nombre reservado C con SERVIU nombre reservado Y OTRO

nombre reservado, veintiséis de enero de dos mil dieciocho.

VISTOS:

Doña nombre reservado, domiciliada en domicilio reservado, interpone recurso de protección en contra del Servicio Nacional de Vivienda y Urbanismo nombre reservado, y en contra del Comité de Vivienda Kimun Lof de Lanco, en atención a que el actuar ilegal y arbitrario de los recurridos, vulnera su derecho a la vivienda.

Funda su recurso en que el año 2011 se adjudicó un subsidio habitacional y luego de seis años se comenzaron las faenas de construcción, encontrándose actualmente a pocas semanas de recibir su vivienda. Agrega que el año 2013 contrajo matrimonio bajo el régimen de separación total de bienes, fruto del cual nacieron dos hijos. Refiere que el 26 de octubre de 2017, durante una reunión del comité con la EGIS, doña nombre reservado, funcionaria del SERVIU, le comunicó que no podía recibir el inmueble, pues su cónyuge ya había adquirido un inmueble con subsidio el año 1999. Indica que dicha propiedad está ubicada en un sector rural de difícil acceso y en ella vive su suegra. Expresa que junto a su grupo familiar viven de allegados en casa de su madre. Reprocha la demora del SERVIU en informarle que no recibirá el subsidio que se adjudicó el año 2011, cuando estaba soltera, lo que considera un actuar negligente, al no haber revisado las familias que habían obtenido un subsidio con anterioridad y/o que habían contraído matrimonio.

Sostiene que con fecha 9 de noviembre de 2017 se reunió con el referido Comité y el SERVIU, oportunidad en que se le propuso la posibilidad de que renuncie al subsidio y lo ceda a su madre o a su hija, lo que posteriormente fue desconocido de forma arbitraria por los recurridos, sin tomar en consideración los votos de la asamblea. Manifiesta que en dicha oportunidad su cónyuge fue conminado a retirarse de la asamblea y ella fue objeto de descalificaciones por parte de las familias que fueron presentadas para cederle su vivienda. Arguye que SERVIU pretende desligarse del problema, al sostener que éste se originó por no haber dado aviso de que contrajo matrimonio, en circunstancias que la situación descrita se debe a la negligencia del órgano recurrido.

Finalmente solicita la entrega de la vivienda adjudicada. En subsidio, pide la devolución del dinero de ahorro para la vivienda y las sumas enteradas por concepto de cuotas al comité recurrido.

Informando el recurso, don nombre reservado, en representación de SERVIU Región de Los Ríos, expone que el recurso de protección es improcedente para solicitar el amparo de un supuesto derecho a la vivienda, ya que no se encuentra garantizado por dicha acción constitucional.

Señala que SERVIU Región de los Ríos, por medio de su entidad patrocinante, postuló a las 49 familias que conforman al Comité “Kimun Lof” de la comuna de Lanco, para la obtención del subsidio habitacional, de acuerdo a las normas del DS 49/2011 y sus modificaciones. Agrega que estas familias resultaron beneficiadas a través del mecanismo de la asignación directa otorgada mediante Resolución Exenta N°10743, del 28 de diciembre de 2012 del Ministerio de Vivienda y Urbanismo. Indica que la recurrente postuló como madre soltera, acreditando como carga a su hija menor de edad, no contando con alguna inhabilidad para la adjudicación de dicho subsidio. Indica que en paralelo a la postulación al subsidio, el equipo técnico de la entidad patrocinante SERVIU preparó el diseño de un proyecto habitacional, contemplando un loteo de 49 viviendas, el que, una vez obtenido los beneficios por parte de las familias, debió evaluarse si era económicamente viable. Expresa que producto de un déficit para la ejecución del proyecto, debió reformularse e incorporándose 18 familias del comité “La Pachamama” de la comuna de Lanco, a fin de obtener los recursos que hicieran viable la construcción de las viviendas. Expone que la reformulación del proyecto tuvo como consecuencia el alargue de la fase de desarrollo del proyecto habitacional, pues se tuvo que rediseñar el loteo, y la vivienda que en su versión original era de un piso, dando paso a una vivienda de dos pisos.

Sostiene que en el mes de octubre de 2015 el departamento de Evaluación de proyectos de SERVIU otorgó calificación definitiva al proyecto habitacional, lo que permitió a la entidad patrocinante del SERVIU, licitar la construcción de las 67 viviendas, ocurriendo que durante el primer semestre del 2016 el proceso licitatorio se declaró desierto, por lo que se procedió a la contratación directa de la obra con la empresa constructora Avifel Ltda., quienes iniciaron las obras el 30 de enero de 2017, encontrándose actualmente ejecutada en un 95%. Agrega que previo a la entrega de llaves, la entidad patrocinante SERVIU realizó una nueva verificación de los antecedentes de cada una de las familias de este Comité, detectando a mediados del mes de octubre, que la recurrente había contraído matrimonio con don nombre reservado quien el año 1999 obtuvo Subsidio Rural Título I, configurándose la causal de exclusión del proyecto, por no contar la beneficiaria con los requisitos exigidos en el artículo 5° del DS. 49/2011. Arguye que con esta información, se solicitó a la Presidenta del Comité Kimun Lof que notificara tal situación a la recurrente, a fin de proceder al reemplazo del cupo con celeridad, lo que ocurrió en reunión de ambos comités celebrada el día 27 de octubre de 2017, oportunidad en que se le informó personalmente a doña nombre reservado que debía quedar eximida del grupo, por no cumplir todos los requisitos para la entrega de la vivienda. Refiere que en atención a que las obras del proyecto se encontraban ad portas de ser entregadas a las familias, fue imperioso que se realizara el reemplazo del cupo con celeridad, por lo que se solicitó a la directiva del comité que presente en asamblea casos sociales que cuenten con idénticas características a la familia que debió ser excluida del grupo, lo que ocurrió el 9 de Noviembre de 2017. Manifiesta que antes de iniciar la actividad, se solicitó a la recurrente y a su cónyuge que salieran de la sala de reuniones para conversar más tranquilamente, oportunidad en que doña nombre reservado (ITO del Proyecto), nombre reservado (Supervisora Social del proyecto) e nombre reservado (Asistente Social EP SERVIU) le explicaron los alcances del artículo 5 letra a) del DS 49/2011, solicitando la beneficiaria que su hija o su madre la reemplazaran en el cupo de exclusión, lo que resultaba improcedente. Expone que la recurrente solicitó la devolución del dinero pagado por concepto de cuotas durante su participación en el Comité, a lo que la directiva accedió, comprometiéndose a devolver la suma de $45.000 y dejando constancia de ello en el acta de asamblea. Argumenta que las acciones y procedimiento que se llevaron a cabo a raíz de esta situación, fueron supervisadas técnicamente por SERVIU y de acuerdo a lo establecido por el D.S. N° 49/2011 MINVU.

Manifiesta que el uso eficiente y eficaz de los recursos públicos que el Estado entrega para satisfacer las necesidades habitacionales de la ciudadanía, exige que se entreguen los beneficios estatales a aquellas personas que cumplen con la normativa, por lo que la conducta de SERVIU resulta razonable y justificada. Indica que en el presente caso, las normas sectoriales no podían omitirse, y ocurre que el subsidio habitacional se pierde, o se hace incompatible o inaplicable, cuando en virtud de nuevos supuestos fácticos se ve el mismo beneficiario favorecido con otro subsidio. Expone que no puedo entregársele un segundo beneficio estatal a la recurrente al contar ya con un subsidio habitacional.

Argumenta que la recurrente incumple la normativa, desatiende la información que le entregan las profesionales especializadas en la materia y busca beneficiarse de manera antijurídica e improcedente, en desmedro de otras familias vulnerables que requieren imperiosamente este subsidio. Refiere que SERVIU Los Ríos actuó con irrestricto apego al principio juridicidad, sin arbitrariedad y mediante el uso correcto, razonable, proporcional y congruente de sus potestades administrativas.

Arguye que no existe un derecho fundamental vulnerado, al haber actuado con plena sujeción a la normativa vigente y en cumplimiento de sus deberes jurídicos y de política habitacional.

Pide el rechazo del recurso, con costas.

En el folio N° 1169, rola informe de doña nombre reservado, doña nombre reservado y doña nombre reservado, en representación del Comité de Vivienda Kimun Lof de Lanco, quienes exponen que a mediados del mes de octubre del año 2017, doña nombre reservado, Asistente Social de la Entidad Patrocinante SERVIU Región de Los Ríos, se contactó con la presidenta del comité para informarle que existía un grupo familiar con subsidio habitacional pagado, lo que impedía aplicar el subsidio habitacional otorgado a doña nombre reservado. Agrega que el 26 de octubre de 2017, se citó a todas las familias a una actividad del Plan de Acompañamiento Social con la Entidad Patrocinante SERVIU, y al finalizar la reunión, se conversó con la recurrente y se le explicó que debido al subsidio obtenido por su cónyuge, debía quedar excluida del grupo organizado. Indican que dicho actuar resulta acorde con la normativa vigente del Ministerio de Vivienda y Urbanismo.

Sostienen que luego de la reunión indicada, la asistente social del proyecto habitacional “Kimun Lof”, doña nombre reservado, le solicitó a la Presidenta del referido Comité que requiriera a la Ilustre Municipalidad de Lanco, casos sociales con las mismas características del grupo familiar excluido, para proceder a su reemplazo, por lo que el 9 de noviembre de 2017, se presentó ante la Asamblea del Comité de Vivienda el caso de la recurrente quien solicitó que su madre o su hija la reemplazasen, lo que no fue acogido por la Asamblea del Comité. Indican que con fecha 16 de noviembre de 2017, se celebró una nueva Asamblea, oportunidad en que se aprobó el reemplazo de doña nombre reservado por doña nombre reservado, quien cumplía con todas las exigencias normativas necesarias para ser designada reemplazante en el reseñado proyecto habitacional.

Señalan que el 3 de enero de 2018, se depositó en Cuenta Rut del Banco Estado de la recurrente, la suma de $45.000, que corresponde a la devolución de las cuotas pagadas por ésta durante los años de permanencia en el grupo organizado.

Se ordenó traer los autos en relación.

CONSIDERANDO:

PRIMERO: Que, el recurso de protección de garantías constitucionales establecido en el artículo 20 de la Constitución Política de la República, constituye jurídicamente una acción de naturaleza cautelar destinada a amparar el legítimo ejercicio de las garantías y derechos que en esa misma disposición se enumeran, mediante la adopción de medidas de resguardo que se deben adoptar ante una acción u omisión arbitraria o ilegal que impida, amenace o perturbe ese ejercicio.

SEGUNDO: Que, como una cuestión previa y fundamental para entrar al conocimiento del asunto, es menester explicitar que la acción de protección requiere para su configuración la concurrencia copulativa de los siguientes presupuestos: a) una conducta, por acción u omisión, ilegal o arbitraria, es decir, contraria a la ley o arbitraria, esto es, producto del mero capricho de quien incurre en ella; b) la afectación, expresada en privación, perturbación o amenaza, del legítimo ejercicio referido a determinados derechos esenciales garantizados en la misma Constitución y que se indican en el citado artículo 20; c) relación de causalidad entre el comportamiento antijurídico y el agravio a la garantía constitucional; d) posibilidad del órgano jurisdiccional ante el cual se plantea de adoptar medidas de protección o cautela adecuadas, para resguardar el legítimo ejercicio del derecho afectado.

TERCERO: Que, el derecho a la vivienda invocado por la recurrente, se encuentra reconocido en diversos instrumentos internacionales ratificados por el Estado de Chile y que se encuentran vigentes, entre otros, artículo 11.1 del Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales. Si bien el derecho a la vivienda no se encuentra consagrado expresamente en nuestra Carta Fundamental, lo cierto es que habría de considerarse incorporado en nuestro ordenamiento en virtud de la norma de reenvío contenida en el inciso segundo del artículo 5 de la Constitución Política de la República. Sin embargo, se trata de un derecho que no se encuentra amparado por la presente vía cautelar, conforme lo dispuesto en el artículo 20 del texto constitucional, lo que se erige como razón suficiente para el rechazo del recurso.

CUARTO: Que, no obstante lo expuesto, el acto cuya ilegalidad y arbitrariedad se reprocha consiste en la exclusión de doña nombre reservado del subsidio habitacional que le había sido otorgado el año 2011. El objeto del presente recurso es que se le entregue la vivienda adjudicada o, en subsidio, se le restituya el dinero de ahorro para la vivienda y las sumas enteradas por conceptos de cuotas al comité recurrido.

QUINTO: Que, de lo expuesto por las partes y con el mérito de los antecedentes allegados al proceso, analizados conforme a las reglas de la sana critica, es posible tener por acreditado los siguientes hechos y circunstancias:

1) Por Resolución Exenta N°10743, de 28 de diciembre de 2012 del Ministerio de Vivienda y Urbanismo, la recurrente junto a otras 48 familias que conformaban el Comité “Kimun Lof”, resultaron beneficiadas con la obtención del subsidio habitacional regulado en el DS 49/2011.

2) La recurrente postuló como madre soltera, acreditando como carga a su hija menor de edad, no contando con alguna inhabilidad para la adjudicación de dicho subsidio.

3) En el año 2013 la recurrente contrajo matrimonio con don nombre reservado, quien el año 1999 obtuvo Subsidio Rural Título I.

4) La recurrente fue excluida del proyecto habitacional, por no cumplir con los requisitos de la normativa sectorial.

5) En asamblea de fecha 16 de noviembre de 2017, el Comité Kimun Lof aprobó el remplazo del cupo que correspondía a la recurrente.

SEXTO: Que, el artículo 4 letra a) del D.S. N°105 de 2014, que modifica Decreto Nº 49, de 2011, que reglamenta el programa fondo solidario de elección de vivienda, dispone lo siguiente: “Impedimentos para postular y para aplicar el subsidio habitacional. Sin perjuicio de los otros impedimentos establecidos en este reglamento, no podrán postular a este subsidio ni aplicarlo las personas que se encuentren en alguna de las siguientes situaciones: a) Las que a la fecha de postular sean propietarias o asignatarias de una vivienda o de una caseta sanitaria o cuando lo fuere su cónyuge o conviviente o alguno de los otros miembros de su núcleo familiar declarado, aun cuando la asignación provenga de una cooperativa. Este impedimento se mantendrá hasta el momento de la escrituración de la vivienda del beneficiario y su no concurrencia se acreditará mediante una declaración jurada simple del postulante, sin perjuicio de lo cual el MINVU podrá consultar directamente al Servicio de Impuestos Internos u otra entidad la existencia de un bien raíz habitacional a nombre del postulante o de algún otro miembro del núcleo familiar declarado”. Por su parte, el artículo 61 del mismo Decreto establece que “Si antes de la aplicación del subsidio se detecta una infracción del postulante o de uno o más de los integrantes de un grupo organizado, el SERVIU dejará sin efecto la respectiva solicitud de postulación, o procederá a la exclusión de el o los postulantes infractores de la nómina de seleccionados, o declarará la caducidad del certificado de subsidio, según corresponda, y en el caso que la vivienda se encuentre terminada, el SERVIU podrá reasignarla de común acuerdo con el respectivo grupo organizado”. A su turno, el artículo 57 del Decreto en análisis prevé los requisitos que se deben cumplir para materializar el reemplazo de familias de grupos postulantes que no han obtenido beneficio.

SÉPTIMO: Que, con el mérito de los hechos asentados y la legislación atingente al presente caso, no se avizora ilegalidad ni arbitrariedad en el actuar de los recurridos, pues las conductas desplegadas constituyen el ejercicio razonable de una facultad contenida en la ley, por lo que la presente acción constitucional no puede tener acogida.

Por lo demás, la recurrente no ha justificado que el asista un derecho indubitado, ya que únicamente invocó un subsidio otorgado en condiciones distintas a las actuales y, que por ende, sus efectos se encuentran controvertidos, lo que resulta insuficiente para acceder a la protección constitucional reclamada, pues esta vía sólo tiene por objeto resolver cuestiones urgentes sobre la base de un derecho no disputado y evidente, supuesto que la acción incoada el recurrente en estos antecedentes no cumple.

OCTAVO: Que, en otro orden de ideas, habiendo sostenido el Comité recurrido que con fecha 3 de enero de 2018, mediante depósito bancario, restituyó la suma de $45.000, que corresponde al monto enterado por la recurrente por concepto de cuotas, está Corte no se encuentra actualmente en condiciones de adoptar las providencias que se han impetrado como necesarias para restablecer el imperio del derecho y asegurar la debida protección del afectado en los términos que se contemplan en el artículo 20 de la Constitución Política y, por consiguiente, al no concurrir en la especie un presupuesto de procedencia de la acción de protección, ella no podrá prosperar por este capítulo.

NOVENO: Que, asimismo, cabe tener presente que en la especie lo que se pretende, es discutir cuestiones de fondo en relación a una eventual falta de servicio del órgano recurrido, indemnización de perjuicios y/o restitución de ahorros de postulación al subsidio habitacional, entre otros, lo que excede la naturaleza cautelar del recurso intentado cual es, una vía urgente, eficaz y extraordinaria, destinada a reparar situaciones de hecho ilegales o arbitrarias que afecten un derecho constitucional indubitado. En efecto, la materia planteada por la recurrente, no es una controversia que pueda o deba resolverse por esta vía, al no ser propiamente un juicio, lo que impide debatir situaciones donde puedan rendirse las probanzas necesarias con igualdad de oportunidades y con plena contradictoriedad.

DÉCIMO: Que, en las circunstancias antes indicadas, el presente recurso de protección no está en condiciones de acogerse, sin perjuicio de otras acciones que pudieren corresponder a la parte recurrente.

Por estas consideraciones y visto, además, lo dispuesto en el artículo 20 de la Constitución Política de la República y Auto Acordado sobre Tramitación de los Recursos de Protección de la Excma. Corte Suprema, se RECHAZA, sin costas, el recurso de protección interpuesto por doña nombre reservado, en contra del Servicio Nacional de Vivienda y Urbanismo Región de Los Ríos, y en contra del Comité de Vivienda Kimun Lof de Lanco.

Regístrese, notifíquese y archívese, en su oportunidad.

N°Proteccion-Ant-1420-2017.