nombre reservado con CORPORACION NACIONALDE DESARROLLO INDIGENA

Valdivia, uno de agosto de dos mil diecinueve.

VISTOS:

Que doña María Fernanda Catalán Galdámez, abogado, actuando en representación de las siguientes comunidades indígenas mapuches, LOF MAPU AWKALAF, representada por su presidenta doña nombre reservado, comunidad NEWEN representada por su presidente don nombre reservado, comunidad PANQUECO, MESA TERRITORIAL, representada por su presidenta doña nombre reservado, comunidad QUIRRASCO, representada por su presidenta doña nombre reservado, CENTRO SALUD KALFURAYEN, representada por su LAWENTUCHEFE, doña nombre reservado, comunidad ILHUE CENTRO-HUAIMEN, representada por su Lonko y presidente nombre reservado, comunidad, TRINGOL SUR, representada por su presidente don nombre reservado, comunidad C.A. TRAYENCO, representada por su presidente don nombre reservado, comunidad T.L. MILLALI, representada por su presidenta doña nombre reservado, comunidad KALFUMAWIDA, representada por su presidente don nombre reservado, y don nombre reservado, comunidad MULFUZUNGEN MOGEN, representada por su presidenta doña nombre reservado, y Don nombre reservado, Rawentuchefe, comunidad LEPUN TRINGOL, representada por su presidente don nombre reservado, interponen Recurso de Protección por la vulneración de las garantías constitucionales del artículo 19 N° 2, en contra del Gobierno Regional, representado por su Intendente don Cesar Asenjo Pérez, en contra del Gobernador del Ranco, don Alonso Pérez de Arce, en contra del SEREMI De Desarrollo don Carlos Rolack, y en contra del Director de la Corporación Nacional Indígena don Sergio Bórquez.

Como antecedente general señala que con fecha 29 de Mayo de 2019, en la localidad de Lago Ranco, las autoridades recurridas, invitaron al salón rojo del Liceo Antonio Varas, a las comunidades indígenas mapuches de Lago Ranco, el motivo de la convocatoria era informar e iniciar el proceso de consulta indígena, al alero de las modificaciones que se efectuarán en la Ley Nº19.253.

La convocatoria antes señalada, se efectúo por medios de difusión masiva, tales como la radio local y por invitaciones que promovió el alcalde a los ciudadanos domiciliados en la comuna, que no cumplían con el requisito de pertenecer a la etnia mapuche.

Respecto de la vulneración de garantías, expresa que:

El día señalado, se da comienzo a esta reunión, en ella están presentes 31 comunidades indígenas mapuches de la localidad del Lago Ranco, y de parte del gobierno regional, están presentes los recurridos, quienes organizaron este proceso, en efecto, está presente el Gobernador del Ranco nombre reservado, el Intendente Regional Cesar Asenjo, el SEREMI de Desarrollo Social Carlos Rolack, Director Regional de la Corporación Nacional de Desarrollo Indígena (CONADI), Sergio Bórquez, también se vislumbraban concejales.

A primera vista, en la reunión se encontraban presentes todas las autoridades políticas regionales y comunales. Estaba por empezar la reunión y comenzaron a entrar dirigentes de las comunidades mapuches del Ranco, los hicieron firmar una lista de asistencia y comenzaron a tomar fotografías, sin permiso, ni ninguna clase de autorización.

Una vez todos sentados en la sala, el coordinador del evento da la bienvenida, a todos los asistentes, y procede a explicar el objetivo de la reunión, señalando: "El Gobierno de Chile ha iniciado un proceso de consulta a los pueblos indígenas para modificar la actual ley N°19.253 que lleva más de 25 años y necesita ser modificada, ya que hay problemas, para que las tierras indígenas entregadas por CONADI puedan subdividirse y los mapuches puedan acceder a los beneficios del Estado" Luego dio la palabra a dos Lonkos, presentes en la sala, ambos pertenecientes a la tercera edad, el Lonko nombre reservado y el Lonko nombre reservado, es menester señalar a V.S.I., que estos Lonkos no tenían ni idea para que habían sido convocados. Luego de ello, hubo una presentación artística, de una cantautora popular, de nombre desconocido.

Al término de la presentación artística, los representantes de gobierno, estaban dispuestos a comenzar la reunión, (que a la vista de mis representados, era un show político), en ese momento la Werkén nombre reservado, interrumpió al coordinador y solicito le dieran la palabra, con la finalidad de expresar su molestia y las naturales dudas, por cuanto se estaba dando inicio a una consulta indígena, cargada de intervención política de parte del gobierno regional.

En efecto, entre los argumentos de la werkén, estaba en que el objetivo de la convocatoria era "Consulta Indígena" por tanto, no le pareció, que el gobierno regional, efectuara una intervención directa e intimidante, ocupando el espacio, creado justamente para hablar entre mapuches y debatir las medidas de modificación que plantea el gobierno a la Ley Nº19.253.

Finalmente, en la intervención de la werkén, increpa a las autoridades del gobierno regional, aludiendo al Convenio 169, el cual, dispone el deber de consulta de parte del Estado, aduciendo a que la consulta debe desarrollarse en cumplimiento de las obligaciones que impone en el convenio 169.Por tanto, su desarrollo debe ser un acto de buena fe, dando cumplimiento al proceso previo, libre, informado y de consentimiento, que a su juicio, no se estaba cumpliendo.

A esa altura, ya los ánimos estaban subidos y la señora nombre reservado, quien se encontraba en la sala, acalora la discusión y enfrenta a mi representada por las preguntas y la opinión que vertía ya que atentaban contra el gobierno regional, al parecer esta dirigente, no quería que la werkén opinara, ya que podría rechazarse la consulta y ella perdería la concesión de venta que tiene para la alimentación en el proceso de Consulta. Dicho de otro modo, ella tiene intereses económicos creados. Incómodamente el Seremi de Desarrollo Social, toma parte en la discusión agravándose más los ánimos, ante ello las comunidades solicitan que la autoridades gubernamentales abandonen la sala, con el fin de dirimir entre mapuches con el fin de tomar el acuerdo de seguir o no, con el proceso y luego escuchar al gobierno. En ese entonces el SEREMI de desarrollo social, se molesta porque el Alcalde Miguel Meza, no realizó el saludo protocolar y le pide al Intendente lo efectúe, este último fue interrumpido en varias oportunidades, por otros dirigentes presentes en la sala, finalmente se retira de la sala muy molesto por la situación vivida.

Siguiendo al intendente, los demás funcionarios del gobierno se retiran, y toman la decisión de irse a una sala del concejo municipal dando inicio a la consulta indígena con un grupo pequeño de dirigentes, que representaban a no más de cuatro organizaciones, en la sala quedaron 31 representantes de comunidades mapuches que habían rechazado la consulta y habían hecho una declaración pública escrita a mano donde se expresaba los motivos por los cuales habían rechazado la Consulta Indígena.

El Seremi Carlos Rolack, ingresa a la sala en dos oportunidades interrumpiendo la conversación de las comunidades indígenas mapuches, y se le solicita salir del recinto, él se negaba, otros personeros de gobierno debían convencerlo para que saliera. Al término de la conversación se le solicita al seremi nuevamente ingrese a la sala con la finalidad de que prosiga con la reunión, así fue como la profesional encargada de la consulta comienza a exponer, hasta que el seremi Carlos Rolack, recibe un llamado telefónico y detiene la exposición de la profesional, a viva voz señala que no continuará con la consulta indígena y expresa textualmente, según los audios y grabaciones "Ustedes se oponen entonces salgan de mi Consulta" en ese momento se vuelven a encender los ánimos y los dirigentes molestos le solicitan el acta donde habían expresado el rechazo a la consulta, él se niega rotundamente (según las grabaciones) y da órdenes a la profesional de Apoyo de la SEREMI de desarrollo social, que no imprima nada.

La decisión del SEREMI, genera un descontento generalizado y él rápidamente se retira del lugar y se dirige a la sala del concejo municipal para reunirse con el grupo reducido de personas mapuches, acompañadas de las autoridades políticas concejal, gobernador del Lago Ranco Alonso Pérez de Arce, el intendente César Asenjo y funcionarios municipales. En ese momento el intendente solicita fuerza pública, para que los resguarden, en la sala del consejo municipal, con la finalidad de resguardar la consulta indígena, que se estaba desarrollando en forma paralela.

No es menos importante señalar que el Director Regional de la CONADI, interviene y lleva a el Lonko anciano (tercera edad) y enfermo don nombre reservado desde la ciudad de Valdivia, para que participara en la reunión y aprobara la consulta, debido a su edad el Lonko sale en las fotos de rechazo a la consulta junto a los dirigentes y posteriormente aparece en la fotografía oficial del gobierno, por tanto, lo han utilizado. Los recurrentes lamentan profundamente el uso de sus autoridades ancestrales, por parte de las autoridades de gobierno, que se aprovechan de la condición vulnerable por la que está pasando el Lonko nombre reservado.

En resumen señala que el Gobierno de Chile, a través de sus representantes, mediante engaños y el uso de la fuerza han legitimado el proceso de la consulta indígena con aproximadamente 12 personas, que asistieron a la sala del concejo municipal, rodeado del contingente policial y negó la participación a 31 comunidades indígenas, debidamente representadas por sus dirigentes, que se encontraban en la sala de conferencia del liceo, lugar donde originalmente fue convocada la consulta indígena. Por otro lado el seremi de desarrollo social negó la entrega del acta de la reunión, que daba cuenta del proceso donde participaron las comunidades recurrentes y rechazarán la consulta.

Una de las situaciones ocurridas con posterioridad, es la forma en que tanto el Intendente César Asenjo y el Gobernador del Ranco Alonso Pérez de Arce, han utilizado los medios de comunicación local y digitales, para entregar una información distorsionadas de la realidad, tratándonos a mis representados de grupos activistas e ideologizados, futuros terroristas por ejercer sus derechos, y pensar distinto.

Las autoridades políticas quieren imponer a la fuerza la consulta indígena no solicitadas por los pueblos originarios, desde la perspectiva de las comunidades indígenas mapuches la Ley Nº 19. 253, es la única norma que protege los derechos ancestrales en el dominio de las tierras, desde que se reconocen los título de comisario y de merced, dando un reconocimiento ancestral a los pueblos originarios, motivo por el cual, la consulta no ha prosperado a nivel nacional.

1. Procedencia de la Acción de Protección Cabe hacer presente a V.S.I., que el acto impugnado por esta acción de constitucional, no es el llamado a la consulta indígena al alero de la modificación de La Ley Nº19.253, sino más bien son las acciones ejecutadas por la fuerza por los recurridos, quienes en uso de sus atribuciones han decidido crear y ejecutar actos que vulneran garantías constitucionales de los recurrentes, en la ciudad del Lago Ranco, perteneciente a la Región de Los Ríos.

Así, de acuerdo al Acta Nº 94-2015 de la Excma. Corte Suprema, Vuestro Ilustrísima Corte está dotado de competencia para conocer y fallar esta acción constitucional.

El Recurso de Protección de Garantías Constitucionales establecido en el artículo 20 de la Constitución Política de la República, constituye jurídicamente una acción de naturaleza cautelar, destinada a amparar el legítimo ejercicio de las garantías y derechos preexistentes que en esa misma disposición se enumeran, mediante la adopción de medidas de resguardo que se deben tornar ante un acto arbitrario o ilegal que impida, inhiba o perturbe ese ejercicio. De conformidad a lo antes indicado y atenta a lo dispuesto en los artículos 19 y 20 de la Constitución Política de la Republica y al Auto Acordado sobre Tramitación de Recurso de Protección; concurren en la especie las exigencias que hacen procedentes la interposición de acción cautelar en los siguientes términos:

a. "El Que", legitimado activo. El recurso de protección se- interpone por los afectados del acto arbitrario, quienes están sufriendo sus perniciosas consecuencias. El legitimario pasivo de la acción son las autoridades gubernamentales, tales como el Intendente del Gobierno Regional don Cesar Asenjo, el Gobernador del Ranco don nombre reservado, Seremi de Desarrollo Social don Carlos Rolack, Director Regional de la Corporación Nacional de Desarrollo Indígena CONADI Los Ríos don Sergio Bórquez, quienes han tomado decisiones totalmente arbitrarias y alejadas de las normas constitucionales.

b. "Por Causa De Actos U Omisiones". Se trata en la especie del "acto" consistente en la realización de dos consultas indígenas mapuches, con la sola finalidad de aprobar el proceso, con las personas que piensan igual que la postura del gobierno, cercando con Fuerza policial, desconociendo y criminalizando a quienes piensan de forma diversa al gobierno.

f::.11 Arbitrarios O Ilegales", Tal acto resulta no solo arbitrario en tanto es motivado por el mero capricho del recurrido, además sin ningún fundamento legal que lo avale y ninguna causal invocada encuadrada dentro de la normativa chilena.

d. "Sufra Privación, Perturbación o Amenaza", Se perturba en la especie el derecho de la igualdad ante la ley y la libertad de expresión.

e. "En el legítimo ejercicio de los derechos y garantías establecidos en el artículo 19 NÚMEROS Con los hechos denunciados se perturban los siguientes derechos:

Igualdad Ante La Ley, el artículo 19 Nº2 de la Constitución, establece "La igualdad ante la ley. En Chile no hay personas ni grupos privilegiados. En Chile no hay esclavos y el que pise su territorio queda libre. Hombres y Mujeres son iguales ante la ley. Ni la ley ni autoridad alguna podrán establecer diferencias arbitrarias" Este es uno de los derechos más antiguos y más estrechamente vinculado con la doctrina del constitucionalismo moderno, incorporado por ello en los primeros grandes textos surgidos a partir de los hechos históricos gestadores de este movimiento constitucional, la revolución francesa de 1789 y la norteamericana de 1776. Por ello su reconocimiento suele encabezar los listados de derechos fundamentales garantizados por las Cartas Fundamentales de los diversos Estados, y en el nuestro sólo precedido por el derecho a la vida que ciertamente tiene una preeminencia ontológica.

Con relación al contenido y alcance de esta disposición, se debe reiterar desde luego que se trata de una simple igualdad jurídica que no pretende ni podrá extenderse al campo de la vida social misma, en donde lo natural y lógicamente siempre subsistirán desigualdades reales provenientes de un mayor talento en las personas, del esfuerzo o del mérito de ellas, y sin perjuicio de la tarea conjunta que la sociedad y el Estado deban realizar para superar aquellas desigualdades injustas radicadas en la extrema pobreza o en la falta de una adecuada educación, debilitan la cohesión social y el propio imperio de la ley. Con todo el constituyente también quiso concederle a esta norma un cierto alcance sociológico cuando dispuso II en Chile no hay personas ni grupos privilegiados", frase ésta que situada en el marco jurídico que cabe atribuirle a este Nº2 del artículo 19, quiere significar, como lo ha precedido la Excelentísima Corte Suprema, 11que todos los habitantes de la república cualquiera que sea su posición social u origen, gocen de los mismos derechos, esto es, que exista una misma ley para todos", lo que impide II establecer estatutos legales con derechos y obligaciones diferentes atendiendo a consideraciones de razas, ideológicas, creencias religiosas u otras condiciones o atributos de carácter estrictamente personal" (Corte Suprema, fallo de 25 de noviembre de 1970).

Con todo, puede y suele el legislador tener que aprobar normas que por su contenido se distancian del principio de igualdad, al establecer algún tipo de diferencias entre personas o entidades, como se ve cuando las leyes distinguen entre chilenos o extranjeros, entre mayores o menores de edad, entre civiles y militares, etc., e incluso cuando consagran diferencias fundadas en razones étnicas como sucede con la legislación aplicable a los pueblos indígenas actualmente vigentes en Chile; pero dichas excepciones al principio no transgreden la Constitución cuando ellas se justifican por la naturaleza evidente de las cosas o por la nítida conveniencia social (el bien común) y la condición, además, que ellas no se opongan a lo ordenado por el inciso 2 del número 2 artículo 19.

En efecto, al establecer que "Ni la ley ni autoridad alguna podrán establecer diferencias arbitrarias" el Constituyente de 1980, acogiendo una proposición del Comisionado nombre reservado, decidió incorporar esta nueva disposición (que no contenía la Carta de 1925), con el fin de resguardar más sólidamente este derecho básico del orden social y democrático. Los fundamentos de esta norma los expuso muy claramente el profesor Silva:

"Le parece que la igualdad puede considerarse en dos aspectos. Uno de ellos sería que por ningún motivo sociológico -por decir así- se haga distinción entre las personas. En este sentido se ha sostenido clásicamente que la igualdad ante la ley, en cuanto a que, ante el Derecho, todas las personas tengan, en razón de su situación de raza, sexo, estirpe, condición u otras, el mismo trato. Pero, a su juicio, hay otro aspecto que debe expresar el texto constitucional y que está comprendido sustancialmente en el principio básico de la igualdad ante la ley, que es el de que el constituyente, tiene que asegurar que, incluso, sobre la base de respetarla en el primer sentido, ninguna autoridad, ni siquiera el legislador, haga distinciones o discriminaciones manifiesta y notoriamente arbitrarias. Si la igualdad ante la ley se refiere - como hasta el momento aún lo ha entendido la jurisprudencia de nuestra Corte Suprema- nada más que al hecho de que frente a la ley todas las personas tienen igual naturaleza y que no puedan hacerse diferencias a su respecto en cuanto a raza, clase social, sexo, etc., le parece que no queda suficientemente resguardada, aun cuando estima básico e indispensable sostener esto último. La igualdad ante la ley debe ser concretada por el constituyente para que ninguna autoridad ni persona que conviva dentro de la sociedad política pueda actuar estableciendo discriminaciones notoriamente arbitrarias, sin base racional, porque el legislador no puede estimarse absolutamente soberano para implantarlas." Por tanto, la prohibición antedicha significa equívocamente que infringirá la Constitución "toda diferenciación o distinción, realizada por el legislador o por cualquier autoridad pública, que aparezca como contraria a la ética elemental o a un proceso normal de análisis intelectual"; en otros términos, "que no tenga justificación racional o razonable”, según lo explica otro comisionado, el profesor nombre reservado.

En otros términos, puede decirse que por la aplicación de este inciso segundo, se considerarán siempre como diferencias arbitrarias, irracionales o inmotivadas y por ello inconstitucionales, las que se produzcan cuando cualquiera de las autoridades determine tratar en forma diferente situaciones que en esencia son idénticas, o tratar del mismo modo situaciones que presentan substanciales diferencias, lo que ciertamente restringe la discrecionalidad con la que el legislador o el administrador pueden normar estas materias atendidas sus proyecciones en el campo de la igualdad que asegura la constitución.

En virtud del artículo 5 inciso 2 de la Constitución el Convenio 169 de la OIT, forma parte de nuestra legislación, estableciendo el derecho a la consulta indígena, en este sentido, podemos decir que:

El artículo 2 del Convenio 169, establece la Consulta a los Pueblos Indígenas, es un mecanismo de participación basado en el diálogo entre el Estado y los Pueblos Indígenas, ante todo es un derecho de los Pueblos Indígenas y un deber del Estado que proviene del Convenio 169 de la OIT sobre Pueblos Indígenas y Tribales en Países Independientes, que surge cada vez que se adopten medidas legislativas o administrativas susceptibles de afectarlos directamente.

Según la propia OIT, el deber de consulta previa es la piedra angular del Convenio 169, deber que irradia todas sus normas y que supone una forma específica por la que el Estado se relaciona con los Pueblos Indígenas.

Como indica el Convenio 169, el objetivo de todo proceso de Consulta a los Pueblos Indígenas es "llegar a un acuerdo o lograr el consentimiento acerca de las medidas -administrativas o legislativas- propuestas".

Esto supone el diseño de un proceso que permita proveer de información a los Pueblos Indígenas sobre las materias susceptibles de afectarles directamente, para que ellos, a través de sus instituciones representativas y por medio de procedimientos adecuados, asuman en una instancia de deliberación interna una postura respecto de la medida consultada, para que en un proceso de diálogo con el Gobierno se busquen acuerdos de forma tal que los pueblos indígenas puedan influir en la misma.

En este orden de ideas, la consulta indígena, en particular busca o tiene por objeto, modificar el título II de la Ley N°19.253, "Reconocimiento, Protección y Desarrollo de las Tierras Indígenas", por tanto, la modificación de la Ley N°19.253, es sustancialmente materia que le afecta a los pueblos consultados, esto por cuanto la tierra es la base fundamental de la existencia de su cultura, tal como lo dispone el artículo 1 de la Ley Nº19.253 motivo por el cual, la consulta debió llevarse a cabo por mandato legal, mediante un proceso igualitario que debió llevarse atendiendo las normas proteccionales, asegurando la igualdad ante la ley.

Como latamente se ha explicado en los hechos, la decisión irracional de las autoridades públicas, en orden a llevar a cabo un proceso de consulta indígena a como diera lugar obedece a un mero capricho inexplicable, donde realizaron dos consultas paralelas, con la sola finalidad de avanzar en el proceso ordenado por el gobierno nacional, valiéndose para su objetivo, del uso de la fuerza pública, encerrando a un grupo de dirigentes que pensaban distinto, y resguardando el proceso con un número pequeño de dirigentes, que no manifiestan la expresión de la mayoría de los dirigentes que asistieron al proceso.

De tal gravedad es el quebrantamiento de la garantía constitucional que la autoridad pública, tanto el señor intendente, como el señor gobernador del Ranco, desdibujan la realidad ante la opinión pública señalando que el proceso se habría llevado a cabo con normalidad y asegurando que en dicha localidad la consulta se desarrolló con normalidad y con la aceptación de la mayoría de las comunidades indígenas mapuches de dicho lugar geográfico.

Solicita en definitiva que acogiendo el recurso se declare que los actos de los recurridos son una vulneración de garantías constitucionales, ordenándose tenga por no realizada consulta indígena en la localidad de Lago Ranco, y se ordene la realización de otro proceso que no tenga vicios.

LA RECURRIDA CONADI, Informando señala que respecto a los hechos que se denuncian en el presente recurso es procedente aclarar y mencionar que el proceso de Consulta Indígena es diseñado, desarrollado y ejecutado por el Ministerio de Desarrollo Social y Familia, y en lo particular, dirigido en esta región por la correspondiente Secretaría Regional Ministerial.

La función de la Corporación Nacional de Desarrollo Indígena se encuentra descrita en el artículo 14 del Reglamento de Consulta y consiste en prestar la asistencia técnica que requieran los órganos responsables, en la realización de los procesos de Consulta. En ese sentido, la referida asistencia ha consistido en los siguientes términos:

Identificar las Comunidades y Asociaciones Indígena de los 9 pueblos indígenas susceptibles de ser afectados en el proceso de Consulta de modificación de la Ley Nº19253, remitiendo para ello el listado de las organizaciones indígenas registradas en el respectivo registro a esta Cartera de Estado.

Prestar asesoría mediante facilitadores interculturales para que el proceso de Consulta se resguarde las características y particularidades de los pueblos indígenas que están siendo consultados.

De acuerdo a lo expuesto, cabe señalar que, en relación a la solicitud efectuada por los recurrentes en el segundo otrosí de su presentación, en virtud de la cual solicitan se oficie a esta Corporación, a fin de que señale las comunidades indígenas mapuches que asistieron a la reunión de consulta indígena desarrollada en la comuna de Lago Ranco y que, además entregue un catastro de las comunidades indígenas mapuches en dicha comuna, esta Corporación no cuenta con información oficial referida a los asistentes a las reuniones efectuadas en el actual procedimiento de consulta indígena, atendido a que es el Ministerio de Desarrollo Social y Familia, es quien coordina las distintas actuaciones desarrolladas en este contexto.

Ahora bien, en cuanto al catastro de las comunidades indígenas mapuches existentes en la comuna de Lago Ranco, se adjunta catastro solicitado haciendo un detalle del nombre de la Comunidad Indígena, el sector en donde se encuentra ubicada, el tipo de sector, el Nº y estado actual de la personalidad Jurídica y tipo de etnia.

Por otra parte, en relación a la afirmación efectuada por los recurrentes en el Recurso de Protección, relacionado con la supuesta injerencia que habría tenido el suscrito en la asistencia del Lonko don nombre reservado al lugar donde se desarrolló la reunión de planificación Nº1 el día 29 de mayo de 2019, en la comuna de Lago Ranco, cabe señalar que aquello no es efectivo y no corresponde a la realidad de los hechos acontecidos, toda vez que esta autoridad asistió a dicha actividad, en calidad de invitado por lo que no le correspondió el traslado de ningún asistente a la mencionada reunión.

nombre reservado nombre reservado, en su calidad de Gobernador de la Provincia del Ranco, informando señala que: sobre la consulta indígena y el servicio público a cargo de ella lo que pretende cuestionar por parte de la recurrente es la participación de una autoridad provincial en un evento al cual fue invitado y convocado por otra entidad pública para que fuera parte como un asistente más en un proceso diseñado para buscar que los pueblos indígenas analicen, estudien y determinen sus posiciones respecto de la medida a consultar.

La consulta responde a una iniciativa de un Ministerio distinto de aquel respecto del cual pertenece la Gobernación del Ronco, todas las Gobernaciones del país son parte de la Administración del Estado y están bajo la jerarquía del Ministerio del Interior y Seguridad Pública, entidad que tiene lineamiento diferentes de aquellos propios del Ministerio de Desarrollo Social.

Es más esta consulta se inicia mediante la dictación de la resolución exenta 241 del 3 de abril de 2019, firmada por el aquel entonces Ministro de Desarrollo Social don nombre reservado. Dicha resolución instruye el procedimiento administrativo respecto al Proceso de Consulta y convoca a los pueblos indígenas y a sus instituciones representativas a la primera reunión de planificación del proceso de consulta de conformidad a lo dispuesto en el a1ículo 15 del decreto supremo Nº 66, de 2013, del Ministerio de Desarrollo Social.

Del modo colacionado anteriormente y habiendo dado las explicaciones y referencias legales acerca de quién es la Autoridad Pública y Política a cargo de la consulta indígena; entendemos que todo el proceso de la Consulta Indígena es de resorte del Ministerio de Desarrollo Social y deben ser ellos quienes explique la forma como se desarrollará este procedimiento, los fines deseados por esa entidad pública, a quienes va dirigida, como se ha realizado el proceso administrativo, quienes son los funcionarios públicos encargados de llevar a cabo la torea etc.

Ahora en cuanto al recurso de protección en sí y la actuación de la Gobernación del Ronco que es impugnado por la recurrente debemos señalar que; el artículo 20 de la Constitución Política de la República, indica expresamente que "El que por causa de actos u omisiones arbitrarios o ilegales sufra privación, perturbación o amenaza en el legítimo ejercicio de los derechos y garantías establecidos en... ".

En este sentido nos preguntamos ¿Cuál es el acto u omisión? ¿Dónde está la arbitrariedad o la ilegalidad en la participación del Gobernador del Ronco en la Consulta Indígena?, pues en los hechos el día 29 de mayo. en la comuna de Lago Ronco, alrededor de las 10:20 horas se realizó una reunión convocada por el Ministerio de Desarrollo Social de la Región de Los Ríos, instancia que es abierta y pública, pudiendo participar cualquier persona. Al inicio de la reunión entendemos que se sacaron fotografías y se firmó una lista de asistencia pues bien, en relación a las fotografías entendemos que se actuó de manera respetuosa luego de conversor y solicitar la autorización de quien era la máxima autoridad ancestral, quien accedió a la solicitud, se tomaron algunas fotografías al inicio y nada más. En relación a la lista. Esto es un hecho que se realiza en cualquier actividad. Sea de gobierno o municipal. ya que sirve de registro y de base de datos para poder mantener actualizado los datos de los vecinos de los sectores con su correspondiente número de contacto, tenemos entendido que para efectos de la consulta, esta lista de asistencia no tiene ningún valor, ya que es el acta de la reunión la que debe ser firmada por los asistentes al finalizar esta.

Como ya hemos dicho la presencia de las autoridades se debió sólo para dar los saludos protocolares al inicio, para luego retirarse y dejar sólo al SEREMI de Desarrollo Social de la Región de Los Ríos, quien es la cartera a cargo de la consulta, ignoramos que haya existido durante dicho proceso algún ánimo de amedrentamiento o de guiar la reunión pues, esta autoridad provincial no participó, tampoco intervino en el debate de opiniones que ocurrió en dicha jornada, o tomo la palabra para dar su opinión al respecto de dicha consulta. En ese sentido destacar que en el saludo protocolar, sólo el Intendente hizo uso de la palabra en representación del gobierno, y quien suscribe nunca se dirigió a los presentes ni participó del proceso mismo.

Por ello nos volvemos a preguntar ¿Cuál es el acto arbitrario e ilegal que comete esta autoridad provincial? ¿Asistir a uno reunión? ¿Dar saludos protocolares? ¿Compartir con los asistentes? ¿Escuchar las inquietudes de los participantes? ¿No intervenir en la discusión de lo que en esta reunión se debate? ¿Posar para una fotografía?

Entonces, donde está, en los hechos expuestos por esta parte y por los propios recurrentes el acto administrativo de cualquier tipo, la decisión de un jefe de servicio provincial del Ronco que tenga un carácter impropio, arbitrario y/o ilegal.

Es preciso determinar que si lo que desean las comunidades es dejar sin efecto el proceso de la Consulta Indígena, es decir, dejar sin efecto la resolución exenta 241 de fecha 3 de abril, la cual fue publicada en el Diario Oficial el día 09 de abril del presente año; en este punto la Gobernación no tiene ninguna injerencia, facultades, o iniciativas; y el recurso es absolutamente inoponible a la Gobernación del Ronco.

Ahora si lo que quieren cuestionar es la participación de este Gobernador en la actividad pública, que repetimos, fuimos invitados y convocados por la entidad responsable de tal iniciativa; no entendemos cómo puede esta participación o esta asistencia ser un acto vejatorio contra las garantías fundamentales expuestas por la recurrente.

Ahora queremos hacernos cargo de algunos dichos de los recurrentes en su presentación:

Dicen en su página 4 que "siguiendo al Intendente, los demás funcionarios del gobierno se retiran y toman la decisión de irse a uno salo del concejo municipal dando inicio a la consulta indígena con un grupo pequeño de dirigentes que representaban a no más de 4 organizaciones".

Respecto a este punto, cabe, consignar, tal como lo afirma la recurrente, que algunas comunidades asistentes a la reunión manifestaron de inmediato su rechazo al proceso de consulta. Por lo anterior y para efectos de poder entregar la información a las personas asistentes y que sí tenían intención de escuchar, es que se decidió por parte del organismo organizador continuar en otra sala toda vez que en el lugar donde se dio inicio a la consulta fue imposible atendido las constantes interrupciones por parte de las comunidades que no estaban de acuerdo.

Siguiendo en la pág. 4 al reverso parte final establece: "En ese momento, el Intendente solicita fuerza pública poro que los resguarden en la sala del concejo Municipal, con la finalidad de resguardar la consulta indígena que se estaba desarrollando en forma paralela".

Sobre este punto, cabe hacer presente que el Intendente no solicitó fuerza pública como se asevera en el recurso, por cuanto carabineros ya se encontraba en el lugar con la finalidad de resguardar cualquier desorden o alteración al orden público que pudiera suscitarse con motivo de la consulta y que afectare a cualquier persona que asistiese a ella.

Luego en la Pág. 9 al reverso establece "de tal gravedad es el quebrantamiento de la garantía constitucional que la autoridad política, tanto el señor Intendente como el Señor Gobernador del Ranco desdibujan la realidad ante la opinión publica señalando que el proceso se habría llevado a cabo con normalidad y asegurando que en dicha localidad se desarrolló con normalidad y con la aceptación de la mayoría de las comunidades indígenas de dicho lugar geográfico" Sobre lo anterior cabe hacer presente que tanto el Intendente como el Gobernador del Ronco siempre reconocieron que existieron asistentes a la reunión de planificación que manifestaron su rechazo al procedimiento de consulta. Sin embargo, hubo otro grupo de personas que sí quiso escuchar y participar respetuosamente de este proceso, por ello se procedió a respetar el derecho de los asistentes que concurrieron a la reunión para informarse sobre la planificación del procedimiento de consulta indígena que actualmente se encuentra en su primera etapa.

Por ultimo en la pág. 10° establece: "Una de las situaciones ocurridas con posterioridad, es la forma en que tanto el intendente Cesar Asenjo y el Gobernador del Ranco Alonso Pérez de Arce, han utilizado los medios de comunicación local y digitales, para entregar una información distorsionadas de la realidad. Tratando a sus representados de grupos activistas é ideologizados, futuros terroristas por ejercer sus derechos, y pensar distinto".

Sobre este punto, el suscrito se refirió o la situación acontecida, o la imposibilidad de diálogo con algunas comunidades e hizo hincapié en que se trata de un proceso de consulta, de dar o conocer las 11 medidas poro poder discutirlas y que no se iba a definir nada. Respecto a lo demás, la parte recurrente no acompaño ningún antecedente que justifique dichas aseveraciones. En ninguna parte de sus declaraciones, este Gobernador se ha referido a algún integrante de las Comunidades convocados o participar ni tampoco de ninguno persono, como "terroristas".

En base a las consideraciones expuestas a lo largo del presente informe, disposiciones legales citados, y normas pertinentes sobre el Auto Acordado de lo Excma. Corte Supremo sobre tramitación y follo del Recurso de Protección.

Solicita tener por evacuado en tiempo y forma el informe requerido. y en su mérito rechazar en todas y cada una de sus portes el recurso de protección entablado, por carecer de fundamentos de hecho y de derecho que permitan acogerlo.

Asimismo, se solicitan costas, en virtud del artículo 138 y siguientes del Código de Procedimiento Civil.

El INTENDENTE DE LA REGIÓN DE LOS RÍOS, representado por su Abogada Doña Daniela Krauss Binder, informando señala que:

El recurso intentado, tiene por objeto impugnar las acciones ejecutadas por las autoridades en el marco del desarrollo del proceso de Consulta Indígena en la Región de los Ríos, localidad de Lago Ranco, circunstancia que adolecería –a juicio de la recurrente- de manifiesta ilegalidad y arbitrariedad.

Sostiene que las autoridades políticas quieren imponer por la fuerza la consulta indígena no solicitada por los pueblos originarios y que se han ejecutado acciones por la fuerza por parte de los recurridos, quienes en uso de sus atribuciones han ejecutado actos vulneratorios.

Señala una serie de actos, que a su juicio se configuran como una vulneración a la igualdad ante la ley, pero no aporta ningún antecedente o medio de prueba que ilustre de qué manera el actuar de los recurridos podría haber afectado los derechos de la parte recurrente.

En razón de lo expresado, solicita a V.S. Iltma. Se acoja la acción de protección y en definitiva se declare que los actos de la recurrida son una vulneración de garantías constitucionales, ordenando se tenga por no realizada la consulta indígena en la localidad de Lago Ranco y se ordene la realización de otro proceso.

En lo que dice relación al Proceso de Consulta Indígena, es el Ministerio de Desarrollo Social y Familia quien impulsa, dirige y coordina el procedimiento, por lo que compete a dicho organismo informar lo relativo al procedimiento propiamente tal. Sin perjuicio de lo anterior, solo haremos presente que en atención a lo fijado en el Convenio 169 de la OIT, en su artículo 6° dispone que “Cada vez que se prevean medidas legislativas o administrativas que les afecten directamente a los Pueblos Indígenas los gobiernos deberán consultar a los pueblos interesados”. Respecto del proceso de consulta que se ha iniciado a nivel nacional cabe consignar que nace con el fin de modificar la ley 19.253 contemplándose 11 medidas a consultar a los pueblos originarios.

En consecuencia, habida consideración a la normativa aplicable a dicho procedimiento, no resulta procedente que el Estado de Chile haga caso omiso a la obligación de llevar a cabo este procedimiento.

Ahora bien, es de suma importancia dejar en claro que las instancias que se han desarrollado en las comunas de la Región de los Ríos, constituyen la etapa inicial de planificación e información, de manera que aún no se lleva cabo el procedimiento completo, pues este cuenta de 05 etapas y las comunidades, tal como lo señala la recurrente, pueden incluso rechazar las medidas a consultar. Sin embargo, no es plausible rechazar la consulta propiamente tal, toda vez que esta instancia ha sido creada para que los pueblos indígenas ejerzan su derecho a ser oídos en las materias que les afecten.

Finalmente, es menester aclarar que el Intendente de la Región de los Ríos ha asistido convocado por el Ministerio de Desarrollo Social, en su calidad de Máxima autoridad regional, y con la finalidad de presenciar y tomar conocimiento del desarrollo de la consulta, pero no forma parte integrante del equipo que dirige esta, ya que como se ha manifestado, es el Ministerio de Desarrollo Social en la Región quien la dirige.

La recurrente señala a lo largo del recurso, una serie de actuaciones atribuibles al Intendente Regional, las cuales serían a su juicio, actuaciones ilegales y arbitrarias. Sobre el particular, me permito abordar cada uno de los hechos que se atribuyen a mi representado:

i. Pág. 4 del Recurso establece, cito textual: “siguiendo al Intendente, los demás funcionarios del gobierno se retiran y toman la decisión de irse a una sala del concejo municipal dando inicio a la consulta indígena con un grupo pequeño de dirigentes que representaban a no más de 4 organizaciones”.

Respecto a este punto, cabe consignar, tal como lo afirma la recurrente, que algunas comunidades asistentes a la reunión manifestaron de inmediato su rechazo al proceso de consulta. Por lo anterior y para efectos de poder entregar la información a las personas asistentes y que sí tenían intención de escuchar, es que se decidió por parte del organismo organizador continuar en otra sala, toda vez que en el lugar donde se dio inicio a la consulta fue imposible, atendido las constantes interrupciones por parte de las comunidades que no estaban de acuerdo.

ii. Pág. 4 al reverso parte final establece: “En ese momento, el Intendente solicita fuerza pública para que los resguarden en la sala del concejo Municipal, con la finalidad de resguardar la consulta indígena que se estaba desarrollando en forma paralela”.

Sobre este punto, cabe hacer presente que el Intendente no solicitó fuerza pública como se asevera en el recurso, por cuanto carabineros ya se encontraba en el lugar, con la finalidad de resguardar cualquier desorden o alteración al orden público que pudiera suscitarse con motivo de la consulta, y que afectare a cualquier persona que asistiese a ella.

iii. Pág. 9 al reverso establece “de tal gravedad es el quebrantamiento de la garantía constitucional que la autoridad política, tanto el señor Intendente como el Señor Gobernador del Ranco desdibujan la realidad ante la opinión publica señalando que el proceso se habría llevado a cabo con normalidad y asegurando que en dicha localidad se desarrolló con normalidad y con la aceptación de la mayoría de las comunidades indígenas de dicho lugar geográfico”

Sobre lo anterior, cabe hacer presente que el Intendente siempre reconoció que existieron asistentes a la reunión de planificación n°1 que manifestaron su rechazo al procedimiento de consulta, reconociendo la existencia de oposición de parte de algunas comunidades. Sin embargo, hubo otro grupo de personas que sí quiso escuchar y participar respetuosamente de este proceso, por ello se procedió a respetar el derecho de los asistentes que concurrieron a la reunión para informarse sobre la planificación del procedimiento de consulta indígena que actualmente se encuentra en su primera etapa y en este tenor fue que se informó a la Comunidad.

Pág. 10º establece: “Una de las situaciones ocurridas con posterioridad, es la forma en que tanto el intendente Cesar Asenjo y el Gobernador del Ranco Alonso Pérez de Arce, han utilizado los medios de comunicación local y digitales, para entregar una información distorsionadas de la realidad, tratándonos a mis representados de grupos activistas e ideologizados, futuros terroristas por ejercer sus derechos, y pensar distinto”. Sobre este punto, el Intendente se refirió a la situación acontecida, a la imposibilidad de diálogo con algunas comunidades, e hizo hincapié en que se trata de un proceso de consulta, de dar a conocer las 11 medidas para poder discutirlas y que no se iba a definir nada en ese preciso momento. Respecto a lo demás, la parte recurrente no acompaña ningún antecedente que justifique dichas aseveraciones. Sin embargo, aseveramos fehacientemente que en ninguna parte de sus declaraciones, el Intendente se ha referido a algún integrante de las Comunidades convocadas a participar ni tampoco de ninguna persona, como “terroristas”. De ello existe constancia en los medios de comunicación local, los cuales son públicos y de los que se puede concluir que esas no fueron las palabras de la autoridad. Sin ir más lejos, la recurrente no cita ni acompaña el medio de comunicación o documento donde supuestamente el Intendente se habría referido en esos términos, lo cual desde ya le resta asidero a tales afirmaciones.

Para referirnos a las garantías constitucionales supuestamente conculcadas, estas serán analizadas en el orden en que han sido expuestas por el recurrente:

a) Artículo 19 Nº2: Igualdad ante la ley En los términos ya señalados, carece totalmente de sustento la pretensión de la actora en orden a que la autoridad habría incurrido en una vulneración al principio de igualdad ante la ley, prevista en el artículo 19, N° 2, de la Carta Fundamental, por cuanto hace una relación acabada en lo que la doctrina y la jurisprudencia han entendido por vulneración al derecho de igualdad ante la ley. Sin embargo, no se advierte como los hechos en que le atribuye responsabilidad a mi representado, podrían haber sido constitutivos de la vulneración que se acusa.

A pesar de no existir dicha fundamentación, nos parece que querer fundar la actuación de la autoridad Regional, esto es, su concurrencia al proceso de consulta, y declaraciones que otorgó a los medios regionales, como una vulneración a la igualdad ante la ley, carece de todo asidero, ya que no se acompaña ningún antecedente, ni siquiera al menos se relata la relación de causalidad entre el actuar de la autoridad y la afectación alegada.

Así entonces, podemos concluir que tal actuación en ningún caso ha sido ilegal, ni menos carente de fundamento o arbitraria. Por el contrario, se ha dado cumplimiento al principio de legalidad y existe plena razonabilidad en la visita al desarrollo del proceso de Consulta Indígena. Por lo tanto, el comportamiento antijurídico que la recurrente pretende atribuir a esta Intendencia es inexistente.

Finalmente, informando el MINISTERIO DE DESARROLLO SOCIAL Y FAMILIA, A TRAVÉS DE SU FISCAL DON ANDRÉS VALENZUELA CONCHA señala como premisa que el proceso de consulta indígena actualmente es impulsado, lo dirige y desarrolla dicha Secretaría de estado, respecto de 11 medidas legislativas, las que enumera, y los recurrentes han señalado que los cuatro organismos recurridos han vulnerado la garantía constitucional de igualdad ante la ley contemplada en el artículo 19 N° 2 de la Constitución Política de la República.

Está recurrida invoca la falta de legitimación activa de los recurrentes, por cuanto son 12 las comunidades indígenas en las que se mencionan sus supuestos representantes legales, los que se identifican en el recurso, pero teniendo presente lo señalado en el artículo 20 de la carta fundamental, este recurso no es una acción popular, sino que destinada a proteger un interés concreto y preciso de algún sujeto individual o grupo de personas suficientemente determinadas, que se hayan visto personalmente afectados por un acto u omisión ilegal o arbitrario emanado de otro, que violente una determinada garantía o derecho constitucional de que son titulares. Así lo ha entendido la doctrina y jurisprudencia. Y en el caso de autos no consta que se haya accionado por una persona autorizada para actuar en representación de las comunidades indígenas que se dice representar.

Agrega que el convenio 169 de la Organización Internacional del Trabajo no es un derecho que le corresponda a las personas indígenas individualmente consideradas, sin conexión con una representatividad determinada, y por lo mismo, la afirmación de una supuesta vulneración de derechos fundamentales como los invocados en el presente recurso no satisface la legitimación activa que se requiere para que prospere la acción constitucional en comento.

En cuanto al proceso de consulta, por Decreto Supremo N° 236 de 2008 se promulgó el convenio N° 169 sobre pueblos indígenas y tribales en países independientes de la Organización Internacional del Trabajo, el cual entró en vigencia en nuestro país el 15 de septiembre de 2009. Por Decreto Supremo N° 66 se aprobó el reglamento que regula el procedimiento de la consulta indígena establecido en el convenio N° 169, y conforme a dicha normativa es el Ministerio de Desarrollo Social y Familia el que decidió someter a consulta previa a los 9 pueblos indígenas del país, 11 propuestas de medidas legislativas destinadas a introducir modificaciones a la Ley N° 19.253, que entre otras, creó la Corporación Nacional de Desarrollo Indígena, que en conjunto desarrollan las propuestas de modificación legislativa mencionadas.

La consulta a los pueblos indígenas de conformidad a lo establecido tanto en el convenio 169 como en el reglamento, constituye un proceso compuesto de diversas etapas consecutivas, cada una de las cuales a su vez, contempla diversas actuaciones.

I) Se inicia con una convocatoria a las instituciones representativas de los pueblos indígenas, para reuniones de planificación.

II) A continuación de la convocatoria, viene un proceso de cinco etapas:

a) Planificación del proceso de consulta b) Entrega de información c) Deliberación interna de los pueblos indígenas d) Dialogo e) Sistematización, comunicación de resultados y término del proceso de consulta.

Es del caso que a través de la Resolución Exenta N° 0241 de fecha 03 de abril del año 2019 dicho Ministerio dio inicio al procedimiento administrativo y convocó al proceso de consulta respecto de las referidas medidas legislativas cuyas modificaciones se tratan de introducir. Esta Resolución Exenta fue publicada en el Diario Oficial el día martes 09 de abril de 2019.

A nivel regional, la etapa I de planificación de la consulta está siendo ejecutada en conjunto con las Seremías de Desarrollo Social y Familia y el apoyo técnico de CONADI. Y en esta región el proceso se está ejecutando en La Unión, Río Bueno, Paillaco, Lago Ranco, Mariquina, Liquiñe-Coñaripe-Neltume, Panguipulli, Los Lagos – Máfil, Lanco y Futrono.

En la etapa I de planificación, tiene por objeto entregar la información preliminar de la medida, presentando una propuesta para acordar la metodología y determinación de los intervinientes o representantes, etapa que debe comprender al menos 3 reuniones: la primera para la entrega preliminar de información sobre la medida a consultar; la segunda para determinar por parte de los pueblos indígenas y del órgano responsable los intervinientes, sus roles, y funciones para lo cual los pueblos indígenas contaran con el tiempo suficiente para acordarla de manera interna; y finalmente la tercera para determinar conjuntamente entre el órgano responsable y los pueblos indígenas la metodología o forma de llevar a cabo el proceso. Para esta etapa se fijaron reuniones en distintos días para las diferentes localidades mencionadas.

En la etapa II de información, se entregan todos los antecedentes de la medida, considerando los motivos que la justifican, la naturaleza de la medida, su alcance e implicancias.

Hace presente que hasta esta fecha esta etapa aun no comienza.

En la etapa III de deliberación interna tiene por objeto que los pueblos indígenas analicen, estudien y determinen sus posiciones respecto de la medida a consultar. Etapa que tampoco comienza.

En la etapa IV tiene por objetivo llegar a un acuerdo o lograr consentimiento de la medida propuesta.

En la etapa V de sistematización y cierre, tiene por objeto elaborar una relación detallada del proceso, desde la evaluación de procedencia, las distintas etapas y los acuerdos alcanzados.

En el llamado por Resolución Exenta N° 241 que da inicio al procedimiento se convocó a los pueblos indígenas y sus instituciones representativas a la primera reunión de planificación del proceso de consulta, y se llamó a participar a las instituciones representativas de las nueve etnias indígenas reconocidas en la primera parte del inciso segundo del artículo primero de la Ley N° 19.253.

Las convocatorias se publicaron en el Diario La Tercera el día 02 de mayo, Diario Las Ultimas Noticias el día 07 de mayo, y en forma simultanea el 03 de mayo en diarios de circulación regional que en el caso que nos convoca, en el Diario Austral con el listado de las localidades del proceso de la consulta, fechas, hora y lugar de la primera reunión de planificación, lo que también fue difundido en un banner del sitio web “Soy Valdivia”. También se envió carta certificada al domicilio señalado en el registro correspondiente de CONADI, de acuerdo al registro mencionado en la Región de los Ríos hay un total de 740 comunidades y asociaciones indígenas. También se efectuaron avisos radiales a nivel nacional.

La recurrida hace presente que la convocatoria fue amplia y abierta a todas las instituciones representativas de los 9 pueblos indígenas y no se circunscribió a las comunidades o asociaciones registradas de acuerdo a la Ley N° 19.253, sino que además se convocó a las organizaciones tradicionales y a cualquiera otra que fuese representativa para sus pueblos, y que ellos libremente identificasen como tales.

Señala que los actores de protección recurren contra las autoridades porque en la referida convocatoria habrían “tomado decisiones totalmente arbitrarias y alejadas de las normas constitucionales”. Al tenor de su libelo no señalan con claridad y precisión ninguno de los requisitos de procedencia contemplados en el artículo N° 20 de la Constitución Política. En efecto ellos señalan como el acto u omisión ilegal o arbitrario el hecho de que se realizaron dos consultas indígenas mapuche, con la sola finalidad de aprobar el proceso con las personas que piensan igual que la postura del gobierno.

A este respecto la recurrida hace presente que la primera reunión de planificación tenía como misión entregar información del contenido de las medidas legislativas sometidas a la consulta a los representantes de los pueblos indígenas que concurran a participar. En esa misma jornada se entregaban antecedentes del proceso, su extensión, la posibilidad de contratar asesores para plantear su posición en el desarrollo del proceso de consulta.

En el caso de autos señala que la reunión N° 1 de planificación se realizó con fecha 29 de mayo de 2019 en el salón rojo del Liceo Antonino Varas de Lago Ranco y tuvo como finalidad dar a conocer información general respecto del procedimiento de consulta indígena. Se efectuó una presentación de diapositivas y se abrió una instancia de preguntas y/o consideraciones formuladas por los asistentes, pero un grupo de asistentes solicitó “las autoridades que representan al estado no estén presente en esta conversación, ya que esta reunión se debe dar solo entre mapuches ya que es una consulta indígena”. Señala que un grupo de dirigentes indígenas realizaron una reunión privada sin la asistencia de funcionarios públicos, en la cual acordaron el rechazo al proceso de consulta y después de comunicar públicamente su rechazo, se continuó con la reunión con los asistentes que solicitaron la exposición de las referidas medidas a consultar, por lo que se procedió a la habilitación de un nuevo espacio físico dentro del mismo recinto para desarrollar la entrega de información solicitada, en atención al objetivo que se tuvo en vista al fijarse la reunión.

Respecto a la situación que los recurrentes señalan relativa a la supuesta negativa del SEREMI de Desarrollo Social y Familia de entregar “el acta donde habían expresado el rechazo a la consulta” hace presente que solo es posible entregar copia del acta de una reunión realizada en el contexto del actual procedimiento de consulta indígena, una vez terminada aquella, por cuanto dicho documento debe contener los acuerdos obtenidos en la reunión, la hora exacta en la cual finaliza, y la firma del representante del organismo responsable de la consulta. Dicha acta forma parte del expediente del proceso de consulta.

En cuanto a la afirmación de una supuesta negativa “a la participación de 31 comunidades indígenas, debidamente representadas por sus dirigentes” señala que de acuerdo a la transcripción del acta de la referida reunión se dejó constancia del rechazo al procedimiento de consulta formulada por el mencionado grupo de asistentes, por lo que no se entiende como dicho organismo (SEREMI) podría haber negado la participación de los dirigentes en la reunión, más aun, conforme lo señalan ellos mismos en su recurso, realizaron “una declaración pública escrita a mano donde se expresaba los motivos por los cuales habían rechazado la consulta indígena”, por lo que resulta evidente que su voluntad no se encontraba encaminada a presenciar la entrega de información relativa a las citadas 11 medidas legislativas, pero ello no significa que no puedan participar nuevamente en las próximas reuniones establecidas en las próximas etapas consecutivas del procedimiento.

Respecto a la afirmación de los recurrentes de que las autoridades quieren imponer a la fuerza la consulta indígena no solicitada por los pueblos originarios, hace presente que la consulta previa y la participación constituyen la piedra angular del referido convenio 169, estableciéndose como un deber para los órganos de la administración del estado y un derecho de los pueblos indígenas, con la finalidad de llegar a un acuerdo o lograr el consentimiento acerca de las medidas susceptibles de afectarlos directamente, por lo que no se observa que en la actual etapa del referido procedimiento se haya vulnerado de algún modo el principio de buena fe por cuanto se ha actuado con la debida diligencia, disponiendo de todos los medios necesarios para que las instituciones representativas de los pueblos indígenas puedan intervenir en un plano de igualdad en el proceso de consulta.

Está recurrida agrega que la consulta es un proceso que recién se está iniciando y que no se desea imponer la voluntad estatal, sino que se pretende en conjunto con los pueblos indígenas llegar a resultados consensuados, luego de ir pasando previamente por sucesivas etapas del procedimiento. Los plazos de cada una de las etapas se consensuan en conjunto con los pueblos indígenas durante la planificación del proceso.

La recurrida insiste en que la primera reunión fue únicamente entregar la información preliminar de la medida, con una propuesta para acordar la metodología y determinación de los intervinientes, y a los asistentes a las reuniones se les ha entregado un carpeta que contiene la presentación de la consulta en la cual se informa el propósito para el cual se inicia el procedimiento y su desarrollo, y además contiene las medidas a consultar para actualizar la Ley N° 19.253 con las 11 medidas legislativas y su completa explicación.

De acuerdo a lo anterior los hechos expuestos no se ajustan a la realidad ni al mérito de lo verificado en el desarrollo del proceso de consulta que motiva la presente acción constitucional, por lo que las calificaciones de los recurrentes son totalmente inexactas y/o carecen de razonabilidad o verosimilitud.

Por lo mismo, señala que no existieron acciones ni omisiones ilegales y arbitrarias durante el proceso de consulta previa por lo que mal puede producirse una privación, perturbación o amenaza en el legítimo ejercicio de un derecho, y por ende este recurso de protección carece de todo sustento factico y jurídico y solicita en definitiva rechazar la acción intentada por el recurrente en todas sus partes, con costas.

asa en conjunto con las Seremíases decretadas iaro Se trajeron los autos en relación.

CON LO RELACIONADO Y CONSIDERANDO:

PRIMERO: Que el recurso de protección constituye una acción cautelar de origen constitucional, que puede deducir cualquier persona ante los Tribunales Superiores de Justicia, a fin de solicitar que éstas adopten de inmediato las medidas que resulten necesarias para restablecer el imperio del derecho quebrantado y asegurar así la debida protección a los afectados, cuando por causa de alguna acción u omisión arbitraria y/o ilegal, sufran privación, perturbación o amenaza en el legítimo ejercicio de los derechos y garantías que la Constitución, en su artículo 20 ampara, esto sin perjuicio de los demás derechos que se puedan hacer valer ante la autoridad o los Tribunales Ordinarios correspondientes.

nombre reservado: Para la procedencia de la acción de protección se requiere que la parte recurrente sea titular de uno o más derechos fundamentales respecto del cual haya sido privado, perturbado o amenazado en su ejercicio a través de acciones u omisiones del recurrido que revistan el carácter de ilegitimas o arbitrarias. Concretamente, se invoca TERCERO: Que sin perjuicio del examen de admisibilidad, efectuada de conformidad al artículo 2 inciso 2° del Auto Acordado sobre Tramitación y Fallo del Recurso de Protección de las Garantías Constitucionales, y atendida la alegación previa de una de las recurridas, esto es el Ministerio de Desarrollo Social y Familia en cuanto a la falta de legitimación activa de los recurrentes, señalando que no sería este medio una acción popular en el sentido que quienes se alzan son doce comunidades indígenas, cabe tener presente que esta misma recurrida en su informe al relatar las formas y medios de comunicación, con la debida publicidad de la convocatoria para la consulta indígena en su primera reunión, expresó que era importante para su organismo que la convocatoria fuera amplia y abierta a todas las instituciones representativas de los nueve pueblos indígenas , y que no se circunscribiera solo a las comunidades o asociaciones indígenas registradas en CONADI, agregando que además se convocó a las organizaciones tradicionales y a cualquier otra que fuese representativa para sus pueblos, y que ellos libremente identificasen como tales, respaldando dicho organismo la autoidentificación de las organizaciones tradicionales, por lo que son los propios pueblos quienes la determinan (Pag.12), por lo que de acuerdo a lo antes dicho tal alegación será desestimada.

CUARTO: Que la recurrida Intendencia Regional de Los Ríos, tal como se señaló en la parte expositiva expresó que el proceso de consulta indígena lo dirige y coordina el Ministerio de Desarrollo Social y Familia, por lo que ha dicho organismo le compete informar lo relativo al procedimiento propiamente tal.

En cuanto al proceso de consulta fijado en el convenio 169 de la OIT es una norma que obliga al Estado de Chile a cumplirla, debiendo proceder en consecuencia a la convocatoria de la respectiva consulta, procedimiento que contempla cinco etapas, desarrollándose en la Región de los Ríos la etapa inicial de planificación e información, pudiendo los asistentes al finalizar todas las etapas, rechazar las medidas a consultar, pero no es posible rechazar la consulta propiamente tal, ya que es una instancia que ha sido creada para que los pueblos indígenas ejerzan su derecho a ser oídos en las materias que les afecten.

En relación a las supuestas omisiones arbitrarias que señalan los recurrentes al haber manifestado en dicha reunión algunas comunidades asistentes su rechazo al proceso de consulta, y al haber otros asistentes que si querían y tenían la intención de escuchar, se decidió por parte del ente organizador continuar con la reunión en otra sala, toda vez que donde se había iniciado la reunión no fue posible continuarla por las constantes interrupciones por parte de las comunidades que no estaban de acuerdo.

Y en cuanto a lo que señalan que el Intendente en ese momento habría solicitado la fuerza pública, tal situación no corresponde a la realidad por cuanto los Carabineros ya se encontraban en las afueras del lugar con antelación al inicio de la consulta.

Los recurrentes también reclaman que el Intendente y Gobernador habrían entregado información distorsionada, tratándolos de grupos activistas e ideologizados, cabe hacer presente que lo que el Intendente comunicó fue la imposibilidad de dialogo con algunas comunidades señalando que dentro del proceso de consulta solo se daban a conocer las once medidas para poder discutirlas, pero que nada se iba a definir en ese momento y que en esa comunicación el Intendente no se ha referido a los integrantes de las comunidades convocadas como “terroristas”, de lo cual existe constancia en los medios de comunicación.

En cuanto a una supuesta vulneración de la igualdad ante la Ley tal aseveración carece de todo asidero ya que no se señala en relación de causalidad entre el actor de la autoridad y la afectación alegada, como tampoco se acompaña ningún antecedente al efecto.

QUINTO: Que la recurrida CONADI en síntesis en su informe señaló que el proceso de consulta indígena es diseñado, desarrollado y ejecutado por el Ministerio de Desarrollo Social y Familia, y en esta región por la correspondiente Seremía.

La función de CONADI es solo de prestar asistencia técnica que requieran los órganos responsables en la realización de los procesos de consulta, y que en este caso fue la de identificar las comunidades y asociaciones indígenas de los nueve pueblos indígenas susceptibles de ser afectados en el proceso de consulta, remitiendo el listado de las organizaciones indígenas registrado en dicho organismo.

Que no es efectiva la afirmación que hacen los recurrentes en relación con la supuesta injerencia que habría tenido el Director Regional de CONADI con la asistencia del Lonko don nombre reservado al lugar donde se desarrolló la reunión de planificación N° 1 y que lo aseverado no corresponde a la realidad de los hechos acontecidos y que a su parte le correspondió asistir a dicha actividad en calidad de invitado.

SEXTO: Que la recurrida Gobernación Provincial del Ranco en su informe señaló que su participación en la reunión de la consulta indígena fue en calidad de invitado como autoridad provincial y que la convocatoria fue efectuada por otra entidad pública.

Expresa que al tenor del artículo 20 de la Constitución Política de la República no se divisa cual sería el acto u omisión de su parte y como se presentaría la supuesta arbitrariedad o ilegalidad en su participación como Gobernador del Ranco en la consulta indígena el día de los hechos en la comuna de Lago Ranco, reunión a la que convocó el Ministerio de Desarrollo Social de la Región de los Ríos, instancia que es abierta y pública pudiendo participar cualquier persona.

Al inicio de la reunión se sacaron fotografías y se firmó una lista de asistencia, y en relación a lo primero se actuó de manera respetuosa, luego de conversar y solicitar la autorización de quien era la máxima autoridad ancestral, quien accedió a ello, y en cuanto a la lista de asistencia es un hecho que se realiza en cualquier actividad, ya que sirve de registro y de base de datos.

Agrega que la presencia de las autoridades invitadas solo se debió para dar saludos protocolares y luego se retiraron, dejando solo al SEREMI de Desarrollo Social a cargo de la consulta, por lo que el Gobernador Provincial no participó ni intervino en el debate, tampoco dio opinión por lo que no entiende cuál sería su acto arbitrario o ilegal en dicha reunión.

Señala que es efectivo que algunos asistentes manifestaron de inmediato su rechazo al proceso de consulta y por eso a fin de proceder a entregar la información a las personas asistentes que si querían escuchar, el organizador decidió continuar en otra sala, atendidas las constantes interrupciones por parte de las comunidades que no estaban de acuerdo.

Agrega que los Carabineros ya se encontraban en el lugar al inicio de la reunión.

SÉPTIMO: Que finalmente la recurrida encargada de impulsar, dirigir, desarrollar y convocar a la consulta indígena, esto es la Seremi de Desarrollo Social y Familia de la Región de los Ríos, al informar como se explicó latamente en la parte expositiva de este fallo, señaló paso a paso el origen legal de la referida convocatoria, su objetivo, planificación y desarrollo, basada en la normativa y recomendación establecida en el convenio 169 de la Organización Internacional del Trabajo, al cual Chile se encuentra adscrito.

De lo anterior se colige que este organismo actuó en cumplimiento de la Ley y que su convocatoria no es una decisión “irracional ni obedece a un mero capricho” como lo señalan los recurrentes.

Esta autoridad luego de explicar las once medidas a consultar y las etapas del proceso mismo, la reunión que se llevó a efecto en Lago Ranco obedece a la primera etapa, esto es de planificación e información, a la que asistieron distintas comunidades y asociaciones indígenas que fueron citadas y convocadas por dicho organismo, a través de diferentes medios de comunicación, escritos, audios, digitales, cartas certificadas, avisos radiales, detallando fechas, horas, frecuencias y frases en cada medio de comunicación, por cuanto para dicho organismo era importante que la convocatoria fuera amplia y abierta a todas las instituciones representativas de los nueve pueblos indígenas, sin que se circunscribieran solo a las que se encontraban registradas de acuerdo a la Ley N° 19.253.

Esta recurrida señala que del tenor del recurso no se aprecia con claridad y precisión cual sería la ilegalidad en que habría incurrido su parte respecto de la consulta indígena, y que en cuanto a lo que ellos señalan de haber realizado dos consultas en paralelo, señala que en primer lugar dicha reunión solo tenía como misión entregar información del contenido de las medidas legislativas sometidas a las consultas, entregando en la misma jornada los antecedentes del proceso, su extensión y la posibilidad de contratar asesores para plantear su posición en el desarrollo de la consulta, en dicha instancia un grupo de asistentes solicitó que las autoridades no estuvieran presentes y que la reunión solo debía darse entre mapuches y ellos en una reunión previa acordaron el rechazo del procedimiento de consulta, y además efectuaron un comunicado público ante la asamblea declarando su rechazo, por lo que en esas circunstancias se continuó la reunión con los asistentes que solicitaron la exposición de las referidas medidas y se procedió a habilitar un nuevo espacio físico dentro del mismo recinto para desarrollar la entrega de información solicitada.

Se reclama por los recurrentes que hubo una supuesta negativa de su parte a la participación de 31 comunidades indígenas, haciendo presente que al respecto y tal como se señaló precedentemente, y en el acta de dicha reunión se dejó plasmado que un grupo de asistentes había rechazado el procedimiento de la consulta, decisión que ellos mismos escrituraron como una declaración pública donde expresaban los motivos de su rechazo, por lo que es evidente que fue su voluntad no recibir la información que se les iba a entregar, por lo que no es efectivo que fuera dicha autoridad la que negara la participación de las referidas comunidades. Esta recurrida hace presente que esta expresión de rechazo por parte de las comunidades en comento no se traduce de ningún modo en que puedan participar nuevamente en las próximas reuniones establecidas para las próximas etapas consecutivas del procedimiento.

Solicita en definitiva se rechace la acción intentada por los recurrentes en todas sus partes, con costas.

OCTAVO: Que para la procedencia de la acción de protección se requiere que la parte recurrente sea titular de uno o más derechos fundamentales respecto del cual haya sido privado, perturbado o amenazado en su ejercicio a través de acciones u omisiones del recurrido que revistan el carácter de ilegitimas o arbitrarias.

NOVENO: Que a la luz de lo señalado precedentemente, y habiéndose presentado los recurridos como comunidades indígenas de la Región de los Ríos, ellos precisamente son titulares de los derechos emanados del convenio 169 de la OIT y que el Estado de Chile lo hizo suyo a través del DS. N° 236 de 2008, publicado en el Diario Oficial el 14 de octubre del mismo año, lo que se traduce en el proceso de Consulta Indígena.

Desde este punto de vista no se divisa que la convocatoria que realizara el organismo encargado de su ejecución, sea arbitraria e ilegal.

DÉCIMO: Que tal como lo señalaron los invitados a la reunión y el ente organizador, los hechos relatados por los recurrentes acaecieron el día de la primera reunión convocada en el Lago Ranco, reunión que como ya se explicó tenía como objetivo solamente entregar información y antecedentes de planificación, sin que en ella se adoptaran decisiones.

También coinciden los asistentes invitados en que hubo un grupo de comunidades indígenas que manifestaron abiertamente su rechazo al procedimiento de consulta, propiamente tal, pero como había otras comunidades y personas que sí querían recibir la referida información, es que la autoridad organizadora determinó continuar con la reunión en un salón separado con las personas que quisieran recibir la información.

Así las cosas y no habiendo antecedente fidedigno por parte de los recurrentes que la medida de continuar con la reunión por parte de la autoridad respectiva, obedeciera a un mero capricho inexplicable, según su expresión, no resulta arbitraria la respectiva decisión, desde que los mismos recurrentes escribieran una declaración de puño y letra en que rechazaban el proceso de consulta, es decir ellos voluntariamente se marginaron de la reunión.

UNDÉCIMO: Tampoco se acreditó por los recurrentes, como lo aseveran en su recurso, que el Gobierno de Chile a través de sus representantes, mediante engaños y uso de la fuera hayan legitimado el proceso de consulta indígena con aproximadamente 12 personas que asistieron a la sala del Concejo Municipal, rodeado del contingente policial y negando la participación de 31 comunidades.

DUODÉCIMO: Que se reclamó además por parte de los recurrentes afectación del derecho de igualdad, aseveración que no se encuentra respaldada con ningún antecedente en estos autos, y que la recurrida tampoco señaló de qué forma se encontraría vulnerada esta garantía constitucional, especialmente desde que fueron convocados todas las comunidades y asociaciones indígenas de la zona, en forma amplia y abierta, y que el día de la reunión fueron ellos los que voluntariamente se marginaron del proceso.

DÉCIMO TERCERO: Que apareciendo la consulta indígena como una instancia de participación de los pueblos respectivos y constituyendo ésta una piedra angular del Convenio 169, es un deber que el Estado de Chile proceda a la referida iniciativa, estableciendo procedimientos apropiados a través de sus instituciones representativas, especialmente cuando se prevean modificaciones legislativas o administrativas susceptibles de afectarles directamente, en consecuencia se trata de un deber de los órganos de la administración del estado y un derecho de los pueblos indígenas que se puedan ver afectados directamente de la adopción de las medidas administrativas y legislativas, lo que se materializa a través de un procedimiento apropiado y de buena fe, con la finalidad de llegar a un acuerdo o lograr consentimiento.

Que en consecuencia apareciendo que los hechos relatados ocurrieron al inicio del proceso en que no se adopta decisión alguna y en el cual tampoco se impone la voluntad estatal, pues el objetivo es llegar a resultados consensuados al finalizar las sucesivas etapas, las aseveraciones vertidas por los recurrentes en su libelo no tienen sustento alguno.

DÉCIMO CUARTO: Que conforme a lo que se ha venido diciendo, los antecedentes aportados, de ellos no se vislumbra que la autoridad encargada de ejecutar la Consulta Indígena, haya vulnerado en su convocatoria y reunión preliminar, alguna garantía constitucional; así como tampoco aparecen establecidos los hechos tal como lo manifestaron los recurrentes, de tal suerte que el recurso de protección será rechazado.

Por estas consideraciones y visto además lo dispuesto en los artículos 19 y 20 de la Constitución Política de la República y disposiciones pertinentes del Auto acordado de la Excma. Corte Suprema sobre tramitación del Recurso de Protección, se declara que SE RECHAZA, sin costas el Recurso de Protección interpuesto por las 12 comunidades indígenas, representadas por la Abogada doña María Fernanda Catalán Galdámez.

Regístrese, comuníquese y archívese, en su oportunidad.

Redacción de la Fiscal Judicial Sra. nombre reservado Heliana del Río Tapia.

Rol 1488 – 2019 PRO.