Protección contra acto ilegal y arbitrario del que ha tomado conocimiento con fecha 7 de noviembre

Valdivia, doce de enero de dos mil dieciséis.- VISTOS:

Con fecha 4 de diciembre de 2015, don Eduardo Andrés Sánchez Andrade, abogado, por don nombre reservado, interpone recurso de protección contra el Directorio del Sindicato de Trabajadores de Taxis Colectivos Línea 45, Corvi Centro, representado por el Presidente del Directorio don nombre reservado, ambos domiciliados en domicilio reservado

Señala que recurre en contra del acto ilegal y arbitrario del que ha tomado conocimiento con fecha 7 de noviembre del año 2015, mediante carta, la que fue notificada y entregada el 9 de noviembre del mismo año, en la cual se le comunica por parte del Directorio del mencionado sindicato que ha dejado de pertenecer a dicho sindicato por haber cometido una infracción, la que estaría en proceso investigativo ante la Fiscalía Local de Valdivia, en antecedentes RUC 1501056062-1, y que actualmente en proceso de archivo toda vez que el Fiscal aplicando el principio de oportunidad, archivó los antecedentes, desatendiendo el fundamento que se tenía como base de la desafiliación de su representado.- Estima que mediante tal acto se afecta su derecho constitucional que le garantiza el derecho a sindicarse de acuerdo a lo dispuesto en el artículo 19 N° 19 de la Constitución Política de la República, afectando además el derecho a su honra y la de su familia consagrado en el artículo 19 N° 4 de la citada Constitución.- Agrega que la decisión de poner término a la afiliación a un sindicato de trabajadores es una decisión ilegal, pues vulnera las normas legales relativas a la desafiliación, especialmente lo dispuesto en el artículo 231 del Código del Trabajo y el propio Reglamento, al haberse desestimado la noticia “criminis”, que fue el argumento de la desvinculación. Es además un acto arbitrario, pues depende del solo capricho y un ardid para hacerlo perder sus derechos sindicales.- Solicita en definitiva se restablezca el imperio del derecho adoptando las medidas necesarias para asegurar la debida protección de los derechos vulnerados, disponiendo en consecuencia se proceda a la inmediata reincorporación sindical, absteniéndose de ejercer actos vulneratorios, con costas.

Para fundamentar su recurso acompaña copia simple de resolución de directorio de 7 de noviembre de 2015.- Con fecha 21 de diciembre de 2015, don nombre reservado, empresario de transportes colectivos, por el Sindicato de Trabajadores de Taxis Colectivos Línea 45 Corvi-Centro”, evacúa informe indicando que la Línea de Colectivos 45 Corvi-Centro es una organización sindical que presta servicio de transporte de pasajeros, a través de la reunión de dueños de vehículos, formada en el año 1985 y que se rige por las normas legales de los artículos 231 y siguientes del Código del Trabajo, Ley 19.069 y sus Estatutos. Actualmente cuenta con 15 propietarios de taxis colectivos. Agrega que su personal está compuesto por una secretaria, una Inspectora de línea y otros funcionarios que realizan labores propias del rubro y organizan el sistema de turnos y funcionamiento de la línea. Las decisiones que se adoptan por el sindicato se someten a la aprobación de las bases conformada por los afiliados de acuerdo a sus estatutos.- Respecto de la decisión de desafiliación del recurrente, se funda en una discusión de éste con la Inspectora de Línea, que derivó en una serie de agresiones verbales, insultos y actos discriminatorios en contra de la referida funcionaria, especialmente por su origen étnico, afectándola en su honra, lo que motivó la denuncia ante el Ministerio Público. Hace presente que este actuar del recurrente ha sido sostenido en el tiempo, repitiéndose actos como el descrito en varias oportunidades. El Directorio habiéndole advertido verbalmente al recurrente que sería sancionado de acuerdo al reglamento disciplinario que contemplan los estatutos, decidió desafiliarlo por acuerdo de la asamblea extraordinaria, decisión adoptada por la unanimidad de sus miembros, procediendo a notificarlo de dicha resolución mediante carta dirigida personalmente a éste.- Señala que no existe como presupuesto de la acción constitucional, la existencia de un derecho indubitado, invocando jurisprudencia al efecto. Añade que conforme lo preceptuado en el artículo 212 del Código del Trabajo las organizaciones sociales deben sujetarse a la ley y a los estatutos, no resultando esta vía para declarar la existencia de un derecho.- Precisa que el artículo 19 N° 19 de la Constitución Política de la República asegura a todas las personas “el derecho a sindicarse en los casos y formas que señale la ley” y la ley N° 19.069, de 30 de julio de 1991, declara en su artículo 1º el reconocimiento a todos los trabajadores del sector privado y empresas del estado el derecho a constituir sin autorización previa las organizaciones sindicales que estimen conveniente, sin más limitación que aquellas impuestas por la ley y sus estatutos. Por lo tanto existe vulneración del derecho fundamental antes mencionado en aquellos casos que por actos u omisiones ilegales o arbitrarias se priva, amenaza o perturba de alguna manera la libertad para constituir estas organizaciones, pero no se pronuncia respecto de la desafiliación de alguno de los miembros, cuestión dejada para su regulación legal y estatutaria, tal como lo indica el artículo 20 y 21 de la norma en comento. En la especie, el Estatuto contempla sanciones para quien cometa faltas como agresiones verbales o físicas y la aplicación de ellas debe ser sometida a votación en asamblea extraordinaria. De ese modo, no ha existido acto vulneratorio del derecho a sindicarse invocado por el recurrente.- Asimismo, no existe ilegalidad ni arbitrariedad en el acto por el cual se acciona, pues las infracciones estatutarias tienen sus propios requisitos y normas, además la medida fue aprobada en asamblea extraordinaria por la unanimidad de sus miembros de acuerdo al marco legal que la rige, no resultando procedente la alegación en cuanto a que la causa criminal impetrada haya sido desestimada. Tampoco puede estimarse un acto arbitrario, pues como se señaló se trata de una falta grave, cuya sanción se somete a la aprobación de las bases, quienes previa discusión votan a favor o en contra de la desafiliación, cumpliéndose todos y cada uno de estos presupuestos. Solicita en consecuencia, el rechazo del recurso, con costas.- Acompaña la parte recurrida para fundamentar sus alegaciones: 1) Acta autorizada ante Ministro de Fe de Asamblea Extraordinaria. 2) Copia simple de votos firmados por afiliados. 3) Copia simple de denuncia formulada por la Inspectora de Línea de Taxis Colectivos. 4) Copia de certificado de personería. 5) Dos declaraciones juradas de conductores de la Línea 45 que dan cuenta de la agresión del recurrente.

Con fecha 23 de diciembre de 2015, la recurrida acompañó: 1) Notificación de la expulsión del recurrente. 2) Informe de 7 de noviembre de 2015, emitido por don nombre reservado, conductor de Línea 45. 3) Informe del propio recurrente que reconoce los hechos de agresión. 4) Copia de los estatutos.- El apoderado de la parte recurrente objetó los documentos acompañados por la recurrida por falta de integridad de los mismos, lo que se tuvo presente por resolución de 28 de diciembre de 2015.- Se trajeron los autos en relación.

CONSIDERANDO:

PRIMERO: Que el artículo 19 de la Constitución Política de la República asegura a todas las personas: “19.- El derecho de sindicarse en los casos y forma que señale la ley. La afiliación sindical será siempre voluntaria…”.- El recurso de protección que contempla el artículo 20 contempla el Nº 19 dentro de los derechos y garantías que pueden ser fundamento de dicho recurso en el evento de que por causa de actos u omisiones arbitrarios o ilegales sufra privación, perturbación o amenaza en el legítimo ejercicio de ese derecho o garantía.- Asimismo queda incluido en el artículo 20 la garantía del Nº 4 del artículo 19, esto es, “El respeto y protección a la vida privada y a la honra de la persona y su familia”.- SEGUNDO: Que el recurso de protección tiene la naturaleza de una acción cautelar, tendiente a amparar el ejercicio de las garantías y derechos preexistentes señalados en el artículo 20 de la Constitución Política de la República, siendo su objetivo adoptar las medidas de resguardo pertinentes ante la existencia de un acto u omisión arbitrario o ilegal, que perturbe, prive o amenace un derecho o garantía establecido en la Carta Fundamental, de manera que resulta indispensable para su procedencia, determinar la existencia de un acto ilegal o arbitrario que provoque alguna de las situaciones antes indicadas.- TERCERO: Que la decisión del Sindicato antes mencionado de poner término a la afiliación del recurrente la estima éste como una conducta ilegal que vulnera la garantía del Nº 19 del artículo 19 de la Constitución Política de la República al desestimar la Fiscalía la acción penal intentada en su contra, de manera que tal medida no encuentra sustento alguno para adoptarla.- Lo que protege la Constitución Política de la República es el derecho de toda persona a sindicarse en los casos y forma que señala la ley, y según la ley 19.069 del año 1991, los trabajadores del sector privado y empresas del estado tienen derecho a constituir, sin autorización previa, las organizaciones sindicales que estimen conveniente, sin más limitación que aquellas que están impuestas por la ley y sus estatutos. En la especie, al recurrente no se le privó del derecho a sindicarse en su oportunidad; el mismo reconoce que pertenecía al Sindicato de Trabajadores de Taxis Colectivos, línea 45, Corvi-Centro” de Valdivia; en consecuencia, dicha garantía no se encuentra vulnerada por algún acto u omisión imputable a la recurrida.- Cada miembro del Sindicato debe respetar las normas del Reglamento Disciplinario existente en el Sindicato y de no hacerlo se expone a las sanciones que dicho cuerpo normativo contempla lo que ocurrió en la especie. La decisión de desafiliación precisamente tuvo su origen en la transgresión al reglamento interno del Sindicato que sanciona, según lo señala el recurrido, actos de violencia y agresión a otros miembros o a personal que trabaje para él, con la expulsión o caducidad de la relación contractual que mantenga con dicha entidad, según corresponda, decisión que en el caso de autos se adoptó por la mayoría de los votos en asamblea de socios celebrada al efecto.- Así las cosas debe concluirse la inexistencia del derecho fundamental que se menciona vulnerado siendo inaplicable la garantía del Nº 19 del artículo 19 de la Carta Fundamental como fundamento jurídico del presente recurso.- CUARTO: Que, además, se funda el recurso de protección en la vulneración de la garantía del Nº 4 del artículo 19 de la Constitución Política de la República, haciendo referencia el recurrente al respeto y protección… a la honra de las personas y de su familia”.- Sin embargo nada se dice en el recurso acerca de la manera como el acto que califica como arbitrario e ilegal afecta dicha garantía, lo que es necesario para poder emitir un pronunciamiento al respecto conforme la naturaleza de esta acción cautelar, lo que conduce al rechazo del recurso.- Y vistos, además, lo dispuesto en los artículos 19 y 20 de la Constitución Política de la República y Auto Acordado de la Excma. Corte Suprema de Justicia sobre Tramitación y Fallo del recurso de Protección de Garantías Constitucionales, se RECHAZA el recurso de protección interpuesto por don Eduardo Andrés Sánchez Andrade, en representación de don nombre reservado en contra del Sindicato de Trabajadores de Taxis Colectivos, línea 45, Corvi-Centro, sin costas por estimar que el recurrente tuvo motivo plausible para recurrir.- Regístrese y archívese en su oportunidad.

Redacción del Ministro don Darío Ildemaro Carretta Navea.- N° Civil 1552-2015.

Pronunciada por la PRIMERA SALA Ministro Sr. DARIO ILDEMARO CARRETTA NAVEA, Fiscal Judicial Sra. MARIA HELIANA DEL RIO TAPIA y Abogado Integrante Sr. LUIS ELADIO ULLOA ROSAS. Autoriza la Secretaria Titular, Sra. Ana María León Espejo.

En Valdivia, a doce de enero de dos mil dieciséis, notifiqué por el estado diario la resolución precedente. Sra. Ana María León Espejo, Secretaria Titular.