Protección contra Inspección Provincial del Trabajo de Lanco

Valdivia, treinta y uno de diciembre de dos mil quince VISTOS:

Que, a fojas 8, el señor nombre reservado, contratista forestal, domiciliado en domicilio reservado, deduce recurso de protección, en contra de la Inspección Provincial del Trabajo de Lanco, representada por doña nombre reservado, ambos domiciliadas en domicilio reservado. Oficina N° 4 de Lanco. Expone que el recurso que tiene una micro empresa como persona natural del rubro forestal y el 11 de Noviembre del 2014 fue objeto de la multa N° 1160/14/98-2-, cursada por la Inspección del trabajo de Lanco, sancionándosele con 50 UTM, equivalente a $2.138.500.-, cuyos hechos constitutivos consistieron en “No informar inmediatamente a la inspección del trabajo del accidente grave que afectó con fecha 21-10-2014, al trabajador nombre reservado Rut: RUT reservado, ocurrido en faena cosecha fundo Catanlí, camino a Huellahue a Huitag, comuna de de Panguipulli. Tal hecho es un incumplimiento a las obligaciones legales sobre prevención de eventuales accidentes de trabajo y dificulta a la autoridad disponer ante el empleador las medidas necesarias e indispensables para proteger eficazmente las vida y la salud de los trabajadores”. Expresa que reclamó administrativamente la multa a la Inspección del Trabajo de Lanco el 30 de Diciembre de 2014, solicitando la sustitución de esta por un programa de asistencia al cumplimiento (PAC) y la puesta en marcha de un sistema de gestión de seguridad y salud en el trabajo (SG-SST), lo que fue aceptada por las propia inspección del trabajo mediante oficio N° 165 de fecha 5 de Mayo 2015, lo que se le comunicó mediante carta certificada del mismo día 5, la que no la recibió sino que se hizo entrega de esta a una persona distinta que es además menor de edad, con lo cual no se practicó cabalmente la notificación el día 13 de mayo del 2015 como lo esgrime el organismo recurrido y consecuentemente, no ha transcurrido el plazo del 60 días para ingresar al, programa de corrección de infracciones. Agrega que la recurrida procedió a aumentar en un 25% la multa al no acompañar ante ese servicio el certificado correspondiente del organismo administrador y ante la gravedad, tomó contacto con esta entidad para realizar el programa, lo que de todas maneras hizo, pero transcurrió los plazos para realizar las acciones administrativas o judiciales frente a esta sanción, efectuando una presentación al organismo recurrido para revisión urgente y extraordinaria de la resolución, pero se le informó que dicho servicio no tiene la facultad legal para invalidar actos administrativos válidamente emitidos A continuación el recurrente se refiere a la existencia de arbitrariedad e ilegalidad y expone el agravio que le representa la multa, por cuanto la resolución de multa no da cuenta de ningún hecho objetivo que importe infracción de normas laborales y tampoco fue válidamente emplazado, aumentándose la multa en un 25%, vulnerándose la garantía constitucional del artículo 19 N° 3° de la Constitución Política de la Republica. Reitera los antecedentes referidos a la falta de notificación válida de la carta ya indicada, lo que provocó además un aumento de la multa en forma arbitraria ilegal y caprichosa. Desarrolla a continuación las garantías constitucionales fundantes del recurso e invoca como primera de ellas, el artículo 19 N° 24 de la Constitución Política, esto es le derecho de propiedad al obligársele a pagar una multa de 50 UTM aumentada en un 25%, lo que le priva de un bien inmaterial y derecho indispensable para su actividad. Como segunda garantía vulnerada, invoca el artículo 19° N° 21 de la Constitución Política esto es, el derecho a desarrollar toda actividad económica que no sea contraria a la moral, orden público y seguridad nacional, por cuanto en su calidad de empleador da fiel cumplimiento a las normas laborales vigentes, forestales y tributarias, lo que se ve amenazado al truncarse su posibilidad de prestar servicios y cumplir con sus compromisos financieros. Indica que respecto al plazo para recurrir, tomo conocimiento del oficio ordinario N° 432 con fecha 9 de Octubre del 2015, encontrándose dentro de plazo para recurrir. Concluye su recurso solicitando se deje sin efebo la resolución de multa N° 187 de fecha 29 de Julio de 2015 que aumenta en un 25% la multa, como asimismo el oficio ordinario N° 342 del 23 de Septiembre de 2015, que dio por notificada a su parte el 9 de Octubre del 2015.

El recurrente acompañó con su recurso, los siguientes documentos:

Resolución N° 187 de fecha 29 de Julio del 2015, que rola a fojas 1.- Copia de sobre que rola a fojas 2.- Copia de Ord. N° 357 de fecha 20 de Agosto del 2015, que rola fojas 3.- Copia de Ord. N° 165 de fecha 05 de Mayo del 2015, que rola a fojas 4.- Certificado de nacimiento, que rola a fojas 5.- Certificado de cumplimiento de fecha 27 de Agosto del 2015, que rola a fojas 6.- Comprobante de entrega de correspondencia, que rola a fojas 7.- . A fojas 92, la Abogada de la Inspección Provincial del Trabajo de Lanco, Autrey Vidal Lucero, informa el recurso solicitando en primer lugar se declare su improcedencia, por no tratarse el asunto de una cuestión constitucional que deba ser tutelada por esta vía, por cuanto esta acción no está destinada a reemplazar procedimientos específicos que contempla la ley, o para la defensa de los derechos de quién se siente perjudicado por la dictación de una resolución administrativa, pues se está recurriendo en contra de la resolución N° 432 de 23 de Septiembre del 2015 y de la N° 187 del 29 de Julio del 2015, dictada por la Inspectora Provincial de Lanco en el ejercicio de sus funciones, remitiéndose a los artículos 504 y 420 del Código del Trabajo, citando jurisprudencia de 3 fallos referidos a la sede jurisdiccional idónea para recurrir ante situaciones como la de autos. En segundo lugar invoca la falta de requisitos para la interposición del recurso, al no existir de parte de la recurrida actos arbitrarios o ilegales, exponiendo en forma secuencial los antecedentes de la dictación de las resoluciones recurridas y califica además de infundado el recurso, al no señalar la ilegalidad en la cual incurriría el organismo que representa. Se refiere a continuación a la legalidad del procedimiento y del acto administrativo objeto del recurso, transcribiendo el artículo 506 ter N° 1° del Código del Trabajo y comenta que el legislador ha investido a las Inspecciones del Trabajo de especiales atribuciones para autorizar a las micros y pequeñas empresas infractoras, para que se incorporen a un programa especial de capacitación y frente a las notificaciones de estas resoluciones, se remite a lo dispuesto en el artículo 508 del Código, que dispone la notificación por cédula, y en el caso específico del recurrente, se le notificó en el mismo domicilio en que se han efectuado todas éstas y en este caso la carta fue además recepcionada por su hermano. En este mismo contexto, la informante expresa que la acción incurrió en falta de oportunidad, por cuanto la notificación se tuvo por practicada el 5 de Agosto del 2015, transcurriendo mas de 30 días desde esa fecha a la de la interposición del recurso. Se refiere en ultimo lugar a las garantías constitucionales invocadas por el recurrente, las que no fueron vulneradas por el servicio que representa, por cuanto no pudo haberse afectado el derecho al ejercicio de la actividad económica ni el de propiedad por efectos de la multa y de las resoluciones respectivas dictadas por el organismo fiscalizador. Concluye su recurso solicitando el rechazo de la acción declarando su improcedencia, como asimismo que no hubo actuación arbitraria e ilegal de la parte recurrida, con costas.

La parte recurrida acompañó la documentación referida a los actos administrativos materia del recurso, que se agregaron de fojas 23 a 89 de autos.

A fojas 98, se ordenó traer los autos en relación.

Y CONSIDERANDO:

PRIMERO: Que, el recurrente nombre reservado interpuso recurso de protección en contra de la Inspección Provincial del Trabajo de Lanco, invocando la afectación de las garantías constitucionales del artículo 19 números. 21° y 24° de la Constitución Política de la República, esto es, el derecho al desarrollo de toda actividad económica y el derecho de propiedad, respectivamente, y solicitó se ordene por este Tribunal de alzada a la recurrida, dejar sin efecto la resolución de multa N° 187 de fecha 29 de Julio de 2015, como asimismo el oficio ordinario N° 342 del 23 de septiembre del 2015. El recurrente solo acompañó copia de la primera de estas dos resoluciones. La parte recurrida al informar el recurso acompañó la segunda de estas resoluciones, cuyo número es 432 y no 342 como equivocadamente la individualizó el recurrente.

SEGUNDO: Que, la resolución N° 187 de la recurrida de fecha 29 de Julio del 2015, estableció en el numeral quinto que la empresa del recurrente no cumplió con lo ordenado mediante Ord. N° 165, al no incorporarse a un programa de asistencia al cumplimiento establecido para micro y pequeñas empresas, aumentándosele la multa original en un 25%. A su vez, el ord. N° 432 de fecha 23 de Septiembre de la recurrida responde una consulta del recurrente relacionada con la forma de notificar las resoluciones de ese organismo.

TERCERO: Que, lo medular del recurso dice relación con una notificación practicada al recurrente de una resolución de la recurrida, la que no fue recepcionada personalmente de acuerdo con la versión del recurrente, sino que lo fue por un menor de edad que se encontraba en su domicilio, con lo cual ha pretendido se le tenga por no notificado de dicha resolución a objeto de poder acogerse a un programa especial que sustituye el pago de una multa administrativa, y que al no hacerlo en el plazo respectivo, se le tuvo por no acogido a ese programa y consecuentemente, la multa original quedó a firme, aumentándosele en un 25%, en conformidad con la ley respectiva.

CUARTO: Que, la acción de protección tiene por finalidad cautelar las garantías constitucionales vulneradas o amagadas, que requieran de un pronunciamiento oportuno y eficaz. En el presente recurso estamos frente a un reclamo relacionado con la validez de una notificación ordenada por un organismo público, como lo es la Inspección del Trabajo de Lanco, cuyo procedimiento se encuentra regulado por el artículo 508 del Código del Trabajo, la que fue practicada por la empresa de Correos de Chile. Nos encontramos en consecuencia, frente a un acto administrativo, cuyo cuestionamiento se encuentra sujeto a procedimientos y trámites de carácter administrativo o judicial en procedimiento ordinario o especial y consecuentemente, no son propios de la acción de protección.

QUINTO: Que, en el mismo orden de ideas de lo expresado en el considerando anterior, no es posible advertir que la situación referida a la validez de una notificación mediante carta certificada, en el contexto de un procedimiento administrativo y respecto del cual incluso el propio recurrente hizo presentaciones durante algunos meses ante el mismo organismo público, pueda afectarlo en su calidad de empresario, para desarrollar su actividad económica o su derecho de propiedad, por cuanto el organismo fiscalizador le aplicó multas por infracciones a la ley laboral, las cuales tienen establecidos procedimientos de reclamación especial, al igual que los asuntos relacionados con los actos administrativos que se relacionan con estos procedimientos, resultando así absolutamente improcedente la acción de protección para reclamar sobre los actos administrativos de este procedimiento que ha citado el recurrente..

Por estas consideraciones y visto, además, lo establecido en los artículos 19 números 21 y 24, y 20 de la Constitución Política de la República y Auto Acordado sobre Tramitación del Recurso de Protección de Garantías Constitucionales, se declara que SE RECHAZA la acción de protección interpuesta a fojas 8 por nombre reservado, en contra de la Inspección Provincial del Trabajo de Lanco, representada por doña nombre reservado, con costas del recurso por estimarse que el recurrente tuvo motivos plausibles para recurrir.

Redacción del Abogado integrante Sr. Juan Carlos Vidal Etcheverry.

Regístrese y archívese, en su oportunidad.

N° Civil 1411-2015 Pronunciada por la SEGUNDA SALA Ministro Sr. JUAN IGNACIO CORREA ROSADO, Ministra Srta. LORETO CODDOU BRAGA, quien no firma por encontrarse con permiso conforme al artículo 347 del Código Orgánico de Tribunales y Abogado Integrante Sr. JUAN CARLOS VIDAL ETCHEVERRY. Autoriza el Secretario Subrogante, Sr. César Agurto Mora.

En Valdivia, a treinta y uno de diciembre de dos mil quince, notifiqué por el estado diario la resolución precedente. Sr. César Agurto Mora, Secretario Subrogante.