Protección contra Tesorería Regional de Los Ríos

Valdivia, trece de septiembre de dos mil dieciocho.

Vistos, Que don Juan Carlos Oyarzún Cárcamo, Abogado, cedula de identidad NºRUT reservado, domiciliado en domicilio reservado, de Valdivia, quien interpone recurso de protección en representación de don nombre reservado, chileno, casado, comerciante, cedula de identidad NºRUT reservado, domiciliado en domicilio reservado, en contra de Tesorería Regional de Los Ríos, “Fisco”, representada por don nombre reservado, Tesorero Regional Región de Los Ríos, Rut, RUT reservado, ambos con domicilio en domicilio reservado, de Valdivia, y contra quien resulte responsable, respecto del acto arbitrario e ilegal de la autoridad recurrida, y del cual el recurrente tuvo conocimiento con fecha 19 de agosto del presente año, al ser informado de un lanzamiento.

Expresa que el lanzamiento se ha materializado por haberse vulnerado derechos y garantías aseguradas en el artículo 19 de la Constitución Política, específicamente el derecho consignado en el Nº 3 inciso 4, que se encuentra garantizado con la acción del artículo 20 de la Constitución; asimismo, se vulnera la igualdad ante la justicia consagrado en el artículo 19 Nº 3 y el derecho de propiedad previsto en el 19 Nº 24, pidiendo que se adopten de inmediato las providencias que señala, o las que el Tribunal determine y que sean necesarias para restablecer el imperio del derecho y asegurar la debida protección, de acuerdo a los antecedentes de hecho y de derecho que expone.

Como antecedentes de hecho señala que con fecha 19 de agosto del presente año, siendo las 17,30 horas, aproximadamente, doña nombre reservado, esposa del recurrente, fue a visitar a su suegra en el domicilio ubicado en domicilio reservado, de Valdivia, de propiedad de su representado; en ese instante llamaron a la puerta preguntando por don nombre reservado; su señora expresó que él vive en Santiago desde hace un par de años, ante lo cual le hizo entrega de documentos, informándole que representaba a la nueva dueña de la propiedad antes indicada, doña nombre reservado, abogada, quien se adjudicó el inmueble, y por tal motivo necesitan que se desaloje el hogar; en razón de lo anterior su señora le hace entrega del número de teléfono de su cónyuge, para que converse con él.

Solo con esa llamada se tomó conocimiento de todo el proceso que se llevó en contra de don nombre reservado, sin haber sido notificado en forma alguna.

Explica que la demanda que da inicio al remate de esta propiedad, con la consecuencia de su adjudicación a doña Pamela Andrea Hernando Cárdenas y que posteriormente solicita el desalojo, nace de una supuesta multa cursada por parte de la Tesorería, multa cursada a un tercero que arrendaba el inmueble y a su vez notificada al mismo infractor, la sociedad “Inversiones e Inmobiliaria Harald Christian Esteban Ferhmann Ltda.”, representada por nombre reservado, ubicado en ruta T-350, sector Estancilla, denominado discoteca New York, inmueble lote siete B dos. Dicho título de dominio ya no figuraba a nombre de su patrocinado a la época de la notificación de la demanda, y por tanto nunca recibió la notificación, toda vez que la propiedad fue embargada y adjudicada en remate público por la Inmobiliaria e Inversiones Ggat Limitada, Rut RUT reservadoCon fecha 24 de diciembre del año 2013 tampoco se le notificó la multa, ni siquiera a su domicilio de contribuyente, que tiene debidamente informado desde marzo de 2013.

Señala que todas las notificaciones fueron hechas en este domicilio por parte de Tesorería Regional de Los Ríos, desde el año 2014, en un domicilio que fue adjudicado a un tercero por medio de un remate público y que consta además en su certificado de dominio vigente, por lo que es un hecho público y conocido por todos. A mayor abundamiento señala que el Receptor de Tesorería, notificó supuestamente el contenido de la demanda interpuesta, su providencia y el mandamiento en el supuesto domicilio ubicado en ruta T-350, establecimiento comercial sector Estancilla denominado discotheque New York, ciudad de Valdivia, como consta del estampado del propio receptor.

Como explica, las notificaciones practicadas se basan en hechos no efectivos, ya que, el domicilio de don nombre reservado correspondía a los siguientes: año 2012; en esa época el domicilio domicilio reservado, de 31 de octubre de 2012, de causa N° 3405 de 2012 seguida ente el Segundo Juzgado Civil de Valdivia, que mantuvo hasta fines del año 2012; desde el principio del año 2013 a 2014, el domicilio domicilio reservado; desde año 2015 a la fecha el domicilio es domicilio reservado.

Expresa que el demandante cometió un actuar negligente y quizás doloso al momento de practicar las notificaciones, ya que el domicilio que señaló al interponer la demanda no tenía ninguna relación con su patrocinado; precisa que en aquel periodo existían varios juicios en su contra por distintas entidades, los que se notificaron de forma correcta y legal a su domicilio, permitiéndole defenderse de forma apropiada, derecho que en este proceso le fue vulnerado negando así un derecho fundamental consagrado en el artículo 19 Nº 3 inciso 3 y 4 de la Constitución.

Señala que difícilmente podrían ser notificados personalmente y/o por cedula o a través del artículo 44 del Código de Procedimiento Civil, tanto en este procedimiento como en el expediente administrativo 1005-3013, antes referido, ya que ese domicilio corresponde al de un tercero ajeno a la litis, lo cual expresa que acreditará con los documentos que acompaña en otrosí, escritura pública de compraventa en remate, más la prueba testimonial correspondiente y la absolución de posición del fiscalizador que efectuó las notificaciones a lo largo del proceso, en la oportunidad procesal pertinente.

Explica para ser más ilustrativo, que el domicilio del inmueble ubicado en ruta T-350, sector Estancilla, denominado discoteca New York, pertenece a un tercero ajeno al juicio, el cual es “Inmobiliaria e Inversiones Ggat Limitada”, RUT RUT reservado, desde el 31 de diciembre del 2013, según se desprende de la copia de inscripción de propiedad y del contrato de arriendo que en otrosí acompaña. Este hecho impidió conocer el contenido de la demanda y, en consecuencia, ha imposibilitado ejercer un derecho de defensa adecuado al desconocerse su texto. De esa forma se está causando un gravamen irreparable a esta parte, conculcando el debido proceso.

Expone que por ello no hubo emplazamiento de su parte, es decir, no se ha notificado a aquellos en forma legal respecto de la resolución recaída en la demanda, y por ende, no existe el efecto principal de las notificaciones realizadas a lo largo del proceso, esto es, ligar al Tribunal y a la partes creando la relación procesal.

Los hechos descritos constituyen una violación al derecho constitucional establecido en el artículo 19 Nº 3 incisos 3 y 4, así como de otras normas del debido proceso ya reseñadas, así como al derecho a la igualdad ante la ley; artículo 19 Nº2 y derecho de propiedad, artículo 19 Nº 24, derechos que se encuentran cautelados con el recurso de protección establecido en el artículo 20 de la Constitución Política.

Señala los elementos del recurso de protección expresando que ellos son la existencia de un acto ilegal o arbitrario, que sea imputable a una autoridad o persona determinada.

Expresa que cada uno de estos requisitos se da en la especie y hacen procedente el recurso, siendo estos actos no solo arbitrarios sino también ilegales, concurriendo ambas hipótesis en forma separada y copulativa, que no encuentran razón o fundamento legítimo, por lo que solicita que se adopten de inmediato las providencias necesarias para permitir el pronto restablecimiento del derecho conculcado, ordenando la suspensión del lanzamiento hasta llevar a cabo un juicio con acuerdo a derecho.

Acompaña copia de inscripción propiedad de adjudicación en remate de la Inmobiliaria e Inversiones GGAT Limitada, rut NºRUT reservado, inscrita a fojas 4539 N°5092 del año 2013; copia de contrato de arriendo, repertorio 2945-2012; copia de termino de contrato de arrendamiento repertorio 1298-2013; contrato de arriendo del bien inmueble de fecha 15 de Enero del año 2016; certificado de matrimonio; certificado de estudio de la hija del recurrente; contrato de trabajo; copia de notificaciones practicadas efectuadas en un domicilio perteneciente a un tercero ajeno a la Litis, domicilio domicilio reservado, denominado discoteca New York; copia de contrato de arriendo de domicilio ubicado en domicilio reservado, denominado discoteca new York; y copia de inscripción de registro de propiedad de adjudicación de propiedad “Inmobiliaria e Inversiones Ggat Limitada.”, desde el año 31 de diciembre de 2013, RUT RUT reservadoInformando don nombre reservado, Director Regional, Tesorero de Los Ríos, domiciliado en domicilio reservado, de Valdivia, expone que los hechos materia del recurso dicen relación con la solicitud de desalojo del inmueble ubicado en domicilio reservado, efectuado por la abogada Pamela Andrea Hernando Cárdenas, quien se adjudicó dicha propiedad en el remate de causa Rol C-1409-2014 del 1° Juzgado Civil de Valdivia.

Se refiere a las aseveraciones del recurrente, quien expone que dicho proceso surge de una multa cursada por parte de Tesorería a un tercero que arrendaba el inmueble y que fue notificada al infractor, sociedad “Inversiones e Inmobiliaria Harald Christian Esteban Ferhmann Limitada” en el domicilio ubicado en ruta T-350, sector Estancilla, y que el título de dominio no figuraba a su nombre a la época de notificación de la demanda. Agrega que tampoco fue notificado de la multa, sino que todas las notificaciones fueron hechas en el referido domicilio. Por ello, concluye el recurrente que estuvo impedido de conocer el contenido de la demanda, alegando vulneración de los derechos garantizados en el artículo 19 N° 3 incisos 3 y 4, N° 2 y 24 de la Constitución Política de la República.

Refiriéndose a dichas aseveraciones señala el recurrido que efectivamente el inmueble ubicado en domicilio reservado de Valdivia se adjudicó a doña Pamela Andrea Hernando Cárdenas, en el remate que se llevó a cabo con fecha 3 de agosto de 2017 en causa Rol C-1409-2014 del 1° Juzgado Civil de Valdivia. Dicha causa tiene su origen en el procedimiento de cobro que se inició en el expediente administrativo 10205-2013 Valdivia, donde consta el título ejecutivo correspondiente a la nómina de deudores morosos en que se individualiza a don nombre reservado como deudor de la multa cursada mediante el Giro Formulario 21 Folio 105638505 de fecha 15.03.2013, por un valor neto de $4.800.000.

Precisa que la multa que da origen al cobro judicial no fue cursada por la Tesorería General de la República, sino que ésta se ha limitado a ejercer la acción de cobro en cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 2 N° 2 del Estatuto Orgánico del Servicio de Tesorerías contenido en el DFL 5 de 1963 del Ministerio de Hacienda. En este caso, la acción de cobro se ha dirigido directamente en contra del deudor y no en contra de un tercero, como erradamente sostiene el recurrente.

Ahora bien, la nómina de deudores morosos y el mandamiento de ejecución y embargo se notificó el 12 de abril de 2013 a don nombre reservado por cédula dejada en el domicilio registrado a esa época cual era Ruta T350 s/n Estancilla, Valdivia. No existe información sobre un cambio o eliminación de dicho domicilio, por lo que las siguientes actuaciones se notificaron de la misma forma, conforme lo dispuesto en el artículo 171 del Código Tributario.

No habiendo presentado oposición dentro del plazo legal, y encontrándose embargado el inmueble ubicado en domicilio reservado de esta ciudad (fojas 27 del expediente administrativo), se solicitó al Tribunal fijar día y hora para la subasta, dando inicio así a la segunda etapa de cobro en estos autos el 2 de abril de 2014. Fue así como Tesorería cumplió tanto con las notificaciones como las publicaciones legales ordenadas por el tribunal.

El 24 de agosto de 2018, el recurrente compareció en causa Rol C-1409-2014 y solicitó la nulidad de todo lo obrado, incidente que está en etapa probatoria y pendiente de fallo por parte del 1° Juzgado Civil de Valdivia.

En cuanto a las impugnaciones al recurso, la recurrida señala que el recurso de protección no es la vía idónea para conocer la materia de autos.

Al efecto señala que el recurso establecido en el artículo 20 de la Constitución Política de la República, tiene una finalidad inminentemente cautelar. Se trata de un procedimiento de urgencia, breve y de carácter extraordinario, por lo que no es procedente utilizarlo para discutir cuestiones de lato conocimiento y menos para impugnar decisiones judiciales respecto de los cuales el legislador contempla otros remedios procesales.

Tal como se desprende de las alegaciones planteadas por el recurrente y los documentos acompañados, el hecho o acto que se pretende impugnar no es tan solo el lanzamiento iniciado por la adjudicataria, que dice haber conocido con fecha 19 de agosto de 2018, sino los supuestos vicios procesales del procedimiento de cobro y, en especial, la legalidad del emplazamiento.

Todo ello implica una revisión del procedimiento de cobro Rol C-1409-2014 cuya competencia se encuentra radicada actualmente en el Juez del 1° Jugado Civil de Valdivia, razón por la cual no es materia de conocimiento en esta vía extraordinaria y excepcional.

Refuerza lo señalado la circunstancia de que el recurrente dedujo en causa Rol C-1409-2018 incidente de nulidad de todo lo obrado, actualmente en tramitación.

Afirma la inexistencia de actos ilegales o arbitrarios por parte del Servicio de Tesorerías que afecten las garantías constitucionales invocadas.

El artículo 20 de la Constitución señala que es un requisito indispensable del recurso de protección la existencia de un acto u omisión ilegal o arbitraria, afectando, de esta manera, a una o más de las garantías constitucionales protegidas.

Como todo órgano del Estado, Tesorería General de la República debe someter su accionar a la Constitución y a las normas dictadas conforme a ella, actuando válidamente dentro de sus competencias y en la forma que prescriba la Ley (artículos 6 y 7 de la Constitución Política de la República). A su vez, un acto es arbitrario cuando ha existido carencia de razonabilidad en el actuar u omitir, falta de proporción entre los medios empleados y el fin a obtener; ausencia o inexistencia de los hechos que fundamentan la actuación y omisión recurrida; o carece de sustentación lógica y se presenta como mero fruto del capricho o la sinrazón, citando sentencias sobre la materia, lo que no ha ocurrido en el caso de autos, de acuerdo a los hechos expuestos.

Señala que el recurrente no explica cuáles son los actos ilegales y arbitrarios del Servicio de Tesorerías que ameriten protección, pues los únicos hechos que pudieran ser atribuibles al Servicio corresponden a los supuestos vicios en las notificaciones practicadas con anterioridad al remate, principalmente en los años 2013 y 2014. Así, aunque el recurrente intenta impugnar por esta vía supuestos vicios procesales, el acto material que ha motivado la interposición del recurso de protección, corresponde a la solicitud de hacer abandono de la bien raíz rematado, según los hechos relatados por el mismo recurrente.

Señala que el lanzamiento del ejecutado no ha sido ordenado por Tesorería, sino que fue decretado por el 1° Juzgado Civil de Valdivia, a petición de la adjudicataria, mediante resolución del 24 de julio de 2018. El lanzamiento, como también el remate, constituyen actuaciones que forman parte de un proceso legalmente tramitado conforme a las disposiciones que establecen los artículos 168 y siguientes del Código Tributario y en forma supletoria las disposiciones del Código de Procedimiento Civil; cuya revisión escapa la naturaleza y finalidad del recurso de protección, tal como se indicó precedentemente.

Señala, además que los derechos consagrados en los artículos 19 N° 3 incisos 3 y 4 de la Constitución Política no forman parte de las garantías que abarca el recurso de protección, transcribiéndolo en lo pertinente.

Aun cuando el recurrente no ha señalado cómo es que este Servicio de Tesorerías ha vulnerado tales derechos ni se vislumbra de los hechos expuestos, los derechos invocados no se encuentran garantizados por el recurso de protección, de conformidad a lo que dispone el artículo 20 de la misma Constitución, motivo por el cual la acción deducida debe ser rechazada de plano en este punto.

Pide tener por evacuado el informe y, en definitiva, no dar lugar al recurso por los motivos expuestos.

Solicita se traiga a la vista la causa ROL 1409-2014 del 1° Juzgado Civil de Valdivia, en cuyo cuaderno de incidente de nulidad se encuentra acompañada copia del expediente administrativo 10205-2013.

Pide tener por acompañados Resolución N° 886 de fecha 01 de agosto de 2017 del Tesorero General de La República, Departamento Personal de La Tesorería General de la República y su publicación; Resolución N° 462 de fecha 18 de abril de 2018 y su publicación en el Diario Oficial de fecha 16 de mayo de 2018.

Se acompañaron los documentos agregados por las partes.

Se ordenó traer los autos en relación y se fijó en Tabla para su vista.

CONSIDERANDO:

Primero: Que, el recurso de protección de garantías constitucionales, previsto en el artículo 20 de la Constitución Política de la República, es una acción de rango constitucional, cuyo propósito es obtener de los Tribunales Superiores de Justicia, una tutela pronta y eficiente para el resguardo de los derechos fundamentales que esa norma contempla.

Al conocer de un recurso de protección, es el imperativo constitucional de este Tribunal examinar los antecedentes y advirtiendo la existencia de una privación, perturbación o amenaza de derechos que la Constitución Política de la República garantiza, adoptar, en forma inmediata, las providencias que sean necesarias y suficientes para asegurar la debida protección ante una acción u omisión arbitraria o ilegal, que importe un menoscabo a los derechos y garantías que el constituyente establece y cautela por la vía de esta acción de rango constitucional.

Resulta, en consecuencia, que lo que configura la arbitrariedad o ilegalidad es la existencia de actuaciones u omisiones que se hayan producido al margen del sistema de derecho o por el mero capricho, lo que resulta elemental indagar para determinar la procedencia de este recurso, de manera que solo excepcionalmente podrán ser examinadas actuaciones de los órganos jurisdiccionales que participen de esos caracteres ya que el mismo estado de derecho proporciona una importante nomenclatura de alegaciones y recursos para dirimir las alegaciones de las partes con pleno resguardo a sus derechos adjetivos.

Segundo: Que, mediante el recurso de estos autos se denuncia que se ha dictado una orden de lanzamiento en la causa Rol C-1409-2014 radicada actualmente en el Primer Juzgado Civil de Valdivia, arribándose a esta instancia procesal sin que el recurrente hubiere sido emplazado como en derecho corresponde.

Tercero: Que siendo aquella la materia cuestionada no se divisa de qué forma es atribuible una acción u omisión arbitraria a Tesorería General de la República, ya que con claridad el recurrente denuncia que el acto arbitrario e ilegal sería el lanzamiento del ejecutado del bien raíz que indica; sin embargo, la resolución que así lo dispuso no ha sido dictada por Tesorería, sino que por un Tribunal de la República, a petición de la adjudicataria, no advirtiéndose que en esa materia tenga alguna intervención el recurrido de estos autos. Y ciertamente no es materia de este recurso establecer la relación causal del lanzamiento con las actuaciones en las que antes Tesorería intervino.

Cuarto: Que, no obstante, es ineludible consignar que la controversia se encuentra sometida al conocimiento de los Tribunales de Justicia, pues se trata de un asunto sobre juicio ejecutivo en el que el inmueble subastado fue adjudicado a una tercera persona; por consiguiente, en el respectivo procedimiento deben ser resueltas eventuales acciones u omisiones arbitrarias o ilegales que importen vulneración de derechos de los litigantes.

En consecuencia, lo pertinente es que el actual asunto sea debatido a través de los recursos jurisdiccionales que correspondan, toda vez que la materia ya está sometida a la jurisdicción y, por lo tanto, bajo el imperio y regulación del derecho; (Excma. Corte Suprema, Rol 10.491-2015, 8 de octubre de 2015).

Luego, la cuestión que se ha planteado no es de aquellas que corresponda dirimir por medio de la presente acción cautelar, de urgencia y no declarativa, ya que lo procedente es deducir los remedios jurisdiccionales que sean conducentes respecto de la acción que se ha reputado arbitraria, en el juicio respectivo, cual es aquel en que se ha ordenado el lanzamiento de un inmueble, siendo improcedente este procedimiento como recurso procesal idóneo para enmendar lo que se encuentra en debate y que debe ser dirimido y resuelto en un proceso seguido regularmente.

Quinto: Que en el marco de un juicio regularmente tramitado, que confiere a los litigantes el derecho a impugnar las actuaciones de todos quienes en él intervienen, una resolución que ordene el lanzamiento de un determinado bien raíz, de ordinario no puede ser impugnado por la vía del recurso de protección, ya que la materia planteada no es una controversia que pueda o deba resolverse por esta vía de urgencia, que impide debatir situaciones que requieren de antecedentes y pruebas que deben ser acompañadas y ponderadas de acuerdo con las reglas del procedimiento pertinente, con igualdad de oportunidades y con sujeción al debido proceso.

Por lo demás, para el acogimiento del recurso de protección es menester que el derecho que se estima vulnerado sea indubitado -que no requiere ser justificado- lo que no ocurre en la especie, pues sería necesario diversas pruebas pertinentes al efecto.

Sexto: Que teniendo en consideración los antecedentes expuestos no se hará consideración sobre los derechos cuya vulneración se denuncia ya que su examen resulta estéril e inconducente.

Séptimo: Que en las circunstancias antes indicadas, la acción constitucional intentada no puede prosperar y debe ser desestimada, sin perjuicio de los derechos que se puedan hacer valer por la recurrente en sede jurisdiccional.

Además se hará constar que los demás antecedentes acompañados en nada alteran lo resuelto.

Por estas consideraciones y visto, además, lo dispuesto en los artículos 19 y 20 de la Constitución Política de la República y Auto Acordado sobre Tramitación del Recurso de Protección de Garantías Constitucionales, SE RECHAZA, sin costas, el recurso de protección interpuesto por don Juan Carlos Oyarzún Cárcamo en representación de don nombre reservado, en contra de Tesorería General de la República representada por don nombre reservado.

Regístrese, notifíquese y archívese en su oportunidad.

Redacción del Abogado Integrante Sr. Ricardo Hernández Medina.

N°Protección-1506-2018.