nombre reservado con DIRECCIÓN REGIONAL DEL TRABAJO REGIÓN DE LOS RÍOS

C.A. de Valdivia Valdivia, veintidós de junio de dos mil veinte.

VISTOS:

En Rol de esta Corte identificado con el N°1535-2020, don nombre reservado, abogado, cédula nacional de identidad N° RUT reservado, obrando con mandato judicial de HUILO HUILO DESARROLLO TURÍSTICO SpA, sociedad del giro de su denominación, R.U.T. N° RUT reservado, representada legalmente por don nombre reservado, todos domiciliados en domicilio reservado, provincia de Valdivia, Región de Los Ríos; deduce recurso de protección en contra de la DIRECCIÓN REGIONAL DEL TRABAJO REGIÓN DE LOS RÍOS, representada legalmente por su Directora Regional, doña María Loreto Yud Elissetche, o quien sus derechos represente; ambos domiciliados en domicilio reservado.

Funda su acción en que por resolución de multa número N° 7719/2020/2, de fecha 23 de enero de 2020, la recurrida aplicó una multa administrativa por la suma de 40 U.T.M., en atención a la supuesta infracción consistente en no actualizar en el contrato de trabajo la remuneración del trabajador individualizado en la sanción. Aclara que dicha resolución de multa fue notificada a Huilo Huilo Desarrollo Turístico SpA., el día 2 de marzo de 2020. De este modo, considerando lo dispuesto en los artículos 511 y 512 del Código del Trabajo, que autoriza a recurrir administrativamente en el plazo de 30 días para reclamar de las sanciones aplicadas- y teniendo en cuenta lo establecido en el artículo 25 la Ley N°19.880, en cuanto fija que para el cómputo de plazos en los procedimientos administrativos no se considerarán hábiles los sábados, domingos y festivos, estima haber tenido como plazo para recurrir administrativamente hasta el 14 de abril de 2020, mismo día en que presentó la respectiva reconsideración administrativa de multa. No obstante lo anterior, indica que, en concepto de la recurrida, la solicitud de reconsideración no habría sido presentada “dentro del plazo legal de 30 días hábiles, contados desde su notificación”, por lo que, a su juicio, no se dio cumplimiento a los requisitos de admisibilidad.

Como consecuencia de ello, la recurrida desestimó la petición de reconsideración al considerarla extemporánea, por apreciar que la notificación de la resolución de multa se produjo en una fecha anterior a la real de la misma, aplicando la presunción legal del artículo 508 del Código del Trabajo.

Sin embargo, califica esa decisión de la Dirección Regional del Trabajo como arbitraria y contraria a derecho, pues afirma que la notificación de la multa se produjo en una fecha posterior a aquella que resultaría de aplicar el mencionado artículo 508. En efecto, tal como constaría en los documentos acompañados a su presentación, la multa se habría notificado mediante carta certificada, correspondiente al envío número 1180266625106, el cual fue entregado a la empresa sancionada con fecha 2 de marzo de 2020, por lo que para el cómputo del plazo debía considerarse la fecha real de notificación.

Sostiene que el artículo 508 del Código del Trabajo, al utilizar la frase “se entenderá notificado”, alude a una notificación ficta, estableciendo una presunción simplemente legal, que admite prueba en contrario, de tal suerte que se vulneraría la garantía constitucional del articulo 19 N° 2 de la Constitución Política de la República, de la igualdad ante la ley, si no se respetara haber demostrado algo diverso.

Culmina, solicitando tener por interpuesto el presente recurso de protección, someterlo a tramitación, acogerlo en todas sus partes, dejando sin efecto lo comunicado a Huilo Huilo Desarrollo Turístico SpA. por medio del ORD. N° 223, de fecha 12 de mayo de 2020, en virtud del cual se negó la tramitación de la reconsideración administrativa deducida el 14 de abril de 2020, que fuera formulada en contra de la sanción impuesta por Resolución de multa N°7719/2020/2, al reputarla presentada fuera de plazo; declarando expresamente que la reconsideración ha sido deducida en tiempo y forma, y con su mérito, ordenar a la recurrida resolver la presentación efectuada por Huilo Huilo Desarrollo Turístico SpA, con expresa condenación en costas.

Informando por la recurrida Dirección Regional del Trabajo de Los Ríos, doña nombre reservado, abogada, en síntesis, adujo que la reconsideración administrativa deducida era extemporánea, ya que la referida multa fue notificada mediante carta certificada depositada con fecha 23.01.2020, según da cuenta Guía de Depósito en Correos de Chile que se acompaña en un otrosí, entendiéndose notificada al 6º día hábil, es decir, el 31.01.2020, en virtud del artículo 508 del Código del Trabajo- Agrega que recién el 14.04.2020 la empresa depositó en la Inspección Provincial del Trabajo de Valdivia, su solicitud de reconsideración administrativa de la multa, en conformidad al artículo 511 del Código del Trabajo, solicitud que fue recibida en Inspección Comunal del Trabajo de Panguipulli con fecha 20.04.2020. Siendo una multa aplicada por la jefatura comunal, su revisión se remitió a la Dirección Regional del Trabajo de Los Ríos, conforme a las instrucciones vigentes de Contraloría General de la República.

Así, revisados los antecedentes, con fecha 12.05.2020 se dicta Oficio Ordinario N°223, mediante el cual se informa a la empresa la inadmisibilidad de su solicitud de reconsideración, al haberse presentado fuera del plazo legal de 30 días hábiles, contados desde su notificación. Dicho plazo venció el día 13.03.2020, el que fue notificado mediante carta certificada depositada en Correos de Chile con fecha 14.05.2020, siendo por tanto a todas luces extemporánea.

Finaliza apreciando improcedente el recurso de protección, por haberse dispuesto de la herramienta de reclamación ante el juez laboral y al no haber existido ilegalidad ni arbitrariedad, por lo que pide su rechazo.

Se trajeron los autos en relación.

CONSIDERANDO:

Primero: Que el recurso de protección, previsto en el artículo 20 de la Carta Fundamental, es una acción constitucional, cuyo propósito consiste en obtener de los tribunales superiores de justicia, una tutela eficaz y eficiente para salvaguardar la integridad de los derechos fundamentales que aquélla norma contempla.

Así, al conocer un arbitrio de este orden, es deber constitucional de toda Corte adoptar, en forma inmediata, las providencias necesarias para asegurar la debida protección ante una acción u omisión arbitraria o ilegal, que importe una privación, perturbación o amenaza de los derechos y garantías que el Constituyente establece.

Segundo: Que, amén de lo anterior, es menester explicitar que el recurso de protección es una acción de naturaleza cautelar, urgente y no declarativa, de modo que no es posible a través de este procedimiento, obtener un pronunciamiento en el que se dirima la existencia del derecho invocado, su validez y en general, las materias cuyo fallo requiere una discusión y tramitación en un juicio de lato conocimiento.

En efecto, la procedencia de la acción de protección de garantías constitucionales, requiere de suyo la existencia de un derecho indubitado en favor del actor y, sólo de concurrir tal derecho, corresponde determinar si se dan o no los demás requisitos para otorgar la cautela requerida, pues, como lo ha sostenido la Excma. Corte Suprema “la acción de cautela de derechos constitucionales impetrada en estos autos constituye un arbitrio destinado a dar protección respecto de derechos que se encuentren indubitados y no discutidos” (Rol N° 27.451-2014, de 14/01/2015). En igual sentido, el Tribunal Constitucional ha fallado que la naturaleza jurídica del recurso de protección es la de “una acción cautelar, para la defensa de derechos subjetivos concretos, que no es idónea para declarar derechos controvertidos, sino tan solo para restablecer el imperio del derecho y asegurar la debida protección del afectado, en presencia de una acción u omisión arbitraria o ilegal, que amerita una solución urgente (Rol N°2538-14, de 09/09/2014)”.

Tercero: Que, por consiguiente, para que pueda prosperar el recurso de protección del artículo 20 de la Constitución Política de la República, debe existir un acto u omisión arbitraria o ilegal, que se traduzca en una “privación” o una “perturbación” o una “amenaza” al legítimo ejercicio de alguno de los derechos constitucionales asegurados y garantidos por el recurso.

Asimismo, esa privación, perturbación o amenaza ha de conculcar o afectar precisamente, o sea, de modo real, efectivo o inminente, el legítimo ejercicio de los derechos que garantiza la Constitución y, finalmente, el restablecimiento del imperio del derecho ha de verificarse en un procedimiento sumario y rápido, sin perjuicio de los demás derechos que el afectado pueda hacer valer ante la autoridad o los tribunales correspondientes.

Debe tenerse presente también que la “arbitrariedad” indica carencia de razón en el actuar u omitir, falta de proporción entre los motivos y el fin o finalidad que alcanza, ausencia de ajuste entre los medios empleados y el objetivo a obtener, o sea, una actuación carente de fundamento (El Recurso de Protección, nombre reservado, página 189).

Lo “ilegal”, en tanto, se da en el ámbito de los elementos reglados de las potestades jurídicas; es decir, de lo contrario a la ley; en otras palabras, el actuar u omitir es ilegal cuando fundándose en algún poder jurídico que se posea o detenta, se excede en su ejercicio, cualquiera sea el tipo, modo o manera que el exceso adopte (op. cit. Pág. 239).

Cuarto: Que, de conformidad con los antecedentes allegados a esta Corte, se advierte que no existe mayor divergencia en torno a los presupuestos fácticos esenciales expuestos por las partes, esto es, que por resolución de multa número N° 7719/2020/2, de fecha 23 de enero de 2020, la recurrida aplicó una multa administrativa por la suma de 40 U.T.M. en contra de la empresa recurrente, siendo comunicada dicha sanción pecuniaria por carta certificada, la que fue depositada en Correos de Chile, el 29 de enero de 2020.

El núcleo de la controversia, entonces, es esencialmente jurídico y estriba en determinar el alcance del artículo 511 del Código del Trabajo, cuya estricta aplicación implicaría entender siempre notificada la multa al sexto día del mentado depósito en Correos de Chile, o bien, si es dable estimar que cabe la demostración de la fecha real o efectiva de la notificación en data diversa a la presumida legalmente, fijando en este caso el hecho conocido y demostrado en contrario, en la especie, que ésta se habría producido recién el 2 de marzo del presente año.

Quinto: Que, en el orden jurídico planteado, resulta de utilidad transliterar el texto de los artículos mencionados:

“Art. 508. Las notificaciones que realice la Dirección del Trabajo se podrán efectuar por carta certificada, dirigida al domicilio que las partes hayan fijado en el contrato de trabajo, en el instrumento colectivo o proyecto de instrumento cuando se trate de actuaciones relativas a la negociación colectiva, al que aparezca de los antecedentes propios de la actuación de que se trate o que conste en los registros propios de la mencionada Dirección.

La notificación se entenderá practicada al sexto día hábil contado desde la fecha de su recepción por la oficina de Correos respectiva, de lo que deberá dejarse constancia por escrito.”

“Artículo 511. Facúltase al Director del Trabajo, en los casos en que el afectado no hubiere recurrido de conformidad al artículo 503 y no hubiere solicitado la sustitución del artículo 506 ter de este Código, para reconsiderar las multas administrativas impuestas por funcionarios de su dependencia en la forma siguiente:

1. Dejando sin efecto la multa, cuando aparezca de manifiesto que se ha incurrido en un error de hecho al aplicar la sanción.

2. Rebajando la multa, cuando se acredite fehacientemente haber dado íntegro cumplimiento, a las disposiciones legales, convencionales o arbitrales cuya infracción motivó la sanción.

Si dentro de los quince días siguientes de notificada la multa, el empleador corrigiere la infracción, el monto de la multa se rebajará, a lo menos, en un cincuenta por ciento. Tratándose de la micro y pequeña empresa, la multa se rebajará, a lo menos, en un ochenta por ciento.”

“Art. 512. El Director del Trabajo hará uso de esta facultad mediante resolución fundada, a solicitud escrita del interesado, la que deberá presentarse dentro del plazo de treinta días de notificada la resolución que aplicó la multa administrativa.

Esta resolución será reclamable ante el Juez de Letras del Trabajo dentro de quince días de notificada y en conformidad al artículo 474 de este Código.”

Sexto: Que se ha entendido por jurisprudencia emanada de esta misma Corte, que el inciso final del artículo 508 del Código de marras, lo que hace es contemplar una presunción “iuris tantum” o simplemente legal, que, conforme lo previene el artículo 47 del Código Civil, admite prueba en contrario, siendo susceptible de ser derrotada, a diferencia de una presunción “iure et de iure” o de derecho. Así se ha resuelto recientemente, entre otros, en fallo recaído en Recurso de Nulidad Laboral, Rol N°61-2020, en cuyo considerando cuarto, en lo pertinente se sostuvo: “A esta clase de presunciones refiere el artículo 508 del Código del Trabajo, esto es, que la notificación por carta certificada se entiende practicada al sexto día hábil contado desde la fecha de su recepción por la oficina de correos respectiva, si y solo si no se acredita que se practicó en una fecha diversa.” Lo propio se ve ratificado en fallo pronunciado por la Corte de Apelaciones de Punta Arenas, en rol N°34-2020.

Séptimo: Que, así las cosas, de los antecedentes que obran en autos, apreciados conforme a las reglas de la sana crítica, considerando, por un lado, el timbre de recepción puesto en la carta certificada, en que consta el número emitido por Correos de Chile (N°1180266625106) y que registra, precisamente, fecha 2 de marzo de 2020, plenamente coincidente además con el dato que arroja el sistema informático de seguimiento en línea de dicha empresa, singularizado con idéntico número, allegado por el recurrente, se comprueba que el día señalado fue recibida la notificación y que fue esa la fecha real en que la reclamante tomó conocimiento de la sanción administrativa, por lo que, en consecuencia, desde ese momento debió ser contabilizado por la Inspección del Trabajo el plazo de 30 días hábiles, contemplado en el artículo 512 del Código del ramo, para solicitar la reconsideración administrativa correspondiente, venciendo el 14 de abril de la anualidad en curso, lo cual en efecto ocurrió, y no el 13 de marzo, como se sostuvo por la recurrida.

Octavo: Que, como corolario del raciocinio que precede, al constatarse que se ha vulnerado por parte de la recurrida la normativa legal concerniente a esta índole de reconsideraciones, por haberse demostrado en sede judicial por el recurrente el derribo de la presunción simplemente legal aludida, es factible estimar que se está ante un acto ilegal, esto es, contrario a derecho, así como arbitrario, en cuanto carente de la adecuada razonabilidad exigible, que ha importado un proceder discriminatorio, que ha atentado contra la garantía constitucional de igualdad ante la ley, impidiendo de antemano a la solicitante acceder a un pronunciamiento de fondo respecto del requerimiento oportunamente planteado, al negarle lugar a su tramitación, asilándose en una interpretación del precepto restrictiva del derecho del administrado.

Noveno: Que, por último y en respaldo de la conculcación constitucional prestablecida por esta Corte, ha sido criterio del máximo tribunal de la República, adoptado en sentencia dictada en Rol N° 16.288-2016, de 6 de abril de 2016, en que, conociendo de una apelación a un recurso de protección, ha sostenido:

“…Cuarto: Que, en consecuencia, la actuación de la recurrida constituye un acto ilegal pues por ella se negó a tramitar un recurso presentado dentro de plazo legal, afectando la garantía de igualdad ante la ley contemplada en el artículo 19 N° 2 de la Constitución Política de la República, porque al desconocer la autoridad recurrida el término en toda su extensión ha dado un trato discriminatorio, que no puede ser aceptado.”

Todo lo expresado se traducirá, por ende, en la prosperidad de la acción incoada del modo cómo se dirá a continuación.

Y visto, además, lo dispuesto en los artículos 19 N°2 y 20 de la Constitución Política de la República, más Auto Acordado de la Excelentísima Corte Suprema sobre Tramitación y Fallo del Recurso de Protección de Garantías Constitucionales, se ACOGE, sin costas, la acción constitucional interpuesta por la recurrente, HUILO HUILO DESARROLLO TURÍSTICO SpA, sociedad representada legalmente por don nombre reservado, en contra de la DIRECCIÓN REGIONAL DEL TRABAJO REGIÓN DE LOS RÍOS, representada legalmente por su Directora Regional, doña María Loreto Yud Elissetche, por lo que, en consecuencia, deberá otorgarse la tramitación correspondiente a la reconsideración administrativa presentada por la primera el 14 de abril de 2020.

Regístrese, notifíquese y archívese, en su oportunidad.

Redacción del Ministro Titular, Sr. Luis Moisés Aedo Mora.

N°Protección-1535-2020.