nombre reservado con ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE PAILLACO

Valdivia, veinticinco de febrero de dos mil diecinueve.

VISTOS:

Don nombre reservado, constructor civil, deduce recurso de protección en contra de la ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE PAILLACO, representada por doña nombre reservado.

Indica que es constructor civil titulado el año 1974 desempeñándose en diversas empresas. Señala que desde el año 2004 hasta el 19 de diciembre de 2018 ejecutó para la recurrida la concesión administrativa para proveer personal a diversos servicios municipales, sin que haya recibido reproche alguno en su desempeño. El último contrato con el municipio se mantuvo vigente desde el 19 de julio de 2.016, con sucesivas prórrogas, hasta fecha 19 de diciembre de 2.018 con objeto de limpieza de calles y alcantarillado, aseo y mantención de áreas verdes, extracción de residuos domiciliarios y escombros, entre otros. De acuerdo a las bases del contrato, el recurrente debía renovar una garantía de fiel cumplimiento. En cuanto al precio de los servicios, se pagaban mensualmente por mes vencido, y se reajustaban anualmente, más incrementos correspondientes a aguinaldos para los trabajadores. En el año 2.018, la concesión fue adjudicada a otra empresa, pero finalmente debió prorrogarse el contrato vigente con la recurrente, ante la deserción de la favorecida inicialmente. Con motivo de la fecha de término de la primera renovación, que expiraba el 19 de septiembre de 2.018, en fecha 10 de septiembre de 2.018, se manifestó por escrito al municipio que no se tenía claridad respecto de la provisión por aguinaldos, y tampoco sobre implementos de seguridad. En definitiva, el recurrente debió pagar con recursos propios los aguinaldos a los trabajadores, pese a que tal concepto correspondía a la municipalidad. Al término de la segunda renovación, en fecha 20 de diciembre de 2.018, se reiteró la preocupación por el aguinaldo correspondiente a Navidad. Sin embargo, la Municipalidad comunicó mediante ordinario 1099, que ante la negativa del recurrente a pagar aguinaldos, se haría efectiva la boleta de garantía, apercibiendo al recurrente para el pago hasta las 12 horas del día 24 de diciembre. Ante la presión, el recurrente ingresó una carta afirmando que ya se habían iniciado os trámites de pago de los aguinaldos. Pese a esto, en fecha 27 de diciembre, mediante ordinario N° 1111, se comunica al recurrente que se haría efectiva la boleta de garantía, según Decreto Exento N° 1573, cuyo texto se transcribe en el recurso.

La decisión unilateral de la recurrida, consistente en el cobro de 1.340 Unidades de Fomento es arbitraria, ya que su fundamento no es el no pago de aguinaldos, sino la obligación de finiquitar a todo el personal de cargo del contratista. A la fecha del Decreto Exento 1573, ya se había cumplido con el pago de aguinaldos, por lo que no se vislumbra cuál habría sido el incumplimiento que funda el cobro de la boleta de garantía. Pese a solicitar entrevista con la Alcaldesa para aclarar la situación, ello no fue concedido.

El acto administrativo impugnado adolece de incongruencia y falta de racionalidad en su fundamentación, ya que la “falta de finiquito” del personal no se concilia con el apercibimiento efectuado anteriormente, por “falta de pago de aguinaldos”, y tampoco es sostenible esta última infracción imputada, ya que a la fecha de dictación del Decreto 1573 aun no era exigible legalmente el pago de finiquitos. A mayor abundamiento, el referido Decreto Exento resulta ilegal, por infracción del artículo 11 de la Ley 19.880, en cuanto adolece de falta de fundamentación. También se infringe el artículo 79 ter del Reglamento de Compras Públicas (D.S. N° 250), al no permitirse descargos al afectado, ni contemplar un procedimiento racional y justo para la aplicación de la medida.

En virtud del acto arbitrario e ilegal, consistente en la dictación del Decreto 1573 y el cobro de la boleta de garantía de fiel cumplimiento, se estiman vulneradas garantías constitucionales de numerales 1°, 2°, 3°, 4° y 24° del artículo 19 de la Constitución Política de la República.

Pide acoger el recurso, dejando sin efecto el Decreto Exento N° 1573; ordenar el reintegro de 1.340 Unidades de Fomento; disponer el cese de actos vulneratorios en lo sucesivo y condenar en costas a la recurrida.

En presentación posterior, la recurrente corrige la cifra cobrada por boleta de garantía, y la precisa en 1.364 Unidades de Fomento.

Informando el recurso, doña Daniela Müller Castillo, abogada, en representación de la recurrida, Municipalidad de Paillaco, solicita su rechazo. Señala que, efectivamente desde el año 2004 el recurrente se ha vinculado con su representada en virtud de la licitación pública denominada “Concesión Administrativa para Proveer de Personal a Diversos Servicios Municipales, siendo el año 2016, el último proceso licitatorio en el cual éste participo a través del portal www.mercadopúblico.cl, bajo el ID N° 3762-23-LP16, contrato que tuvo una duración inicial de dos años, prorrogándose en dos oportunidades durante el año 2018 debido a errores de índole administrativo por parte de la unidad encargada del proceso licitatorio, que hicieron necesario dicho acto. Así las cosas la primera prórroga abarca los periodos 20 de julio al 20 de septiembre de 2018 y la última desde el 19 de septiembre al 19 de diciembre de 2018.

Las respectivas bases de licitación, detallaban los objetivos, derechos y obligaciones de las partes del referido proceso, señalando en el artículo 11° “los salarios, sueldos y gratificaciones de cualquier naturaleza que se paguen a los trabajadores no podrán ser inferiores a los legales vigentes y serán de cargo exclusivo del concesionario, al igual que las imposiciones previsionales, aportes patronales que correspondan , en forma que la municipalidad no tendrá ninguna injerencia ni relación contractual con dicho personal” (el subrayado es nuestro).

En la misma línea, el artículo 26° letra b) de las referidas bases señala que “se cancelarán aguinaldos en los meses de septiembre y diciembre. Los montos corresponderán al 50% de lo que perciben los empleados públicos y municipales, debiendo para tal efecto presentar el listado de los trabajadores debidamente firmado como aceptación de pago más la factura”.

Consta en autos que con fecha 25 de enero del presente, el reclamante Sr. nombre reservado, deduce Recurso de protección en contra de mi representada, por supuesta vulneración de las garantías fundamentales consagradas en la Constitución Política, específicamente las del artículo 19 N°1 “ derecho a la integridad psíquica”, N°2 “derecho de igualdad ante la ley”, N°3 “derecho al debido proceso”, N°4 “ derecho a la honra” y finalmente el N° 24 “ derecho de propiedad”. Todos derechos consagrados en la carta magna.

El acto administrativo, a juicio de la contraparte, ilegal y arbitrario sería la ejecución del Decreto Exento N° 1573; esto es, el cobro de la boleta de garantía tomada en el Banco Santander a favor de la Ilustre Municipalidad de Paillaco, lo cual atentaría gravemente contra el principio de evitación de enriquecimiento sin causa, generando el respectivo empobrecimiento en desmedro del recurrente.

II. LEGALIDAD DE LA ACTUACIÓN.

a) Legalidad del acto administrativo, de sus fundamentos, y de la potestad administrativa que se ejerció. La potestad ejercida por la autoridad edilicia para proceder a efectuar el cobro de la boleta de garantía por fiel cumplimiento de contrato, no solo tiene su origen y fundamento en las respectivas bases de licitación que reglaron el proceso, las cuales en su artículo 10° letra d) señalan que “al momento de suscribir el contrato, el adjudicatario deberá hacer entrega de una garantía de fiel cumplimiento del contrato, consistente en boleta bancaria de garantía, equivalente a 1.364 UF., por un plazo igual a la vigencia del contrato aumentado en tres meses, pagadera a la vista y tomada a favor de la Municipalidad de Paillaco, indicando en su glosa que garantiza el fiel cumplimiento del contrato de Concesión Administrativa para Proveer de personal a Diversos Servicios Municipales”.

Además, cabe señalar que el inciso primero del artículo 11 de la ley 19.886, de Bases sobre Contratos Administrativos de Suministro y Prestación de servicios, indica que la entidad licitante requerirá, en conformidad al reglamento, la constitución de las garantías que estime necesarias para asegurar, en lo que interesa, el fiel y oportuno cumplimiento del contrato definitivo, en la forma y por los medios que establezcan las correspondientes bases, agregando, en la parte final del inciso segundo de la misma disposición , que aquellas deberán ser fijadas en un monto tal que sin desmedrar su finalidad no desincentiven la participación de oferentes al llamado de licitación o propuesta.

En este sentido, es menester precisar que dicha garantía está concebida como un documento representativo de dinero, que habilita para percibir directamente la cantidad expresada, y su naturaleza jurídica corresponde a una caución, ya que su finalidad es asegurar el cumplimiento de una obligación principal a la que accede, siendo deber de la autoridad efectuar el cobro de los documentos respectivos en aquellos casos en que el contratista transgreda los instrumentos normativos que regulan el proceso de licitación y la ejecución posterior del contrato.

b) Fundamentos de hecho que dan origen al cobro de la boleta de garantía.

En este contexto, el Sr. nombre reservado., profesional de la Dirección de Control de la municipalidad, con fecha 19 de diciembre del año 2018, procede a informar mediante correo electrónico a las unidades correspondientes, que de acuerdo a información entregada bajo reserva de identidad por los trabajadores de la concesión de Aseo y Ornato, estos manifiestan con incertidumbre y angustia dado que “ no se les pagaría el Aguinaldo del mes de diciembre, por no corresponderle al contratista dicha obligación”. El profesional sugiere, dado los acontecimientos, proceder a revisar las bases administrativas del proceso y eventualmente proceder al cobro de la boleta de garantía de fiel cumplimiento de contrato, la cual tiene por objeto cautelar el cumplimiento de las obligaciones laborales y previsionales que regulan la respectiva licitación.

Posteriormente, con fecha 20 de diciembre de 2018, el recurrente ingresa carta mediante oficina de partes, dirigida a mi representada, en la cual manifiesta la negativa frente al pago de dicho emolumento.

En virtud de lo anterior, mediante Ordinario N° 1099, de fecha 20 de diciembre de 2018, se informa al contratista Sr. nombre reservado, de su obligación legal frente al pago del bono de aguinaldo correspondiente al mes de diciembre, en virtud de lo establecido en los artículo 26, letra b), artículo 10 letra d) y articulo 11 de las respectivas bases de licitación.

Asimismo se le indica en la misiva, que tiene plazo hasta el día lunes 24 de diciembre para efectuar sus descargos, dando así cumplimiento a lo señalado en el artículo 10 de la ley 19.880, a propósito del principio de contradictoriedad que debe regir en los actos administrativos.

Con fecha 24 de diciembre de 2018, ingresa por oficina de partes, carta del recurrente dirigida a mi representada, en la cual señala vagamente, que “iniciara los trámites para el pago del aguinaldo solicitado”. Sin embargo no da cuenta de plazos que den certeza de una intención sería de cumplir con lo ordenado.

Dado lo anterior, con fecha 27 de diciembre de 2018, y ante el no pago del referido emolumento, se proceden a iniciar los trámites para el cobro de la boleta de garantía aludida, a través de Decreto Exento N°1573.

En ese contexto, habiendo establecido mi representada que el contratista no cumplió con alguna de sus obligaciones contractuales, procedió que hiciera efectivo el cobro de la boleta de garantía , con el objeto de cubrir con ésta el monto de ese incumplimiento, sin perjuicio que de acuerdo a los principios de proporcionalidad, razonabilidad y buena fe que han de inspirar las actuaciones de la administración, se le restituya el saldo que eventualmente resultare a favor del contratista, a fin de evitar un enriquecimiento sin causa a favor del municipio.

Posteriormente, con fecha 28 de diciembre, nuevamente el Sr. nombre reservado, ingresa carta dirigida a mi representada, donde consta el pago efectivo del referido emolumento a los trabajadores, a través de la respectiva nomina con firmas que dan cuenta de la conformidad del acto. Sin embargo ya se había procedido a efectuar el cobro del aludido instrumento, según dan cuenta los antecedentes que se acompañan en este informe.

Es dable indicar US. Iltma, que la intención de mi representada como garante en el referido proceso, fue de salvaguardar y cautelar el cumplimiento de las obligaciones del referido concesionario, y a su vez, velar por el respeto de los derechos laborales para con los trabajadores, sin que ello importará no dar las instancias previas para que el aludido oferente pudiera cumplir con las prestaciones adeudas a fin de no llegar a la última instancia, la cual fue el cobro del referido instrumento.

Así las cosas, verificado el pago y el cumplimiento de la obligación contractual aludida, la Srta. nombre reservado., Administradora Municipal, procede a ordenar la devolución de la boleta de garantía, puesto que el antecedente que dio origen a su cobro ya estaba subsanado. Lo Anterior mediante Memorándum dirigido a la Sra. nombre reservado., Directora de Administración y Finanzas, con fecha 7 de enero del presente.

c) Actuaciones posteriores que dan cuenta del retraso en la devolución del instrumento aludido. Mediante memorándum N° 4 de fecha 7 de enero del presente, la Administradora Municipal, Srta. nombre reservado, procede a ordenar a la Sra. nombre reservado., Directora de Administración y Finanzas, se efectúe la devolución de la boleta bancaria al contratista, Sr. nombre reservado, puesto que existían los antecedentes de respaldo que daban cuenta del cumplimiento de la obligación que dió origen al referido proceso (pago de aguinaldos).

Sin embargo, no obstante lo anterior, mediante memorándum N° 2, de fecha 9 de enero del presente, la Sra. nombre reservado manifiesta estar en desacuerdo con dicha orden, puesto que a su juicio, no se encontraban saldadas la totalidad de las obligaciones que mantendría el contratista, para con el municipio, como por ejemplo, el pago de los finiquitos de los trabajadores. Agrega que “es deber de la suscrita, velar por el patrimonio municipal y de acuerdo a la Ley 18.695 Orgánica Constitucional de municipalidades, artículo 27°: asesorar al alcalde en la administración financiera de los bienes municipales”.

Ese mismo día en jornada de la tarde, mediante correo electrónico el Sr. nombre reservado, y la Sra. nombre reservado., solicitan un pronunciamiento a los asesores jurídicos, con el objeto de que orienten el proceder en torno a la devolución del referido instrumento y su correspondencia. Así las cosas, con fecha 10 de enero del presente, la suscrita, procede a responder el correo electrónico formulado, en los siguientes términos: “Estimados: Mediante el presente, respondo al requerimiento formulado por el Sr. nombre reservado, Director de Control (s), y Sra. nombre reservado, DAF., al siguiente tenor:

Primero que todo, cabe señalar que el inciso primero del artículo 11 de la ley N° 19.886, de Bases sobre Contratos Administrativos de Suministro y Prestación de Servicios, indica que la entidad licitante requerirá, en conformidad al reglamento, la constitución de las garantías que estime necesarias para asegurar, en lo que interesa, el fiel y oportuno cumplimiento del contrato definitivo, en la forma y por los medios que establezcan las correspondientes bases, agregando, en la parte final del inciso segundo de esa misma disposición, que aquéllas “deberán ser fijadas en un monto tal que sin desmedrar su finalidad no desincentiven la participación de oferentes al llamado de licitación o propuesta.”

Luego, el artículo 68 del decreto N° 250, de 2004, del Ministerio de Hacienda, que aprueba el reglamento de la citada ley N° 19.886, dispone que la garantía de fiel y oportuno cumplimiento del contrato que debe entregar el adjudicatario a la entidad licitante debe corresponder a un monto que ascienda entre el 5% y el 30% del valor total del contrato, admitiendo, sin embargo, el artículo 69 de ese mismo texto normativo que pueda exigirse, por resolución fundada, un porcentaje mayor, en el evento que ello se justifique con el valor de los bienes y servicios contratados y con el riesgo que corra la institución licitante ante un incumplimiento.

Corresponde precisar que dicha garantía está concebida como un documento representativo de dinero, que habilita para percibir directamente la cantidad expresada, y su naturaleza jurídica corresponde a una caución, ya que su finalidad es asegurar el cumplimiento de una obligación principal a la que accede, siendo deber de la autoridad efectuar el cobro de los documentos respectivos en aquellos casos en que el contratista transgreda los instrumentos normativos que regulan el proceso de licitación y la ejecución posterior del contrato (aplica dictámenes N°s. 65.248, de 2011, y 8.297, de 2012).

Reiterados pronunciamientos de Contraloría en la materia han señalado que “el cobro de una garantía de fiel, oportuno e íntegro cumplimiento de un contrato, deben resguardarse los principios de proporcionalidad, razonabilidad y buena fe que han de inspirar las actuaciones de la Administración, de manera que, atendido el carácter de caución y no de sanción del instrumento por el que se consulta, ese cobro no puede exceder del monto en que se cuantifique el incumplimiento de las obligaciones y las multas que se hayan impuesto y no se encuentren solucionadas. En este orden de ideas, la autoridad, a través de las unidades pertinentes, debe definir y ponderar los factores involucrados en el caso específico del contratista Sr. nombre reservado, en consideración a los principios enunciados precedentemente y a fin de evitar un enriquecimiento sin causa a favor del municipio, restituyendo el saldo que eventualmente resulte a la empresa prestadora de servicios a la brevedad.

Los Tribunales de Justicia serán los órganos competentes para pronunciarse sobre las controversias que puedan originarse a posteriori entre las partes relacionadas con los montos a que asciendan las mismas o al de los perjuicios que se hayan ocasionado”.

Acto seguido, responde el correo electrónico la funcionaria Sra. nombre reservado., en los siguientes términos: “Srta. nombre reservado, Justamente en lo que se señala con rojo, se produce la diferencia de interpretación; Primero, porque aún existen 6 trabajadores, que no han sido finiquitados y continúan con una relación laboral con el contratista. Segundo, debido a lo primero, no se puede cuantificar el incumplimiento de las obligaciones que no se encuentren solucionadas. Por lo tanto considero que no se debe disponer la restitución del valor total de la garantía, atendido su carácter de caución, hasta que las obligaciones del contratista se encuentren solucionadas en su totalidad, el municipio debe esperar hasta que esto ocurra. Atte. DAF”.

Posteriormente, mediante correo electrónico enviado al recurrente, la Sra. nombre reservado le solicita el envío de la totalidad de los finiquitos de los trabajadores, solicitando además, se le informe de la relación contractual que mantendría con 5 trabajadores amparados por fuero sindical y maternal respectivamente.

Con los antecedentes enviados mediante correo electrónico por parte del Sr. nombre reservado, nuevamente la D.A.F. solicita un pronunciamiento jurídico, cuya respuesta fue la siguiente: “Estimados: De los antecedentes expuestos por el Contratista nombre reservado, todos los trabajadores gozan de protección, ya sea por maternidad o por fuero sindical, por tanto no puede ponérsele término a su relación laboral. En el caso del trabajador nombre reservado, se informa que se encuentra haciendo uso de descanso por licencia médica, circunstancia que no impide poner término a la relación laboral, ya que según la documentación adjunta su contrato es de plazo fijo. Por tanto habrá que determinar por qué no se puso término a su relación laboral.

Adjunto información detallada referente a la situación:

TRABAJADORA CON nombre reservado

De conformidad con lo dispuesto en el artículo 201 del Código del Trabajo, la trabajadora goza de nombre reservado desde el inicio de su embarazo y hasta un año después de expirado el descanso de postnatal, excluido el permiso postnatal parental establecido en el artículo 197 bis. La circunstancia de que la dependiente esté sujeta a un contrato de plazo fijo en nada altera el derecho al nombre reservado, toda vez que el legislador ha señalado expresamente que el juez puede conceder el desafuero por la causal del artículo 159 N° 4 del Código Laboral, esto es, por vencimiento del plazo convenido.

TRABAJADORES CON FUERO SINDICAL El fuero es una especial forma de protección que la ley otorga a determinados trabajadores en razón del cargo o función que desempeñan o debido a circunstancias especiales como la constitución de un sindicato. El fuero constituye una forma de proteger al trabajador que cuenta con dicho beneficio pues el dependiente aforado solo puede ser despedido cuando se solicite y obtenga autorización judicial para ello. De acuerdo a nuestro ordenamiento jurídico laboral, en lo que respecta a las organizaciones sindicales, los trabajadores sujetos a fuero son los siguientes: a) Fuero en la constitución de un sindicato: mediante la reforma Laboral, Ley N° 19.759, el legislador ha pretendido facilitar la constitución de sindicatos y proteger a los trabajadores que concurran a la asamblea de constitución de un sindicato de empresa, de establecimiento de empresa o de un sindicato interempresa, otorgándoles fuero laboral. El fuero de los socios que constituyen la organización sindical, se extiende desde los 10 días anteriores a la celebración de la respectiva asamblea constitutiva y hasta 30 días después de realizada esta asamblea. Su duración no puede exceder de un máximo de 40 días. Tratándose de un sindicato de trabajadores eventuales o transitorios, el fuero se extiende desde los 10 días anteriores a la celebración de la asamblea de constitución y hasta el día siguiente de dicha asamblea. El fuero para estos trabajadores no puede exceder de 15 días. El fuero correspondiente a la constitución de un sindicato sólo puede invocarse dos veces en cada año calendario. De esta forma se busca evitar la reiteración indefinida de asambleas constitutivas. b) Fuero de los candidatos al directorio sindical: los trabajadores, candidatos al directorio de su organización, en conformidad al artículo 238, del Código del Trabajo, gozan de fuero desde que el directorio en ejercicio, comunica al empleador y la Inspección del Trabajo, la fecha en que debe realizarse la elección y hasta la fecha en que tenga lugar dicha elección. La comunicación debe efectuarse no antes de 15 días a la fecha de la elección. El fuero que pueden invocar los candidatos al directorio, se limita a un máximo de dos veces en cada año calendario. c) Fuero de los dirigentes sindicales: se extiende desde la fecha de la elección y hasta seis meses después de haber cesado en el cargo. Esta protección se encuentra consagrada en el artículo 243, del Código del Trabajo e implica que el director sindical no puede ser despedido si no se cuenta con la autorización judicial para ello. En todo caso el fuero concluye de inmediato cuando la cesación en cargo se produzca por censura de la asamblea sindical, por sanción aplicada por el tribunal competente en cuya virtud deban hacer abandono del mismo, o por término de la empresa. En el caso de los directores de sindicatos de trabajadores eventuales o transitorios cuyos contratos sean de plazo fijo o por obra o faena determinada el fuero solo los ampara durante la vigencia el respectivo contrato sin que se requiere solicitar su desafuero al término de cada uno de ellos. d) Fuero del delegado sindical: Esta protección, también contemplada en el artículo 243, del Código del Trabajo, impide el despido de un trabajador elegido delegado sindical desde la fecha de su elección y hasta seis meses de terminado su mandato. Lo anterior, salvo que el empleador cuente con la autorización judicial para el término de contrato. En todos los casos enumerados, salvo la situación especial de los directores de sindicatos de trabajadores eventuales o transitorios cuyos contratos sean de plazo fijo o por obra o faena determinada, para despedir al trabajador se requiere que exista, previamente, una autorización del juez competente. La solicitud de desafuero sólo puede ser deducida por las causales de vencimiento del plazo convenido en el contrato (artículo 159 Nº 4 del Código del Trabajo), conclusión del trabajo o servicio que dio origen al contrato (artículo 159 Nº 5 del Código del Trabajo), o por cualquiera de las causales del artículo 160 del Código del Trabajo. No procede solicitar autorización judicial para despedir a un trabajador aforado invocando la causal de necesidades de la empresa, establecimiento o servicio. Mientras no se obtenga la autorización del tribunal, no es procedente despedir al trabajador o separarlo de sus funciones. En todo caso, el juez como medida prejudicial y en cualquier estado del juicio y en forma excepcional y fundada, puede decretar la separación provisional del trabajador sujeto a fuero laboral, con o sin derecho a remuneración.

LICENCIA MÉDICA / CONTRATO A PLAZO FIJO E INDEFINIDO Cuando las partes han suscrito un contrato de trabajo a plazo fijo este terminará al vencimiento del plazo fijado, independientemente de si el trabajador se encuentra gozando de licencia médica. El goce de licencia médica sólo impide al empleador poner término al contrato por la causal de necesidades de la empresa, esto es, por aplicación del artículo 161 del Código del Trabajo. Atte”.

En la misma línea de acción, mediante memorándum N° 03, de fecha 11 de enero del presente, la funcionaria de la D.A.F., nombre reservado, manifiesta lo siguiente: “mediante la presente y de acuerdo a la insistencia de realizar el pago para restituir el ingreso percibido por concepto de cobro de boleta de garantía bancaria…me permito hacer presente lo siguiente: 2) antes de restituir este ingreso al concesionario, el municipio debe corroborar el cumplimiento del contrato y bases administrativas, de la citada licitación, informado por la inspección técnica, de que se encuentra toda la documentación y obligaciones al día por parte del concesionario, en este caso, de termino de contrato, copia de los finiquitos de los trabajadores, certificado de la inspección del trabajo, que no tiene deudas previsionales ni reclamos pendientes con los trabajadores, además de toda la documentación estipulada en las bases señaladas”. Finalmente agrega que “la suscrita considera que a la fecha no procede la restitución del valor total del documento en caución, y se exime de la responsabilidad del acto”.

Evidentemente la funcionaria Sra. nombre reservado., incurre en un error al exigir documentación que para el caso específico; esto es, devolución de la boleta de garantía, no correspondía, siendo propio de los procedimientos que dicen relación con el curso de los estados de pago en los procesos licitatorios. Sin embargo, tal como se señaló precedentemente, recibió asesoría jurídica correspondiente a los hechos y no obstante aquello, persistió en su determinación en orden a retrasar el proceso de devolución del instrumento en referencia, poniendo trabas y obstaculizando sin fundamentos pertinentes la orden que su superior jerárquico le dirigió a través de memorándum con fecha 4 de enero del presente.

Finalmente, mediante Decreto Exento N° 169, de fecha 31 de enero del presente, se ordena la devolución de la boleta bancaria de garantía N° 9780621, al Sr. nombre reservado, por haber dado cumplimiento a las obligaciones laborales pendientes que dieron origen cobro del referido instrumento.

Ese mismo día 31 de enero se informa al Sr. nombre reservado, que proceda a retirar en dependencias de la municipalidad el documento referido, dando cuenta de ello el Decreto de pago N° 181, con la respectiva firma de conformidad del contratista.

Por lo anteriormente expuesto, y a fin de buscar potenciales responsabilidades funcionarias involucradas en el referido proceso, mi representada ordenó la instrucción de una investigación sumaria en contra de los funcionarios del Departamento de Administración y Finanzas, por la tardanza en la devolución del aludido instrumento.

Pide rechazar en todas y cada una de sus partes el recurso de protección entablado, por carecer de fundamentos de hecho y de derecho que permitan acogerlo.

Asimismo, se solicitan costas, en virtud del artículo 138 y siguientes del Código de Procedimiento Civil.

Se acompañan al informe:

1.-Copia de correo electrónico del Sr. nombre reservado, de fecha 19 de diciembre de 2018. 2.- Copia de correo electrónico del Sr. nombre reservado, de fecha 20 de diciembre de 2018. 3.-Carta del Sr. nombre reservado, de fecha 20 de diciembre del 2018. 4.- Ordinario N° 1099, de fecha 20 de diciembre de 2018. 5.- Carta del Sr. nombre reservado, de fecha 24 de diciembre del 2018. 6.- Decreto Exento N° 1573, de fecha 27 de diciembre de 2018. 7.- Carta del Sr. nombre reservado, de fecha 28 de diciembre del 2018.

8.- Carta del Sr. nombre reservado, de fecha 31 de diciembre del 2018. 9.- Carta del Sr. nombre reservado, de fecha 31 de diciembre del 2018. 10.- Memorándum N° 01, de fecha 3 de enero del presente. 11.- Carta del Sr. nombre reservado, de fecha 7 de enero del presente. 12.- Memorándum N° 04, de fecha 7 de enero del presente. 13.- Memorándum N° 02, de fecha 9 de enero del presente. 14.- Copia de correo electrónico del Sr. nombre reservado, de fecha 9 de enero de 2019. 15.- Copia de correo electrónico de la Sra. nombre reservado, de fecha 9 de enero de 2019.

16.- Memorándum N° 03, de fecha 11 de enero del presente. 17.- Memorándum N° 02, de fecha 31 de enero del presente. 18.- Decreto Exento N° 169, de fecha 31 de enero de 2019. 19.-Decreto de Pago N°181, de fecha 31 de enero del presente. 20.- Memorándum N° 008, de fecha 14 de enero del presente. 21.- Memorándum N° 03, de fecha 6 de febrero del presente. 22.- Decreto Alcaldicio N° 221, de fecha 13 de febrero del presente.

Se decretó autos en relación, y se procedió a la vista de la causa en fecha veintidós de febrero de dos mil diecinueve, compareciendo en estrados por la recurrida el abogado don Wladimir Riesco Bahamonde.

CONSIDERANDO:

PRIMERO: Que, el recurso de protección de garantías constitucionales es una acción de naturaleza cautelar, de tramitación breve y desformalizada, concedida por el artículo 20 de nuestra Constitución Política, y cuyo objetivo es el restablecimiento del imperio del derecho ante actos que amenacen o vulneren derechos fundamentales que la misma norma precisa. Corresponde a la Corte de Apelaciones respectiva su conocimiento y fallo, decretando las medidas conducentes al resguardo o restablecimiento de los derechos afectados.

SEGUNDO: En el presente arbitrio, se individualiza como acto vulneratorio el cobro de una boleta de garantía de fiel cumplimiento, ordenado por Decreto Exento Municipal N° 1.73, de fecha 27 de diciembre de 2.018, por monto de 1.364 U.F.; acto que se considera ilegal y arbitrario, por carencia de debida fundamentación.

TERCERO: Que, atento lo informado por la recurrida, el reintegro que se exige por parte del recurrente ha sido ordenado con posterioridad a la interposición de la acción constitucional. Hecho que se refleja en los documentos acompañados al informe en su oportunidad, especialmente por Decreto de Pago N° 181, de fecha 31 de enero de 2.019.

CUARTO: En dicho contexto, y habiéndose satisfecho las pretensiones del actor, se estima que el recurso ha perdido oportunidad, resultando innecesario e inconducente ordenar medidas para el resguardo de derechos que actualmente se hayan indemnes.

En consecuencia, y en virtud de lo dispuesto en artículo 20 de la Constitución Política de la República, y Auto Acordado de la Excma. Corte Suprema, sobre tramitación y fallo del recurso de Protección de Garantías Constitucionales, se declara SIN LUGAR el recurso de protección interpuesto por don nombre reservado en contra de la Ilustre Municipalidad de Paillaco.

Regístrese, notifíquese y archívese en su oportunidad.

Redactada por el Abogado Integrante don Claudio Novoa Araya.

N°Protección-155-2019.