Protección contra Inspección Provincial del Trabajo representada por su inspector provincial

Valdivia, veintinueve de enero de dos mil dieciséis.

VISTOS:

PRIMERO: Que se interpuso recurso de protección por don Mauricio Alejandro Barría Mena, abogado, por la empresa de Transportes Fluviales Corral S.A., en contra de la Inspección Provincial del Trabajo representada por su inspector provincial (s) doña nombre reservado (s) y don nombre reservado, funcionario público y fiscalizador, todos domiciliados en domicilio reservado° piso, de Valdivia por aplicar una multa de 10 IMM por “no exhibir toda la documentación necesaria para efectuar las labores de fiscalización”, a fin de que sea dejada sin efecto por constituir un acto ilegal y arbitrario. Indica que toda la documentación debía presentarse en las dependencias de la recurrida el día viernes 30 de octubre a las 15:00 hrs., es decir, prácticamente dentro de las 24 horas siguientes contadas desde la citación. La notificación se efectuó en el terminal portuario “Las Mulatas” de Valdivia, no obstante que la casa matriz está en la ciudad de Puerto Montt. La empresa solicitó el 30 de octubre de 2015, en horas de la mañana, una prórroga en la oficina de partes, teniendo presente el número de trabajadores, los antecedentes requeridos y el plazo otorgado. Con todo, la empresa tomó conocimiento el 11 de noviembre de 2015 de la resolución de multa.

Refiere que la propia Dirección del Trabajo, mediante la circular N° 125, de diciembre de 2008, establece respecto de la notificación de las audiencias de conciliación, donde exista la obligación de presentar documentos, en la fecha más próxima, a contar del día de la recepción del reclamo, debiendo, en todo caso, mediar tiempo suficiente para notificar oportunamente al reclamado, esto es, para ser notificada al menos 48 horas antes de la establecida para la audiencia de conciliación.

Indica como infringido el derecho de propiedad. La resolución es ilegal, porque no cumplió con el plazo para emplazar dentro de un plazo mínimo al administrado para cumplir con el requerimiento, impidiendo la contradictoriedad, y la negativa a la ampliación de plazos resulta injustificada. El plazo es arbitrario y la negativa a admitir la prórroga también, así como la sanción administrativa resultante.

En definitiva, solicita se deje sin efecto la resolución de multa N° 1161/2015/124 recurrida, con costas.

SEGUNDO: Que la Inspección Provincial del Trabajo, por intermedio del abogado don Mikel Berazaluce Lavandeira, solicita, desde luego, el rechazo del recurso. Refiere que con fecha 30 de octubre de 2015, se dictó la Resolución de Multa N° 1161/15/124, “por no exhibir toda la documentación exigida que deriva de las relaciones de trabajo, necesaria para efectuar las labores de fiscalización”, aplicando una multa de 10 IMM. Ella fue notificada con fecha 13 de noviembre. La norma administrativa citada, relativa a la exhibición de documentación es para aquellos casos en que se ha citado a un empleador en el proceso de conciliación, no en uno de fiscalización.

En segundo lugar, afirma la improcedencia de la acción de protección por existir un procedimiento especialmente regulado al efecto. El Libro V del Código del Trabajo, en su título II establece el procedimiento de reclamo judicial de las multas y demás resoluciones administrativas. Se trata de un procedimiento especial, cuyos efectos son la aplicación de la suspensión de la multa, de modo que el recurso de protección no puede ser utilizado como un sustituto jurisdiccional.

La resolución recurrida se ajusta al derecho vigente, toda vez que es obligación del empleador mantener en el lugar de trabajo o faena, toda la documentación laboral que tenga que ver con los trabajadores que allí presten servicios. Así lo ordena el artículo 9° del Código del Trabajo. A su vez, el artículo 9° en el inciso sexto, otorga la posibilidad al empleador que así lo necesitase y solicitare, de mantener centralizada la documentación ya referida, cuestión que en los hechos tampoco se ha manifestado ni ocurrido.

Por otro lado, la norma administrativa que regula el procedimiento de fiscalización es la Circular N° 88. Ésta indica que ante el evento de una infracción como la de autos, el fiscalizador debe aplicar de inmediato la multa, en virtud de lo señalado en el artículo 9° del Código del Trabajo, no obstante eso, la misma circular indica que en caso de estimarlo el fiscalizador y por tratarse de una pyme, podrá otorgar un plazo para que el empleador presente documentación requerida en las dependencias de la Inspección respectiva. Esto fue lo que, en definitiva, ocurrió. El fiscalizador otorgó plazo, incluso ante la eventualidad de haber cursado la infracción de inmediato.

Indica que no existe arbitrariedad, ni se afecta la garantía invocada. Por ello, solicita el rechazo del recurso.

TERCERO: Que el recurso de protección de garantías constitucionales establecido en el artículo 20 de la Constitución Política de la República, constituye una acción de naturaleza cautelar destinada a amparar el legítimo ejercicio de las garantías y derechos prexistentes, que en esa misma disposición se enumeran, mediante la adopción de medidas de resguardo ante un acto arbitrario o ilegal que prive, perturbe o amenace ese ejercicio.

CUARTO: Que, en consecuencia, es indispensable la existencia de un acto ilegal, esto es, contrario a la ley, o arbitrario, producto del mero capricho de quien incurre en él, y que provoque alguna de las hipótesis indicadas, afectando alguna de las garantías constitucionales protegidas.

QUINTO: Que el recurso de protección impugna la Resolución de Multa N° 1161/15/124, de fecha 30 de octubre de 2015, que aplicó 10 IMM ($1.554.600) al empleador Transportes Fluviales Corral S.A., por no exhibir toda la documentación exigida que deriva de las relaciones de trabajo, necesaria para efectuar las labores de fiscalización.

El acta de requerimiento de documentación y citación se hizo el 29 de octubre de 2015, a las 15:40 horas para el 30 de octubre a las 15:00 horas. El 30 de octubre se solicitó por la recurrente prórroga dado que era imposible cumplir con lo solicitado “debido a la cantidad de antecedentes requeridos”.

SEXTO: Que el artículo 9° del Código del Trabajo, en el párrafo quinto, dispone: “El empleador, en todo caso, estará obligado a mantener en un lugar fijado con anterioridad y que deberá haber sido autorizado previamente por la Inspección del Trabajo, un ejemplar del contrato, y, en su caso, uno del finiquito en que conste el término de la relación laboral firmado por las partes”.

El párrafo sexto, de la citada disposición legal, por su parte, permite al empleador, solicitar a la Dirección del Trabajo la autorización para centralizar los documentos y ofrecer copias digitalizadas tanto de documentos laborales como previsionales que deriven de las relaciones de trabajo, si el giro económico comprende diversos establecimientos, sucursales o lugares de trabajo o por razones de administración, control, operatividad o seguridad o que sus trabajadores presten servicios en instalaciones de terceros, o lugares de difícil ubicación específica, o carentes de condiciones materiales en las cuales mantener adecuadamente la documentación referida.

SÉPTIMO: Que la multa impuesta se aplicó por no tener el empleador toda la documentación exigida derivada de las relaciones de trabajo, lo cual se ajusta a derecho, atento la obligatoriedad e imperatividad del artículo 9° del Código del Trabajo, si se da el supuesto de hecho de no exhibir toda la documentación exigida al momento de efectuarse la fiscalización.

La posibilidad de conferir plazo por el fiscalizador al empleador para que presente la documentación requerida en las dependencias de la Inspección del Trabajo es facultativa, conforme a las atribuciones que otorga la Circular N° 88.- El fiscalizador pudo haber aplicado, en todo caso, de inmediato, la multa ante la constatación de la infracción del artículo 9° del Código del Trabajo.

En consecuencia, no existe ilegalidad ni arbitrariedad.

El plazo otorgado por el fiscalizador para la exhibición de la documentación, atento lo razonado con precedencia, tampoco resulta arbitrario, puesto que el fiscalizador no estaba obligado a dar plazo alguno, y simplemente, aplicar de inmediato la multa al constatar la infracción.

Por último, tampoco se divisa de qué manera la supuesta conducta reprochada por el recurrente vulneraría su derecho de propiedad, en relación de causa a efecto, habida consideración que el recurso de protección no es un sustituto jurisdiccional, ya que existe un procedimiento especial de reclamo de las multas regulado en el Código del Trabajo.

Por estas consideraciones y visto, además, lo establecido en el artículo 20 de la Constitución Política de la República, y Auto Acordado de la Corte Suprema sobre tramitación del recurso de protección, SE RECHAZA el recurso de protección interpuesto por don Mauricio Alejandro Barría Mena, en representación de la empresa de Transportes Fluviales Corral S.A., en contra de la Inspección Provincial del Trabajo de Valdivia, sin costas por tener motivos plausibles para recurrir.

Regístrese y archívese.

Redacción de la Ministra Srta. Loreto Coddou Braga.

N°Civil-1556-2015.

Pronunciada por la SEGUNDA SALA, Ministra Srta. RUBY ANTONIA ALVEAR MIRANDA, Ministra Srta. LORETO CODDOU BRAGA y Ministro Suplente Sr. CARLOS ACOSTA VILLEGAS. Autoriza el Secretario Subrogante Sr. César Agurto Mora.

En Valdivia, veintinueve de enero de dos mil dieciséis, notifiqué por el estado diario la resolución precedente. Sr. César Agurto Mora, Secretario Subrogante.