nombre reservado con CONTRALORIA REGIONAL DE LOS RÍOS

Valdivia, veintisiete de septiembre de dos mil dieciocho.

VISTOS.

Doña nombre reservado, asistente social, domiciliada para estos efectos en domicilio reservado, deduce de protección en contra de la Contraloría Regional De Los Ríos, representada legalmente por doña nombre reservado, Contralor Regional de Los Ríos, ambos domiciliados en domicilio reservado, en base a los siguientes antecedentes.

Señala, que desde el 3 de marzo de 2004, es funcionaria de la Ilustrísima Municipalidad de Corral, desempeñándose como asistente social en el DAEM de dicha institución a través de contrato de trabajo de carácter indefinido. Por lo expuesto, durante el transcurso de la relación laboral su contrato sufrió diversas modificaciones entre las que destaca la de 11 de abril de 2012, en que el Alcalde dispuso una asignación de responsabilidad y dedicación a su favor, ascendente a la suma de $50.000.- líquidos, con cargo a los Fondos Programa “pro-retención”, que se refleja en el anexo de contrato de trabajo de 12 de abril de 2012, por el cual se modificó su remuneración del modo que en aquel se indica a partir del 1 de abril de 2012.

En dicho anexo aparecen los conceptos de “asignación de experiencia no docente”, es decir, los bienios que se reconocieron en anexos anteriores, también el “incentivo municipal”, es decir, el bono mensual ascendente a la suma de $140.000, establecido a su favor por anexo de contrato de trabajo de 2 de enero de 2007, y finalmente la “asig. Incentivo profesional”, es decir los 50.000.- líquidos, que dispusiera el alcalde el día previo a la firma de dicho anexo.

A principios del año 2017, la legitimidad de esos emolumentos fue cuestionada por un ex concejal de la comuna, don Rosiel González Galindo, quien solicitó a la Contraloría Regional un pronunciamiento respecto de si el Alcalde y el Consejo Municipal tenían la atribución de aprobar dichos aumentos de remuneraciones. Como respuesta a dicha objeción, se emitió el oficio N° 489 de 2017, que resolvió que los pactos suscritos entre la I. Municipalidad de Corral y la recurrente, que establecieron una asignación de experiencia no docente y un incentivo municipal a su favor, no se ajustaban a derecho, por lo que se dirigió a la Contraloría Regional de Los Ríos, solicitando la reconsideración del oficio N° 489 de 2017, pero esta solicitud fue rechazada por no acompañar a ella nuevos antecedentes.

Luego intentó un recurso jerárquico en contra de la antedicha resolución pero este fue rechazado también, bajo el argumento de que la Contraloría General de La República no constituye una instancia de apelación respecto de los pronunciamientos emitidos por sus oficinas regionales, por cuanto tales entidades y su personal actúan en ejercicio de las facultades que expresamente les ha delegado el Contralor General. Finalmente el 11 de julio de 2018, la Contraloría Regional dicta una resolución que condona parte de la suma y le otorga facilidades para el pago del excedente, que actualmente asciende a $12.165.525. Esta resolución le fue notificada el día 18 de julio de 2018.

Expresa que el razonamiento que hace la Contraloría, y que le conduce a entender que los emolumentos son indebidos, es errado ya que los conceptos discutidos, es decir, el incentivo municipal y la asignación de experiencia no docente o bienios, no fueron establecidos por el anexo de contrato de 12 de abril de 2012, sino solamente reconocidos nuevamente en él, pero fueron establecidos con mucha antelación, específicamente en los anexos de contrato de trabajo de 20 de marzo de 2006, de 2 de enero de 2007, y de 25 de marzo de 2008, épocas durante las cuales el criterio sostenido por la propia Contraloría era que dichos emolumentos, otorgados bajo ciertas condiciones, eran procedentes y ajustados a derecho, estimando que se vulnera la garantía fundamental del derecho a la propiedad garantizado en el 19 número 24 de la Constitución Política, por lo que previas citas legales, pide tener por interpuesto recurso de protección, en contra de la Contraloría Regional de Los Ríos, representada legalmente por doña nombre reservado, Contralor Regional De Los Ríos, ambos ya individualizados, por su responsabilidad en los actos arbitrarios e ilegales y amenaza o vulneración de sus derechos constitucionales y respecto de los cuales se solicita adoptar las medidas que impidan su ocurrencia y restablezcan el imperio del Derecho quebrantado, ordenando el cese inmediato de los hechos vulneratorios y declarando que nada debe restituir por los conceptos percibidos.

La recurrida informa al tenor del recurso, refiriéndose a los hechos de la acción constitucional, para luego expresar que fue deducido en forma extemporánea ya que fluye que la recurrente pretende la impugnación del acto que la privó del derecho a percibir la asignación de experiencia no docente y el incentivo municipal, lo que se habría materializado por medio del oficio N° 489, de 2017, ratificado posteriormente mediante los oficios Nos 2.082 y 3.799, ambos de 2017, y no con la resolución exenta N° 190, de 2018, que le condona parcialmente la deuda por la percepción indebida de los referidos estipendios, y le otorga facilidades para el pago del saldo adeudado, por lo que transcurrió con creces el plazo legal.

Respecto al fondo, señala que más que procurar la defensa de un derecho constitucional determinado, pretende la recurrente cuestionar la interpretación jurídica plasmada en el oficio N° 489, de 2017, en cuanto a que la asignación de experiencia no docente y el incentivo municipal no constituyen remuneración en los términos del artículo 41 del Código del Trabajo, y de acuerdo con la jurisprudencia administrativa contenida en el dictamen N° 21.281, de 2009, de este Órgano Fiscalizador, la que debe analizarse en un juicio de lato conocimiento y no en esta sede cautelar, sin que nos encontremos frente a un derecho indubitado.

Expresa que la Contraloría Regional sólo ha ejercido las facultades privativas que le otorgan la Constitución Política y su ley orgánica, que se encuentran reconocidas por la anotada ley N° 18.695 y que han sido delegadas a las Contralorías Regionales en virtud de la resolución N° 1.002, de 2011, sin que sea posible advertir la supuesta ilegalidad que le afecta.

Por otra parte, tampoco podría considerarse que lo actuado es arbitrario, toda vez que no se deriva de una conducta antojadiza o contraria a la razón, sino que constituye el resultado de un estudio acabado de los antecedentes en torno a la situación planteada, de la normativa y jurisprudencia administrativa vigente sobre la materia, en ejercicio de una actuación legítima del Organismo Contralor llevada a cabo en uso de sus facultades y dentro del marco jurídico que reglamenta sus atribuciones, que dio lugar a una resolución motivada en derecho.

En lo que se refiere a la dictación del acto en contra el cual se recurre, que condona parte de la deuda de la señora nombre reservado y le otorga facilidades para el pago del saldo adeudado, no ha privado a la recurrente de derecho de propiedad alguno sobre esa suma de dinero, por lo que es imposible entender que se ha afectado la garantía constitucional comentada, por consiguiente, la actora pretende otorgar legitimidad a la percepción indebida de dichos haberes, desconociendo la normativa legal que regula la materia y la jurisprudencia que este Órgano Contralor ha emitido.

Se trajeron los autos en relación.

CONSIDERANDO:

Primero: Que el recurso de protección de garantías constitucionales, previsto en el artículo 20 de la Constitución Política de la República, es una acción constitucional, cuyo propósito consiste en obtener de los Tribunales superiores de justicia, una tutela eficaz y eficiente para salvaguardar la integridad de los derechos fundamentales que aquélla norma contempla. Al conocer un recurso de protección, es el deber constitucional de esta Corte adoptar, en forma inmediata, las providencias necesarias para asegurar la debida protección ante una acción u omisión arbitraria o ilegal, que importe una privación, perturbación o amenaza de los derechos y garantías que el constituyente establece.

Segundo: Que, como una cuestión previa y fundamental para entrar al conocimiento del asunto, es menester explicitar que el recurso de protección es una acción de naturaleza cautelar, urgente y no declarativa, de modo que no es posible a través de este procedimiento, obtener un pronunciamiento en el que se dirima la existencia del derecho invocado, su validez y en general, las materias cuyo fallo requiere una discusión y tramitación en un juicio de lato conocimiento.

En efecto, la procedencia de la acción de protección de garantías constitucionales, requiere de suyo la existencia de un derecho indubitado en favor del actor y, sólo de concurrir tal derecho, corresponde determinar si se dan o no los demás requisitos para otorgar la cautela requerida, pues como la sostenido la Excma. Corte Suprema “la acción de cautela de derechos constitucionales impetrada en estos autos constituye un arbitrio destinado a dar protección respecto de derechos que se encuentren indubitados y no discutidos” (Rol N° 27451-2014, de 14/01/2015). En el mismo sentido, el Tribunal Constitucional ha fallado que la naturaleza jurídica del recurso de protección es la de “una acción cautelar, para la defensa de derechos subjetivos concretos, que no es idónea para declarar derechos controvertidos, sino tan solo para restablecer el imperio del derecho y asegurar la debida protección del afectado, en presencia de una acción u omisión arbitraria o ilegal, que amerita una solución urgente (Rol 2538-14, de 09/09/2014)”.

Tercero: Que para que pueda prosperar el recurso de protección del artículo 20 de la Constitución Política de la República debe existir un acto u omisión arbitraria o ilegal y que signifique o una “privación” o una “perturbación” o una “amenaza” en el legítimo ejercicio de alguno de los derechos constitucionales asegurados y garantidos por el recurso y que esa privación, perturbación o amenaza conculque o afecte precisamente, o sea, de modo real, efectivo o inminente el legítimo ejercicio de los derechos que garantiza la Constitución y el restablecimiento del imperio del derecho debe serlo en un procedimiento sumario y rápido, sin perjuicio de los demás derechos que el afectado pueda hacer valer ante la autoridad o los tribunales correspondientes.

La “arbitrariedad” indica carencia de razón en el actuar u omitir, falta de proporción entre los motivos y el fin o finalidad que alcanza, ausencia de ajuste entre los medios empleados y el objetivo a obtener, o sea, una actuación carente de fundamento (El Recurso de Protección, nombre reservado, página 189).

Lo “ilegal” se da en el ámbito de los elementos reglados de las potestades jurídicas; es decir, de lo contrario a la ley; en otras palabras, el actuar u omitir es ilegal cuando fundándose en algún poder jurídico que se posea o detenta, se excede en su ejercicio, cualquiera sea el tipo, modo o manera que el exceso adopte (op. cit. Pág. 239).

Cuarto: Que de lo descrito en el recurso por el actor, se observa que lo que cuestiona es el fundamento jurídico que tuvo en consideración la Contraloría Regional en oficio N° 489 de 25 de enero de 2017, acto administrativo que se encuentra firme debido a que se ejercieron en su contra recurso de reposición y jerárquico los que fueron rechazados. Desde la notificación de dicho acto a la interposición del recurso transcurrió el plazo de 30 días establecido en el Auto Acordado de la Excelentísima Corte Suprema, por lo que fue deducido en forma extemporánea.

Quinto: Que a mayor abundamiento, de los antecedentes que obran en la causa, no consta la existencia de un derecho indubitado, ya que se concluyó por la Contraloría Regional que los montos percibidos por las mentadas asignaciones fue contraria a la normativa laboral, y que el actuar de la recurrida fue realizado en la esfera de sus atribuciones, a solicitud de parte, sin que se avizore ilegalidad o arbitrariedad alguna.

Por estas consideraciones y de acuerdo a lo dispuesto en los artículos 5, 19 N° 24 y 20 de la Constitución Política de la Republica y Auto Acordado de la Excelentísima Corte Suprema, se resuelve:

Que NO SE HACE LUGAR al recurso de protección interpuesto por doña nombre reservado, en contra de la Contraloría Regional de Los Ríos, representada legalmente por doña nombre reservado, Contralor Regional de Los Ríos, sin costas, por haber tenido motivo plausible para litigar.

Regístrese, comuníquese y archívese en su oportunidad.

N°Protección-1418-2018.