AGRICOLA MANTOS VERDES LIMITADA con INSPECCIÓN PROVINCIAL DEL TRABAJO nombre reservado

Valdivia, once de enero de dos mil dieciocho.

VISTOS Y CONSIDERANDO:

1° Don nombre reservado, Abogado, en representación de Agrícola Mantos Verdes S.A, sociedad del giro de su denominación, rol único tributario N° 78.222.250-5, ambos domiciliados para estos efectos en domicilio reservado, deduce recurso de protección en contra de la Inspección Provincial del Trabajo de nombre reservado, representada por don nombre reservado, ignora profesión u oficio, ambos domiciliados en domicilio reservado, fundado en los siguientes aspectos de hecho y de derecho:

En primer lugar, señala que se encuentra dentro de plazo para deducir la acción, para a continuación, describir los hechos consistentes en que su parte presentó reconsideración administrativa ante la Inspección Provincial del Trabajo de nombre reservado, amparada en los artículos 511 y 512 del Código del Trabajo, en contra de Resolución de Multa N° 4544/2017/79-1-2-4-5-6-7, aplicada con fecha 09 de Agosto 2017, la que fue depositada en oficinas de correos de Chile, con fecha 21 de Agosto 2017, por lo que se encuentra plenamente emplazada a partir del día 28 de Agosto 2017.

Expresa que con fecha 11 de Octubre 2017, su representada interpuso reconsideración administrativa en contra de dichas resoluciones, amparado en los artículos 511 y 512 del Código del Trabajo y mediante ordinario N° 1539 de fecha 17 Octubre 2017, en referencia a la multa administrativa N° 4544/2017/79-1-2-4-5-6-7, el señor nombre reservado dispuso que “ Dicha solicitud fue presentada fuera de plazo de 30 días corridos contados desde la notificación de la resolución de multa”

Estima que lo anterior es ilegal, debido a que el artículo 512 del Código del Trabajo establece que la reconsideración debe ser presentada “dentro del plazo de treinta días de notificada la resolución que aplicó la multa administrativa”. En ninguna parte indica que dicho plazo debe ser de días corridos, siendo dicho plazo de días hábiles y no corridos, ya que lo dispuesto en el artículo 512 del Código del Trabajo debe ser interpretado en forma armónica con lo dispuesto en el artículo 25 de la ley 19.880 sobre bases del procedimiento administrativo, norma que en la especie se aplica supletoriamente en atención al artículo 1° del mismo cuerpo legal, que expresamente establece que los plazos de los procedimientos administrativos sólo comprenden los días hábiles, entendiéndose inhábiles los sábado, domingo y festivos.

En la especie, habiéndose notificado a su parte de la multa administrativa el día 28 de Agosto 2017 (Se depositó el día 21 del mismo mes y año) y pedido reconsideración administrativa en base a los artículo 511 y 512 del Código del Trabajo con fecha 11 de Octubre 2017, entonces sin duda se interpuso dentro del término legal de los treinta días hábiles, por lo que en consecuencia, el Ordinario N° 1539 del año 2017, emanado de la Inspección Provincial del Trabajo de nombre reservado, resulta del todo ilegal.

Además, manifiesta que el acto recurrido es arbitrario por cuanto no existe ningún sustento racional que justifique no haber acogido a tramitación el recurso de reconsideración administrativa interpuesto por su parte con fecha 11 de Octubre 2017, dice el recurrente, en circunstancias que la Constitución Política de la República en su artículo 19 N° 2 garantiza a todas las personas la igualdad ante la ley, prohibiendo a la autoridad realizar discriminaciones arbitrarias y como ha venido señalando, en la especie dicha garantía constitucional fue vulnerada al no haberse acogido a tramitación ambas reconsideraciones administrativas, sin justificación racional ni sustento normativo, vulnerándose la garantía constitucional del derecho a la propiedad, dejando a su parte en la obligación de pagar el monto de la multa impugnada.

Pide tener por interpuesto recurso de protección de garantías constitucionales a favor de la sociedad por la que comparece, en contra de la Inspección Provincial del Trabajo de nombre reservado, representada por don nombre reservado, todos ya singularizados e individualizados (o por quien detente dicho cargo en ese momento) a fin de que tras ser declarado admisible, sea acogido en todas sus partes y se declare que el ordinario 1539 del año 2017, emanado de la recurrida y notificado a su parte con fecha 13 de noviembre del año en curso, es un acto arbitrario e ilegal que debe ser dejado sin efecto, ordenándose a la recurrida que debe acoger a tramitación el recurso de reconsideración administrativa interpuestos por su parte con fecha 11 de Octubre 2017, en contra de la resolución de multa: 4544/2017/79-1-2-4-5-6-7, en razón de haberse deducido ésta dentro del plazo de 30 días hábiles contados desde su notificación, sin perjuicio de que se adopten las demás medidas que se estime procedentes para restablecer el imperio del derecho, todo ello con expresa condenación en costas a la contraria.

2° Roberto Villavicencio Vega, abogado de la Dirección del Trabajo, por la recurrida la Inspección Provincial del Trabajo de nombre reservado, informa al tenor del recurso y señala que éste es improcedente, en base a las siguientes argumentaciones.

En primer lugar, señala que el recurrente detentaba la posibilidad de ejercer las acciones establecidas en el Código del Trabajo para que en sede laboral se pudiera discutir respecto de lo señalado por el recurrente.

En segundo lugar expresa que no existe ilegalidad alguna, ya que su posición jurídica es sostenida tanto en forma administrativa como por jurisprudencia judicial, por lo que solicita el rechazo del recurso de protección.

3° Se trajeron los autos en relación y el día de la vista alegaron los abogados que comparecieron interponiendo el recurso e informándolo, respectivamente.

4° Consta en autos, con los documentos acompañados por el propio recurrente, que la resolución que impuso las multas fue dictada con fecha 9 de agosto de 2017 y notificada por carta certificada depositada en Correos de Chile el día 21 del mismo mes, por lo que la reclamada quedó emplazada el 28 de agosto próximo pasado conforme a la normativa que regula tal tipo de notificaciones, cuestión por lo demás no controvertida en el informe de la recurrida.

La solicitud de reconsideración administrativa fue presentada el 11 de octubre de 2017.

5° EL Ordinario N° 1539 de 17 ese mismo mes y año, que es el que se impugna por medio de esta acción constitucional, expresa que la reconsideración no se presentó dentro del plazo legal de treinta días corridos, contados desde su notificación y la declara extemporánea.

6° Cabe señalar que el 512 del Código del Trabajo, en su inciso primero, señala que el plazo para la presentación de las solicitudes de reconsideración administrativa de multas es de treinta días, sin especificar si se trata de días hábiles o corridos.

Pero lo anterior debe relacionarse con el artículo 25 de la ley 19.880, que señala que el cómputo de los plazos de días del procedimiento administrativo, establecidos en esa ley son de días hábiles, entendiéndose que son inhábiles los días sábado, los domingo y los festivos, norma aplicable en la especie en forma supletoria por mandato del artículo 1º de la misma ley; de lo que se puede colegir que la reconsideración fue formulada dentro del plazo. De hecho, descontando los días que no deben computarse conforme a esta última norma, la reconsideración se interpuso el vigésimo noveno día posterior al emplazamiento.

7° Debe tenerse en cuenta que la Excma. Corte Suprema se ha pronunciado sobre la materia dando aplicación a la norma supletoria del artículo 25 de la ley 19.880, en diversos fallos, de los que se puede citar el dictado en causa rol 8727-2015, de fecha 16 de septiembre de 2016.

8° El actuar de la recurrida, consecuencialmente es ilegal, desde que no se ajusta a la correcta y armónica interpretación de las disposiciones legales citadas.

Y forzosamente debe dejarse establecido que tal errónea interpretación legal afecta al derecho de propiedad de la parte recurrente, consagrado en el artículo 19 N° 24 de la Constitución Política de la República, puesto que, al impedírsele una revisión en sede administrativa respecto de la resolución que le impuso multas, se ve afectada en su patrimonio, toda vez que la consecuencia del rechazo de la reconsideración deja a firme las sanciones económicas que le fueron impuestas y, a la vez, priva a dicha parte de recurrir a los tribunales respecto de lo que se resuelva en dicha reconsideración, como lo permite el artículo 512 del Código del Trabajo.

9° Cabe tener presente que el artículo 504 del Código del Trabajo dispone: “En todos aquellos casos en que en virtud de este Código u otro cuerpo legal, se establezca reclamación judicial en contra del resoluciones pronunciadas por la Dirección del Trabajo, distintas de la multa administrativa o de la que se pronuncie acerca de una reconsideración administrativa de multa, se sustanciará de acuerdo a las reglas del procedimiento monitorio, contenidas en los artículos 500 y siguientes del presente Código”. Es decir, el recurrente de protección podía deducir dicha acción ante el tribunal laboral competente, sin tener que recurrir a este medio de carácter cautelar y excepcional. De hecho ese era el procedimiento de reclamación más idóneo.

10° En todo caso, la parte final del inciso 1° del artículo 20 de la Carta Fundamental, que consagra esta acción constitucional señala que ella es “sin perjuicio de los demás derechos que (el recurrente) pueda hacer valer ante la autoridad o los tribunales correspondientes”, de tal modo que la duplicidad que la norma en análisis establece impide rechazar el presente recurso so pretexto de no haberse utilizado el procedimiento idóneo creado por ley al efecto.

Y visto lo dispuesto en las normas legales citadas y en los artículos 19 N° 24 y 20 de la Constitución Política de la Republica y Auto Acordado de la Excelentísima Corte Suprema sobre Tramitación del Recurso de Protección de Garantías Constitucionales, Se acoge el recurso de protección interpuesto por nombre reservado, Abogado, en representación de Agrícola Mantos Verdes S.A, sociedad del giro de su denominación, en contra de la Inspección Provincial del Trabajo de nombre reservado y se deja sin efecto el oficio de ésta N° 1539 de 2017 y se ordena a dicho órgano administrativo a tramitar y pronunciarse acerca de la solicitud de reconsideración presentada por la recurrente el 11 de octubre de 2017 respecto de la resolución de multa N° 4544/2017/79-1-2-4-5-6 y 7, sin costas, por cuanto el actuar de la recurrida obedece a la aplicación de dictámenes de la Contraloría General de la República que le son vinculantes.

Se previene que el redactor del fallo estimó que debían imponerse las costas a la recurrida, habida cuenta de la infinidad de veces que se han acogido reclamaciones y recursos interpuestos en su contra por esta misma cuestión, por lo que debe preferir la interpretación judicial por sobre la administrativa y por no haber demostrado que hubiera realizado gestiones ante el órgano contralor para que modifique los dictámenes que establecen que el plazo establecido por el artículo 512 del Código del Trabajo sería de días corridos.

Redacción a cargo del Ministro Interino Sr. Fernando León Ramírez.

Rol 1561 – 2017 PRT.

Se deja constancia que no obstante haber concurrido a la vista de la causa y acuerdo del fallo, no firma la Ministra Sra. María Soledad Piñeiro Fuenzalida, por encontrarse con permiso.