nombre reservado con UNIVERSIDAD SANTO TOMAS

Valdivia, veintitrés de junio de dos mil veinte.

VISTOS:

Con fecha 2 de junio de 2020, recurre de protección la abogada Marcela Fernanda De La nombre reservado en representación de nombre reservado, alumna de quinto año de enfermería, en contra de la Universidad Santo Tomás, nombre reservado, representada por su rector nombre reservado, acusando un actuar ilegal y arbitrario al sancionársele con la suspensión de toda actividad académica por un semestre, a propósito de un procedimiento sumario seguido en su contra y de otros alumnos de la Universidad. Acusa irregularidades en el curso del procedimiento que en su concepto vician lo obrado, actuando la recurrida de manera ilegal y arbitraria, viéndose vulnerados sus derechos a igualdad ante la ley, debido proceso, a no ser juzgado por comisiones especiales, a la educación y propiedad.

Encuadra su relato dando a conocer un proceso investigativo tendiente a analizar la posible responsabilidad disciplinaria de docentes de la carrera de enfermería de la Universidad Santo Tomás, nombre reservado, en razón de denuncias alusivas a malos tratos en contra de alumnos, aseverando la recurrente haber asumido un rol de vocería, creando un grupo de WhatsApp para coordinar encuentros con otros partícipes de la investigación como fiscal, actuaria y defensor estudiantil. Afirma que el defensor estudiantil nombre reservado, a nombre de una de las denunciantes, consiguió el expediente de la investigación sumaria y subió una copia digitalizada al grupo de WhatsApp, existiendo una resolución que daba cuenta de sanciones contra docentes, siendo aún secreto el proceso. Tal resolución se filtró en otros grupos de la red social.

Dos alumnos denunciaron la filtración a propósito que otros los cuestionaron por sus declaraciones favorables a las docentes. Tal denuncia motivó una segunda investigación sumaria en la cual fue sujeto de formulación de cargos la recurrente, mediante Resolución Fiscal número 7/2019 de 26 de agosto de 2019, por las siguientes conductas:

1. Resistencia a cumplir las órdenes, instrucciones o disposiciones emanadas de la (sic) autoridades académicas y/o administrativas, toda vez que teniendo conocimiento de la existencia de un proceso de determinación de responsabilidad en el cual no tenía la calidad de interviniente y sabiendo o debiendo saber el carácter reservado de dicha investigación, creo un grupo en la red social WhatsApp llamado “Investigación Final” con la finalidad de obtener y compartir información de la misma y además comunicó y comentó en el grupo de WhatsApp llamado “Enfe 4to 2019” la resolución del Rector del Proceso de Determinación de Responsabilidades Instruido por Resolución de Rectoría UST N° 1/2019 de 22 de Mayo 2019 durante el periodo de investigación sumarial de carácter reservado, lo que constituye una infracción menos grave, de acuerdo a lo dispuesto en el artículo 11 letra a) del Reglamento. La infracción aludida acarrea una de las sanciones previstas en el Artículo 17 del mismo cuerpo normativo”.

2. “Obstrucción a la investigación en cualquiera de sus etapas, haya o no sido requerida su participación en el proceso de investigación, infracción que se configura porque el día 14 de Agosto de 2019, en declaración en este proceso, negó haber hostigado a algún estudiante por sus declaraciones, (pregunta N° 5) y tampoco reconoció haber sido la persona que creo el grupo de WhatsApp “Investigación Final” con fecha 21 de Julio de 2019, lo que constituye una infracción menos grave, de acuerdo a lo dispuesto en el artículo 11 letra l) del Reglamento. La infracción aludida acarrea una de las sanciones previstas en el Artículo 17 de mismo cuerpo normativo”.

3. “La realización de actos de violencia física, intimidación o amenaza a cualquier miembro de la comunidad académica, infracción que se configura porque usted se acercó a la Fiscal Sra. María Francisca Rauch, mientras ésta desempeñaba sus funciones como tan en el marco de la investigación Resolución de Rectoría UST Oroso N° 01-2019 de fecha 22 de Mayo de 2019, de forma prepotente e insolente, refiriéndose a ella de forma grosera, y levantando la voz, indicándole que “debía reunirse con los alumnos para dar a conocer los resultados y hacerlos público”. Igual comportamiento se le atribuye con relación a las alumnas de Enfermería nombre reservado y nombre reservado, por las declaraciones que éstas habrían efectuado como testigos de las docentes investigadas. Lo que constituye una infracción grave de acuerdo a lo dispuesto en el artículo 12 letra c) del Reglamento. La infracción aludida acarrea una de las sanciones previstas en el Artículo 18 del mismo cuerpo normativo”.

El 23 de marzo de 2020 se dictó sentencia por el Rector de la Universidad Santo Tomás, nombre reservado, nombre reservado, teniendo por acreditadas las acusaciones, salvo aquella alusivas a conductas agresivas contra otras dos estudiantes de enfermería y aquella contenida en el número 2 relativa a hostigar a compañeros.

La recurrente efectúa descargos respecto a cada imputación para luego acusar una serie de irregularidades en el procedimiento.

Cuestiona que se le haya atribuido responsabilidad respecto al primer cargo haciendo alusión a imágenes que no existen. Recalca que quien entregó pantallazos de lo conversado en el grupo de la red social fue otro alumno de apellido Sindler, quien reconoció haber filtrado los documentos y pese a ello, obtuvo una sanción inferior.

Destaca que WhatsApp es una red social de carácter personal y privada. Las conversaciones, actividades e información compartida son propias de la intimidad de su representada la cual no debería ser violada o traspasada de forma alguna, resaltando que la cantidad de participantes era 10 a 12. El contenido de aquel grupo era privado y solo interesaba a sus miembros.

En cuanto a la segunda imputación alusiva a una obstaculización de la investigación, señala que nunca se le preguntó por la creación del grupo de WhatsApp. Reconoce que se le preguntó cómo tuvo acceso al expediente, respondiendo e incluso entregando los nombres de quienes participaban. Afirma que colaboró desde el primer momento en el esclarecimiento de los hechos siguiendo el conducto regular. Solicitó todos los antecedentes por correo electrónico y siempre trató con respeto a quienes estaban a cargo de la investigación. Destaca que no prosperó la imputación alusiva a hostigar a sus compañeros.

En cuanto al tercer cargo, señala haber tenido acceso a las declaraciones recién el miércoles 13 de mayo de 2020, al no entregársele el expediente de la investigación, debiendo aquello acarrear la nulidad del sumario al atentar contra el debido proceso. Cuestiona que las tres declaraciones se realizasen en término de prueba extraordinario, exponiendo nombre reservado, jefe de la carrera de terapia ocupacional, María Francisca Rauch, la persona supuestamente afectada y nombre reservado, jefe de la carrera de psicología. Estima que las declaraciones son contradictorias como para justificar la imposición de una sanción consistente en la suspensión de toda actividad académica por el lapso de un semestre.

Cuestiona la investigación en cuanto se rechazó la recusación presentada en contra de la persona designada como fiscal, reclamándose su amistad manifiesta con otro miembro de la Comunidad Académica, al testificar en la primera investigación en favor de nombre reservado, jefa de la carrera de enfermería que fuese expulsada de la Universidad.

A propósito de los hechos alusivos a la señora nombre reservado, la otra alumna investigada solicitó las cámaras de seguridad que enfocan a dicha oficina con el fin de precisar las personas que estaban presentes, denegándose la petición porque no se señaló día ni hora, en circunstancias que el día es un hecho que está en conocimiento de la Universidad, dato que por lo demás se aportó por la alumna.

Cuestiona la prórroga excepcional al periodo de prueba en donde se citó a declarar a siete testigos, entre ellos los tres mencionados. Tal resolución solo se le notificó el 21 de enero de 2020 y la prueba se llevó a cabo el día 23 de enero. La recurrente no se encontraba en nombre reservado y no pudo asistir ni hacer uso de su derecho consagrado en el artículo 58 inciso segundo del Reglamento que establece la posibilidad de contrainterrogar a los testigos, teniendo en cuenta que los testimonios fueron los que fiscal tomó en consideración para sancionar a su representada con la suspensión de toda actividad académica por un semestre.

Señala que el 20 de abril se dictó la resolución número 2-2020, pronunciándose sobre los recursos de apelación deducidos por recurrente y la alumna nombre reservado. Señala haberse enterado de la confirmación de la sanción a través de resolución número 5/2020, en la que solo se ratifican las sanciones de los dieciséis alumnos sumariados y no se pronuncia sobre los recursos interpuestos, en este contexto su representada envía correos electrónicos a la decana y al rector de la Universidad Santo Tomás nombre reservado, solicitando que se le explique porque se rechazaba el recurso. La resolución número 2-2020 solo le llegó el 11 de mayo de 2020, a pesar de tener fecha de emisión 20 de abril.

Acusa no haber tenido acceso al expediente completo, a pesar de solicitarlo por correo electrónico, reclamando que no se tomó adecuado registro de las declaraciones de sus testigos de quienes solo se leen respuestas “sí” o “no”, en circunstancias que ellos se explayaron.

Enfatiza que si bien asumió ser la creadora del grupo de WhatsApp, jamás intentó obstruir la investigación ni menos agredir, amenazar o intimidar a la señora nombre reservado, que todo fue un mal entendido.

Expresa que le tocaba realizar su internado durante este semestre, encontrándose en el último año de la carrera de enfermería. Por la contingencia sanitaria ninguno de sus compañeros ha podido iniciar práctica profesional y ya este semestre será imposible. Respecto al segundo semestre no existe claridad sobre la posibilidad de iniciar internados.

Afirma que la sentencia establece que la sanción comenzará a cumplirse cuando comience el internado de sus compañeros, lo que implica que pierda un año académico como mínimo, si es que ocurriese que sus compañeros comenzaren con internados el próximo semestre. De no ser así, perderá tres semestres, lo que afirma no es imputable a su persona. Resalta ser beneficiaria de la Beca “Fundación Dael”, que le cubre el 90% de la carrera y la sanción implica la pérdida del beneficio, situación que la tiene complicada al pertenecer al 40% más vulnerable de la población, siendo el principal sustento de su hogar su abuelo materno, quien recibe una pensión de $150.000, encontrándose su madre sin trabajo. Destaca que durante toda su etapa académica ha tenido una conducta intachable. En lo académico es alumna destacada, siendo buena compañera, respetuosa, líder positiva, elegida como representante de su sección y que durante el proceso la han apoyado con un sinnúmero de cartas que la Universidad no ha considerado.

Sostiene que se ha vulnerado su derecho a igualdad ante la ley, al experimentar un trato diferencial, perjudicial y discriminatorio por parte del establecimiento de educación superior que le ha significado privación de otros derechos como la igualdad procesal. Sus testigos a pesar de haber estado presentes en la situación que implicó la sanción de la recurrente fueron desestimados, sin razones. En cambio, la declaración de profesores fueron esenciales a pesar de las contradicciones que dejó de manifiesto en el recurso. Acusa diferencia de criterio ya que otros alumnos fueron sancionados de manera distintas, incluso aquellos que estuvieron presentes en la conversación con la señora nombre reservado.

Expresa que se ha vulnerado el debido proceso, en especial su derecho a defensa, pues nunca se le entregó el expediente, no pudo conocer el tenor de las acusaciones hasta que intervino una abogada, estimando que debería anularse todo el proceso. Considera la sanción injusta, ilegal y arbitraria. Acusa vulneración a lo dispuesto en el artículo 19 número 3 inciso cuarto de la Constitución, que reconoce a toda persona el derecho a juez natural y prohíbe ser juzgado por comisiones especiales. Añade que se vulnera normas contenidas en artículo 8 de la Convención Americana de Derechos Humanos y 2.3 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos.

Acusa vulneración a su derecho a la educación. La sanción aplicada le significa la privación de comenzar el internado con el que concluirá sus estudios, más aun, dada la situación actual generada por el Coronavirus, esta sanción inmediatamente la va a privar como mínimo de dos semestres académicos con todos los perjuicios que esto implica.

Reclama vulneración al derecho de propiedad sobre el derecho a recibir educación respectiva, al contratar y efectuar pago de la matrícula. Al privársele de estudiar un semestre, que dada la situación actual serían al menos dos, viola el derecho de propiedad de los estudiantes, teniendo en consideración que la matrícula y los meses de arancel han sido pagados por la beca que otorga la Fundación Dael y que al perderla su representada corre el riesgo de no poder terminar estudios por los problemas económicos mencionados.

Afirma que se vulneran principios de dignidad humana, igualdad y no discriminación además de principios de hermenéutica legal tanto a nivel nacional como Derecho Internacional de Derechos Humanos que obligan a interpretar las normas en función de tales principios, encontrándose la contraria obligada a través de control de convencionalidad a dar aplicación a las normas citadas.

Pide se disponga que la recurrida sea obligada a anular la resolución condenatoria, permitiendo a la afectada continuar sus estudios, con expresa condena en costas.

Informó la recurrida por intermedio de la abogada Paulina Fuentes Fuentealba, solicitando el rechazo del recurso con costas. Afirma que no han existido actos ilegales o arbitrarios que vulneren las garantías fundamentales de la recurrente.

Alega la extemporaneidad de la acción, señalando que se recurre en contra de la resolución 5-2020 de 5 de mayo de 2020, pero esta resolución simplemente ordena el cumplimiento de una sanción contenida en una sentencia anterior. La referencia a esta última resolución es errónea y simplemente busca fijar una fecha que calce con los plazos de interposición de la acción de protección. Expone que por resolución de rectoría de la Universidad Santo Tomás nombre reservado número 3/2020 de 23 de marzo de 2020 se dictó sentencia en proceso disciplinario iniciado el 25 de julio de 2019, aplicándose sanciones a 16 de 17 estudiantes inculpados por situaciones de filtraciones en un procedimiento disciplinario anterior y malos tratos a una docente. Entre los estudiantes sancionados se encuentra la recurrente. Afirma que la resolución fue notificada a todos los intervinientes por medio de correo electrónico, según dispone el artículo 42 inciso final del Reglamento. La notificación se verificó el 3 de abril de 2020, según correo electrónico enviado por secretaria del rector. En contra de la sentencia, la recurrente interpuso un recurso de apelación el día 8 de abril de 2020 y se dictó sentencia el 20 de abril, rechazándose los recursos de apelación deducidos por la señorita nombre reservado y por otra estudiante de apellido Loncomilla. La notificación se efectuó por medio de carta certificada, despachada al domicilio que cada estudiante tiene registrado en la base de datos de la institución y al domicilio que la abogada recurrente señaló en recurso de apelación. Sostiene que las cartas fueron recibidas en oficina de correos el 27 de abril de 2020 y conforme el artículo 42 inciso 4 del reglamento “Si la notificación se practicare por carta certificada, se entenderá practicada a contar del tercer día siguiente a su recepción en la oficina de Correos que corresponda”. De este modo entiende que la notificación de la sentencia se practicó el 30 de abril de 2020 y la señorita nombre reservado estaba en posición de deducir el recurso, pues es la decisión de la Comisión de Apelación de la Universidad Santo Tomás la que en definitiva confirmó la aplicación de la sanción de suspensión de un semestre académico.

En cuanto al fondo destaca la existencia de un proceso de determinación de responsabilidad sustentado en la autonomía universitaria. Las instituciones de educación superior privadas en virtud de la autonomía administrativa que le otorga la Ley N° 21.091, cuentan con la facultad de regular la conducta de sus colaboradores y estudiantes, sea a través de normativas como el Reglamento de Orden, Higiene y Seguridad, Código de Ética y Reglamento de Convivencia y Responsabilidad Disciplinaria.

Asevera que el actuar de Universidad Santo Tomás, a través de los distintos órganos e instancias (Fiscal a cargo de la investigación, Rector de Sede y Comisión de Apelación) veló en todo momento por efectuar una adecuada ponderación entre los hechos denunciados e investigados. La investigación disciplinaria siguió su curso natural, con sus respectivas instancias probatorias, de defensa e impugnación, todo con estricta conformidad al procedimiento contemplado en el Reglamento Académico y en el Reglamento de Convivencia y Responsabilidad Disciplinaria, éste último aprobado mediante Decreto N°61/16 de Rectoría Nacional de la Universidad. Consecuencia de la investigación disciplinaria, el Sr. Rector de Sede nombre reservado, don nombre reservado, por incurrir en conductas que configuran una infracción menos grave en los términos del artículo 11 letras a) e i) y una infracción grave en los términos del Artículo 12 letra c) del Reglamento, y configurándose una atenuante a su favor, se resolvió aplicar la sanción prevista en el artículo 17 letra c.i), consistente en la suspensión de toda actividad académica por un lapso de un semestre académico. Sobre la sentencia dictada por el Rector de Sede, la estudiante recurrente presentó un recurso de apelación para ante la Comisión de Apelación, la que decide confirmar la sanción.

Afirma que se ha dado cumplimiento a los requisitos del debido proceso en el desarrollo de la investigación disciplinaria, enfatizando en la inexistencia de vicios en la tramitación. Destaca que la materialización de la sanción se ha concretado para el primer semestre del año académico 2020, en curso. Añade que en el proceso disciplinario llevado a cabo se encuentran presentes todos los elementos que deben estar en todo procedimiento sancionador y a su vez contenidos en los respectivos reglamentos. Alega ausencia de arbitrariedad e ilegalidad, enfatizando que la investigación disciplinaria se encuentra conforme al reglamento.

Se ordenó traer los autos en relación.

CONSIDERANDO:

PRIMERO: Que, el recurso de protección, es una acción constitucional de carácter extraordinario que tiene por objeto el restablecimiento del imperio del derecho y asegurar la debida protección del afectado, frente a una acción u omisión arbitraria o ilegal que importe privación, perturbación o amenaza en el legítimo ejercicio de los derechos y garantías establecidos en la Constitución Política de la República, sin perjuicio de los demás derechos que pueda hacer valer ante la autoridad o los tribunales correspondientes.

SEGUNDO: Que en lo referente a la alegación de la recurrida tendiente a que se declare la extemporaneidad del recurso será rechazada, teniendo en consideración que la recurrente ha afirmado tomar conocimiento de la resolución definitiva que definió su sanción a partir de la resolución del rector de la Casa de Estudios que ordenó ejecutar lo resuelto. Si bien es cierto, la alegación de la recurrida resulta plausible, en el entendido que la recurrente debió enterarse antes de la resolución de la Comisión de Apelación de 20 de abril de 2020 que rechazó su recurso, notificada por carta certificada y que de acuerdo al artículo 42 inciso cuarto del reglamento, debía entenderse practicada a contar del tercer día siguiente a su recepción en la oficina de Correos correspondiente, teniendo en consideración la contingencia sanitaria actual que se vive en el país desde mediados de marzo, factible resulta que la aludida carta no haya llegado a manos de la recurrente en fecha oportuna, más aun habiendo pasado la ciudad de nombre reservado por periodos de cuarentena, todo lo cual lleva a valorar especialmente las circunstancias en el entendido que muchos aspectos de la vida cotidiana no se han verificado de la manera que habitualmente se hacían. Al respecto la recurrida solo acompañó comprobantes de envío de la respectiva carta certificada, pero no acreditó que la recepción se haya materializado en la fecha esperada, situación factible de realizar a partir del seguimiento que se puede hacer en línea de determinadas correspondencia relevante.

TERCERO: Que la Excelentísima Corte Suprema ha señalado que “según se deduce de lo dispuesto en el artículo 20 de la Carta Fundamental, la denominada acción o recurso de protección requiere para su configuración la concurrencia copulativa de los siguientes presupuestos:

a)

Una conducta –por acción u omisión- ilegal o arbitraria;

b)

La afectación, expresada en privación, perturbación o amenaza, del legítimo ejercicio referido a determinados derechos esenciales garantizados en la misma Constitución y que se indican en el mencionado precepto;

c)

Relación de causalidad entre el comportamiento antijurídico y el agravio a la garantía constitucional; y d)

Posibilidad del órgano jurisdiccional ante el cual se plantea de adoptar medidas de protección o cautela adecuadas, para resguardar el legítimo ejercicio del derecho afectado” (Entre otras, sentencia dictada el 16 de mayo de 2019 en causa rol 78-2019).

CUARTO: Que el cuestionamiento efectuado por la recurrente dice relación con la imposición de una sanción en el marco de una investigación sumaria seguida al interior de la Universidad en que cursa estudios, tendiente a establecer responsabilidades a partir de sucesos relacionados con otra investigación sumaria previa, en que fueron filtradas ciertas piezas del expediente sabiendo o debiendo saber su carácter reservado, divulgadas por un grupo de una red social creado por la recurrente, quien inicialmente negó autoría e interactuando de manera inadecuada con la fiscal que tenía a su cargo dicha investigación.

Acusa vicios en el procedimiento que derivaron en su sanción, cuestionando diversos aspectos desde la falta de acceso oportuno a las piezas del expediente, el desmerecimiento a sus medios de prueba, QUINTO: Que de los antecedentes presentados, valorando especialmente los alegatos en estrados, no se aprecia la concurrencia de irregularidades en la tramitación del procedimiento administrativo seguido en contra de la recurrente, respetándose la normativa dispuesta en el Reglamento de Convivencia y Responsabilidad Disciplinaria de la Comunidad Académica de la Universidad Santo Tomás, apareciendo que su disconformidad dice relación con la ponderación de los antecedentes efectuados por la autoridad universitaria a los cuales atribuye una valoración diversa, pero sin que se divise una contravención formal o sustantiva en relación con su mérito.

Particular relevancia tiene la aseveración de la recurrida en el sentido que la sanción impuesta se materializa en el presente semestre que ha de terminar a fines del mes de agosto, restando menos de dos meses de sanción, de manera que no tienen asidero los dichos de la recurrente quien expresa preocupación por un eventual carácter indefinido de la sanción, motivado por la contingencia sanitaria.

SEXTO: Que relevante resulta la autonomía de que gozan las universidades, de acuerdo a la letra a) del artículo 2º de la Ley N°21.091, sobre Educación Superior, entendido como: “(…) la potestad para determinar y conducir sus fines y proyectos institucionales en la dimensión académica, económica y administrativa, dentro del marco establecido por la Constitución y la ley”. En virtud de tal autonomía la Universidad puede ejercer una potestad disciplinaria independiente; confinada en lo sustantivo, a los fines y proyectos institucionales.

De esta manera, no se ha vulnerado la Constitución Política de la República en su artículo 19 N° 3 inc.4°, relativa a “comisiones especiales”, entendidas éstas como al margen de la ley, ya que, las entidades resolutivas para este tipo de casos se encuentran contempladas en un reglamento aprobado por todos los estamentos universitarios.

No se advierte un actuar discriminatorio ni atentatorio contra el derecho de propiedad que reclama la recurrente, en el entendido que las sanciones se ajustan al marco de una investigación no privándosele su calidad de estudiante, materializándose la sanción durante el presente semestre cuyas particularidades, conforme la emergencia sanitaria, determinan una escasa afectación ante las limitaciones de actividades lectivas, mayoritariamente realizadas por sistemas remotos.

SÉPTIMO: Que en la especie aparece de manifiesto que la Universidad Santo Tomás, al proceder como lo ha hecho, ha actuado haciendo uso de las facultades que le confiere el respectivo reglamento interno, sin apartarse de sus limitaciones, al circunscribirse a hechos vinculados en forma objetiva con el plantel, no divisándose ilegalidad o arbitrariedad alguna que afecte las garantías constitucionales enunciadas por la recurrente, siendo procedente su rechazo.

Por estas consideraciones, y visto, además, lo establecido en el artículo 19 números 2, 3, 10 y 24 en relación con el artículo 20 de la Constitución Política de la República y Auto Acordado sobre Tramitación del Recurso de Protección de Garantías Constitucionales, se RECHAZA, sin costas, la acción de protección interpuesta por la abogada Marcela Fernanda De La nombre reservado, en representación de nombre reservado en contra de la Universidad Santo Tomás, nombre reservado.

Se deja sin efecto la orden de no innovar decretada el cinco de junio del presente, a folio 3.

Regístrese digitalmente y archívese, en su oportunidad.

Redactada por el Ministro Sr. Samuel David Muñoz Weisz Rol 1540 – 2020 PRO.