nombre reservado con nombre reservado

Valdivia, veinticinco de enero de dos mil dieciocho.

VISTOS:

1°.- Don nombre reservado, operador de maquinaria, cédula nacional de identidad número RUT reservado, voluntario de la Segunda Compañía “nombre reservado” del nombre reservado, con domicilio en domicilio reservado, deduce recurso de Protección en contra del nombre reservado, persona jurídica sin fines de lucro, rol único tributario número 81.596.600-7, representado por su Superintendente, don Juan Carlos Jil Martínez, cédula nacional de identidad número RUT reservado, ambos con domicilio en domicilio reservado, en razón de los actos arbitrarios e ilegales ejercidos contra su persona por parte del Director y Secretario de la Segunda Compañía, pertenecientes al nombre reservado.

Señala que los hechos fundante de su pretensión se originan el día 21 de septiembre del año 2017, cuando a propósito de una fotografía que subió el concejal Sr. Hugo Silva Sánchez a la red social de Facebook, y en la cual aparecía aquél junto a los demás integrantes del Concejo Municipal comunicando el acuerdo obtenido en sesión del honorable Concejo en orden a agradecer a las instituciones que participaron de las actividades de Fiestas Patrias, decide el recurrente dejar un comentario señalando “y ahora nos irán a dar pega, por dárselas de lindos". Fue todo lo que él señala haber comentado, sin señalar insultos, groserías ni palabras soeces a ninguna autoridad. Menciona que lo hizo desde su cuenta personal de Facebook, en cuya foto de perfil aparecía él con la indumentaria de la Segunda Compañía de nombre reservado. Destaca que en la misma publicación, el Señor nombre reservado -máxima autoridad de la institución- también dejó un comentario a través de su cuenta en Facebook señalando que lo hecho por el recurrente había sido a título personal y no representaba la opinión del nombre reservado, agregando que solo había sido un comentario desubicado. Con tal actitud demostrada por el Superintendente, el actor concluyó que sólo había sido un tema menor, y a fin de evitar problemas mayores, procedió a disculparse públicamente en la misma publicación.

Sin embargo, la actora señala que dos días después de lo sucedido, esto es, el día sábado 23 de Septiembre de 2017, llegó a su domicilio a eso de las 16:00 horas el Capitán de la 2º Compañía de nombre reservado don nombre reservado, procediendo a entregarle una citación para que concurra a una reunión de la Junta de Disciplina de la compañía, la cual se llevaría a cabo ese mismo día a las 19:00 horas. El motivo de la citación se limitaba a señalar "Por acto de indisciplina de su persona”. Destaca como dato importante el hecho de que aquella comunicación le fue entregada el mismo día en que se llevaría a cabo la sesión de la junta de disciplina, solo tres horas antes, a pesar de que en ella se detalla como fecha el día anterior, es decir, el día 22 de septiembre. En ese momento le hizo presente al Director de la Segunda Compañía que tenía que trabajar esa tarde, ya que él se desempeña como operador de máquinas en la empresa Temsa de Los Lagos, en régimen de turnos, y a las 19:00 horas debía estar en su lugar de trabajo, razón por la cual le sería imposible asistir a la sesión. Le señaló que tenían que avisarle con mayor anticipación, para poder concurrir a la sesión y tener la oportunidad de presentar sus descargos en ella.

El día jueves 28 de Septiembre de 2017, se le comunica a través de oficio N° 49 de la Segunda Compañía de Los Lagos, que en una supuesta reunión de la Junta de Disciplina de la compañía, celebrada el día 23 de septiembre, se había tomado la decisión de suspenderlo como voluntario. El oficio detallaba de manera muy escueta, a criterio del recurrente, que: "Se toma el acuerdo de suspender a este voluntario por la cantidad de 2 años y 3 meses a contar de ésta fecha por el motivo de mal usos de instintivo bomberil en comentarios inadecuados en redes sociales (Facebook) a autoridad de la comuna con uniforme de bomberos. Esta suspensión dura hasta el 31 de diciembre de 2019, además debe hacer entrega de todos sus cargos." El recurrente destaca que la comunicación referida tiene como fuente únicamente al Director de la Segunda Compañía, don nombre reservado, y no a la Junta de Disciplina de la compañía (órgano con potestades disciplinarias). Además, el oficio solo había sido suscrito por el mencionado Director y el Secretario, don Jorge Arancibia Matus, faltando la rúbrica y timbre de los demás miembros de la Junta de Disciplina de la segunda compañía.

Al enterarse el actor de la sanción aplicada, tomó la decisión de apelar, por estimar que los hechos cometidos no ameritaban en caso alguno la sanción aplicada. De esta manera, el día dos de Octubre presentó escrito de apelación a la segunda compañía del nombre reservado, obteniendo respuesta el día 21 de Octubre del 2017, donde se le comunica la rebaja de la sanción en 1 año.

De este modo, los actos arbitrarios alegados consisten en la excesiva y desproporcionada sanción impuesta al recurrente en relación a los hechos fundantes de ella; el hecho de ser juzgado no por el Consejo de Disciplina de la Compañía, sino que por el Director y el Secretario de ésta última y; la total inobservancia de las normas reglamentarias que rigen el proceso sancionatorio dentro de la compañía, las cuales exigen justificación y motivación a la hora de aplicar sanciones, y la posibilidad de presentar descargos al ser juzgado.

Si bien el recurrente reconoce que lo hecho pudo ser excusa para aplicar una sanción, ella debió ser acorde y proporcionada a los hechos, los cuales en ningún caso generaron un perjuicio a la autoridad en cuestión, quien incluso, al tomar conocimiento de la sanción resuelta, estimó que ella era desmedida.

En lo que respecta al órgano disciplinario, se señala en el recurso que el Consejo de Disciplina de la compañía es un órgano colegiado compuesto, además del Director y el Secretario, por el Capitán, el Tesorero y tres voluntarios honorarios, de modo que se integra por siete miembros y requiere, según el artículo 53 del Reglamento, de la presencia de al menos cinco de sus miembros para sesionar. De esta manera queda claro que el Consejo de disciplina de la compañía no sesionó ni se constituyó como tal para sancionar la falta a la disciplina cometida por él. En la carta por medio de la cual se comunicó la sanción no se hace referencia alguna a los demás integrantes de la Junta de Disciplina de la compañía, lo cual resulta constatable advirtiendo que ella fue firmada únicamente por el Director y el Secretario. Al operar de tal modo, la decisión adoptada resulta absolutamente arbitraria desde el momento en que ellos, por sí solos, carecen de facultades disciplinarias. Solo junto a otros tres miembros de la Junta de Disciplina de la compañía estarían en condiciones de cumplir con el número mínimo de integrantes necesarios para sesionar y así, constituir el órgano con las competencias de aplicar sanciones. De esta manera, el Sr. Director y el Sr. Secretario de la segunda compañía, al decidir sancionar al recurrente se arrogaron atribuciones y competencias que no les pertenecían.

Con el actuar descrito en el recurso, la actora afirma haberse vulnerado el Reglamento del nombre reservado. El artículo 54 señala que deberá procederse oyendo al afectado previa citación, la cual será por escrito al domicilio del voluntario.

La carta por la cual se comunicó la sanción no contenía detalle alguno sobre qué norma reglamentaria se encontraba infringiendo. Es más, la actora señala que la carta era completamente vaga e imprecisa al mencionar los hechos cometidos y que motivaron la sanción; contenía una total falta de motivación y justificación, solo explicable a juicio del recurrente, a un ánimo de animadversión en contra suya. Ello infringió lo establecido por el artículo 54 del Reglamento del nombre reservado, en el sentido que éste señala que en los fallos de las juntas de disciplina se deberá dejar constancia de las disposiciones reglamentarias afectadas, sin embargo, la carta en lo único en que es precisa es en señalar hasta cuándo se extiende la sanción.

Se alega igualmente la vulneración del artículo 553 del Código Civil, el cual señala textualmente que ''... La potestad disciplinaria que le corresponde a una asociación sobre sus asociados se ejercerá a través de una comisión de ética, tribunal de honor u otro organismo de similar naturaleza, que tendrá facultades disciplinarías respecto de los Integrantes de la respectiva asociación, las que ejercerá mediante un procedimiento racional y justo, con respeto de los derechos que la Constitución, las leyes y los estatutos confieran a sus asociados. En todo caso, el cargo en el órgano de administración es incompatible con el cargo en el órgano disciplinario.” Esta norma viene a ejecutar lo que constitucionalmente se denomina derecho al debido proceso, al establecer que los órganos directivos y los órganos disciplinarios que la Ley reconoce a toda asociación, deben ser independientes entre sí, a fin de garantizar que los miembros de toda asociación, incluyendo por ende a los miembros de los Cuerpos de Bomberos, sean juzgados por personas que no tengan interés alguno en el asunto sometido a su conocimiento.

Los hechos arbitrarios e ilegales descritos anteriormente, constituyen una vulneración al derecho fundamental a no ser juzgado por comisiones especiales, o denominado también, "derecho al juez natural", consagrado en inciso quinto del numeral 3 del artículo 19 de la Constitución Política de la República, el cual dispone que "Nadie podrá ser juzgado por comisiones especiales, sino por el tribunal que señalare la ley y que se hallare establecido por esta con anterioridad a la perpetración del hecho." Al respecto, cabe hacer presente que el debido proceso, es un conjunto de normas y principios constitucionales, que el legislador estima de particular interés en su protección, para así dar legitimidad a todo acto de coacción en caso de desobediencia de una norma de uso social, elevada a falta. En el caso de las personas jurídicas del tipo asociaciones sin fines de lucro, como lo es el nombre reservado, este debido proceso debe cumplirse al tenor de lo que señala el artículo 553 del Código Civil.

Las sanciones dictadas en contra del recurrente vulneran la garantía del debido proceso, por los siguientes motivos:

1.- Quienes lo juzgaron por su falta disciplinaria fueron el Director y el Secretario de la Compañía, conformándose al efecto una comisión especial e ilegal, al estar compuesta por personas dedicadas a la administración de la compañía en abierta infracción del artículo 553 del Código Civil, la cual conoció y falló sin un procedimiento racional y justo.

2.- De haber sido sancionado por el Consejo de Disciplina de la segunda compañía de nombre reservado, también se habría caído en una ilegalidad, toda vez que, de conformidad al artículo 553, corresponde conocer de tales hechos al Tribunal de Honor, Comisión de Ética u otro organismo similar encargado de la disciplina dentro de la compañía. Teniendo en cuenta que el Consejo de Disciplina se integra por el Director, el Secretario, el Capitán, el Tesorero y tres voluntarios honorarios, es decir, por miembros del órgano directivo, se afecta la norma citada.

3.- La sanción impuesta por los juzgadores es absolutamente desproporcionada en relación a los hechos cometidos. No se aprecian razones objetivas que justifiquen la suspensión por un año y tres meses a raíz de un comentario antojadizo desde una red social.

4.- Por último, evidentemente vulnera el debido proceso la inobservancia de normas reglamentarias relacionadas a una ritualidad dentro del procedimiento sancionatorio. En efecto, son elementos esenciales del debido proceso la posibilidad de conocer previamente los cargos formulados, la tipificación de las conductas que se estime transgresoras, la posibilidad de formular descargos, de entregar medios de prueba que se dirijan a controvertir las imputaciones y, finalmente, la existencia de una instancia superior que conozca de reclamaciones en contra de lo resuelto. En el caso en concreto, se puede apreciar que el Reglamento del nombre reservado contiene escasas normas al efecto, siendo una de ellas el artículo 54 el cual exige que se debe proceder oyendo al afectado y exige dejar constancia de las disposiciones infringidas. Sin embargo lo anterior, ni siquiera dichas disposiciones fueron respetadas.

En definitiva, el recurrente pide se deje sin efecto, y sea borrada de su hoja de servicios, la resolución de fecha 21 de octubre de 2017, que le fuera notificada mediante carta, consistente en suspensión de sus funciones bomberiles por un año y tres meses, hasta el día 31 de diciembre de 2018, por ser atentatoria a su derecho fundamental de no ser juzgado por comisiones especiales, con expresa condena en costas en caso de oposición.

2°.- Que la recurrida no evacuó informe dentro del plazo dispuesto para ello, razón por la cual se dispuso prescindir del mismo.

Se agregaron los documentos allegados por la recurrente.

Se trajeron los autos en relación.

CONSIDERANDO:

PRIMERO: El recurso de protección de garantías constitucionales, previsto en el artículo 20 de la Constitución Política de la República, es una acción constitucional, cuyo propósito consiste en obtener de los Tribunales Superiores de Justicia, una tutela eficaz y eficiente para salvaguardar la integridad de los derechos fundamentales que aquélla norma contempla. Al conocer un recurso de protección, es deber constitucional de esta Corte adoptar, en forma inmediata, las providencias necesarias para asegurar la debida protección ante una acción u omisión arbitraria o ilegal, que impone una privación, perturbación o amenaza de los derechos y garantías que el constituyente establece.

SEGUNDO: Al no haberse evacuado informe por parte de la recurrida, no fueron controvertidas las alegaciones efectuadas por el recurrente en el texto de su recurso, debiendo esta Corte determinar la efectividad de haberse visto vulnerados derechos fundamentales amparados por la presente acción constitucional, únicamente sobre la base de lo expuesto por el actor.

TERCERO: De manera sintética, lo alegado por el actor consiste en haber sido objeto de una sanción disciplinaria suscrita por quienes, por sí solos, no tenían las facultades para actuar a nombre del ente disciplinario, configurándose en la especie una comisión especial, la cual, con el mérito de los antecedentes, resuelve aplicar una medida correctiva del todo desproporcionada, consistente aquella en la suspensión como voluntario por un período superior a un año. Además, se alega la absoluta inobservancia del procedimiento instruido por las normas internas de Bomberos, y que tienen por objeto regular estas materias.

CUARTO: Teniendo a la vista el oficio N° 49 acompañado por la recurrente, se advierte que la sanción impuesta sólo aparece suscrita por el Secretario, Sr. Jorge Arancibia, y por el Director, Sr. nombre reservado, no figurando alguno de los demás integrantes del Consejo de Disciplina del nombre reservado. Así las cosas, y considerando que, tal como lo afirma el actor, de conformidad al artículo 53 del Reglamento interno de Bomberos tal entidad se compone además por el Capitán, el Tesorero y 3 voluntarios honorarios, pudiendo sesionar con el quórum mínimo de 5 miembros, es que se advierte no cumplidas las exigencias reglamentarias para atribuir tal declaración al órgano disciplinario. En ese entendido, con el mérito de las alegaciones expuestas y los antecedentes aportados, se concluye que la sanción impuesta lo fue por una comisión especial, que como tal, no contaba con las facultades disciplinarias para resolver la suspensión de la calidad de voluntario del recurrente.

QUINTO: Con lo afirmado, de igual forma se puede concluir la falta de respeto a las garantías mínimas que son reconocidas por las normas reglamentarias de Bomberos en el contexto de la aplicación de una sanción disciplinaria. Tal es así, por cuanto, no se observaron los plazos mínimos de un debido emplazamiento; no se permitió que el recurrente pudiera ejercer legítimamente su derecho de defensa, todo lo cual sumado a lo mencionado en el considerando anterior, importa una abierta vulneración del artículo 19 número 3 de la Constitución, el cual reconoce a todas las personas la igual protección en el ejercicio de sus derechos, y específicamente cautela el derecho a la defensa, al debido proceso, y al juez natural.

SEXTO: Tal consagración constitucional encuentra respaldo en normativa internacional, la cual, vía artículo 5° inciso segundo de nuestra Carta Fundamental, se entiende formar parte de lo que doctrinariamente se conoce como bloque de constitucionalidad. En tal sentido la Convención Americana sobre Derechos Humanos, en su artículo 8° de igual forma establece garantías judiciales que resultan extrapolables al asunto que no ocupa. Es por todo ello que, al no haberse observado correctamente las normas del procedimiento dispuestas en el estatuto internos de Bomberos, tal actuar resulta directamente en una afectación de aquella normativa, pero también a lo mandatado por la Constitución y por las normas internacionales.

SÉPTIMO: Atento a lo antes razonado, es posible advertir un actuar ilegal y arbitrario por parte de quienes intentaron hacerse de las facultades del Consejo de Disciplina sin estar por sí sólo legitimados para ello, infringiendo las normas del proceso, y finalizando en la aplicación de una sanción viciada.

Por todo lo anterior, y vistos, además, lo dispuesto en los artículos 19 y 20 de la Constitución Política de la República, artículo 8 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos y Auto Acordado de la Excma. Corte Suprema de Justicia sobre Tramitación y Fallo del Recurso de Protección de Garantías Constitucionales, se ACOGE el recurso de protección deducido por don nombre reservado, en contra del nombre reservado, debiéndose dejar sin efecto la sanción aplicada por no encontrarse ajustada a derecho y se ordena su eliminación de la hoja de servicios, sin costas.

Regístrese, notifíquese y en su oportunidad, archívese.

Rol 1447 – 2017 PRT.