de los recurridos atenta contra sus derechos constitucionales, consagrados en los numerales 3 y 16 del artículo 19 de la Carta Fundamental.

Funda su recurso en que el 11 de mayo de 2020 el Tribunal de Asuntos Patrimoniales de la Asociación Nacional de Fútbol Profesional, en Pleno, rechazó la cuestión de competencia y nulidad de todo lo obrado planteada por su parte, en el marco del procedimiento arbitral Rol N° 82-2020. Agrega que la Asociación Nacional de Fútbol Profesional (ANFP), es una Corporación de Derecho Privado, que se rige por sus Estatutos y Reglamentos y, en lo que no está expresamente establecido por ellos, se rige por el Título XXXIII del Libro I del Código Civil. Indica que al interior de la citada Asociación funciona el Tribunal de Asuntos Patrimoniales, órgano encargado de conocer y resolver los conflictos de carácter patrimonial que se susciten entre los clubes o entre éstos y los jugadores o la Asociación, derivados de la interpretación, aplicación, cumplimiento, incumplimiento, resolución, resciliación o nulidad de un contrato o convención.

Señala que conforme a lo dispuesto en el artículo 34 de los estatutos de la ANFP, el Tribunal de Asuntos Patrimoniales está constituido por nueve miembros, pero sólo tres de ellos conforman el tribunal arbitral, siendo éste el órgano jurisdiccional competente y no el Tribunal Pleno. Añade que, según el auto acordado de 12 de julio de 2018, dictado por el mismo Tribunal Pleno, se estableció la figura del juez sustanciador, que tiene la competencia exclusiva para la tramitación de los asuntos, por lo que el tribunal arbitral solo pronuncia la sentencia definitiva. Refiere que el procedimiento arbitral se inicia por requerimiento, presentado por una parte, de constitución del tribunal arbitral, lo que impide que se generen actuaciones procesales del tribunal previo a la presentación de la demanda y torna improcedente la dictación de medidas prejudiciales, precisamente, porque no se ha constituido aun el tribunal ni se ha designado al juez sustanciador. Cita jurisprudencia en apoyo a sus asertos.

Sostiene que el 23 de enero de 2020, en el marco de un litigio planteado por el club de fútbol Unión La Calera contra Deportes Valdivia, por la fallida trasferencia del jugador de fútbol profesional señor nombre reservado, el Pleno del Tribunal de Asuntos Patrimoniales, pese a no tener facultades jurisdiccionales, dictó una medida prejudicial precautoria de prohibición de celebrar actos y contratos respecto del aludido jugador, la que fue inscrita en el registro de jugadores respectivo, impidiendo que pueda ser transferido a algún club de fútbol profesional, limitando su libertad de contratación. Agrega que la medida prejudicial no le fue notificada formalmente, ni se exigió fianza previa, como lo prevé el Código de Procedimiento Civil en relación al auto acordado del tribunal.

Manifiesta que los actos ilegales y arbitrarios descritos se consolidan con la resolución de 11 de mayo de 2020, dictada por el Tribunal Pleno, que rechazó la nulidad de todo lo obrado y la corrección de todo el procedimiento, impetrada por su parte en calidad de tercero coadyuvante. Aduce que se vulnera el derecho al juez natural y prohibición de comisiones especiales, al dictarse una serie de resoluciones que lo afectan, por un órgano que carece de atribuciones jurisdiccionales. Expone que el órgano que vulneró ilegítimamente sus derechos no es técnicamente un tribunal de justicia ni un órgano que ejerce jurisdicción, sino un ente meramente privado que por disposiciones estatutarias tiene facultades para resolver controversias entre sus asociados, pero al hacerlo debe sujetarse a las normas legales y reglamentarias establecidas para ello, tanto en su organización como en su procedimiento, a fin de evitar constituirse en una verdadera comisión especial, proscrita en el artículo 19 Nº 3 inciso 5° de la Constitución Política de la República.

Argumenta que el Pleno del Tribunal de Asuntos Patrimoniales, al haber decretado una medida cautelar ilegal y arbitraria, vulnera su derecho a la libertad de trabajo y a contratar libremente, consagrado en el artículo 19 N° 16 de la Carta Fundamental, pues impide su desarrollo deportivo y profesional, al tiempo que resulta contrario a los derechos irrenunciables de los trabajadores, habida consideración que ni siquiera es parte de la controversia patrimonial ventilada por los clubes de fútbol ante el tribunal incompetente.

En definitiva, pide se acoja el recurso y se dejen sin efecto las actuaciones del Tribunal Pleno de Asuntos Patrimoniales, en especial, la medida precautoria que le impide ser transferido a otros clubes deportivos, con costas.

Informando el recurso, don nombre reservado, en representación de la Asociación Nacional de Fútbol Profesional, detalla la organización y facultades de la asociación, para luego exponer que el Tribunal de Asuntos Patrimoniales es un órgano independiente y un tribunal arbitral que se rige por las normas de los árbitros arbitradores, puesto que los Estatutos de la ANFP constituyen una cláusula compromisoria convenida entre los miembros de la Asociación y, además, entre ésta y sus asociados. Agrega que este Tribunal está constituido por nueve miembros, tres de los cuales constituyen el Tribunal Arbitral que conoce los casos de su competencia a requerimiento de los clubes y/o de la Asociación.

Refiere que el directorio de la Asociación no tiene participación alguna en la resolución de los conflictos que se susciten entre ANFP y los clubes, lo que, además, se constata en el escrito de recurso, en que imputa ninguna actuación ilegal y/o arbitraria al directorio.

En el folio N° 17, rola informe del Tribunal de Asuntos Patrimoniales de la Asociación Nacional de Fútbol Profesional, representado por don nombre reservado y don nombre reservado, Presidente y Secretario, respectivamente, alegando en primer término la extemporaneidad del recurso, atendido que solicitó al Pleno del tribunal el alzamiento de la medida precautoria con fecha 29 de enero de 2020.

En cuanto al fondo, exponen que el Tribunal de Asuntos Patrimoniales de la Asociación Nacional de Fútbol Profesional es un órgano jurisdiccional autónomo, encargado de resolver los conflictos patrimoniales suscitados entre los Clubes miembros de la Asociación, entre estos y los jugadores o la Asociación, cuya existencia, naturaleza y competencias emanan del Título VI letra B, de los Estatutos de la ANFP. Agregan que se trata de un Tribunal arbitral regido por las normas de los árbitros arbitradores y que, en el ámbito de su competencia, constituyen un arbitraje institucional forzoso para los miembros de la ANFP.

Señalan que la resolución que se recurre por esta vía fue dictada en el marco del proceso arbitral seguido ante el aludido Tribunal Arbitral, en causa Rol 82-2020, cuyas partes son Deportes Unión La Calera S.A.D.P. y Deportes Valdivia. Añaden que el 21 de enero de 2020 el primero de los clubes solicitó se decretara como medida prejudicial precautoria, la prohibición para el Club Deportes Valdivia de celebrar actos y contratos sobre los Derechos Federativos y Económicos del Jugador señor nombre reservado, con fundamento en que Deportes Unión La Calera S.A.D.P. y Deportes Valdivia pactaron una opción de compra por los derechos federativos y el 50% de los derechos económicos del referido jugador en la suma de USD $100.000, alegando Deportes Unión La Calera haber ejercido la opción de compra en tiempo y forma, mientras que el Club Deportes Valdivia estimaba que dicha opción se ejerció extemporáneamente, por lo que el jugador permanece inscrito en los registros de aquel club, pese a que existe contrato de trabajo firmado entre Deportes Unión La Calera S.A.D.P. y el recurrente hasta la Temporada 2023.

Sostienen que se puso en conocimiento del Tribunal Arbitral un asunto patrimonial controvertido entre dos clubes miembros de la ANFP, en que ambos alegan ser titulares exclusivos de la propiedad de los derechos federativos y económicos del jugador, por lo que se ordenó pasar los antecedentes al Tribunal Pleno para resolver sobre la admisibilidad de la presentación. Indican que la solicitud de medida prejudicial precautoria no se encuentra regulada expresamente en el Auto Acordado de 12 de julio de 2018; sin embargo, en uso de las facultades para fijar normas de procedimiento y funcionamiento conferidas en el artículo 38 de los Estatutos de la ANFP, decidió aplicar supletoriamente las normas establecidas en el Código Orgánico de Tribunales y el Código de Procedimiento Civil sobre árbitros arbitradores, acogiendo la solicitud de Deportes Unión La Calera por la unanimidad de sus miembros.

Manifiestan que el 29 de enero de 2020 el recurrente solicitó el alzamiento de la medida prejudicial precautoria, mientras que el 5 de mayo de 2020, compareció solicitando que se le tuviera como tercero coadyuvante, formulando una cuestión de competencia por declinatoria y la nulidad de todo lo obrado, además de solicitar la inhabilidad de los miembros del Tribunal de Asuntos Patrimoniales, lo que fue resuelto el 11 de mayo del actual, sin que se ejercieran recursos en su contra. Añaden que actualmente la causa se encuentra en tramitación ante la sala del Tribunal a la que han comparecido ambas partes haciendo valer sus derechos, así como el recurrente.

Arguyen que el recurso de protección no constituye un medio de impugnación de resoluciones judiciales, máxime si ésta no fue recurrida oportunamente ante el Juez de segunda instancia que, de acuerdo a los estatutos, debe ser miembro del Centro de Arbitraje y Mediación de la Cámara de Comercio de Santiago.

Expresan que, discutiéndose la propiedad y titularidad de derechos federativos y económicos, el Tribunal Pleno cuenta con facultades y competencia para decidir sobre una medida prejudicial precautoria, conforme a lo dispuesto en el artículo 32 de los Estatutos de la ANFP en relación al principio de inexcusabilidad, consagrado en los artículos 76 de la Constitución Política de la República y 10 del Código Orgánico de Tribunales, aplicable en la especie, dada su calidad de jueces árbitros arbitradores, habida consideración que el propio tribunal tiene la facultad de fijar normas de procedimiento y funcionamiento. Relatan que se concedió la medida en base a los antecedentes acompañados por existir razones graves y de urgencia, debido al cierre del libro de pases en el mes de febrero del presente año, ordenando inscribir la medida en el registro correspondiente. Aducen haber cumplido con al artículo 637 del Código de Procedimiento Civil, al obrar conforme a la prudencia y equidad, escuchando a los interesados y dictando la resolución de fecha 7 de febrero de 2020, que modificó la medida prejudicial precautoria inicialmente decretada. Añaden que, posteriormente, se definió la Sala que se avocaría al conocimiento del juicio y se dio inicio al mismo.

Niegan la existencia de una comisión especial, pues el recurrente no ha sido juzgado en el marco del juicio arbitral, al no ser parte de la contienda patrimonial entre los dos clubes. Estiman que la voz “comisiones especiales” prohíbe el establecimiento de tribunales ad hoc, creados para juzgar un caso concreto o a una determinada persona o grupo de personas en particular, sin que se garantice la imparcialidad e independencia del juzgador, lo que no acontece en la especie, pues el Tribunal de Asuntos Patrimoniales es un órgano jurisdiccional creado y establecido en los Estatutos de la ANFP y vinculante para los clubes que la integran, habida consideración que el recurrente, en su calidad de jugador de fútbol profesional, ha aceptado los Reglamentos y Estatutos de la ANFP al momento de firmar su contrato de trabajo, conforme lo dispuesto en el artículo 139 del Reglamento de la ANFP. Arguyen que el accionar de un órgano jurisdiccional de la corporación se encuentra legitimado por el vínculo asociativo que existe entre los clubes deportivos y la entidad que los agrupa, conforme a lo dispuesto en el artículo 19 N° 15 de la Carta Fundamental.

Consideran que la medida cautelar vigente, de 7 de febrero de 2020, no vulnera la libertad de trabajo del recurrente, pues el Tribunal Arbitral abrió la posibilidad a los clubes involucrados para que pudieran ceder de común acuerdo a un tercero los derechos federativos y económicos del jugador, sin que hasta la fecha se haya efectuado requerimiento de algún club para contratar al recurrente, por lo que estiman el libelo se estructura sobre meras expectativas, habida consideración que ni el jugador ni el club han ofrecido sustituir la medida precautoria con otra caución suficiente. Agregan que respecto a los derechos federativos y económicos el recurrente queda sometido a las normas fijadas por la Asociación Nacional de Fútbol Profesional, estando obligado a respetar las normas y reglamentos de la asociación, estando impedido de contratar libremente con otro club mientras no finiquite su contrato de trabajo, pues no puede figurar inscrito en el registro general de jugadores para más de un club; en definitiva, pide el rechazo del recurso, con costas.

En el folio N° 17, se hizo parte Deportes Unión La Calera S.A.D.P., representado por su Gerente General, don nombre reservado, solicitando el rechazo del recurso, tanto por haberse deducido extemporáneamente, como por abordar una controversia que debe resolverse en un procedimiento declarativo de lato conocimiento.

En cuanto al fondo, aduce que la medida cautelar decretada no afecta ningún derecho laboral del jugador, pues únicamente incide en los derechos federativos, que nacen con la inscripción del Jugador en los registros de la ANFP.

Estima que la conducta del recurrente es contraria a la teoría de los actos propios y a la buena fe objetiva, atendido que celebró un contrato de trabajo hasta el año 2023 con el Club Unión La Calera, previa existencia de un acuerdo de opción de compra de sus derechos federativos y económicos, pero luego prorrogó su contrato de trabajo con Deportes Valdivia hasta la temporada 2021. Niega la afectación de las garantías que se dicen conculcadas y solicita el rechazo del recurso, con costas.

Al folio N° 20, se hizo parte como tercero coadyuvante el Sindicato Interempresa de Futbolistas Profesionales, representado convencionalmente por el abogado, don Fernando Daller Gutiérrez, expresando que el recurrente es un tercero ajeno al proceso arbitral seguido ante el Tribunal de Asuntos Patrimoniales y, no obstante, se ha restringido su libertad de trabajo e igualdad ante la ley, consagrados en el artículo 19 N° 16 y 2 de la Constitución Política de la República.

Sostiene que la medida precautoria decretada se traduce en una imposibilidad para el recurrente de prestar servicios como futbolista profesional en otro club, distinto a las partes del litigio, que desee contar con sus servicios, lo que resulta contrario al artículo 19 N° 26 de la Carta Fundamental, dado el carácter instrumental de las medidas cautelares y la calidad de trabajador del recurrente.

Señala que la libertad de trabajo ha sido vulnerada, pues no basta con que el jugador pueda seguir trabajando para su actual empleador, si no puede ejercer la libertad de contratación, máxime si se considera que el tribunal ha condicionado el ejercicio del derecho al acuerdo de dos clubes y a su propia autorización, lo que carece de sustento en el ordenamiento jurídico, reglamentario y estatutario.

Se trajeron los autos en relación.

CONSIDERANDO:

PRIMERO: Que el recurso de protección ha sido instituido con el propósito de evitar posibles consecuencias dañosas o lesivas de actos u omisiones arbitrarios o ilegales, que causen en los afectados privación, perturbación o amenaza en el legítimo ejercicio de las garantías o derechos que se protegen con este instrumento jurisdiccional, con el fin de que se adopten las providencias necesarias para restablecer el imperio del derecho y asegurar la protección de los perjudicados.

En dicho sentido, es un medio de impugnación jurisdiccional que permite poner pronto remedio a situaciones de hecho que amaguen derechos de rango constitucional, estrictamente enumerados en el artículo 20 de la carta fundamental, comprendiendo situaciones inequívocas, de fácil y rápida comprobación, dentro de un procedimiento breve y sumarísimo.

SEGUNDO: Que la extemporaneidad alegada será desechada desde luego, atendido que el acto recurrido es la resolución dictada el 11 de mayo de 2020, que constituye –en último término- una validación procesal de la medida prejudicial precautoria decretada por el Tribunal Pleno del Tribunal de Asuntos Patrimoniales de la Asociación Nacional de Fútbol Profesional en los antecedentes arbitrales Rol N° 82-2020.

En este punto, conviene dejar asentado que si bien el recurso de protección se direccionó, también, en contra del Directorio de la Asociación Nacional de Fútbol Profesional, lo cierto es que el sustrato fáctico sólo dice relación con actuaciones del Tribunal de Asuntos Patrimoniales, por lo que el análisis se circunscribirá exclusivamente a este último.

TERCERO: Que, despejado lo anterior, como una cuestión previa y fundamental para entrar al conocimiento del asunto, es menester explicitar que el recurso de protección es una acción de naturaleza cautelar, urgente y no declarativa, de modo que no es posible a través de este procedimiento, obtener un pronunciamiento en el que se dirima la existencia del derecho invocado, su validez y en general, las materias cuyo fallo requiere una discusión y tramitación en un juicio de lato conocimiento.

En efecto, cualquier alegación relacionada con los asuntos patrimoniales de ambos clubes o el incumplimiento contractual, así como la vigencia de la relación laboral o afectación de derechos en el marco de aquella, deben necesariamente ser discutidos en la sede que corresponda y no por la vía de la presente acción, la que, conforme quedó asentado, no tiene naturaleza declarativa, sino esencialmente cautelar.

CUARTO: Que el acto cuya ilegalidad se reprocha por esta vía, consiste en que el 11 de mayo de 2020 el Tribunal Pleno del Tribunal de Asuntos Patrimoniales de la Asociación Nacional de Fútbol Profesional, en procedimiento arbitral Rol N° 82-2020, rechazó la cuestión de competencia y nulidad de todo lo obrado deducidas por el recurrente, manteniendo la medida prejudicial precautoria de prohibición de celebrar actos sobre los derechos federativos y económicos del jugador de fútbol profesional, don nombre reservado, lo que vulnera sus derechos constitucionales consagrados en el artículo 19 Nº 3 inciso 5º y Nº 16 de la Carta Fundamental.

El objeto del presente recurso es que se deje “…sin efecto, por ser insanablemente nulas todas las actuaciones del Tribunal Pleno de Asuntos Patrimoniales, y en especial aquella medida precautoria que le impide a mi representado ser transferido a otros clubes deportivos…”.

QUINTO: Que, conforme a lo expuesto en los considerandos precedentes, el núcleo básico de discusión –en esta sede- radica en determinar si puede calificarse de ilegal y/o arbitraria la decisión del Tribunal Pleno del Tribunal de Asuntos Patrimoniales, de decretar la medida prejudicial precautoria que se cuestiona por esta vía.

En este sentido, el tribunal recurrido reconoce que la medida prejudicial precautoria solicitada en el procedimiento arbitral Rol N° 82-2020, es una situación que no se encuentra expresamente regulada en el Auto Acordado de 12 de julio de 2018, dictado por el propio Tribunal Pleno para regular la tramitación de las causas que se ventilen ante él.

Lo anterior debe vincularse con que el Tribunal recurrido tiene el carácter de árbitro arbitrador y cada asunto es conocido por éste constituido por tres miembros, quienes conocen y resuelven cada caso dentro de su esfera de competencia, mientras que el juez sustanciador es el encargado de la tramitación de las causas y está facultado para ordenar medidas cautelares, así como dictar normas procesales complementarias, según lo dispuesto en el aludido auto acordado y en los artículos 32, 33, 34 y 38 de los Estatutos de la Asociación Nacional de Fútbol Profesional.

SEXTO: Que, en la especie, el Pleno del Tribunal de Asuntos Patrimoniales de la Asociación Nacional de Fútbol Profesional obró al margen de la propia regulación que se han dado los miembros de la corporación, atendido que las normas que disciplinan su funcionamiento no prevén que los nueve miembros en Pleno se avoquen al conocimiento de asuntos como árbitro arbitrador.

Dicha omisión no puede enmendarse recurriendo a las normas que otorgan la facultad de fijar normas de procedimiento y funcionamiento, pues aquellas, conforme a una de las manifestaciones más elementales del principio de legalidad, habrían de estar establecidas –necesariamente- antes del inicio del proceso. Del mismo modo, resulta descartable que el principio de inexcusabilidad y el derecho de asociación permitan alterar –según el caso concreto- las reglas procedimentales establecidas en beneficio de los asociados. Sustentar lo contrario, redundaría en una absoluta incerteza jurídica para los destinatarios de la normativa.

SÉPTIMO: Que, lo anterior cobra especial relevancia, atendido que, tal como reconoce el recurrido, el señor nombre reservado es un tercero en el procedimiento arbitral seguido en causa Rol N° 82-2020, entre Deportes Unión La Calera S.A.D.P. y Deportes Valdivia. No obstante, es indudable que los efectos de la medida cautelar decretada impactan en su vida laboral y, en tal sentido, debe tenerse presente que el artículo 635 inciso 3º del Código de Procedimiento Civil dispone que cuando el cumplimiento de la resolución arbitral haya de afectar a terceros que no sean parte en el compromiso, deberá ocurrirse a la justicia ordinaria para la ejecución de lo resuelto.

OCTAVO: Que, en el presente caso, la resolución dictada por el Pleno del Tribunal de Asuntos Patrimoniales excede el ámbito de su competencia y afecta a un tercero, constituyéndose, en la práctica, en una suerte de comisión especial.

Por lo demás, aun reconociendo la posibilidad que un árbitro arbitrador decrete una medida prejudicial precautoria, lo cierto es que ello debió disponerse por el tribunal arbitral correspondiente, lo que, conforme quedó asentado, no ocurrió.

NOVENO: Que, de lo señalado precedentemente, queda de manifiesto que el recurrido en estos autos incurrió en un acto arbitrario e ilegal, que perturba la libertad de contratación y la libre elección del trabajo del recurrente, ambos extremos protegidos por la garantía constitucional del artículo 19 Nº 16 de la Carta Fundamental.

En consecuencia, habrá de darse lugar a la acción constitucional de protección, tal como se dirá en lo resolutivo de este fallo.

Por estas consideraciones, disposiciones legales citadas y lo previsto en los artículos 19 N° 24 y 20 de la Constitución Política de la República y Auto Acordado de la Excma. Corte Suprema sobre Tramitación del Recurso de Protección de Garantías Constitucionales, SE ACOGE el recurso de protección interpuesto por don nombre reservado, únicamente en contra del Tribunal de Asuntos Patrimoniales de la Asociación Nacional de Fútbol Profesional y sólo en cuanto se dejan sin efecto las resoluciones dictadas en causa Rol N° 82-2020, de 23 de enero de 2020, y su modificación, de 7 de febrero del actual, en aquella parte que decretaron la prohibición de celebrar actos o contratos sobre los derechos federativos y económicos del jugador profesional, don nombre reservado, con costas, en las que precisamente se condena al recurrido.

Redacción a cargo de la Ministra Titular, Señora María Elena Llanos Morales.

Regístrese digitalmente, notifíquese y archívese, en su oportunidad.

Rol N° 1615-2020 -PROTECCIÓN