Protección contra resolución emanada del Tribunal de Ética del Colegio Médico A

Valdivia, veintinueve de octubre de dos mil dieciocho.

VISTOS:

Comparece don nombre reservado, Rut RUT reservado, de profesión médico cirujano, con domicilio en domicilio reservado, quien interpone recurso de protección, en contra de la resolución emanada del Tribunal de Ética del Colegio Médico A.G. de Valdivia, firmada por su Presidente, Dr. nombre reservado, con domicilio para estos efectos en domicilio reservado; que le fue notificada con fecha 06 de agosto de 2018 a su domicilio, por cuanto dicha resolución, constituye un acto arbitrario e ilegal, que implica una grave privación, perturbación y amenaza a los derechos establecidos en el artículo 19 de la Constitución Política de la República, en especial, las garantías constitucionales del artículo 19, consignadas en los números: 2 y 3 inciso quinto de la Constitución.

Funda su presentación señalando que con fecha 16 de agosto de 2017, la señora nombre reservado, formuló una denuncia en su contra ante Carabineros de Chile, atribuyéndome ser el autor de un supuesto delito de violación, cometido en perjuicio de ella. Esta denuncia originó una investigación penal, dirigida por el Ministerio Público de Valdivia, actualmente en curso, con diligencias pendientes, entre ellas, su declaración fijada para el día 13 de septiembre de 2018.

Posteriormente, la misma denunciante, concurrió al Colegio Médico de Chile A.G. de esta ciudad, a fin de denunciarlo por infracciones a la ética profesional, denuncia que se refiere a los mismos hechos de su denuncia en sede penal.

Indica que tomó conocimiento de lo anterior, tras recibir una citación a declarar por parte del Tribunal de Ética del Colegio Médico de Chile A.G. de Valdivia, para el día 13 de septiembre de 2017. Por razones de carácter médico psiquiátricas, justificadas con un certificado extendido por su médico tratante, producto de todo el daño que le produjo estar en prisión preventiva durante los primeros 8 días de la investigación y de la afectación pública de su honra con la difusión en los medios de comunicación social, especialmente en redes sociales, donde personas anónimas le trataron de violador, por la difusión injustificada de la denuncia en su contra.

Hace presente que fue nuevamente citado por el Tribunal de Ética, para el día 17 de octubre de 2017 y que por prescripción de su médico tratante y, haciendo presente a ese organismo que los mismos hechos denunciados ante ellos son objeto de una investigación penal por parte del Ministerio Público y que su declaración ante ese organismo se encontraba suspendida por las mismas razones.

Transcurridos, seis meses, nuevamente fue citado por el Tribunal de Ética, para el día 25 de abril de 2018. Previo a ese día, su abogado defensor en la causa penal, hizo presente por escrito al Tribunal de Ética, lo improcedente del actuar, y que debía ser la justicia ordinaría quien conociera de los hechos.

Señala que el día 06 de agosto de 2018, le llegó una nueva citación, donde nuevamente, para el día 22 de agosto de 2018, para “asistir a declarar o contestar a la denuncia por escrito”, la cual ante su inasistencia, “se tendrá por evacuada en su rebeldía” y se fallará la causa sin más trámite.

Es de este acto, que califica de arbitrario e ilegal por el que recurre de protección, considerando que vulnera las garantías contempladas en el artículo 19 N° 2 y 19 N° 3 de la Carta Fundamental.

Por lo expuesto, estimando que el acto recurrido constituye un actuar ilegal y arbitrario que priva, perturba y amenaza los derechos constitucionales asegurados en los números 2 y 3 inciso 5° del artículo 19 de la Constitución Política de la República, solicita concretamente que se declare que el acto de citación a declarar bajo el apercibimiento de tener por contestada una denuncia en su rebeldía y emitir un fallo en la causa, constituye un acto ilegal y arbitrario por parte del Tribunal de Ética del Colegio Médico de Valdivia; que se deje sin efecto la referida citación y se ordene al Tribunal de Ética suspender el procedimiento iniciado hasta que pueda ejercer su derecho a defensa con todas las garantías que las leyes y la Constitución le reconocen, y que se condene en costas a la recurrida.

Evacuando el informe comparece don nombre reservado, médico cirujano, en representación, en su calidad de Presidente del Consejo Regional del Colegio Médico de Chile, quien en primer término alega sobre la legitimidad pasiva del recurso indicando que ha sido deducido contra el Tribunal de Ética del Colegio Médico Regional Valdivia y que dicho órgano no tiene personalidad jurídica y forma parte de la estructura establecida en el Código de Ética del Colegio Médico para efectos de determinar eventuales infracciones de tal carácter, por lo que correspondía recurrir contra el Colegio Médico A.G. Regional Valdivia, representado por su Presidente.

Refiere que la libertad de asociación y sus contenidos se encuentran regulados en el Artículo 19 de la Constitución Política, tanto en su numeral 15 que se refiere propiamente a asociarse sin permiso previo, como en su numeral 16 sobre libertad de trabajo y que la Constitución, a partir de la reforma del año 2005, delega en los colegios nuevas facultades de control de la ética profesional y que en este sentido el párrafo cuarto del numeral 16 del artículo 19 de la Constitución prescribe que "Los colegios profesionales constituidos en conformidad a la ley y que digan relación con tales profesiones, estarán facultados para conocer de las reclamaciones que se interpongan sobre la conducta ética de sus miembros. Contra sus resoluciones podrá apelarse ante la Corte de Apelaciones respectiva. Hace presente que cualquier asociación puede aplicar sanciones a sus miembros en el ejercicio de la potestad disciplinaria que el artículo 553 del Código Civil le reconoce.

Indica que el juicio ético seguido en contra del Dr. nombre reservado se inició ante el Tribunal de Ética del Colegio Médico de Chile, Regional Valdivia, en virtud de una denuncia ante el Colegio Médico efectuada por la señora nombre reservado, quién previamente había formulado una denuncia contra el mismo médico atribuyéndole ser el autor de un supuesto delito de violación, cometido en perjuicio de ella y se basa en los mismos hechos de su denuncia en sede penal, según ella misma relató.

El Tribunal de Ética, órgano competente para efectuar estas investigaciones según el Código de Ética del Colegio Médico de Chile A.G., al cual se encuentra afiliado el Dr. nombre reservado A., tomase declaración a la denunciante, citó a declarar al recurrente para el día 13 de septiembre de 2017, quién se excusó de asistir aduciendo razones de carácter médico psiquiátricas, justificadas con un certificado extendido por su médico tratante. Luego de transcurrir un tiempo que se estimó prudente por parte del Tribunal, fue nuevamente citado por el Tribunal de Ética para el día 17 de octubre de 2017. Ante esa citación nuevamente el recurrente se excusa de prestar declaración, aduciendo nuevamente razones médicas, pero especialmente basado en el hecho que los mismos hechos denunciados ante el Tribunal de Ética son objeto de una investigación penal por parte del Ministerio Público y que por lo tanto no prestaría declaración mientras no se resolviera dicha investigación en sede penal.

Ante la argumentación que sostenía la existencia de razones médicas que le impedirían declarar, el Tribunal de Ética dejó transcurrir más de seis meses, luego de lo cual lo citó a declarar para el día 25 de abril de 2018. Ante esa citación, el recurrente, a través de su abogado, hace presente por escrito al Tribunal de Ética que dicho tribunal no era competente para conocer de hechos que revistan caracteres de delito y que al citarlo a declarar se estarían vulnerando sus garantías constitucionales.

Arguye que tales argumentos no eran atendibles para efectos de paralizar el procedimiento encaminado a la determinación de una falta ética, por cuanto tal investigación y las responsabilidades que pudiere determinar son perfectamente distinguibles y separadas de las que se llevan a cabo para la determinación de un eventual delito, tal como se desarrollará en los puntos siguientes, en virtud de lo cual, el Tribunal de Ética resuelve citar al Sr. nombre reservado para el día 22 de agosto de 2018, para efectos de prestar declaración o contestar la denuncia por escrito, advirtiendo que en caso de inasistencia se fallaría la causa sin más trámite.

Concluye que salta a la vista que el señor nombre reservado no cuestiona el desarrollo del proceso, sino que la decisión de poner término al procedimiento, incluso en su rebeldía, mientras no exista una sentencia que se encuentre firme o ejecutoriada en sede penal, es decir, no se cuestiona el proceso previo, el que ha sido legalmente tramitado, de conformidad con lo preceptuado por el Reglamento de Tribunales de Ética del Colegio Médico de Chile, sino que la prosecución del mismo antes de la finalización de la investigación penal.

Hace presente que la responsabilidad deontológica es distinta a la penal, por lo que, en principio, desde el punto de vista de la condena ética, resulta irrelevante que el Sr. nombre reservado sea responsable o no penalmente. Por consiguiente, el actor puede ser éticamente responsable, aun cuando no sea condenado penalmente, por lo que la falta de ejecutoriedad de la sentencia penal alegada por el recurrente resulta irrelevante para el establecimiento de su responsabilidad deontológica y que la resolución del Tribunal de Ética del Colegio Médico Regional Valdivia fue pronunciada en virtud de un proceso previo legalmente tramitado, proceso que no puede suspenderse a la espera de si el recurrente voluntariamente decide presentarse a declarar o a contestar. Si estuviese entregado al denunciado la facultad o posibilidad de asistir o no, de defenderse oportunamente o no, y el proceso no pudiere continuar en su rebeldía, ninguna investigación ética llegaría a resultado alguno. Bastaría la falta de comparecencia del denunciado para que éste se suspendiese indefinidamente.

Y CONSIDERANDO:

PRIMERO: El recurso de protección de garantías constitucionales previsto en el artículo 20 de la Constitución Política de la República, es una acción constitucional, cuyo propósito consiste en obtener de los Tribunales Superiores de Justicia, una tutela eficaz y eficiente para salvaguardar la integridad de los derechos fundamentales que aquélla norma contempla. La doctrina lo ha definido como “una acción constitucional que permite a la persona que, como consecuencia de actos u omisiones arbitrarios o ilegales, sufra una privación, perturbación o amenaza en el legítimo ejercicio de ciertos derechos y garantías constitucionales, ocurrir a una Corte de Apelaciones, con el objeto de impetrar la adopción de las providencias necesarias para restablecer el imperio del derecho y asegurar su protección, sin perjuicio de los demás derechos que pueda hacer valer ante la autoridad o los Tribunales de Justicia”(Zúñiga Urbina, Francisco y Perramont nombre reservado, nombre reservado, Acciones Constitucionales, Lexis Nexis, Santiago, 2003, p. 74). Así, al conocer un recurso de protección, es deber constitucional de este tribunal adoptar, en forma inmediata, las providencias necesarias para asegurar la debida salvaguarda ante una acción u omisión arbitraria o ilegal, que importe una privación, perturbación o amenaza de los derechos y garantías que el constituyente establece.

SEGUNDO: El recurso de protección tutela a los individuos mediante la adopción de ciertos resguardos que eviten los efectos de un acto arbitrario o ilegal que afecte el ejercicio de un derecho garantizado y, por tanto, la finalidad de este arbitrio no es otra que la adopción de medidas de seguridad urgentes.

TERCERO: Para determinar la suerte de la acción constitucional deducida es necesario analizar la concurrencia de sus dos elementos fundamentales, a saber: la existencia de un acto u omisión arbitraria o ilegal y que, como consecuencia de aquello, se haya provocado un resultado consistente en la privación, perturbación o amenaza de algunos de los derechos o garantías amparados a través de esta vía.

Por lo expuesto, resulta fundamental para determinar la suerte del recurso, la existencia de derechos indubitados, debidamente acreditados, los cuales estarían siendo vulnerados con el obrar de la recurrida, lo anterior a fin de que se adopten las providencias necesarias para restablecer el imperio del derecho y brindarle debida protección.

CUARTO: De las alegaciones de las partes, es posible concluir, que no existe controversia respecto de la existencia de un procedimiento seguido por el Tribunal de Ética del Colegio Médico en contra del recurrente, en virtud de hechos, que pudiendo revestir la calidad de delitos, son además investigados por los tribunales ordinarios de justicia en sede penal.

Que se alega por el recurrente, que el actuar arbitrario viene dado, en la decisión de la entidad de control ético profesional, de seguir adelante con el procedimiento, pese a que él ha señalado que no le corresponde conocer de estos hechos, sino hasta que la justicia penal no se pronuncie respecto de ellos.

QUINTO: Como puede apreciarse, a fin de resolver, se debe considerar que las garantías que se estima conculcadas son en primer término la igualdad ante la ley, por cuanto esta garantía, prohíbe establecer diferencias arbitrarias a la ley o autoridad alguna, y el actuar del Tribunal de Ética le obliga a tener que defenderse ante un segundo organismo, que no forma parte del Estado en la persecución penal.

Hace presente que el Ministerio Público ha solicitado al Colegio Médico que informe acerca del juicio ético llevado en su contra; en consecuencia, es indudable que un pronunciamiento previo al juicio penal, por parte del Tribunal de Ética, por los mismos hechos actualmente investigados, afectará seriamente su derecho a defensa en la investigación penal.

Al respecto se tiene presente, que existen dos ámbitos claramente diferenciados, que son el judicial y el ético profesional.

La recurrida ha actuado en éste último ámbito, requiriendo al recurrente, que formule sus descargos sobre la imputación a la ética profesional que se le ha formulado.

Se tiene presente, que no se ha alegado por el recurrente un trato distinto al otorgado a otro de sus pares, lo que significa que no se puede vislumbrar en la especie, que se le haya tratado de forma distinta a otro médico respecto del cual se haya formulado una denuncia ante el Tribunal de Ética. En tal sentido, no podría verse conculcada, por la recurrida, la garantía que se menciona, toda vez que debió fundarse su petición en un actuar distinto y por lo mismo discriminatorio, respecto de sus pares, quienes están sometidos al control ético de la recurrida.

Que en relación a la garantía contemplada en el artículo 19 N° 3 de la Carta Fundamental, alega el recurrente que es el principio de legalidad o juridicidad el que rige la actuación no sólo de los órganos del Estado, sino de toda persona o grupo de personas, quienes no pueden atribuirse, ni aun a pretexto de circunstancias extraordinarias, otra autoridad o derechos que los que expresamente se les hayan conferido en virtud de la Constitución o las leyes.

Según expresa la recurrente, el reconocimiento constitucional con que cuentan los Colegios Profesionales, no los faculta para inmiscuirse en materias entregadas de forma exclusiva a organismos del Estado y que el Colegio Médico se encuentra facultado para conocer y sancionar las conductas que, a su juicio, constituyen una transgresión a los Estatutos y al Código de Ética, que regulan las relaciones del Colegio con cada uno de sus asociados, la conducta de estos últimos entre sí y la relación profesional con sus pacientes; en ningún caso tiene prerrogativas para conocer de asuntos tan relevantes como conductas constitutivas de delitos que sean actualmente investigados, sin que haya una decisión final en la investigación.

En este sentido, se estima que se confunde nuevamente por el recurrente, los ámbitos de acción de la recurrida, ya que aun cuando le reconoce expresamente facultades de control ético respecto de la relación profesional- paciente, pretende que en la especie, se abstenga de pronunciarse porque el mismo hecho puede revestir caracteres de delito.

Por lo expuesto, se estima que no existe un cuestionamiento al actuar de la recurrida, sino que se pretende por este vía, que ésta entre a conocer del hecho, sólo cuando se pronuncie la justicia ordinaria sobre la ocurrencia o no de un hecho punible ejecutado por el recurrente. Lo anterior, no resulta lógico, ya que es evidente que si se sanciona por la justicia penal al recurrente, esos mismos hechos pueden ser analizados desde el punto de vista ético profesional, ya que la justicia penal y el conocimiento que ésta haga del hecho, no agota el reproche ético profesional que se pueda hacer del mismo.

Por el contrario, si se absuelve al recurrente por la justicia ordinaria, igualmente la recurrida podrá conocer de ellos, ya que se encontraría dentro del ámbito de la relación profesional paciente y si bien un hecho, puede no revestir carácter de delito, si puede constituir una vulneración al código de ética profesional que rige el actuar del recurrente.

La oportunidad en que esta entidad recurrida conozca de la materia, no es posible de cuestionar por la vía de este recurso, ya que como se señala expresamente por el recurrente, se pretende evitar este pronunciamiento como estrategia de defensa en la causa penal, cuestión que no puede obligar a la recurrida, al punto de evitar actuar dentro del ámbito de sus atribuciones, dentro de los plazos prudentes que han sido observados en sus requerimientos y frente a la negativa del recurrente a prestar declaración ante el Tribunal de Ética del Colegio Médico al que pertenece.

Por estas consideraciones, y atendido lo dispuesto en el artículo 20 de la Constitución Política de la República y Auto Acordado de la Excma. Corte Suprema sobre Tramitación y Fallo del Recurso de Protección, se declara:

Que se RECHAZA, sin costas, el recurso de protección interpuesto por don nombre reservado, en contra del Tribunal de Ética del Colegio Médico A.G. de Valdivia.

Regístrese, comuníquese y archívese.

N°Protección-1489-2018.