nombre reservado con UNIVERSIDAD AUSTRAL DE CHILE

C.A. de Valdivia Valdivia, diecinueve de octubre de dos mil veintitrés.

Visto:

Comparece, doña nombre reservado, soltera, chilena, estudiante de nombre reservado, cédula nacional de identidad número RUT reservado, Balneario de Pucatrihue, sector playa principal S/N, comuna de San Juan de La Costa, Provincia de Osorno, deduciendo recurso de protección en contra de UNIVERSIDAD AUSTRAL DE CHILE, rol único tributario número N°81.380.500-6, representada legalmente por su Rector don nombre reservado, cédula nacional de identidad número RUT reservado, ambos con domicilio en domicilio reservado, a fin de que ésta I. Corte adopte las medidas tendientes a cautelar el legítimo ejercicio de los derechos constitucionales establecidos en el artículo 19 Nº2 y Nº24 de la Constitución Política de la República, de cuyo legítimo ejercicio se le amenaza por el actuar arbitrario e ilegal de la Universidad recurrida.

Funda su recurso, en resumen, en los siguientes aspectos de hecho y de derecho:

1) Que, es alumna de la carrera de nombre reservado en la Universidad Austral de Chile, que su trayectoria académica siguió un curso sin mayores problemas, terminando todos los cursos que por malla académica debe terminar todo alumno para proceder a la titulación, incluso con la realización de su práctica profesional;

2) Que, finalizó sus estudios, pero que falta solamente la obtención material de su título profesional;

3) Que, por ser la única responsable del pago del arancel educacional, tuvo que trabajar para ello, sin embargo, no ha podido cubrir la actual deuda que mantiene con la recurrida, por la suma de $ $3.794.500 mil pesos;

4) Que, desde junio de 2023, ha intentado obtener su título universitario, pero siempre me encuentro con la traba de tener que refinanciar la deuda que mantengo y abonar un saldo considerable que en suma me impide poder alcanzar el fin esperado;

5)Que, en el último correo electrónico recibido de la recurrida, de fecha 1 de agosto del presente año, se le conmina a suscribir pagaré por deuda. Sin embargo en correos anteriores, consta que debe suscribir un pagaré y realizar abono de deuda para poder obtener mi titulación, condición que no puede cumplir íntegramente por no disponer de fondos que así lo permitan, de hecho solo abono una cuota inicial;

6) Que, de lo expuesto se colige, que la recurrida mediante un trato desigualitario y arbitrario, le confiere un trato injustificado en relación a otros alumnos.

Reproduce el texto del artículo 19 Nº2 de la Constitución Política de la República, que consagra el derecho de igualdad ante la ley de todas las personas, y agrega que la recurrida establece distinciones y categoriza entre egresados con deudas pendientes y egresados sin deudas, donde sólo estos últimos obtendrán el certificado y por consiguiente, sólo aquellos podrán ejercer a futuro como profesionales y por ende desempeñarse tanto en el mundo laboral como poder pagar responsablemente por medio del trabajo lo que eventualmente se le pueda deber a la recurrida;

De lo anterior, se desprende, que la recurrida en su negativa de entregar su certificado de título, no cumple con su obligación de no discriminación de las personas, ni la prohibición de imponer diferencias arbitrarias entre unos y otros ciudadanos;

Reproduce, además, el texto del artículo 19 N° 24 de la Constitución Política de la República, y los relaciona con los artículos 565, 576 y 583 del Código Civil, señalando que en el caso de autos, existe un derecho de propiedad implicado, esto en base a los antecedentes académicos de cada alumno, siendo por tanto su persona, dueña de dichos antecedentes que están materializados en documentos emitidos por la misma casa de estudios y que, por hechos arbitrarios, se ve privada ilegalmente de su propiedad. Agrega, que los conocimientos aprendidos son indisolublemente adquiridos por los alumnos en los estudios de su carrera, conocimientos que corresponde al capital intelectual, siendo materializados en los documentos que acreditan el conocimiento del cual cada persona es dueña, entre ellos,el que se niega, incurriendo la recurrida en un acto arbitrario que priva sus derechos de propiedad amparado también, por la Ley General de Educación, Nº 20.370, en su artículo 11 inciso 4, que reproduce, no obstante reconocer, que ésta última norma, es aplicable a la educación básica y media, pero que sus principios regidores, están inspirados en la 20.370, por ende, debe entenderse en un sentido de complemento de ambas leyes, que rigen toda la educación en sus diferentes etapas, indivisibles para el desarrollo de la persona humana según lo prescribe la misma Constitución Política de la República en el artículo 19 Nº 10 inciso 1.

Continúa citando el artículo 2 letra i) de la Ley 21.091, que reproduce, y de igual manera, el artículo 19 Nº3 inciso 3 de la Constitución Política de la República, agregando, que es de total arbitrariedad e ilegalidad aplicar sanciones, como lo es la retención del certificado de título en base de una deuda civil, como lo ha hecho la Universidad Austral de Chile, actuando como una comisión especial e imponiendo castigos arbitrarios.

Cita jurisprudencia en su apoyo.

Concluye solicitando,”... en atención a que la negativa por parte de la Universidad a entregar el título profesional, constituye un acto ilegal y arbitrario. Ilegal por cuanto no existe norma legal alguna que habilite a la Institución, como órgano estatal, para negarse a entregar un título profesional fundado en la existencia de deuda pendiente de pago, y luego arbitraria por cuanto representa una actitud carente de sentido y racionalidad, que no priva al recurrente, como lo ha hecho, del ejercicio de las acciones tendiente a obtener el cobro del crédito adeudado.” (sic) la entrega de su Certificado de Titulo, con costas.

Informando la recurrida, en resumen, señala:

1) Que, no es efectivo que la actora haya cumplido con todos los requisitos y procesos reglamentarios para ser merecedora de un grado académico y el correspondiente título profesional;

2) Que, tampoco es efectivo que la Universidad le haya negado o impedido seguir adelante con el proceso académico necesario para rendir su examen de grado, por el hecho de mantener una deuda con la corporación o cualquier otra razón;

3) Que, los correos electrónicos a los que refiere la actora en su presentación los mantuvo únicamente con la unidad de cobranza de la Universidad, la que respondiendo a sus consultas la orientó precisamente respecto de cómo podía “repactar” o reprogramar su deuda. Mediante mensaje de fecha 04 de julio de 2023 se le informó que bastaba con un abono mínimo de $175.000, que correspondía al valor de la matrícula, el que ella informó como pagado con fecha 12 de julio, mientras que el saldo debía “documentarlo” (sin necesidad de abonar o pagar cantidad alguna) mediante la suscripción de un pagaré, tal como lo hacen todos los estudiantes que se matriculan y tienen deudas de arrastre que no pueden pagar, pero necesitan continuar con sus estudios.

4) Que, a la actora nunca se le pidió cumplir con ninguna condición de matrícula distinta o discriminatoria. Que, después de su correo de fecha 12 de julio de 2023, la actora no hizo ninguna gestión con la unidad de cobranza de la Universidad para suscribir el pagaré antes referido, que se le dijo se le haría llegar. Incluso es más, desde la referida unidad de cobranza intentaron comunicarse con ella por vía telefónica, sin obtener respuesta de su parte. La actora tampoco ha respondido al correo electrónico mediante el cual se le envió el pagaré de repactación para actualizar el monto de la deuda vencida, ya sea para formular reparos a los montos contenidos en dicho documento o manifestar alguna consulta sobre cómo seguir adelante con el proceso;

5) Que, circunscribiendo los hechos sometidos al conocimiento de ésta I. Corte, en los sistemas de la Universidad no existe constancia que, en el menú de “solicitudes de alumno regular”, la actora haya iniciado un proceso de apertura de expediente de titulación. Por lo tanto, es manifiestamente falsa la imputación hecha a la Universidad respecto a que se le hubiere negado o condicionado la obtención de su título o certificado de título al pago de cantidad alguna, porque simplemente no es posible otorgarle o certificarle un título profesional a quien no ha cumplido con todos los requisitos y condiciones que imponen los reglamentos generales y de carrera que existen en nuestra Universidad o en cualquier otra casa de estudios superiores;

6) Que, reiterando, la Universidad no le ha puesto a la recurrente ninguna traba ni impedimento para que haga la gestión de abrir el expediente de títulación.

7) Sostiene, que el recurso de protección, no es la vía idónea para resolver el caso sub lite y, en especial, para obtener la medida de protección o tutela solicitada por la recurrente, por tener ésta una tramitación brevísima y no contempla fases apropiadas de contradicción y prueba. Sólo procede en casos urgentes, excepcionales y, por ende, de evidente e indubitada vulneración o amenaza de derechos fundamentales, lo que no concurre en autos.

Agrega, que de los antecedentes acompañados por ambas partes, queda en evidencia que en la especie no existen hechos y derechos indubitados a favor de quien ha solicitado la intervención cautelar de la I. Corte. Que, por el contrario, de la correcta lectura de los correos electrónicos se puede evidenciar la corrección, justeza a derecho, prudencia y racionalidad con que la unidad de cobranza ha procedido en la atención de las consultas de la actora. Es la recurrente quien en todo momento ha asumido o alegado que tiene derecho a que se le emita un título o al menos certificado de título, pero sin haber acompañado ningún antecedente de haber cumplido con todos y cada uno de los requisitos que los reglamentos de la Universidad establecen para que sea merecedora de tal reconocimiento académico;

8) Que, el presente recurso, en cuanto a la tutela constitucional de garantías fundamentales no es el medio que el constituyente ha dispuesto para conocer y resolver pretensiones como las formuladas por la actora de autos. Por el contrario, ante alegaciones e imputaciones que no tienen el carácter de indubitadas y ante una vulneración de derechos fundamentales que no resulta evidente, debe desestimarse la acción de tutela de garantías, condenando en costas a la actora;

9) Que, el presente recurso debe rechazarse por falta de fundamento, ya que los hechos denunciados por la actora no son efectivos, ni acreditados, que de los antecedentes acompañados al proceso se puede tener por suficientemente acreditado que los hechos materia de autos ocurrieron de una manera distinta a la denunciada por la actora. La recurrida, no ha cometido ninguna acción u omisión que pueda estimarse como ilegal o arbitraria, en los términos que exige nuestro ordenamiento jurídico, ni tampoco se han afectado, perturbado o amenazado alguna de las garantías que de contrario se han invocado en estos autos.

Reitera que no se está condicionando la continuidad del proceso educativo o de titulación (en este caso) al pago efectivo de la deuda existente.

Es más, la Universidad le permite y le facilita a la actora continuar adelante con la última etapa de su carrera de pregrado, independizando el términos del proceso propiamente académico con el de eventual cobranza, en caso que en el futuro la deuda no sea pagada en los términos convenidos. Lo anterior no constituye infracción a ninguna disposición legal, ni mucho menos reglamentaria.

Señala, que por el contrario, sólo se le está aplicando a la actora la misma política y reglamentos referidos a los procesos de matrícula que otros estudiantes, en la misma posición fáctica de la actora, deben cumplir. No existe estándar alguno con el que la conducta de la Universidad pueda calificarse como antojadizo, irracional, caprichoso o desigual, es decir, discriminatorio;

Indica, que tampoco es posible afirmar que en la especie los actos de la recurrida hayan podido causar vulneración alguna a las garantías constitucionales invocadas por la actora, ya sea al artículo 19 N°2 o al N°24, lo que descarta por cuanto su actuar ha sido en todo momento legal y además racionalmente justificado.

Por otra parte, reitera que para efectos de abrir un expediente de titulación y optar al respectivo título profesional habilitante, no se ha establecido ninguna distinción o categorización entre estudiantes que tengan o no deudas anteriores con la Universidad. Todos deben matricularse en el semestre que pretenden rendir su examen de grado y, en el evento que tuvieren deudas, a ninguno de ellos se les exige que paguen el todo o ni siquiera parte de dicha morosidad. Sólo se les exige, tal como ocurre con todos los estudiantes que año a año se matriculan en la misma condición para inscribir ramos, que documenten la deuda mediante la suscripción de un pagaré, que la Universidad dispensa un trato completamente igualitario a todos los estudiantes que están en la misma posición fáctica, favoreciendo el proceso académico y no condicionándolo al pago anticipado o al contado de obligaciones morosas acumuladas durante los años precedentes.

Respecto de la eventual vulneración a la garantía del artículo 19 N°24, ella no concurre en el actuar de la recurrida, ya que no existe ningún antecedente serio y concreto que permita establecer que la actora tenga alguna “especie” de “propiedad” sobre sus “antecedentes académicos (…) materializados en documentos”. Lo cierto es que la actora tiene una legítima expectativa de obtener un título profesional, una vez ingrese en la Universidad la solicitud de apertura de expediente para estos efectos, cumpliendo con los requisitos académicos y formales respectivos.

Mientras no se presente a rendir el examen de grado y lo apruebe, según la evaluación que realicen los profesores designados al efecto, no es efectivo que haya obtenido el título profesional que en esta sede erróneamente sostiene que la Universidad le ha negado o retenido.

Finalmente, concluye y solicita que la acción constitucional de protección de marras debe ser desestimada o rechazada por inidónea la acción constitucional de protección deducida en estos autos o, subsidiariamente, por no ser efectivos sus fundamentos fácticos y, en todo caso, por no haber incurrido la recurrida en acto ilegal o arbitrario alguno, ni haber sido la actora privada, perturbada o amenazada en el legítimo ejercicio de los derechos fundamentales que ha invocado en su favor, condenando en costas a la parte recurrente por su manifiesta falta de fundamento.

Finalmente, termina solicitando el rechazo del recurso.

Se trajeron los autos en relación.

Compareció en la vista de la causa sólo el abogado de la parte recurrida, don Sergio Valenzuela Mena, solicitando el rechazó del recurso.

CON LO RELACIONADO Y CONSIDERANDO:

PRIMERO: Que, el recurso de protección ha sido instituido por el constituyente como una acción destinada a evitar las posibles consecuencias dañosas derivadas de acciones u omisiones arbitrarias o ilegales, que produzcan privación, perturbación o aún amenaza de alguna o algunas de las garantías constitucionales expresamente señaladas en la Constitución Política de la República, a fin de restablecer el imperio del derecho y otorgar la debida protección a quien pueda resultar afectado.

SEGUNDO: Que, para que proceda la presente acción constitucional, es necesaria la concurrencia copulativa de: 1) La existencia de un acto u omisión ilegal o arbitrario; 2) Que dicho acto viole, perturbe o amenace garantías que la Constitución asegura a todas las personas; y, finalmente, 3) Que quien lo interpone se encuentre ejerciendo legítimamente un derecho indubitado, esto es, que sea quien se encuentra legitimado activamente para su ejercicio.

TERCERO: Que, además de los requisitos enunciados, corresponde tener presente que, dada la naturaleza cautelar, no contradictoria y sumaria del arbitrio constitucional, el ámbito de su aplicación corresponde limitarlo a aquellos actos cuya ilegalidad o arbitrariedad son evidentes, atendidas las circunstancias y modalidades concretas de la situación de que se trata.

Por consiguiente, resulta requisito indispensable de la acción constitucional que se examina, la existencia de un acto u omisión que sea ilegal, esto es, contrario a la ley, o que sea arbitrario, es decir, sin razón o fundamento y producto del mero capricho de quien incurre en esa conducta, que debe producir como consecuencia, alguna de las situaciones o efectos que se ha indicado respecto de la garantía protegida.

CUARTO: Que, conforme al relato efectuado por la recurrente en su presentación, los hechos denunciados mediante el presente recurso dicen relación con una eventual vulneración de las garantías constitucionales contempladas en los numerales 2 y 24 del artículo 19 de la Constitución Política de la República, lo que tendría su origen en la negativa de la recurrida en otorgar el certificado de título profesional de la recurrente, al condicionar su entrega al pago de una deuda.

QUINTO: Que, centrada la controversia en lo expuesto en el considerando anterior, se debe precisar, al amparo del presente recurso, la efectividad de dichos hechos.

De los antecedentes acompañados por ambas partes, correos electrónicos, no se aprecia ni se prueba que la recurrida haya condicionado la entrega del certificado de título al pago de alguna deuda previa.

Por otra parte, no consta ni se prueba, que la recurrente haya dado cumplimiento al artículo 4 del Reglamento para la obtención de título universitario, acompañado a folio 24 de autos, esto es, la apertura de expediente de titulación, trámite previo y esencial, para acceder al otorgamiento de un título profesional.

SEXTO: Que, la falta de prueba sobre la negativa de la recurrida a otorgar el certificado de título, impide a ésta I. Corte dar por concurrente la acción u omisión reclamada en autos, calificarla de ilegal y/o arbitraria, y tener como indubitado su derecho.

Por estas consideraciones, y visto, además lo dispuesto en los artículos 19 N° 2 y 24, 20 de la Constitución Política de la República y Auto Acordado de la Excma. Corte Suprema sobre Tramitación del Recurso de Protección de Garantías Constitucionales, SE RECHAZA el recurso de protección interpuesto por doña nombre reservado en contra de la UNIVERSIDAD AUSTRAL DE CHILE, sin costas.

Regístrese, comuníquese y archívese en su oportunidad.

Redacción a cargo del Abogado Integrante Sr. Claudio Aravena Bustos.

N°Protección-1393-2023.