nombre reservado con nombre reservado

Valdivia, veintiuno de septiembre de dos mil dieciocho.

Vistos y teniendo presente:

Primero: Que el señor nombre reservado, ingeniero en alimentos, domiciliado en domicilio reservado, dedujo acción de protección en contra de doña nombre reservado, labores de hogar, y don nombre reservado, agricultor, ambos domiciliados en domicilio reservado, en atención a que el actuar ilegal y arbitrario de los recurridos que en su concepto vulnera la garantía constitucional prevista en el artículo 19 N° 24 de la Carta Fundamental.

Afirma que es dueño de una parcela ubicada en Pichirropulli denominada Hijuela N° 3, de una superficie de 1, 32 hectáreas, rol de avalúo 553-323, según inscripción conservatoria que detalla en su presentación. Agrega que el 2 de agosto de 2018 concurrió hasta el citado inmueble, oportunidad en que el recurrido nombre reservado le manifestó ser dueño, junto a su madre de dicha propiedad. Indica que al día siguiente fue informado por un contratista que trabaja en el inmueble, que el recurrido nombre reservado le impidió el acceso e instaló un cerco en el ingreso a la propiedad.

Señala que los recurridos son comuneros del inmueble vinculado al rol de avalúo 553-169 que no colinda con su propiedad. Añade que los recurridos alegan tener derechos sobre el sitio vinculado al rol de avalúo 553-271, que si es colindante a su bien raíz y que posee materialmente hace más de 12 años, por lo que actualmente se encuentra en proceso de regularización ante el Ministerio de Bienes Nacionales, conforme a las normas del Decreto Ley 2695.

Sostiene que los recurridos al impedir el acceso al inmueble vinculado al rol de avalúo 553-323, afectan el legítimo ejercicio de su derecho de dominio, así como las faenas de explotación de bosque de eucaliptus que realiza en el lugar.

En definitiva solicita se acoja el recurso, se declare que el actuar ilegal y arbitrario de los recurridos vulnera su derecho de propiedad, con costas.

Segundo: Informando al tenor del recurso doña nombre reservado y don nombre reservado, exponen que son dueños de la Parcela El Peral ubicada en Pichirropulli, de una superficie de 40 hectáreas, que adquirieron por herencia quedada al fallecimiento de su cónyuge y padre, respectivamente, don nombre reservado, según deslindes e inscripción dominical que detallan.

Manifiestan que la primera quincena de agosto del presente año se percataron que terceros habían derribado parcialmente el cerco de deslinde del bien raíz. Agregan que en dicha oportunidad el recurrido nombre reservado constató que el recurrente había ingresado a su propiedad con un trabajador, a través del deslinde destruido, y se encontraba impartiendo instrucciones sobre la construcción de un cerco con el objeto de aparentar posesión material ante el Ministerio de Bienes Nacionales. Señalan que el recurrente no vive en Pichirropulli y que con el objeto de evitar que terceros ingresen a la propiedad, repararon el citado cerco. Sostienen que no es efectivo que se haya impedido el acceso al inmueble del recurrente, ya que mantiene faenas forestales permanentes en el lugar. Agregan que a través de la notificación del presente recurso tomaron conocimiento de la existencia de un proceso de regularización sobre parte de su propiedad, estimando que el recurrente pretende por esta vía que se permita el ingreso a dicho bien, para cercarlo y concluir el proceso administrativo, habida cuenta que los inmuebles no se superponen. Piden el rechazo del recurso, con costas.

Tercero: Que, recurso de protección de garantías constitucionales establecido en el artículo 20 de la Constitución Política de la República, constituye jurídicamente una acción de naturaleza cautelar destinada a amparar el legítimo ejercicio de las garantías y derechos que en esa misma disposición se enumeran, mediante la adopción de medidas de resguardo que se deben adoptar ante una acción u omisión arbitraria o ilegal que impida, amenace o perturbe ese ejercicio.

Cuarto: Que el recurso de protección es una acción de naturaleza cautelar, urgente y no declarativa, de modo que no es posible a través de este procedimiento, obtener un pronunciamiento en el que se dirima la existencia del derecho invocado, su validez y en general, las materias cuyo fallo requiere una discusión y tramitación en un juicio de lato conocimiento.

En efecto, cualquier alegación relacionada con el dominio, así como la demarcación y cerramiento, debe necesariamente ser discutido en la sede que corresponda, mediante la interposición de las acciones que el legislador ha previsto para ello y no por la vía de la presente acción, la que conforme quedó asentado, no tiene naturaleza declarativa, sino esencialmente cautelar.

Quinto: Que del texto del recurso y del informe de los recurridos, surge que el núcleo central del conflicto se traduce en el reproche de autotutela, esto es, toda vía de hecho que cualquier persona ejecuta o lleva a cabo alterando un determinado status quo, tomando la justicia por mano propia y desoyendo el principio básico de un Estado de Derecho que obliga a recurrir a los Tribunales de Justicia en busca del amparo que de facto se ha pretendido.

La reclamada vía de hecho que se acusa en el presente caso, consiste en que el 3 de agosto de 2018, el recurrido nombre reservado impidió el acceso del recurrente al inmueble denominado Hijuela N° 3, rol de avalúo 553-323, mediante la construcción de un cerco, lo que afecta las faenas de explotación de bosque que realiza en el lugar.

Sexto: Que recurrente y recurridos partes están contestes en que no son colindantes los inmuebles rol de avalúo 553-323 y 553-169, de propiedad de recurrente y recurridos, respectivamente, según las inscripciones de dominio y los certificados de avalúo emitidos por el Servicio de Impuestos Internos acompañados, lo que es concordante con los documentos denominados “Cartografía digital SII mapas”.

Así las cosas, la controversia está centrada exclusivamente en el inmueble identificado por el rol de avalúo 553-227, que según certificado del Servicio de Impuestos Internos aparece registrado a nombre de “nombre reservado” e individualizado como “El Pino Lote 1”, desconociéndose su situación dominical actual, por ausencia de prueba sobre el particular, máxime si se considera que ambas partes sostienen proposiciones fácticas antagónicas sobre el dominio y posesión de dicho bien.

Séptimo: Que, de lo expuesto hasta aquí, podría presumirse que la prohibición de acceso que alega el recurrente se habría materializado en el inmueble rol de avalúo 553-227, respecto del que afirma tener la posesión material hace más de 12 años. Sin embargo, dicho aserto no se encuentra acreditado, porque consultado el expediente administrativo N° 59746 del Ministerio de Bienes Nacionales, a través del hipervínculo contenido en el escrito de recurso, surge que don nombre reservado tramita dicho procedimiento desde el 10 de enero de 2017, desconociéndose importantes detalles como la individualización del bien raíz a que se refiere, había consideración, además, que se trata de un procedimiento no concluido.

Octavo: Que, asentado lo anterior, el recurrente no ha justificado que le asista un derecho indubitado, ya que únicamente invocó la tramitación de un proceso de regularización de posesión en sede administrativa respecto del inmueble rol de valúo 553-227, lo que resulta insuficiente para acceder a la protección constitucional reclamada, pues esta vía sólo tiene por objeto resolver cuestiones urgentes sobre la base de un derecho no disputado y evidente, supuesto que la acción incoada por el recurrente en estos antecedentes no cumple. Lo anterior, se erige como razón suficiente para el rechazo de la presente acción constitucional.

Noveno: Que, por lo demás, habiendo sido controvertidos los dichos del recurrente, ha sido carga de éste acreditar la efectividad de los hechos que constituyen el acto arbitrario e ilegal que se describe en el recurso, lo que no ocurrió, pues las fotografías no datadas -única prueba producida sobre la autotutela alegada- resultan insuficientes para determinar si se alteró o no el statu quo vigente.

Décimo: Que, en las circunstancias antes indicadas, falta uno de los requisitos básicos para la procedencia de esta acción cautelar, atendido que no se allegaron antecedentes que permitan concluir que los actos por los cuales se reclama se materializaron, precisamente, por ausencia de prueba sobre el statu quo vigente. Por consiguiente, no pudiendo constatarse si efectivamente se ha producido una privación, perturbación o amenaza al derecho constitucional cuyo amparo pretende la recurrente, el presente recurso no podrá prosperar.

Por lo expuesto, normas citadas, y visto, además, lo dispuesto en los artículos 19 N° 24 y 20 3 de la Constitución Política de la República y Auto Acordado de la Excma. Corte Suprema sobre Tramitación del Recurso de Protección de Garantías Constitucionales, se rechaza sin costas, la acción de protección interpuesta por don nombre reservado en contra de doña nombre reservado y don nombre reservado.

Regístrese, notifíquese y archívese en su oportunidad.

Redacción a cargo del Ministro Titular señor Juan Ignacio Correa Rosado.

Rol 1423 – 2018 PRO.