CORPORACION EDUCACIONAL CARDENAL RAUL SILVA HENRIQUEZ DE LOS RIOS con INSPECCION PROVINCIAL DEL TRABAJO

Valdivia, venticinco de septiembre de dos mil dieciocho, VISTOS:

Don Alejandro López Caba, abogado, en representación de la CORPORACION EDUCACIONAL CARDENAL RAÚL SILVA HENRIQUEZ DE LOS RIOS, deduce acción de protección en contra de la INSPECCIÓN PROVINCIAL DEL TRABAJO VALDIVIA, representada por su Inspector Provincial don nombre reservado, a fin de obtener la tutela y amparo de su representada ante las acciones ilegales y arbitrarias de la recurrida, materializadas en la Resolución (Ordinario N° 852); notificada a su representada de conformidad con el artículo 508 del Código del Trabajo, con fecha 27 de julio del presente año, por el acto ilegal y arbitrario materia del presente recurso, que le ha perturbado y amenazado el ejercicio de las garantías fundamentales del artículo 19 número 2 y 3 de la Constitución Política de la República.

Expone que con fecha 23 de julio de 2018, se presentó reconsideración administrativo de la Resolución Multa N°3970/18/26 de fecha 11 de junio del año 2018,8347/17/75, notificada el 14 de junio de 2018. Ante ello la recurrida la Inspección Provincial del Trabajo de Valdivia dictó el Ordinario N° 852 mediante el cual declaró que no se habría presentado dentro del plazo legal de 30 dias corridos desde su notificación.

Estima el recurrente que la resolución contenida en el Ordinario Nª852 es un acto administrativo ilegal y arbitrario. Cita a continuación diversa normativa constitucional relacionada con el deber de la administración pública de actuar conforme a derecho, y posteriormente el artículo 19 número 2 y 3 de la Carta Fundamental, norma en la que funda el recurso, señalando que esta garantía asegura a todas las personas la igualdad ante la ley, sin que ni la ley ni la autoridad puedan establecer diferencias arbitrarias ni se puede afectar el debido proceso.

Cita el recurrente después al Código del Trabajo y la ley 19.880 que establece las Bases de los Procedimientos Administrativos que rigen los Actos de los Órganos del Estado. Refiriéndose a la ilegalidad que imputa a la recurrida, cita el artículo 508 y 512 del Código del Trabajo, el que analiza en cuanto a su contenido y alcance, para después remitirse a la ley 19.880 y a su artículo 25 que establece los plazos de días, que son de días hábiles, entendiéndose que son inhábiles los días sábados, los domingos y los festivos. Relaciona estas disposiciones expresando que la recurrida ha procedido con abierto quebrantamiento y contravención al ordenamiento legal expreso, estableciendo requisitos que la ley no dispone, creando un plazo que tampoco se encuentra en la ley y excusándose de conocer de un asunto para el cual ha sido requerido en tiempo y forma, por haberse cumplido cabalmente los requisitos para ello lesionándose la garantía constitucional establecida en el número 2 y 3 del artículo 19 de la carta fundamental.

Con relación a la arbitrariedad, procede a conceptualizarla señalando que la interpretación errónea que hace la recurrida de los textos legales aplicables, creando injustificada y artificiosamente, un requisito de 30 días corridos importa una falsa aplicación de lo dispuesto en el Código Civil, toda vez que es la ley 19.880 la que debe aplicarse al caso en estudio, sin que exista ninguna justificación razonable para contravenir la aplicación de dicha ley y cita jurisprudencia pronunciada en tal sentido.

Solicita en definitiva, se ordene a la denunciada deje sin efecto la resolución N° 852 (Ordinario) notificada a su representada de conformidad con el artículo 508 del Código del Trabajo con fecha 03 de AGOSTO del presente año; ordenando a la recurrida dar tramitación y que se pronuncie derechamente respecto de la solicitud de reconsideración de multa interpuesta con fecha 23 de septiembre de 2018, con expresa condena en costas.

Acompaña: 1. Resolución de Multa N°3970/2018/26-1. 2. Solicitud de Recurso administrativo de fecha 23.07.2018. 3. Ordinario N° 852 que resuelve reconsideración administrativa de multa laboral de fecha 25 de julio de 2018. 4. Sobre correspondiente a la carta certificada que contuvo el Ordinario N°852, con estampado de recepción en oficinas de Correos de Chile de fecha 27 de julio de 2018.

Se ordenó a la recurrida informar el recurso.

Informa a continuación el Abogado de la Dirección del Trabajo, solicitando el rechazo del recurso, alegando en primer lugar la improcedencia del recurso de protección en atención a que el asunto no origina una cuestión constitucional que deba ser tutelada por el presente arbitrio, indicando al efecto que esta clase de recurso no está destinado a reemplazar procedimientos específicos que contempla la ley. Así la actuación de la recurrida, se encuentra ajustada a la normativa jurídica vigente, pues, el plazo de dicho recurso administrativo es de días corridos, no hábiles como lo sostiene la recurrente Agrega que en las normas del Libro IV, no existe mención a la naturaleza del plazo de la solicitud, debiéndose recordar en este punto que, por regla general, cuando el legislador ha querido establecer plazos de días hábiles, lo ha consignado expresamente, siguiendo de este modo la norma del artículo 50 del Código Civil, en cuya virtud dispone que “en los plazos que se señalaren en las leyes, o en los decretos del Presidente de la República, o de los tribunales o juzgados, se comprenderán aún los días feriados; a menos que el plazo señalado sea de días útiles, expresándose así, pues en tal caso no se contarán los feriados.”. A mayor abundamiento realiza un análisis del tratamiento que otras normas del Código del Trabajo dan a los plazos en este tipo de materias, mencionando el artículo 312, 435, 503, 474 y otros.

Por otra parte, al existir norma legal, expresa y especial, que regula el procedimiento y los plazos para ejercer el derecho a reclamar en contra de una multa impuesta por infracción a la legislación laboral, al pedir la reconsideración de ésta en sede administrativa, y aun para reclamar judicialmente en contra del rechazo de la reconsideración, no corresponde la aplicación del artículo 25 de la Ley 19.880 para la defensa de los derechos de quien se siente perjudicado. Invoca jurisprudencia.

Se refiere después a la legalidad y racionabilidad del acto administrativo contenido en el Ordinario Nº 852 remitiéndose dictamen Nº 64.985 de la Contraloría General de la República del 20 de noviembre del año 2009, reiterado en Dictamen 17.334, de 10 de marzo de 2014. y a la normativa ya citada del Código del Trabajo y aquella referida a los procedimientos administrativos y judiciales de reclamación de multa como a Dictámenes de la Contraloría General de la Republica. Cita jurisprudencia en apoyo a su postura.

Refiriéndose a las garantías constitucionales invocadas por el recurrente y reiterando la improcedencia del recurso de protección para debatir una materia como la del presente recurso, concluye que los hechos descritos en este recurso, así como el ejercicio de las facultades legales por parte del Inspector Provincial del Trabajo de Valdivia, no han afectado de manera alguna la garantía constitucional señalada como argumento de la presente acción, por lo que el recurso de protección, no puede prosperar.

Solicita finalmente rechazar el presente recurso por no ser éste el medio procesal idóneo para la materia, al existir un procedimiento especialmente regulado en el Código del Trabajo. En subsidio de lo anterior, se debe desestimar el recurso pues no concurren los presupuestos de la acción cautelar interpuesta, y por no existir actuación arbitraria o ilegal, por cuanto se actuó dentro del marco legal, en uso de atribuciones y prerrogativas que son propias, no produciéndose además la lesión a los derechos invocados.

El recurrente acompaño los siguientes antecedentes con su informe: 1.- Copia resolución de multa 3970/2018/26 con su guía de depósito en Correos. 2.- Copia de Oficio Nº 852 de 25 de julio de 2018 de la Inspección Provincial del Trabajo de Valdivia, con su guía de depósito en Correos.

Se ordenó traer los autos en relación.

CONSIDERANDO:

PRIMERO: Que, de acuerdo con los antecedentes, la recurrente CORPORACION EDUCACIONAL CARDENAL RAÚL SILVA HENRIQUEZ DE LOS RIOS interpone su acción de protección en contra de la resolución N° 852 de la Inspección Provincial del Trabajo de Valdivia, invocando la afectación de la garantía constitucional consagrada en el artículo 19 N° 2 y 3 de la Constitución Política de la República, esto es, la igualdad ante la ley y el debido proceso, al haberse rechazado la reclamación administrativa opuesta en contra de la resolución multa N°3970/18/26 de fecha 11 de junio del año 2018, por estimar la recurrida que se encontraba fuera de plazo. La controversia se suscitó por cuanto la resolución de multa se depositó en la oficina de correos el 13 de junio de 2018, y habiendo sido presentada la solicitud de reconsideración administrativa el día 23 de julio de 2018, la recurrida estima que había transcurrido con creces el plazo de 30 días. Por su parte, la recurrente citando jurisprudencia, expresa que se aplica a la materia la ley N° 19.880 y consecuentemente, no se considera para el cómputo los días sábado, domingo ni festivos, con lo cual, su solicitud se presentó dentro de plazo.

SEGUNDO: Que, las partes se encuentran contestes en las fechas relacionadas con las actuaciones realizadas, debiendo determinarse en consecuencia, si de acuerdo con la ley aplicable a la materia, la solicitud de reconsideración administrativa de la recurrente se interpuso dentro de plazo legal o fuera de este. El argumento de la parte recurrente radica en la forma de aplicar el cómputo, el cual debe ser de acuerdo con las disposiciones de la Ley N°19.880, que regula la materia respecto de los trámites o procedimientos ante los servicios públicos, señalando que al tratarse de una actuación administrativa, no se considera para el cómputo de los plazos los días sábados, domingos ni festivos. De acuerdo con su argumentación, debe entenderse notificada al sexto día hábil desde la fecha de despacho de la carta certificada ocurrido el 13 de junio, por lo que al presentarse la solicitud, el plazo estaba vigente. La recurrida por su parte, se remite al cómputo de las normas del Código del trabajo, con lo cual, concluye la extemporaneidad de la solicitud administrativa.

TERCERO: Que, al respecto y de acuerdo con lo que en forma reiterada se ha pronunciado esta Corte, la materia relacionada con la solicitud de reconsideración administrativa de multa administrativa que interpone un empleador o empresa ante la Inspección del Trabajo, en virtud de lo dispuesto en el artículo 511 del Código del Trabajo, constituye una actuación administrativa regulada por la ley N° 19.880, en cuanto al cómputo del plazo, cuyo artículo 25 dispone al efecto que “los plazos de días establecidos en esta ley son de días hábiles, entendiéndose que son inhábiles los días sábados, los domingos y los festivos.” En consecuencia, esta ley no considera días sábados, domingos ni festivos, de modo que si en el presente caso, la parte recurrente interpuso su solicitud el día 23 de julio de 2018, se encontraba dentro del plazo legal. El artículo 512 del Código del Trabajo dispone que el plazo para solicitar la reconsideración administrativa es de 30 días con lo cual, descontando los días señalados en la Ley 19.880, a la fecha de la interposición de la solicitud, el plazo se encontraba vigente.

CUARTO: Que, el recurrente invocó como fundamento de esta acción de protección la garantía constitucional establecida en el artículo 19 N° 2 de la nuesta Carta Fundamental, norma que consagra el derecho a igualdad ante la ley, invocando para ello ilegalidad y arbitrariedad del servicio recurrido, al considerar aplicable a la materia una norma legal distinta a la que resulta procedente. Conforme lo razonado, la parte recurrida incurrió en la vulneración invocada por el recurso. Asimismo y al contrario de lo argumentado por la parte recurrida en su Informe y en estrados, en el sentido que la acción de protección no es la vía idónea para reclamar ante situaciones como la del presente recurso, el artículo 20 de la Constitución Política es claro en indicar su procedencia ante actos arbitrarios o ilegales, que perturben el legítimo ejercicio de derechos y garantías consagrados en la Constitución Política de la República.

QUINTO: Que, en consecuencia, y tal como se ha resuelto por nuestros Tribunales ante casos similares a la presente acción, la actuación de la recurrida constituyó un acto ilegal al negarse a tramitar un recurso presentado dentro de plazo legal, provocando afectación a la parte recurrente respecto de la garantía de igualdad ante la ley contemplada en el artículo 19 N° 2 de la Constitución Política de la República, al desconocer la autoridad pública el plazo establecido en las normas ya citadas en toda su extensión, lo que constituye un trato discriminatorio para el peticionario de la solicitud de reconsideración administrativa.

Por estas consideraciones, disposiciones legales citadas y lo dispuesto en el Autoacordado sobre tramitación de Recursos de Protección de la Excma. Corte Suprema, se declara que SE ACOGE el Recurso de Protección interpuesto por la Corporación Educacional Raúl Silva Henríquez de Los Ríos en contra de la Resolución Ordinaria N° 852 de la Inspección Provincial del Trabajo de Valdivia, que le rechazó, por extemporánea, la presentación de fecha 23 de julio de 2018 de reconsideración administrativa de Resolución de Multa N°3970/18/26 de fecha 11 de junio del año 2018 impuesta a la recurrente y se ordena al servicio público recurrido dar tramitación a dicha solicitud de reconsideración administrativa, sin costas del recurso.

Regístrese, comuníquese y archívese, en su oportunidad.

Redactada por la Abogada Integrante Sra. Blanca Aguilera Astudillo.

ROL 1466 – 2018 PRO.