nombre reservado con nombre reservado

C.A. de Valdivia Valdivia, dieciocho de junio de dos mil veinte.

Vistos:

Comparece don nombre reservado, trabajador, domiciliado en domicilio reservado, quien deduce acción constitucional de protección en contra de doña nombre reservado, Jueza Titular del Juzgado de Letras y nombre reservado, domiciliada en domicilio reservado, en atención a que el actuar ilegal y arbitrario de la recurrida vulnera su garantía constitucional consagrada en el artículo 19 número 24 de la Carta Fundamental.

Expone que en causa RIT O-12-2019, sobre despido indirecto, del Juzgado de Letras y nombre reservado, las partes arribaron a una conciliación el 9 de agosto de 2019, según los términos que detalla en su presentación. Agrega que el demandado no cumplió en tiempo y forma con las obligaciones asumidas en la conciliación, por lo que se inició un juicio ejecutivo ante el mismo tribunal, causa RIT J-2-2020, a fin de obtener el pago de $625.000 correspondientes a la cuota del mes de diciembre y la suma de $10.000.000 por concepto de clausula penal.

Señala que la recurrida dio tramitación incidental al cobro de la cláusula penal y, en rebeldía de la ejecutada, rebajó su monto a la suma de $1.562.500, fundada en la redacción de la cláusula y la intención de las partes. Estima que la interpretación sostenida por la juez recurrida es errada, pues se aparta del tenor literal de la conciliación y de los registros de audios, en que no se distingue si el incumplimiento debe ser total o parcial para dar lugar al cobro de la cláusula penal.

Sostiene que la decisión arbitraria e ilegal de la jueza recurrida atenta contra la ley del contrato y la cosa juzgada, vulnerando su derecho de propiedad al privarla del 85% de la cláusula penal fijada en la conciliación, en circunstancias que aquella tiene por objeto garantizar el cumplimiento íntegro de las obligaciones asumidas por las partes, por lo que resulta improcedente establecer un monto proporcional al incumplimiento.

En definitiva, solicita se acoja el recurso y se deje sin efecto la resolución dictada el 7 de mayo de 2020 en causa RIT J-2-2020 del Juzgado de Letras y nombre reservado, con costas.

Informando el recurso, doña nombre reservado, Jueza Titular del Juzgado de Letras y nombre reservado, alega en primer término la improcedencia de la acción constitucional de protección para impugnar decisiones jurisdiccionales, puesto la controversia ya se encuentra sometida al imperio del derecho, habida consideración que la resolución que motiva el presente recurso fue objeto de los medios de impugnación que prevé el ordenamiento jurídico.

En cuanto al fondo, manifiesta que con fecha 9 de agosto de 2019, dirigió la audiencia de juicio en causa laboral RIT O-12-2019, en que las partes alcanzaron un acuerdo, estipulándose que Comercial Oma Wurst SpA, pagaría una suma única a título de indemnización laboral a favor de don nombre reservado de $4.000.000, pagaderos en 5 cuotas, con vencimiento la última de ellas en el mes de diciembre de 2019, por el monto de $625.000. Asimismo, la demandada se obligó a la solución de las cotizaciones previsionales impagas antes del 31 de diciembre de 2019 y se pactó una clausula penal por la suma de $10.000.000, para el caso de incumplirse alguna de las obligaciones.

Expresa que el recurrente interpuso demanda ejecutiva conforme al procedimiento previsto en los artículo 462 y siguientes del Código Laboral, aduciendo el no pago de la cuota correspondiente al mes de diciembre, así como la existencia de cotizaciones previsionales adeudadas, sin señalar específicamente los periodos impagos, por lo que, además, reclamó el pago de la cláusula penal.

Sostiene que aplicó el artículo 468 del Código del Trabajo, para dar tramitación incidental al monto cobrado por sobre el capital adeudado, estableciendo una suma proporcional al único monto determinado por el actor como incumplido, la que, en todo caso, es superior al 150% previsto en la norma, ocurriendo que el demandante dedujo recurso de reposición e incidente de nulidad procesal, los que fueron rechazados.

Refiere que en causa RIT 358-2019 el recurrente dedujo querella por apropiación indebida de las cotizaciones previsionales y el 10 de octubre de 2019 –dos meses después de conciliar en la causa laboral- se arribó a la suspensión condicional del procedimiento estableciendo como condición el pago de los periodos adeudados, plazo que fue prorrogado en audiencia de 9 de junio de 2020.

Arguye que en el presente caso aplicó las normas y principios propias del derecho laboral, empero, se arriba a la misma conclusión si se recurre a los artículos 1539 y 1544 del Código Civil, habida cuenta que la imposición de una pena de $10.000.000 no guarda relación con el monto adeudado ($625.000) y, por ende, resulta contrario a los principios de repudio al enriquecimiento injusto, buena fe procesal y la proporcionalidad de las penas.

Niega un actuar ilegal y /o arbitrario, pues su decisión se fundamentó en la justicia y proporcionalidad, así como impedir el ejercicio abusivo de un derecho por parte del demandante.

Pide el rechazo del recurso de protección, con costas.

Se ordenó traer los autos en relación.

CONSIDERANDO:

PRIMERO: Que, el recurso de protección de garantías constitucionales, previsto en el artículo 20 de la Constitución Política de la República, es una acción constitucional, cuyo propósito consiste en obtener de los Tribunales Superiores de Justicia, una tutela eficaz y eficiente para salvaguardar la integridad de los derechos fundamentales que aquélla norma contempla. Al conocer un recurso de protección, es el deber constitucional de esta Corte adoptar, en forma inmediata, las providencias necesarias para asegurar la debida protección ante una acción u omisión arbitraria o ilegal, que importe una privación, perturbación o amenaza de los derechos y garantías que el constituyente establece.

SEGUNDO: Que, el acto cuya ilegalidad y arbitrariedad se reprocha por esta vía consiste en que el 7 de mayo de 2020, la Jueza Titular del Juzgado de Letras y nombre reservado, dictó resolución en causa RIT J-2-2020 que es del siguiente tenor: “Que día 15 de febrero del presente año, se instó por la parte demandante el cobro en juicio ejecutivo laboral de las obligaciones pactadas en un avenimiento arribado entre el trabajador don nombre reservado y su empleador Comercial Oma Wurst Spa, en audiencia celebrada el día 8 de agosto de 2019. En la audiencia referida el empleador demandado se obligó al pago de la suma de $4.000.000, en diversas parcialidades, una de $1.500.000 y cuatro de $625.000, incluyendo el pago de las cotizaciones de seguridad social adeudadas a aquella fecha. Cabe agregar, que las partes convinieron que en caso de no darse cumplimiento a las obligaciones del avenimiento, se fijó como clausula penal la suma de $10.000.000 exigible al demandado. Es en tal sentido, que la parte ejecutante en su demanda de cobranza laboral ha solicitado el cobro del monto de $625.000, correspondiente al saldo adeudado por el empleador, y que se haga efectivo la cláusula penal antes referida. Que habida consideración que el ejecutante solo pide el cobro de la suma de $625.000, tácitamente reconoce que el empleador dio cumplimiento a su obligación por el monto de $3.375.000, situación en la cual nos encontramos ante un incumplimiento parcial de las prestaciones laborales pactadas en el avenimiento del día 8 de agosto de 2019. En dicho orden, el saldo demandado representa el 15,625% de lo adeudado primitivamente, esto es los $4.000.000, por lo que al momento de analizar la cláusula cuarta del avenimiento, de su redacción e intención de la partes aquella importa una sanción por el incumplimiento total de lo adeudado, más aun teniendo presente el ejecutado en etapa previa a cobranza laboral dio cumplimiento al monto de $3.375.000, y que la suma demandada importa un solo mes impago, por lo que a juicio de esta suscrita, la sanción fijada por la cláusula penal, debe imperiosamente ser proporcional al crédito reclamado, esto es, al momento de fijar la suma de incremento debe tenerse en consideración del desembolso efectuado por el empleador. Por consiguiente considerando que lo debido representa el 15,625% de la suma pactada, el incremento se fijará en proporción a aquella cifra, esto es, el 15,625% de los $10.000.000, lo que corresponde a la suma de $1.562.500, que se agregará al crédito que se persigue en esta sede jurisdiccional. Y visto además, lo dispuesto en el artículo 468 y siguientes del Código de Trabajo, se resuelve: Que se hace lugar de manera parcial el incremento pedido por la parte ejecutante al momento de impetrar su demanda, y en consecuencia se fija aquella, en la suma de $1.562.500, monto que se adiciona al crédito liquidado y perseguido en autos”.

El objeto del presente recurso es que “…se deje sin efecto el acto arbitrario e ilegal contenido en la resolución de fecha 7 de mayo de 2020, dictada en causa RIT J-2-2020, del Juzgado de Cobranza Laboral y Previsional de Paillaco, por la recurrida doña nombre reservado, declarando que debe mantenerse el monto acordado por las partes a título de cláusula penal en conciliación de fecha 9 de agosto de 2019, causa RIT O-12-2019, del Juzgado Laboral de Paillaco, en la suma de $10.000.000.-, con reajustes e intereses”.

TERCERO: Que, como puede observarse, el acto que se estima ilegal y arbitrario consiste en haberse librado por la Jueza recurrida una resolución judicial en el marco de un procedimiento reglado en el Código del Trabajo.

Sobre el particular, la Excma. Corte Suprema ha sostenido reiteradamente y como criterio general, que la acción constitucional de protección no procede en contra de resoluciones judiciales y que, estando una controversia sometida al imperio del derecho, no procede otorgar amparo constitucional. (Rol N° 32.118-2019, de 14 de enero de 2020). En otro sitio agrega que estando el conocimiento del asunto sustantivo (que sirve de fundamento a la acción constitucional) sometido al procedimiento judicial correspondiente que otorga a las partes y terceros las máximas garantías y mecanismos de impugnación para que puedan hacer valer sus pretensiones y derechos, garantizando de esta manera el cumplimiento cabal del debido proceso, el recurso extraordinario ha perdido su real objetivo atendida su índole y naturaleza. (Rol N° 7940-2019, de 21 de julio de 2019).

CUARTO: Que, lo expuesto precedentemente, constituye razón suficiente para el rechazo del recurso, atendido que no resulta posible impugnar por esta vía una resolución judicial dictada en un procedimiento legalmente tramitado.

QUINTO: Que, con todo, la excepcionalidad de la procedencia del recurso de protección para atacar resoluciones judiciales requiere de una manifiesta afectación de las garantías constitucionales y derechos preexistentes que se enumeran en el artículo 20 de la Carta Fundamental, y en la especie ello no ocurre, desde que la decisión aparece debidamente motivada en aspectos de hecho y derecho, mientras que el actor ejerció oportunamente los mecanismos procesales destinados a revertir tal la resolución.

Cuestión distinta es que el recurrente no comparta los razonamientos de la Jueza recurrida, pero ello no configura la ilegalidad y arbitrariedad que se reprocha en esta sede cautelar.

SEXTO: Que, en consecuencia, falta uno de los requisitos básicos para la procedencia de esta acción constitucional, atendido que no se acreditó la existencia de una acción u omisión, ilegal y/o arbitraria, lo que conduce al rechazo del presente recurso.

Por lo expuesto, normas citadas, y visto, además, lo dispuesto por el artículo 20 de la Constitución Política de la República y Auto Acordado de la Excma. Corte Suprema sobre Tramitación del Recurso de Protección de Garantías Constitucionales, se RECHAZA, sin costas, la acción de protección interpuesta por don nombre reservado en contra de doña nombre reservado, Jueza Titular del Juzgado de Letras y nombre reservado.

Regístrese y archívese en su oportunidad.

N°Protección-1597-2020.