nombre reservado con MUNICIPALIDAD DE LOS LAGOS

C.A. de Valdivia Valdivia, tres de abril de dos mil veinticinco.

VISTOS:

A folio 1, comparece doña Alejandra Donoso Cáceres, abogada, en representación de las comunidades indígenas nombre reservado, Kimey Che Mapu, Rupallan Supray Antü y Fideliza Huaiquimilla, todas inscritas en el Registro de Comunidades y Asociaciones Indígenas, del sector rural de la comuna de Los Lagos, domiciliadas en domicilio reservado, interponen recurso de protección en contra de la Ilustre Municipalidad de Los Lagos, representada por su Alcalde, don Víctor Fritz Aguayo, por la dictación de la Resolución N°05/25, de fecha 21 de enero de 2025, de la Dirección de Obras Municipales, la cual -estiman- vulnera las garantías constitucionales de sus representados, específicamente aquellas del artículo 19 N.°2, N.°6 y N.°24 de la Constitución Política de La República.

Expone que el acto administrativo que por esta vía pretende se declare su nulidad, se dicta a solicitud de Salmones Antártica S.A., mediante la cual se dispuso la autorización de la construcción de dos casas, doce bodegas, dos oficinas y dos containers, esto con el objeto de desarrollar el proyecto DIA Río San Pedro, consistente en la instalación de una piscicultura para la producción de ovas, alevines y smolt de salmones, y que pretende ejecutarse sobre el Río San Pedro, en la comuna de Los Lagos, Región de Los Ríos, específicamente a unos 12,7 km al oriente de la ciudad de Los Lagos, por la ruta T-39 en dirección a Panguipulli, en el sector Melefquén.

Señala que el proyecto ingresó al Sistema de Evaluación Ambiental (en adelante, “SEIA”) a través de una declaración de impacto ambiental (en adelante, “DIA”) con fecha 21 de junio de 2007. Es decir, la caracterización del área de influencia considerada para la evaluación ambiental de dicho proyecto tiene 18 años de antigüedad y contempla la construcción de infraestructura de captación, aducción, sistemas de distribución y alimentación de agua, estanques exteriores para alevines y smolt, salas de incubación y alevinaje, oficinas, bodegas, servicios higiénicos, edificio para administración y personal, y departamentos para los residentes. Que busca instalar 400 bateas y 300 estanques de distintos diámetros, con uso de agua dulce captada del río San Pedro, con una producción esperada de RUT reservado de ejemplares a los 5 años, equivalentes a 871,735 toneladas de salmónidos. Agrega que el proyecto considera la construcción y habilitación de una bocatoma de capacidad lateral, íntegra de hormigón armado. Las aguas captadas a través de esta obra se conducirán a una cámara de bombeo mediante un colector de hormigón armado. En la cámara de bombeo se instalarán las bombas para alimentar un canal de aducción y distribución que conducirá el agua hacia las instalaciones de cultivo. Las aguas ya utilizadas se desaguarían a través de canales de desagüe, los que conducirían las aguas a un cuestionable tratamiento a través de filtrado mecánico, para luego devolverlas al Río San Pedro.

Agrega que mediante resolución exenta N°460 del 15 de abril de 2016, el Servicio de Evaluación Ambiental (en adelante, “SEA”) tuvo por acreditado el inicio de la ejecución del proyecto, en cumplimiento de los artículos 25 ter de la Ley N°19.300, sobre Bases Generales del Medio Ambiente, y artículos 73 y cuarto transitorio del Decreto Supremo N°40 de 2012, del Ministerio del Medio Ambiente (en adelante, el “Reglamento SEIA”). Las gestiones en virtud de las cuales se tuvo por iniciada la ejecución del proyecto se referían a presentaciones efectuadas por el titular ante la Dirección General de Aguas con miras a la autorización de construcción de una bocatoma y acueductos, el ingreso de una boleta de garantía a la misma institución y movimientos de tierra y construcciones asociadas a la piscicultura. Señala dicha resolución exenta el inicio de la ejecución, a esa fecha, había sido de manera “sistemática, ininterrumpida y permanente”; sin embargo, al día de hoy es de público conocimiento que desde el año 2016 hasta el año 2025, el titular no había efectuado ninguna otra gestión ni construcción que pudiera dar cuenta de la continuidad de la ejecución del proyecto, hasta que en enero del año 2025 el titular obtuviera el permiso de edificación de obra nueva de parte de la Municipalidad de Los Lagos.

Argumenta que la dictación del permiso de edificación no consideró el impacto que la ejecución del proyecto generará en el rio Wazalafken que indudablemente forma parte del territorio ancestral de las comunidades recurrentes, constituyendo un elemento central para su cosmovisión, por lo que resulta de especial relevancia para su cultura y valores espirituales, siendo necesario llevar a cabo un proceso de consulta indígena conforme lo dispone el Convenio Nº169 OIT durante la evaluación ambiental del proyecto -en consideración de las circunstancias de aquel entonces, 18 años atrás- no exime al Estado del deber de llevar a cabo dichos procesos participativos sobre actos administrativos asociados a dicho proyecto y que sean susceptibles de afectar directamente a pueblos indígenas.

Solicita acoger en todas sus partes, dejando sin efecto el acto impugnado, ordenando a la autoridad recurrida que implemente un proceso de consulta indígena conforme a los estándares del Convenio N° 169 de la OIT, de forma previa a un nuevo pronunciamiento sobre la solicitud de permiso de edificación de obra nueva sobre el inmueble individualizado bajo el rol N°244-162 del Servicio de Impuestos Internos, en el contexto del proyecto denominado "DIA Río San Pedro", de titularidad de Salmones Antártica S.A. Lo anterior, sin perjuicio de la adopción de las demás medidas que se juzgue necesario adoptar para restablecer el imperio del Derecho y asegurar la debida protección de los derechos de los recurrentes.

Que a folio 4, atendido el mérito de los antecedentes se otorgó la orden de no innovar solicitada por el recurrente “solo en cuanto se ordena la suspensión de los efectos la Resolución N°05/25, de fecha 21 de enero de 2025 dictada por la Municipalidad de Los Lagos que otorga el permiso de edificación de obra nueva sobre el inmueble individualizado”

A folio 8 Santiago Montt Vicuña, abogado en representación de Salmones Antártica S.A., solicita su comparecencia en calidad de tercero excluyente y directamente afectado por las resoluciones que se dicten en esta causa. Señala que Salmones Antártica S.A. es Titular del proyecto “DIA Río San Pedro” (“el Proyecto”), el cual fue calificado ambientalmente favorable mediante la Resolución Exenta N°30, de fecha 4 de marzo de 2008, de la Comisión Regional del Medio Ambiente de la Región de Los Ríos (“RCA N°30/2008”), emplazándose a unos 12,5 km. de distancia, al oriente de la ciudad de Los Lagos, por la ruta asfaltada T-39 en dirección a Panguipulli, en el sector Melefquén. El predio se ubica entre esta ruta y el río San Pedro, y corresponde al inmueble individualizado bajo el Rol N°244-162 del Servicio de Impuestos Internos, cuyo dominio es de su representada, y encontrándose todos los permisos firmes y vigentes al día de hoy, es que se hace ingreso con fecha 09 de octubre de 2024, del respectivo permiso de edificación de obra nueva en la Dirección de Obras Municipales de la I. Municipalidad de Los Lagos, la cual fue correctamente autorizada mediante la Resolución de fecha 21 de enero de 2025, y que, conforme indica explícitamente el Resuelvo N.°1 de la Resolución N° 05/25, recae únicamente sobre las siguientes obras de edificación: dos viviendas de 2 pisos. b) doce bodegas de un piso. c) dos oficinas de un piso. d) dos containers.

A continuación solicita el rechazo del recurso de protección alegando la falta de legitimación pasiva de la Ilustre Municipalidad de Los Lagos, por cuanto el acto que por esta vía se impugna consistente en el permiso de edificación ya individualizado corresponde a una atribución exclusiva y privativa de la Dirección de Obras Municipales, no teniendo injerencia directa en la resolución impugnada la municipalidad a través de su alcalde, pues la entidad que dictó el acto administrativo actúa con independencia de la Municipalidad en el ejercicio de sus funciones normativas y técnicas, conforme lo establece de manera expresa la Ley General de Urbanismo y Construcciones (en adelante “LGUC”) y su Ordenanza General (en adelante “OGUC”).

En cuanto al fondo, indica que el permiso de edificación otorgado mediante la Resolución N°05/25, de fecha 21 de enero de 2025, de la Dirección de Obras Municipales de la Ilustre Municipalidad de Los Lagos, corresponde a una de todas las autorizaciones sectoriales y administrativas que su representada ha estado tramitando y obteniendo desde el año 2008, esto es, con anterioridad a la instalación de la comunidad indígena nombre reservado, tal como ha sido reconocido en el mismo recurso de protección por la propia comunidad recurrente. Asimismo, todas estas autorizaciones, al igual que el referido permiso de edificación, han sido otorgadas cumpliendo con todos los requisitos legales. Así, conforme se indicó en lo principal de esta presentación, el proyecto de “DIA Río San Pedro” de titularidad de Salmones Antártica S.A., fue calificado ambientalmente favorable mediante la Resolución de Calificación Ambiental N° 30, de fecha 4 de marzo de 2008, de la Comisión Regional del Medio Ambiente (en adelante “COREMA”) de la Región de Los Ríos, dando cabal cumplimiento a la normativa aplicable, de forma diligente, obteniendo asimismo, en el transcurso de los años siguientes a la emisión de la RCA N° 30/2008, los permisos esenciales para ejecutar el Proyecto, tales como (i) la autorización de construcción de bocatoma y acueductos, de conformidad a lo indicado en la Resolución D.G.A. N° 2463/Exenta, emitida el 30 de julio del año 2015 por la Dirección General de Aguas, y; (ii) la inscripción del proyecto denominado “Piscicultura Río San Pedro” en el Registro Nacional de Acuicultura, conforme lo indica la Resolución Exenta N.°DN-00862/2022 de la Dirección Nacional del SERNAPESCA de fecha 21 de abril de 2022, ambos permisos esenciales para la implementación de este tipo de proyecto.

Como puede vislumbrar su SS.I., lo que se reclama en la acción constitucional incoada, es que -en el marco de la emisión del permiso de edificación- no se llevó a cabo un proceso de consulta indígena, la que resulta del todo improcedente, al versar este sobre un acto reglado sin posibilidad alguna de que las Direcciones de Obras Municipales puedan ejercer algún tipo de discrecionalidad, por lo que tampoco podría llegarse a algún acuerdo o lograr consentimiento del mismo por parte de los pueblos indígenas, como intentan realizar los recurrentes a través de la presente acción. En definitiva, el procedimiento para la solicitud y obtención de un permiso de edificación se encuentra recogido tanto en la Ley General de Urbanismo y Construcciones así como su Ordenanza, por lo que este es, por su naturaleza, reglado, y que debe ser cumplido por los Directores de Obras Municipales en su atribución de velar por el correcto cumplimiento de la LGUC y OGUC, lo cual se traduce en que, si la solicitud cumple con las normas, éste se encuentra obligado a otorgarlo, sin que medie ningún tipo de discrecionalidad para apreciar o interpretar las normas aplicables.

A folio 10, informando el recurso, comparece la abogada Camila Zapata Molina, que en representación de la ilustre municipalidad de Los Lagos solicita el rechazo del recurso de protección argumentando en primer lugar la extemporaneidad del recurso y a continuación la inadmisibilidad al ser el recurso de protección una vía judicial de carácter extraordinaria, no siendo la vía idónea, existiendo instancias administrativas previas de reclamación en contra del acto administrativo que por esta vía se pretende anular.

En cuanto al fondo, en el caso concreto de la Resolución N°05/25 de fecha 21 de enero de 2025 que otorgó el permiso de edificación de obra nueva a Salmones Antártica S.A, el Director de Obras de este municipio se limitó a la observancia de todos y cada uno de los requisitos establecidos en la Ley General de Urbanismo y Construcciones, dando cumplimiento así al mandato legal que a él le fuera encomendado, según lo dispone el artículo 24 letra a) de la Ley 18.695, Orgánica Constitucional de Municipalidades, más, si se tiene presente que las observaciones técnicas pronunciadas por el Director de Obras fueron subsanadas en tiempo y forma por el interesado, no vislumbrándose ilegalidad alguna. A contrario sensu, no otorgar el permiso de edificación cumpliéndose todos los requisitos legales para ello constituiría un acto arbitrario, que no es posible de tolerar considerando la extensa jurisprudencia administrativa y judicial pertinente.

A folio 13 comparecen los abogados Erik Villegas Rogel, y Natalia Beatriz Tapia Barrientos, en representación de la Ilustre Municipalidad de Valdivia representada legalmente por su Alcaldesa, doña Carla Andrea Amtmann Fecci, quienes se hacen parte a la acción constitucional como tercero independiente o en subsidio coadyuvante, solicitando se acoja el recurso deducido en contra de la Resolución N°05/25, de fecha 21 de enero de 2025 – en adelante, indistintamente, “el acto impugnado”-, de la Dirección de Obras Municipales –“DOM”- de la Ilustre Municipalidad de Los Lagos toda vez que, los resultados de este litigio afectan directamente a la municipalidad de Valdivia, órgano administrativo que tiene el mandato constitucional y legal de velar por la protección del medio ambiente y asegurar el bien común y la participación de su respectiva comuna, por lo que comparecemos solicitando que se declare la ilegalidad del permiso de edificación antes singularizado, por haberse emitido el mismo prescindiendo del trámite de la consulta indígena, y conculcando específicamente los derechos fundamentales de igualdad ante la ley y de un medio ambiente sano respecto de los habitantes de la comuna de Valdivia, además de vulnerar las garantías fundamentales que invocan las comunidades recurrentes en este procedimiento.

Arguye los impactos en el agua asociados al proyecto DIA Rio San Pedro para la comuna de Valdivia. En efecto, en el Río Calle-Calle, aguas abajo del río San Pedro, se ubica la bocatoma de agua potable “Cuesta Soto”, que abastece en época estival temporalmente a Valdivia, ciudad que ya se encuentra con problemas de cantidad y calidad de agua durante algunos meses. Esta bocatoma ha tenido que enfrentar problemas de calidad de agua durante verano y otoño de los últimos años debido al aumento del nivel del mar y la disminución de caudal del río, propiciando mayor ingreso de una cuña salina río arriba, alcanzando la bocatoma. Además, existen contaminantes emergentes que pueden ser persistentes en el agua a grandes distancias, como ocurre con los hongos, antibióticos, entre otros, en este sentido, la instalación y operación de un centro de piscicultura, sumado al cambio climático y sus consecuencias (creciente déficit hídrico que afecta los caudales y derretimiento de los polos que incide en el nivel del mar), podrían interactuar negativamente amenazando el abastecimiento de agua potable en la comuna de Valdivia. La afirmación anterior se sustenta en el registro instrumental existente desde 1960 y hasta la fecha actual. Según el registro de caudal del río San Pedro en la estación de monitoreo del desagüe del Lago Riñihue, se puede reportar una proyección negativa de un 2,3%. En el mismo sentido, el registro instrumental reporta una disminución de los caudales medios mensuales entre un 2% a un 6% para la década de 2010. Además, el Río San Pedro registra inéditos caudales mínimos para los meses de otoño e invernales de junio y julio de 2017, de 51% y 29%, respectivamente, menores a registros mínimos anteriores, lo que constituye una abismante diferencia con los caudales mínimos históricos registrados para esos meses, generando incertidumbre para proyecciones futuras. Esto tiene alta relevancia desde el punto de vista de la capacidad de dilución del cuerpo receptor, ya que la información expuesta en este párrafo entrega evidencia de disminución de esta capacidad.

El Proyecto “DIA Río San Pedro” y las obras de edificación que comprende, se emplazan en una zona de concentración de riesgos naturales asociados a actividad sísmica, tectónica, eruptiva (volcán Mocho-Choshuenco, de características eruptivas subplinianas) e inestabilidad geológica14. A estos factores se añade la identificación de una falla potencialmente activa del tipo cortical15 (Maldonado et al. 2021). La zona geológica del proyecto es cercana a lugares que han sido objeto de fenómenos sísmicos de elevada importancia en 1575, 1737, 1934 y 196016. El último de éstos es mundialmente conocido por ser el terremoto de mayor magnitud instrumentalmente registrado (9,5 Mw) y por haber producido remociones en masa que generaron el fenómeno de bloqueo del río San Pedro y posterior inundación, conocido como “Riñihuazo”. Desde esta perspectiva, intervenciones (construcciones, edificaciones y movimientos de tierra) propias de un proyecto de esta naturaleza, podrían generar el rompimiento de la infraestructura de la piscicultura, generando el derrame al río de elementos como nitrógeno líquido, formalina, -entre otros componentes contaminantes- y también, escape masivo de peces.

Agrega que en el año 2010 la Comisión Regional de Medio Ambiente (COREMA) de la Región de Los Ríos, aprobó por unanimidad la propuesta de definir once sitios prioritarios para la conservación de la biodiversidad en la región (acta de sesión N°01 de 2010, de la COREMA Los Ríos). De estos sitios, cuatro se relacionan con el río San Pedro, lo que se encuentra consignado, además, en la Estrategia Regional de Biodiversidad o ERB (CONAMA 2010). Uno de estos sitios prioritarios es el corredor ribereño del río San Pedro-Calle calle, que llega hasta la ciudad de Valdivia.

Argumenta que la consulta indígena es un procedimiento especial, distinto a la participación ciudadana–“PAC”- que se despliega dentro de la evaluación ambiental en el contexto del sistema de evaluación de impacto ambiental -SEIA-, de manera que, aun tratándose de procedimientos reglados, si en ellos se omite la consulta indígena en relación a una medida administrativa que afecta directamente a comunidades indígenas, entonces, dicho procedimiento se encontrará viciado.

Finalmente solicita que se invalide el permiso de edificación cuestionado, contenido en la Resolución N°05/25, de fecha 21 de enero de 2025, de la Dirección de Obras Municipales de la Ilustre Municipalidad de Los Lagos, pidiendo, al efecto que se desarrolle el procedimiento regulado en el artículo 53 de la ley N°19.880 u otro mecanismo que se determine idóneo para concretar la nulidad de aquel, que se ordene a la Superintendencia del Medio Ambiente que ejerza las atribuciones que establece el artículo 3 de la ley N°20.417, Ley Orgánica Constitucional de la Superintendencia del Medio Ambiente (“LOSMA”), en relación al proyecto denominado “DIA Río San Pedro” de titularidad de Salmones Antártica S.A., autorizado por la Resolución de Calificación Ambiental N°30, de fecha 4 de marzo de 2008, de la Comisión Regional del Medio Ambiente de la Región de Los Ríos. En particular, se solicita a que se ordene a este órgano de fiscalización ambiental que ejerza alguna facultad legal que asegure que la evaluación ambiental del proyecto considere un proceso de consulta indígena y de participación ciudadana municipal para Valdivia -para lo cual, podría ser de utilidad el ejercicio de las atribuciones de los literales h), j) y l) del artículo 3 de la citada ley 20.417 y se dispongan las adicionales medidas de resguardo de derechos fundamentales que se consideren aplicables.

Se trajeron los autos en relación.

CON LO RELACIONADO Y CONSIDERANDO:

I.- En cuanto a la extemporaneidad del recurso:

PRIMERO: Que la abogada de la recurrida sostuvo la extemporaneidad del recurso deducido por las recurrentes, fundado en que el acto fue dictado con fecha 21 de enero del presente año y que al haberse ingresado el recurso con fecha 2 de marzo del presente año, excediéndose así el plazo dispuesto en el Auto Acordado de la Excma. Corte Suprema sobre Tramitación del Recurso de Protección de Garantías Constitucionales SEGUNDO: Que la extemporaneidad alegada será desechada, dado que el acto reprochado en el recurso fue puesto en conocimiento de las recurrentes en virtud de un requerimiento realizado por ellas con fecha 31 de enero de 2025, a través del Ord. N°98/2025 de la Municipalidad de Los Lagos, ordinario que respondió la solicitud de acceso a la información pública ingresada y que había requerido copia del acto impugnado. Siendo así, la presente acción constitucional deducida, lo fue dentro del plazo fatal de 30 días corridos a que se refiere el número 1 del Auto Acordado de la Excma. Corte Suprema sobre Tramitación del Recurso de Protección de Garantías Constitucionales.

II. En cuanto al fondo:

TERCERO: Que el recurso de protección de garantías constitucionales establecido en el artículo 20 de la Constitución Política de la República, jurídicamente constituye una acción de naturaleza cautelar, que tiene por objeto amparar a personas naturales o jurídicas en el libre ejercicio de las garantías y derechos preexistentes que se enumeran en la misma disposición y que por actos u omisiones arbitrarios o ilegales, sufran privación, perturbación o amenaza de tales garantías, pretendiendo que mediante la adopción de medidas de resguardo que se deben tomar frente a un acto de tal naturaleza, se restablezca el imperio del derecho. Es entonces, requisito indispensable para el ejercicio de la acción cautelar de protección, la existencia de un acto u omisión ilegal, es decir contrario a la ley, o arbitrario, producto del mero capricho de quien incurre en él, que afecte una o más garantías protegidas.

CUARTO: Que, como se consignó en lo expositivo, el acto que los recurrentes reprochan ilegal y arbitrario y que da pábulo al recurso, lo hacen consistir en la dictación, por parte de la Dirección de Obras Municipales del municipio de Los Lagos, de una resolución que autorizó la construcción de unas edificaciones en el predio del cual es dueña la peticionaria de esa autorización (Salmones Antártica S.A.), sin haber realizado -para conceder esa autorización- la consulta indígena conforme lo dispone el Convenio Nº169 de la OIT, dado que la dictación del permiso de edificación no consideró el impacto que la ejecución del proyecto generará en el río que forma parte del territorio ancestral de las comunidades recurrentes, constituyendo un elemento central para su cosmovisión, por lo que resulta de especial relevancia para su cultura y valores espirituales. Por ello solicita que esta Corte deje sin efecto el acto impugnado, ordenando a la autoridad recurrida que implemente un proceso de consulta indígena conforme a los estándares del Convenio N° 169 de la OIT, de forma previa a un nuevo pronunciamiento sobre la solicitud de permiso de edificación.

QUINTO: Que, a efectos de precisar el marco conceptual para la resolución de este conflicto, conviene tener presente que esta Corte debe valorar la legalidad y racionalidad del acto administrativo impugnado, en su propio mérito, y en caso negativo, establecer si ello viola o no algún derecho fundamental de las recurrentes; y no, por el contrario, valorar si acaso el permiso ambiental estuvo bien o mal concedido en su oportunidad; o si el tiempo trascurrido afecta o no su vigencia; o si la suscripción del Convenio 169 de la OIT afecta o no retroactivamente a proyectos aprobados pero no ejecutados antes de esa suscripción. Todas esas evaluaciones exceden, con mucho, el ámbito de una acción cautelar de trámite sumario como es el recurso de protección, y tienen su propia sede de discusión judicial con conocimiento de causa.

SEXTO: Que así las cosas, estima esta Corte que resulta correcto sostener que al dictar la Resolución impugnada el Director de Obras de Los Lagos se limitó a cumplir y hacer cumplir todos y cada uno de los requisitos establecidos en la Ley General de Urbanismo y Construcciones, cumpliendo el deber que le impone la Ley Orgánica Constitucional de Municipalidades, respecto de un acto reglado. Asimismo, también es efectivo que si el funcionario hubiera negado el permiso, o lo hubiera sometido, como quieren los recurrentes, a condiciones adicionales a las legales, hubiera cometido una ilegalidad. De manera que puede estimarse que el acto recurrido no es ilegal.

SÉPTIMO: Que, por otra parte, existe muy abundante jurisprudencia y teoría legal que para que un acto pueda reputarse arbitrario, debe ser uno que carezca de justificación suficiente, de modo que obedezca más al mero capricho que al resultado de una deliberación racional. Nada de esto se aprecia en el actuar del Director de Obras Municipales. Si se observa bien el caso, a él se le pide el preceptivo permiso para edificar unas obras en el terreno de propiedad de la solicitante, en el marco de un proyecto que cuenta con autorización ambiental vigente, obras que, por descontado, no afectan al río San Pedro, por la simple razón de que no lo tocan (y por ello tampoco existe la afectación directa a las comunidades recurrentes que ellas mismas sostienen es el requisito de procedencia de la consulta indígena regulada por la OIT). Su actuar no es, por lo tanto, arbitrario en el sentido que exige el texto constitucional; sino por el contrario, racional y fundado.

OCTAVO: Que, no siendo el reprochado a la Dirección de Obras recurrida un acto ni ilegal ni arbitrario, la presente acción de protección no podrá ser acogida, según se dirá en lo resolutivo de esta sentencia.

NOVENO: Que la decisión antes anunciada, como ya se insinuó previamente, tiene el acotado propósito de evaluar si la Resolución N.°05-2025 del Director de Obras de la Municipalidad de Los Lagos constituye una acto ilegal o arbitrario respecto del que quepa a esta Corte adoptar medidas cautelares en esta sede, pero no obsta en modo alguno para que quien estime que sus derechos (de cualquier tipo) se ven afectados por el desarrollo del proyecto de salmonicultura de la empresa Salmones Antártica S.A. (o cualquiera otra), pueda intentar los recursos administrativos o judiciales que resulten adecuados a esos efectos, tanto respecto de la propia resolución precitada, cuanto de la Resolución de Calificación Ambiental que ampara al Proyecto, y respecto de los cuales esta sentencia no predetermina absolutamente nada.

En mérito de lo razonado, y disposiciones constitucionales y legales citadas, SE RECHAZA, sin costas, el recurso de protección intentado a folio 1 por doña Alejandra Donoso Cáceres, representando a las comunidades indígenas nombre reservado, Kimey Che Mapu, Rupallan Supray Antü y Fideliza Huaiquimilla en contra de la Ilustre Municipalidad de Los Lagos, respecto de la Resolución N°05/25, de fecha 21 de enero de 2025, de la Dirección de Obras Municipales; dejándose sin efecto la orden de no innovar de folio 4.

Regístrese, notifíquese y en su oportunidad archívese.

Redacción del Abogado Integrante Sr. Juan Andrés Varas Braun.

N°Protección-144-2025.