nombre reservado con SERVICIO DE COOPERACION TECNICA SERCOTEC

Valdivia, treinta de abril de dos mil dieciocho.

VISTOS:

Comparece la Abogada María Fernanda Catalán Galdámez, cédula nacional de identidad N°RUT reservado, domiciliada en domicilio reservado, actuando en representación de nombre reservado “nombre reservado Chicuy” Jurídica N° 753, RUT: RUT reservado, representada por su presidente don nombre reservado, Cédula nacional de identidad N° RUT reservado; nombre reservado “Huichicoy Chicuy”, representada por su Werken inche nombre reservado, cédula nacional de identidad N° RUT reservado; nombre reservado “Michillanca”, representado por su Werken inche nombre reservado, cédula nacional de identidad N° RUT reservado, todos domiciliados en domicilio reservado, quién interpone acción constitucional de protección, en contra de la Directiva de la Organización Grupo Asociativo Local, Barrio Comercial Los Molinos, representado por su presidenta doña nombre reservado, domiciliada en domicilio reservado , del Servicio de Cooperación Técnica, SERCOTEC, Los Ríos, dirigido por su directora doña nombre reservado, ambos domiciliados en domicilio reservado y en contra de la Corporación de Desarrollo Social del Sector Rural CODESSER los Ríos, representada por su gerente don nombre reservado, ambos domiciliados en domicilio reservado, por la instalación de sistema de cámara de seguridad en espacio público Costanera Balneario Los Molinos, acto que estima es arbitrario e ilegal, que priva y perturba el ejercicio de las garantías constitucionales, de sus representados, regladas en Constitución Política de la Republica en los artículos 19 N°4 “El derecho al respeto y protección de la vida privada y pública y a la honra de la persona y su familia” 19 N°5 “ El derecho a la Inviolabilidad del hogar” 19 N°6 “El derecho a la libertad de conciencia, la manifestación de todas las creencias y el ejercicio libre de todos los cultos que no se opongan a la moral, a las buenas costumbres o al orden público” y solicita se ordene el retiro de las cámaras de seguridad. Inicia el desarrollo de su recurso señalando que el sector de los molinos está ubicado en la costa valdiviana e indica sus características paisajísticas y geográficas, evidenciándose la presencia de una la alta población mapuche lafkenche, que está compuesta por familias asentadas en el sector desde la época de la conquista, quienes aprovechando las características ambientales, han desarrollado actividades económicas y turísticas, localizándolas en toda la extensión de la playa de los molinos, lugar en que se encuentra el muelle pesquero y varios locales comerciales, tales como botillerías, verdulerías, almacenes y restaurantes, que son administrados por sus dueños, quienes en su mayoría tienen sus domicilios particulares en la parte posterior de sus domicilios comerciales. Agrega que los habitantes mapuches del sector han desarrollado actividades económicas y turísticas, protegiendo la naturaleza y teniendo el debido cuidado en la protección de las características culturales que ostentan, las que son respetadas por la gran mayoría de los vecinos, lo que implica que toda intervención que altere el normal funcionamiento de los habitantes debe necesariamente ser previamente sometido a consulta indígena, la que debiera tener por objeto mitigar las alteraciones que ocasionen y avisarse de toda decisión a los vecinos. Expone a continuación que con fecha 30 de Octubre de 2017, la tranquilidad de la localidad fue abruptamente interrumpida, pues en toda la extensión del borde costero se comenzó una obra de la que nadie tenía conocimiento, y que a juicio de los recurrentes vulnera sus garantías constitucionales del artículo 19 N°4 (Protección de la Vida Privada); N°5 (Inviolabilidad del Hogar) y N°6 (Libertad de Culto), por la instalación de 16 cámaras de seguridad, de tipo móvil y fijas, las cuales son infrarrojas y tiene un alcance de 360°, que invade su privacidad y perturba su cultura y al preguntarse por el motivo de la instalación de las cámaras y su origen, descubrieron que SERCOTEC estaba desarrollando el Programa de Fortalecimiento de Barrios Comerciales, que busca generar procesos sostenibles, impulsando un modelo de gestión participativa con el grupo asociativo local del barrio comercial de los Molinos, mediante la instalación de este sistema de cámara de seguridad. Agrega que el proyecto establece que las cámaras de seguridad serian monitoreadas por funcionarios de carabineros del Retén de Niebla, situación que no ha ocurrido, ya que es un vecino quien tiene el control de las grabaciones de las cámaras de seguridad. Se refiere después a la Vulneración de Garantías en que incurren los recurridos, remitiéndose después al Convenio 169 de la OIT sobre Pueblos Indígenas y Tribales en Países Independientes, el que se fundamenta en el respeto a las culturas y las formas de vida de los pueblos indígenas, así como el derecho a decidir sus propias prioridades en lo que atañe al proceso de desarrollo y participar en la adopción de decisiones que afectan a sus vidas, Analiza el contenido de este Convenio y los deberes que tiene el Estado de Chile. Se remite también a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, que reafirma el derecho de los pueblos indígenas a ser consultados sobre las decisiones que pueden afectarlos y reitera que el acto de instalar cámaras de seguridad vulnera los derechos y garantías constitucionales de las personas que integran a las comunidades y lof mapuche lafkenches, de la costa valdiviana. Se refiere a continuación a la acción de protección contenida en la Constitución Política de la República y a sus requisitos, cuyo legitimado activo es en el presente recurso son sus representados y el legitimario pasivo son Codesser; la directiva del Comité de desarrollo del barrio comercial, los molinos y la Dirección Regional de Sercotec, Los Ríos, entidades quienes decidieron la instalación de cámaras de seguridad, en el espacio público, que resulta arbitrario y motivado por el mero capricho de estos recurridos, Con respecto a las garantías constitucionales invocadas, estas son , el derecho al respeto y protección de la vida privada y pública y a la honra de la persona y su familia (Art. 19 N°4 ), el derecho a la Inviolabilidad del Hogar (Art. 19 N°5) y el derecho a la libertad de conciencia, la manifestación de todas las creencias y el ejercicio libre de todos los cultos que no se opongan a la moral, a las buenas costumbres o al orden público (Art. 19 N°6) La vulneración de la Garantía Constitucional del Art.19 N°4 “El derecho al respeto y protección de la vida privada y pública y a la honra de la persona y su familia” y N°5 “ Inviolabilidad del Hogar”, la fundamenta en la circunstancia que la privacidad se pierde o menoscaba cuando existe una intromisión que permite tomar conocimiento de hechos personales reservados, o cuando se produce una difusión de esos hechos a personas ajenas o a un público indiscriminado, y en la decisión arbitraria de poner cámaras de seguridad en toda la extensión de la costanera de Los Molinos, sin efectuar la debida consulta a las comunidades, lo que dice ha significado que desde que están las cámaras de seguridad instaladas, los recurrentes deben cerrar sus cortinas y ventanas, pues temen que se invada el ámbito de su vida privada y familiar, lo que se ve agravado porque las grabaciones no son monitoreadas por funcionarios de Carabineros de Chile, si no por un particular. La vulneración de la Garantía Constitucional del artículo 19 N°6 “El derecho a la libertad de conciencia, la manifestación de todas las creencias y el ejercicio libre de todos los cultos que no se opongan a la moral, a las buenas costumbres o al orden público”., la relaciona con el concepto de religiosidad de los pueblos originarios y concretamente por el hecho que las comunidades mapuches lafkenches del sector se ven afectadas en la privacidad del ejercicio de la garantía constitucional de libertad de culto, y la libre manifestación de sus creencias, pues de conformidad a su cosmovisión, sus ceremonias son privadas, sin excepción, según lo dispone el kume moguen, por lo que está absolutamente prohibido grabar las ceremonias de cualquier índole, sin importar si es llellipun o nguillatun, resaltando la recurrente que en el desarrollo de las ceremonias solo participan personas que comparten la cosmovisión y el rakizuam mapuche lafkencke, sin que pueda concebirse grabaciones de ceremonias, realizadas por terceros, que tal vez, divulguen su contenido o se mofen de ellas, ridiculizando su cultura. Siempre en relación al acto arbitrario, la recurrente se refiere al derecho que tienen los pueblos indígenas a ser consultados sobre las decisiones que pueden afectarlos, infringiendo los recurridos el derecho protegido por el artículo 6° del Convenio 169, aplicable a nuestra legislación, por aplicación del inciso 2° del artículo 5° de la Constitución. Se remite también al Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales; al Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, y a la Convención Americana de Derechos Humanos citando la normativa respectiva aplicable a lo hechos del recurso, como asimismo las garantías establecidas en el artículo 19 N° 4.; N°6 de la Constitución Política de la República y otra normativa que cita, la que relaciona con las disposiciones y cuerpos legales antes citados. Reiterando los derechos de sus representados amparados por la legislación que citó, que son vulnerados por la instalación de las cámaras de seguridad sin consulta previa, concluye su recurso solicitando expresamente que se ordene el retiro de las cámaras ya indicadas y se adopten las providencias necesarias para el restablecimiento del imperio del derecho, con costas.

La recurrente acompaño con su recurso Formato de bases técnicas de las cámaras de seguridad instaladas en los Molinos.

Informa en primer lugar el recurrido, Servicio de Cooperación Técnica (Sercotec) a través del Abogado Sr. Francisco Ripamonti Zañartu, quién expone la naturaleza jurídica del organismo y el contenido del programa de fortalecimiento de barrios comerciales que contempla financiamiento y realización de actividades y proyectos, en cuyo marco se está ejecutando el proyecto barrio comercial de la ciudad de Valdivia, que busca a mejoría y desarrollo del territorio costero de Valdivia en conjunto con otros organismos públicos y entidades, uno de cuyos proyectos está en el ámbito de la seguridad, a fin de evitar robos, hechos violentos y consumo de alcohol o droga en el sector, lo que hizo necesario la instalación de cámaras de tele vigilancia a lo largo del sector costero, suscribiéndose el 14 de Septiembre de 2017 entre el agente operador Codesser, el comité de desarrollo de barrio comercial Los Molinos y la integradora de proyectos tecnológicos SpA., un contrato de prestación de servicios para la instalación de 16 cámaras de seguridad en la Costanera Los molinos, previo otorgamiento de los permisos respectivos para su instalación y funcionamiento, comenzado la operación el 30 de Octubre del 2017. En relación al Convenio N° 169 de la OIT, señala que la instalación de las cámaras si bien cuenta con financiamiento público es parte de un proyecto impulsado por privados lo que hizo innecesaria su consulta. Expresa también que los recurrente no demostraron ser ellos los afectados directamente con las cámaras, y tampoco indicaron la forma como las cámaras pudieran afectar a sus comunidades ni a sus rituales. Se refiere después al objetivo de las instalaciones de cámaras de televiglancia en espacios públicos y su finalidad preventiva para la seguridad ciudadana cuya legitimidad es la protección de las personas. Analiza después las garantías constitucionales invocadas por la recurrente, las que ratifica no han sido vulneradas. Concluye su informe solicitando el rechazo de la acción.

El informante acompañó con su recurso los siguientes documentos:

1.- Contrato suscrito entre Codesser y el comité de desarrollo del barrio comercial Los Molinos.

2. Declaración de la nombre reservado Mapu 3.- declaración del sindicato de trabajadores independientes recolectoras de orilla de Los Molinos 4. Declaración de la Junta de vinos N° 18 –R Los Molimos, y 5.- Declaración del Sindicato de Trabajadoras Independientes Buzos mariscadores y pescadores artesanales de la aleta los molinos.

Acompañó después más documentación en otras presentaciones.

Informa a continuación y en segundo lugar la abogada MARIA JOSE ALMONACID JANS, en representación de la recurrida, el Comité de Desarrollo Barrio Comercial Los Molinos, señalando que el Comité ha llevado a cabo un trabajo asociativo con SERCOTEC, que busca potenciar el desarrollo productivo local y en este contexto y luego de reuniones de los comerciantes del sector, se indicó que una de las líneas de priorización de este trabajo asociativo es la implementación de medidas de seguridad, decidiéndose instalar 5 cámaras de seguridad que vigilen y controlen lo que ocurre en la vía pública, para evitar en el sector episodios de drogadicción, alcoholismo y diversos robos sufridos por comerciantes. Aclara que la recurrente dice representar al nombre reservado “Huichicoy Chicuy”, pero que ello no es cierto según declaración firmada por los representantes de la nombre reservado Mapu, quienes son realmente los representantes del nombre reservado, comunidad que ha dado todo su apoyo a la instalación de las cámaras de televigilancia, ya que por mucho tiempo transitaron inseguros o “debían amanecerse cuidando lo suyo” según lo manifestaron, por lo que gracias a estas cámaras pueden transitar tranquilos en las noches. Reitera que se instalaron sólo 5 cámaras de vigilancia en diferentes puntos del sector, lo que se acredita en el contrato de prestación de servicios, comentando que el recurso se sustenta en afirmaciones hipotéticas y erradas. Expone a continuación que no hay claridad del titular de los derechos e inicia un análisis del contenido de las expresiones arbitrariedad e ilegalidad y lo relaciona con la decisión adoptada por el Comité de Desarrollo Comercial Los Molinos, porque que en el recurso se afirmó que la ilegalidad correspondería a la vulneración de lo señalado en el artículo 6° del convenio 169 de la OIT, que establece que es deber del Estado consultar las medidas legislativas y administrativas susceptibles de afectar directamente a los pueblos originarios, y que ante ello según la recurrente se debía realizar una consulta indígena previo a adoptar la decisión de instalar las cámaras, calificando la informante de errado este razonamiento pues en este caso quien toma la determinación de instalar las cámaras es el Comité de Desarrollo Comercial Los Molinos, que es un ente privado para estos efectos, por lo que al no tratarse de una decisión administrativa del Estado, no procede la realización de una consulta indígena. En cuanto a la arbitrariedad alegada en el recurso, señala la informante que el Comité instaló las cámaras como iniciativa para la prevención del delito, ya que los comerciantes del sector han sufrido un sin número robos y otros actos delictuales, además de los reiterados episodios de consumo de alcohol y drogas en la vía pública, concluyendo el informe que el acto de instalar las cámaras no es arbitrario ni ilegal, ya que tiene una justificación razonable como medida disuasiva en la prevención del delito, avalado por distintas organizaciones del sector que apoyan la medida. Se refiere después a los derechos vulnerados invocados en el recurso y respecto de la causal del artículo 19° números 4° y 5° de la Constitución Política, señala que las cámaras se encuentran ubicadas en las propiedades privadas de comerciantes y están dirigidas a la vía pública sin afectar la privacidad de los hogares. Respecto del artículo 19 N° 6°, señala que los actores no han señalado de qué forma la instalación de cámaras de tele vigilancia vulneraría o restringiría su libertad de conciencia o su ejercicio libre de culto. Cita jurisprudencia relacionada con el contenido de la libertad de conciencia, en la cual se razonó que esta tiene como límite el derecho de las personas y en este caso, la decisión la adoptaron vecinos del sector en resguardo de sus derechos. Concluye su informe solicitando el rechazo con costas de la acción.

La recurrente acompañó a su informe los siguientes documentos:

1.- Copia Contrato de Prestación de Servicios CODESSER.

2.- Declaración del Sindicato de Trabajadores Independientes, Buzos Mariscadores y Pescadores Artesanales de la Caleta de Los Molinos.

3.- Declaración del Sindicato de Trabajadoras Independientes Recolectoras de Orilla de Los Molinos.

4.- Declaración de la nombre reservado Mapu.

5.- Presentación realizada por la Junta de Vecinos Los Molinos a SERCOTEC.

6.- Set fotográfico de las tomas de las cámaras de televigilancia.

Informa en tercer lugar nombre reservado, Secretario general de la Corporación de Desarrollo Social del sector rural (CODESSER), domiciliado para estos efectos en domicilio reservado, quién se remite a lo declarado por nombre reservado mediante documento acompañado al informe de Sercotec. Señala que su rol en el programa de fortalecimiento de barrios comerciales se limita a la administración de fondos requeridos para implementar el proyecto y su correcta ejecución, sin que tenga incidencia en la formulación y definición de este.

Se ordenó traer los autos en relación y agregar extraordinariamente el recurso para su vista, la que se llevó a cabo el día 24 de Abril de 2018.

CONSIDERANDO:

PRIMERO: Que, la recurrente nombre reservado, interpuso la presente acción de protección, manifestando que lo hace actuando en representación de organizaciones de pueblos originarios del sector Los Molinos de es esta comuna, individualizando a la nombre reservado “nombre reservado Chicuy”; al nombre reservado “Huichicoy Chicuy”; al nombre reservado “Michillanca”. La acción ha sido dirigida en contra de la Directiva de la Organización Grupo Asociativo Local, Barrio Comercial Los Molinos, del Servicio de Cooperación Técnica, SERCOTEC, Los Ríos, y de la Corporación de Desarrollo Social del Sector Rural CODESSER los Ríos. Los hechos que fundamenta la acción de protección, dice relación con la instalación de un sistema de cámaras de seguridad en el espacio público Costanera Balneario Los Molinos, acto que estima es arbitrario e ilegal y que provoca privación y perturbación en el ejercicio de garantías constitucionales de sus representados. Invocó para recurrir, las garantías consagradas en el artículo 19° de la Constitución Política de la Republica, N°4°, “El derecho al respeto y protección de la vida privada y pública y a la honra de la persona y su familia”; N°5°, “ El derecho a la Inviolabilidad del hogar”, y N°6° “El derecho a la libertad de conciencia, la manifestación de todas las creencias y el ejercicio libre de todos los cultos que no se opongan a la moral, a las buenas costumbres o al orden público”. Solicitó el retiro de las 16 cámaras de televigilancia instaladas en el sector.

SEGUNDO: Que, informando las recurridas expresaron en términos generales que la instalación de cámaras se realizó en el marco de la ejecución del proyecto Barrio Comercial de la ciudad de Valdivia, y en este caso, con el Comité de Desarrollo Barrio Comercial Los Molinos, que busca en general el mejoramiento y desarrollo del territorio costero de Valdivia, en el contexto de asociatividad con otros organismos públicos y diversas entidades, uno de cuyos proyectos está en el ámbito de la seguridad. La instalación de cámaras de tele vigilancia a lo largo del sector costero, se concretó por un contrato suscrito el 14 de Septiembre de 2017 entre el agente operador Codesser, el Comité de Desarrollo del Barrio Comercial Los Molinos y la Integradora de proyectos tecnológicos SpA.-Netblu, para la instalación de 16 cámaras de seguridad en la Costanera Los molinos. El programa de fortalecimiento de los barrios comerciales es un proyecto del Servicio de Cooperación Técnica, Sercotec. La operación de las cámaras comenzó el 30 de Octubre del 2017. Dos de las recurridas cuestionaron la representación de la recurrente para comparecer en representación de las organizaciones indígenas individualizadas en el libelo.

TERCERO: Que, de lo expuesto se evidencia que no constituye un hecho discutido la efectividad de haberse instalado cámaras de tele vigilancia en el sector Costanera Los Molinos y que esto se hizo en el marco del programa fortalecimiento de barrios comerciales, interviniendo en este caso concreto Sercotec, la organización Barrio Comercial Los Molinos y la Corporación de Desarrollo Social del sector Rural, Codesser, los Ríos. Los antecedentes acompañados por las recurridas dan cuenta de la efectividad que con fecha 14 de Septiembre de 2017, se suscribió un contrato de prestación de Servicios entre la Corporación de Desarrollo Social del sector rural CODESSER y el Comité de Desarrollo Barrio Comercial los Molinos y la empresa ya individualizada, para la instalación de la ya referidas cámaras en el espacio público Costanera Balneario Los Molinos. Las cámaras se encuentran en operación, existiendo solo discrepancia en el número de estas, al afirmar el recurrido Barrio Comercial Los Molinos que en definitiva son 5 y no 16 las que fueron instaladas.

CUARTO: Que, la recurrente invocó las garantía constitucionales del artículo 19 N° 4, N° 5° y N° 6, argumentando que el proyecto se hizo sin consulta previa a las comunidades indígenas del sector, vulnerándose el convenio N° 169 OIT, afectándose también el derecho a la privacidad de los hogares y de las personas, como asimismo la práctica privada de sus rituales y ceremonias, porque las cámaras permitirán grabarlas sin el consentimiento de las comunidades. Las recurridas señalaron que el Convenio no se aplica en esta materia por cuanto el programa se ejecuta entre privados y no por un organismo público.

QUINTO: Que, se acompañó por las recurridas declaraciones de Juntas de vecinos del sector, de un Sindicato de trabajadores independientes recolectoras de orilla de Los Molinos y especialmente de una nombre reservado del mismo sector, respaldando la instalación de las cámaras, por cuanto les otorga seguridad en su vida diaria. Una de estas organizaciones incluso manifestó que el proyecto surgió de los mismos comerciantes y residentes del sector, a partir de diagnósticos efectuados en materia de seguridad.

SEXTO: Que, la recurrente por su parte no acompaño antecedente alguno que permitiera establecer la efectividad que la cámaras perturben o violenten el respeto a la vida privada o la honra de las personas del sector, o que se haya afectado la intimidad de los hogares, refiriendo solo situaciones posibles de ocurrir en un contexto teórico. Establecida la circunstancia que las cámaras se han instalado en el sector costanera Los Molinos, debe considerarse que su ubicación permite captar al Oeste de ellas playas y océano y al Este, los frontis de los locales comerciales y casas del sector. Al norte y Sur se encuentra el camino adyacente a los locales y casas, de modo que la eventual invasión de la privacidad de los hogares resulta difícil de advertir. Sin perjuicio de lo anterior, no se expuso por la recurrente las afectaciones por hechos y circunstancias concretas, que haya ocurrido a las comunidades que individualizó y dice representar.

SEPTIMO: Que, en cuanto a la necesidad de efectuar una consulta indígena en el marco de los deberes del Estado de Chile en la aplicación del Convenio N° 169 OIT, el artículo 6° de este dispone que los gobiernos deberán consultar a los pueblos interesados, cada vez que se prevean medidas legislativas o administrativas susceptibles de afectarles directamente. De la exposición efectuada por la recurrente, la única medida que pudiera ser admisible para estimar la necesidad de efectuar una consulta, dice relación con la posible afectación de la práctica de rituales y ceremonias. No obstante, no se expuso en concreto en qué lugares estas se desarrollan, ni la forma como las cámaras instaladas en el sector barrio comercial pudiera afectar la intimidad de estas, más aun cuando la misma recurrente indico que esta se desarrollan en forma privada y ajena a la exposición pública, lo que permite concluir que se hace en lugares que no son de aquellos en que pudiere haber actividad propia de un barrio comercial. A lo anterior se añade la circunstancia que muchos residentes del sector pertenecen a pueblos originarios, y pertenecen a las organizaciones que respaldaron el proyecto, destacando entre estos, una nombre reservado.

OCTAVO: Que, lo razonado precedentemente, hace concluir que no ha sido vulneradas las garantías constitucionales invocadas por la recurrente, con lo cual, el recurso será rechazado.

Por estas consideraciones, disposiciones legales citadas y lo dispuesto en el Autoacordado sobre tramitación de Recursos de Protección de la Excma. Corte Suprema, se declara que, SE RECHAZA el Recurso de Protección interpuesto por María Fernanda Catalán Galdámez, en representación de la nombre reservado “nombre reservado Chicuy”; al nombre reservado “Huichicoy Chicuy”; al nombre reservado “Michillanca” en contra de la Directiva de la Organización Grupo Asociativo Local, Barrio Comercial Los Molinos, del Servicio de Cooperación Técnica, SERCOTEC, Los Ríos, y de la Corporación de Desarrollo Social del Sector Rural CODESSER los Ríos, con costas del recurso por estimarse que no tuvo motivo plausible para interponer la acción.

Regístrese, notifíquese y archívese Redacción del Abogado Integrante Sr. Juan Carlos Vidal Etcheverry.

N°Proteccion-Ant-1497-2017.

No firma la Fiscal Judicial Sra. Gloria Hidalgo Álvarez, no obstante haber concurrido a la vista de la causa y acuerdo del fallo por encontrarse con permiso de conformidad a lo dispuesto en el artículo 347 del Código Orgánico de Tribunales.