Protección contra Inspección Provincial del Trabajo del Ranco

Valdivia, tres de diciembre de dos mil quince.

VISTOS:

Doña Jeannette Contreras Sepúlveda, abogada, en representación de ISS SERVICIOS GENERALES LTDA., ambos con domicilio en domicilio reservado, interpone recurso de protección en contra de la Inspección Provincial del Trabajo del Ranco, representada por la doña nombre reservado, ambos domiciliados en domicilio reservado.

Expone en síntesis que, con fecha 7 de agosto de 2015, el fiscalizador de la Inspección del Trabajo don nombre reservado, dictó la resolución Nº8337.15.13, notificada a su parte el día 14 de agosto del mismo año, por medio de la cual se le aplicó una multa administrativa a su representada por los hechos que detalla en su presentación.

Señala que con fecha 15 de septiembre, se envió por Chile Express formulario F 10 junto con un anexo, co el objeto de obtener una rebaja sustancial de la multa a través de un recurso administrativo de reconsideración de multa, en el que se exponen argumentos que dan cuenta de un error de hecho.

Sin embargo, indica que la Inspección Provincial del Ranco, al momento de resolver la solicitud formulada por su mandante, decidió no dar curso a ella considerando en el Ordinario Nº465, de fecha 9 de octubre de 2015 que: “No se presentó dentro del plazo legal de 30 días corridos, contados desde su notificación”, es decir, según el criterio de la Inspección, la solicitud era extemporánea.

Sostiene que la resolución mencionada es totalmente improcedente conforme a los hechos y contraria a las normas de derecho que regulan la materia, tal como se explica en su recurso y en lo resuelto por diversas Cortes de Apelaciones del país y la propia Excma. Corte Suprema en innumerables fallos de protección, ya que la autoridad administrativa recurrida, a través de la resolución señalada esta desconociendo el contenido mismo de los propios procedimientos determinados por ella para ejercer los recurso administrativos.

Cita jurisprudencia sobre la materia y que reproduce en su presentación.

Estima vulnerado con el acto ilegal descrito el derecho de propiedad de su representada, contemplado en el artículo 19 Nº24 de la Constitución Política y el artículo 19 Nº3 del mismo texto constitucional, esto es, la igual protección de la ley en el ejercicio de los derechos.

Pide se acoja el recurso, dejándose sin efecto la resolución Nº465 de fecha 9 de octubre de 2015, que niega lugar al recurso administrativo, declarando en consecuencia que el recurso administrativo se encuentra presentado dentro de plazo, con costas.

Por su parte, don nombre reservado, abogado, por la Inspección Provincial del Trabajo del Ranco, informa el recurso.

Señala que con fecha 7 de agosto de 2015, el fiscalizador dependiente de la Inspección Provincial del Ranco, don nombre reservado, dictó la resolución de multa Nº8337/15/53, por los hechos que detalla en su presentación. Indica que dicha multa fue notificada con fecha 14 de agosto del presente año.

Explica que teniendo en cuenta que la notificación se efectúa el día 14 de agosto de 2015, el plazo de 30 días corridos para la solicitud de reconsideración de multa vencía el día 13 de septiembre del mismo año, razón por la que el recurso presentado por el empleador con fecha 25 de septiembre del mismo año, fue ingresado en forma extemporánea.

Alega en primer término la improcedencia de la acción de protección por existir un procedimiento especialmente regulado al efecto, en el Libro V del Código del Trabajo, que le permite al empleador reclamar de las multas, de las resoluciones que se pronuncian sobre las reconsideraciones y, además respecto de otras resoluciones dictadas por la Inspección del Trabajo. Añade que el criterio de la Excma. Corte Suprema en esta materia, es que esta acción cautelar no puede ser utilizada como un sustituto jurisdiccional. En el caso concreto, afirma que el recurso ha sido interpuesto en contra de una resolución administrativa a la cual la ley estableció procedimientos específicos de impugnación. Cita jurisprudencia sobre el punto.

Agrega que en el procedimiento administrativo especial que establecen los artículos 511 y 512 del Código del Trabajo, no existe mención a la naturaleza del plazo de la solicitud, debiéndose recordar en este punto que, por regla general, cuando el legislador ha querido establecer plazos de días hábiles, lo ha consignado expresamente, siguiendo de este modo la norma del artículo 50 del Código Civil y el tratamiento que otras disposiciones del Código del Trabajo da a los plazos de este tipo, como ocurre en el caso del artículo 503 del mismo Código, modificado por la Ley Nº20.087 que sustituyo la norma del artículo 474 inciso 3º, en que el legislador debió señalar expresamente que el plazo de 15 días que establece dicha norma, era de días hábiles.

Cita igualmente jurisprudencia judicial y de la Contraloría General de la República sobre la materia, la que reproduce parcialmente en su presentación, precisando que no existe arbitrariedad en el actuar de la Inspección Provincial del Trabajo del Ranco, ni la conculcación de derechos que la actora reclama, dado que el actuar de la recurrida se fundó en la ley, siendo su actuar, además, consecuencia de su vinculación con los dictámenes de la Contraloría General de la República, razón por la que estima que no concurren los presupuestos para que la presente acción pueda prosperar, por lo que culmina pidiendo su rechazo.

Se trajeron los autos en relación.

CONSIDERANDO:

PRIMERO: Que la acción constitucional de protección del artículo 20 de la Constitución Política de la República ha sido establecida a favor del que por causa de actos u omisiones arbitrarias o ilegales sufra privación, perturbación o amenaza en el legítimo ejercicio de los derechos y garantías establecidas en el artículo 19 de la Carta Fundamental.

SEGUNDO: Que las partes están contestes en que la resolución de multa aplicada por el Inspector del Trabajo a la actora, fue notificada con fecha 14 de agosto de 2015, respecto de la cual la recurrente solicitó reconsideración administrativa con fecha 25 de septiembre de 2015, y que dicho organismo la rechazó por estimar que el plazo para solicitar tal reconsideración era extemporáneo a la vista del artículo 512 del Código del Trabajo, atendido a que existe dictamen de la Contraloría General de la República y fallos de Tribunales Superiores de Justicia, en orden a que el plazo para recurrir es de 30 días corridos.

Estima la recurrente que dicha determinación es ilegal y arbitraria, toda vez que ante el silencio del legislador respecto de la naturaleza del plazo contemplado en la norma del artículo 512 del Código del Trabajo, se debe acudir supletoriamente a la Ley Nº19.880, en su artículo 25, que dispone que los plazos establecidos en dicha ley son de días hábiles, entendiendo que son inhábiles los Sábados, Domingos y festivos.

TERCERO: Que la Dirección del Trabajo es un órgano público del Estado. En consecuencia, tal como ha sido establecido recientemente por la Excma. Corte Suprema en sentencias roles números: 21.886-2014, 8727-2015 y 4015-2015, se aplica, al caso de autos, la norma especial del artículo 25 de la Ley N° 19.880 sobre Procedimientos Administrativos, a cuyo tenor, los plazos establecidos en dicha ley son de días hábiles, se excluyen los días sábados, domingos y festivos.

Así las cosas, debe entenderse que el plazo para solicitar la reconsideración de multa que señala el artículo 511 y 512 del Código del Trabajo, es de 30 días hábiles.

CUARTO: Que, en consecuencia, la actuación de la recurrida constituye un acto ilegal pues por ella se negó a tramitar un recurso presentado dentro de plazo legal, afectando la garantía de igualdad ante la ley contemplada en el artículo 19 N° 2 de la Constitución Política de la República, en su manifestación de igual protección, en el ejercicio de los derechos que contempla el artículo 19 Nº3 del mismo texto constitucional, pues al desconocer la autoridad recurrida el plazo en toda su extensión ha dado un trato discriminatorio, que por esta vía se debe corregir, razón por la que el recurso será acogido.

QUINTO: Que, conforme a lo reflexionado en los fundamentos precedentes, resulta inoficioso emitir pronunciamiento sobre la posible infracción de la garantía consagrada en el numeral 24 del artículo 19.

Por estas consideraciones, y visto además, lo establecido en los artículos 19 N° 2 y 20 de la Constitución Política de la República y Auto Acordado de la Excma. Corte Suprema de Justicia sobre Tramitación del Recurso de Protección de Garantías Constitucionales, se ACOGE, sin costas, el recurso de protección interpuesto por doña Jeannette Contreras Sepúlveda, en representación de ISS SERVICIOS GENERALES LTDA., y en consecuencia, se deja sin efecto el oficio Ordinario N° 465 de fecha 9 de octubre de 2015, debiendo la recurrida, esto es, la Inspección Provincial del Trabajo de Osorno, admitir a tramitación la solicitud de reconsideración planteada por la recurrente respecto de la resolución de multa N° 8337/15/53.

Regístrese en forma digital, comuníquese y archívese, en su oportunidad.

N° Civil 1474 – 2015.

Pronunciada por la PRIMERA SALA, integrada por el Ministro Sr. MARIO JULIO KOMPATZKI CONTRERAS, Ministro Sr. DARIO ILDEMARO CARRETTA NAVEA y Ministro Sr. MARCELO VASQUEZ FERNANDEZ. Autoriza la Secretaria Titular Sra. Ana María León Espejo.

En Valdivia, a tres de diciembre de dos mil quince, notifiqué por el estado diario la resolución precedente. Sra. Ana María León Espejo. Secretaria Titular.