Protección contra Inspección Provincial del Trabajo de Osorno

Valdivia, doce de enero de dos mil dieciséis.

VISTOS:

Que doña Jeannette Contreras Sepúlveda, abogada, en representación de ISS SERVICIOS GENERALES LTDA., ambos con domicilio en domicilio reservado, interpone recurso de protección en contra de la Inspección Provincial del Trabajo de Osorno, representada por doña nombre reservado, o quien la remplace o subrogue legalmente, ambos domiciliados en domicilio reservado.

Expone en síntesis que, con fecha 31 de agosto de 2015, el fiscalizador de la Inspección del Trabajo don nombre reservado, dictó la resolución Nº 1474/15/96-1 notificada a su parte el día 2 de septiembre de 2015, por medio de la cual se le aplicó una multa administrativa a su representada por los hechos que detalla en su presentación.

Señala que con fecha 22 de octubre, se envió por Chile Express formulario F 10 junto con un anexo, con el objeto de obtener la anulación de la multa, o en subsidio una rebaja sustancial de la multa a través de un recurso administrativo de reconsideración de multa, en el que se exponen argumentos que dan cuenta de un error de hecho.

Sin embargo, indica que la Inspección Provincial de Osorno, al momento de resolver la solicitud formulada por su mandante, decidió no dar curso a ella considerando en el Ordinario Nº 2615 de 29 de octubre de 2015 que: “No se presentó dentro del plazo legal de 30 días corridos, contados desde su notificación”, es decir, según el criterio de la Inspección, la solicitud era extemporánea.

Sostiene que la resolución mencionada es totalmente improcedente conforme a los hechos y contraria a las normas de derecho que regulan la materia, tal como se explica en su recurso y en lo resuelto por diversas Cortes de Apelaciones del país y la propia Excma. Corte Suprema en innumerables fallos de protección, ya que la autoridad administrativa recurrida, a través de la resolución señalada está desconociendo el contenido mismo de los propios procedimientos determinados por ella para ejercer los recurso administrativos.

Cita jurisprudencia sobre la materia y que reproduce en su presentación.

Estima vulnerado con el acto ilegal descrito el derecho de propiedad de su representada, contemplado en el artículo 19 Nº24 de la Constitución Política y el artículo 19 Nº3 del mismo texto constitucional, esto es, la igual protección de la ley en el ejercicio de los derechos.

Pide se acoja el recurso, dejándose sin efecto la resolución Nº 2615 de 29 de octubre de 2015, que niega lugar al recurso administrativo, declarando en consecuencia que el recurso administrativo se encuentra presentado dentro de plazo, con costas.

Para fundamentar su recurso acompaña diversa documentación, consistente en copia de multa administrativa, copia de ingreso de reclamo administrativo, copia de orden de transporte, copia de ordinario 2615 de 29 de octubre de 2015 y sobre.

Por su parte, don nombre reservado, abogado de la Dirección del Trabajo, informando el recurso solicita su rechazo, con costas.

Señala como primera argumentación, que el asunto de autos no origina una cuestión constitucional que deba ser tutelada por el recurso de protección, por existir un procedimiento especialmente regulado al efecto, en el Libro V del Código del Trabajo, que le permite al empleador reclamar de las multas, de las resoluciones que se pronuncian sobre las reconsideraciones y, además respecto de otras resoluciones dictadas por la Inspección del Trabajo. Añade que el criterio de la Excma. Corte Suprema en esta materia, es que esta acción cautelar no puede ser utilizada como un sustituto jurisdiccional. En el caso concreto, afirma que el recurso ha sido interpuesto en contra de una resolución administrativa a la cual la ley estableció procedimientos específicos de impugnación, acto emanado de las autoridades correspondientes, en uso de sus facultades, no pudiendo por esta vía ejercerse un control de legalidad de los actos administrativos, invocando jurisprudencia al efecto.

Luego, indica que no existe acto que pudiera estimarse ilegal o arbitrario, pues el recurso presentado por el actor de 22 de octubre de 2015, fue ingresado en forma extemporánea, pues no se realizó dentro del plazo legal de 30 días corridos. En tal sentido, expresa que en el procedimiento administrativo especial que establecen los artículos 511 y 512 del Código del Trabajo, no existe mención a la naturaleza del plazo de la solicitud, debiéndose recordar en este punto que, por regla general, cuando el legislador ha querido establecer plazos de días hábiles, lo ha consignado expresamente, siguiendo de este modo la norma del artículo 50 del Código Civil y el tratamiento que otras disposiciones del Código del Trabajo da a los plazos de este tipo, como ocurre en el caso del artículo 503 del mismo Código, modificado por la Ley Nº20.087 que sustituyó la norma del artículo 474 inciso 3º, en que el legislador debió señalar expresamente que el plazo de 15 días que establece dicha norma, era de días hábiles.

Cita igualmente jurisprudencia judicial y de la Contraloría General de la República sobre la materia, la que reproduce parcialmente en su presentación, precisando que no existe ilegalidad ni arbitrariedad en el actuar de la Inspección Provincial del Trabajo de Osorno.

Finalmente alega la inexistencia de conculcación a las garantías constitucionales que la actora reclama, dado que el actuar de la recurrida se fundó en la ley, siendo su actuar, además, consecuencia de su vinculación con los dictámenes de la Contraloría General de la República, razón por la que estima que no concurren los presupuestos para que la presente acción pueda prosperar, por lo que culmina pidiendo su rechazo.

Se trajeron los autos en relación.

CONSIDERANDO:

PRIMERO: Que la acción constitucional de protección del artículo 20 de la Constitución Política de la República ha sido establecida a favor del que por causa de actos u omisiones arbitrarias o ilegales sufra privación, perturbación o amenaza en el legítimo ejercicio de los derechos y garantías establecidas en el artículo 19 de la Carta Fundamental.

SEGUNDO: Que las partes están contestes en que la resolución de multa aplicada por el Inspector del Trabajo a la actora, fue notificada con fecha 2 de septiembre de 2015 por medio de carta certificada, procediendo la aplicación al efecto de lo dispuesto en el artículo 508 del Código del Trabajo.

TERCERO: Que con fecha 22 de octubre de 2015, la recurrente solicitó reconsideración administrativa la que fue rechazada por la Inspección del Trabajo, por estimar que el plazo para solicitar tal reconsideración era extemporáneo a la vista del artículo 512 del Código del Trabajo, atendido a que existirían diversos Dictámenes de la Contraloría General de la República y fallos de Tribunales Superiores de Justicia, en orden a establecer que el plazo para recurrir es de 30 días corridos.

CUARTO: Que, por su parte, la recurrente precisa que la consideración y determinación del mencionado plazo como corridos es ilegal y arbitraria, toda vez que ante el silencio del legislador respecto de la naturaleza del plazo contemplado en la norma del artículo 512 del Código del Trabajo, se debe acudir supletoriamente a la Ley Nº19.880, en su artículo 25, que dispone que los plazos establecidos en dicha ley son de días hábiles, entendiendo que son inhábiles los Sábados, Domingos y festivos.

QUINTO: Que la Dirección del Trabajo es un órgano público del Estado y al efecto existe regulación expresa acerca del cómputo de los plazos en los procedimientos administrativos de conformidad a la Ley N° 19.880, la que prima sobre las normas de carácter general establecidas en el Código Civil.

SEXTO: Que de este modo, el plazo de treinta días a que se refiere el artículo 512 del Código del Trabajo para presentar la solicitud de reconsideración ante el Director del Trabajo no es de días corridos, como lo sostiene la recurrida, sino de días hábiles, entendiéndose inhábiles los días sábados, domingos y festivos, pues al tratarse de un recurso presentado en la etapa administrativa, debiendo aplicarse en forma supletoria el artículo 25 de la Ley N° 19.880 que se refiere al cómputo de los plazos del procedimiento administrativo, disposición que alude a días hábiles, disponiéndose que son inhábiles los días sábados, domingos y festivos.

SÉPTIMO: Que concluyendo, la actuación de la recurrida constituye un acto ilegal pues por ella se negó a tramitar un recurso presentado dentro de plazo legal, afectando la garantía de igualdad ante la ley contemplada en el artículo 19 N° 2 de la Constitución Política de la República, en su manifestación de igual protección, en el ejercicio de los derechos que contempla el artículo 19 Nº3 del mismo texto constitucional, pues al desconocer la autoridad recurrida el plazo en toda su extensión ha dado un trato discriminatorio, que por esta vía se debe corregir, razón por la que el recurso será acogido.

OCTAVO: Que, conforme a lo reflexionado en los fundamentos precedentes, resulta inoficioso emitir pronunciamiento sobre la posible infracción de la garantía consagrada en el numeral 24 del artículo 19.

Por estas consideraciones, y visto además, lo establecido en los artículos 19 N° 2 y 20 de la Constitución Política de la República y Auto Acordado de la Excma. Corte Suprema de Justicia sobre Tramitación del Recurso de Protección de Garantías Constitucionales, se ACOGE, sin costas, el recurso de protección interpuesto por doña Jeannette Contreras Sepúlveda, en representación de ISS SERVICIOS GENERALES LTDA., y en consecuencia, se deja sin efecto el oficio Ordinario N° 2615 de 29 de octubre de 2015, debiendo la recurrida, esto es, la Inspección Provincial del Trabajo de Osorno, admitir a tramitación la solicitud de reconsideración planteada por la recurrente respecto de la resolución de multa N° 1474/15/96-1.

Regístrese en forma digital, comuníquese y archívese, en su oportunidad.

Redacción de la Ministra Srta. Loreto Coddou Braga.

N° Civil 1551 – 2015.

Pronunciada por la SEGUNDA SALA, Ministra Srta. RUBY ANTONIA ALVEAR MIRANDA, Ministra Srta. LORETO CODDOU BRAGA y Ministro Suplente Sr. CARLOS ACOSTA VILLEGAS. Autoriza el Secretario Subrogante Sr. César Iván Agurto Mora.

En Valdivia, doce de enero de dos mil dieciséis, notifiqué por el estado diario la resolución precedente. César Iván Agurto Mora, Secretario Subrogante.