nombre reservado con nombre reservado

Valdivia, veinte de diciembre de dos mil diecisiete.

Vistos:

Que la señora nombre reservado, manipuladora de alimentos, domiciliada en domicilio reservado interpone recurso de protección en contra de doña Blanca Lidia García Castillo, dueña de casa, y don nombre reservado, obrero agrícola, ambos domiciliados en domicilio reservado.

Señala que por escritura pública de compraventa de 1 de abril de 2015, y autorizada por la Notario Público Interino doña nombre reservado, de la Tercera Notaria de Valdivia, doña Blanca Lidia García Castillo, autorizada por su cónyuge don nombre reservado le vende, cede y transfiere el inmueble Lote Dos-C, tres, lote de una superficie de una hectárea, y los siguientes deslindes especiales: Norte, en cuarenta y ocho coma cinco metros con resto Lote Dos –C; Sur, en cincuenta metros con Lote Dos –C Dos; Oriente, en doscientos coma cinco metros con Resto Lote Dos-C; y Poniente, en doscientos un metros con Lote Dos-B.- A este Lote le fue asignado el Rol N° 290-754 por el Servicio de Impuestos Internos. El titulo se encuentra inscrito a fojas 241 Bajo el Número 333 del Registro de Propiedad del año 2015, del Conservador de Bienes Raíces de Los Lagos.

Agrega que en la cláusula octava de dicho contrato se señala: “Por este acto la vendedora debidamente autorizada por su cónyuge constituye servidumbre de tránsito a favor del Lote Dos-C del plano de subdivisión, de una superficie de ochocientos veintiocho metros cuadrados, servidumbre que se grafica el plano de subdivisión, y que tiene los siguientes deslindes: Norte, en doscientos siete metros con Resto Lote Dos-C; Sur, con Lote Dos- C- dos; Este, en cuatro metros con camino público de El Salto a Las Juntas; y Oeste, en cuatro metros con Resto Lote Dos – C.- Las comparecientes establecen precio de venta de la servidumbre la suma de doscientos mil pesos, que doña nombre reservado ha pagado con anterioridad a este acto a doña nombre reservado, declarando esta última totalmente pagado el precio de la servidumbre”. La servidumbre se encuentra inscrita a fojas 121, bajo el número 102 del Registro de Hipotecas y Gravámenes del año 2015, del Conservador de Bienes Raíces de Los Lagos.

Añade que los recurridos, han impedido que haga uso de la servidumbre de tránsito, instalando un portón metálico que impide que haga ingreso al inmueble que adquirió por contrato de compraventa de fecha 1 de abril de 2015.

Detalla que los altercados por hacer uso de la servidumbre de transito han aumentado, ocurriendo un hecho de gravedad el día 7 de octubre de 2017, momento en que doña Blanca Lidia García Castillo y don nombre reservado agredieron a golpes a su hija nombre reservado y a su nieta doña nombre reservado. Además en reiteradas ocasiones don nombre reservado ha manifestado a vecinos y amigos que le meterá un balazo a su yerno nombre reservado, por hacer uso de la servidumbre de tránsito y que según el señor nombre reservado es de su propiedad.

Relata que el 30 de octubre del año en curso, don nombre reservado y doña nombre reservado, cerraron el portón metálico que instalaron para impedir que se use la servidumbre de tránsito, con alambres para así evitar su ingreso. Dicha servidumbre, es el único acceso que tiene para ingresar al sitio de su propiedad, es del caso que este derecho de servidumbre fue pagado y quedó escriturado en el contrato de compraventa de 1 de abril de 2015, inscrito en el Conservador de Bienes Raíces de Los Lagos, por lo que goza de derecho de propiedad sobre esta servidumbre de tránsito, que está siendo vulnerado por doña nombre reservado y don nombre reservado, quienes fueron los constituyentes de esta servidumbre que hoy impiden su uso.

Recalca que los recurridos, con su actuar están vulnerando la garantía protegida en el artículo 19 N° 1 de nuestra carta fundamental, que señala “La Constitución asegura a todas las personas: 1º El derecho a la vida y a la integridad física y psíquica de la persona”. Este derecho ha sido arbitrariamente vulnerado por los recurridos, debido a la agresión sufrida por su hija doña nombre reservado, y su nieta doña nombre reservado, quienes viven con ella y que el día 7 de octubre del año en curso, fueron agredidas a golpes por doña Blanca Lidia García Castillo y don nombre reservado, en momentos en que iban transitando en su vehículo por la servidumbre en dirección hacia Los Lagos. Su yerno don nombre reservado, quien también vive con ella ha sido amenazado de muerte por los recurridos, afectándole psíquicamente estas amenazas, porque teme por su integridad y la de su familia.

Manifiesta que según se acredita del certificado de hipotecas y gravámenes, otorgado por el Conservador de Bienes Raíces de Los Lagos, de 6 de octubre de 2017, se constituyó por la recurrida doña Blanca Lidia García Castillo, por escritura pública de 1 de abril de 2015, Repertorio N°1151, y otra de rectificación de 9 de abril de 2015, Repertorio N°1241, ambas otorgadas en la Tercera Notaria de Valdivia por la Notario Público Interino doña nombre reservado, servidumbre de tránsito en favor del Lote Dos C-tres que será el predio dominante, sobre una faja de terreno de cuatro metros de ancho por doscientos siete metros de largo. Esta servidumbre se encuentra inscrita a fojas 121, bajo el número 102, del Registro de Hipotecas del año 2015, del Conservador de Bienes Raíces de Los Lagos. Según consta en el contrato de compraventa de 1 de abril de 2015, en la cláusula octava el pago de doscientos mil pesos a la recurrida doña Blanca Lidia García Castillo por el derecho de servidumbre de tránsito, declarando doña nombre reservado pagado totalmente el precio de la servidumbre. El instalar un portón metálico para impedirle el acceso al camino y de esta forma evitar su ingreso al inmueble de su propiedad, afecta sin lugar a dudas la garantía del articulo 19 N° 24 de la carta fundamental.

Con su actuar los recurridos, están vulnerando su derecho de propiedad, que tiene sobre el derecho real de servidumbre y que la misma recurrida constituyó y hoy desconoce arbitrariamente.

También denuncia la transgresión al artículo 19 N° 26 de la Constitución Política de la República. Pide se acoja a tramitación y en definitiva, previo informe de la recurrida, lo acoja y les ordene:

1.- Que deben de retirar el portón metálico instalado en la servidumbre y que obstaculiza el libre tránsito en ella.

2.- Que deben de respetar su derecho de propiedad sobre el derecho de servidumbre constituida e inscrita a fojas 121, número 102 del Registro de Hipotecas y Gravámenes del Conservador de Bienes Raíces de Los Lagos.

3.- Todo ello, con expresa condenación en costas.

El informe de los recurridos es manuscrito, alude a la existencia de la servidumbre que es materia del recurso de protección. Agregan que la recurrente efectivamente pagó por su constitución pero cuestionan que dicho pago le permita a la recurrente hacer uso exclusivo del camino.

Agregan que la servidumbre conlleva derechos y deberes, entre los derechos de la recurrente se encuentra el de transitar por el camino, pero es su deber aportar con la mitad de los gastos para “encallejonar” dicho camino y la mantención del mismo.

Relata los problemas que se suscitaron con los animales que criaba la recurrida en el predio de su dominio, los que salían a la calle, al no estar “encallejonado” y encontrarse el portón abierto.

Alude también a la imposibilidad de comunicarse con la recurrente para construir el cerco y así encallejonar el camino, a lo cual no tuvo respuesta, por el contrario, sólo insultos y malas palabras.

En cuanto a las lesiones que se señalan en el recurso, que habría sufrido la hija de la recurrente, manifiesta que ella también fue víctima de lesiones en la misma oportunidad por parte de la hija de la r3currente, lo que motivó que carabineros las llevara detenidas a las dos.

Niega tajantemente las amenazas de muerte o de otra clase proferidas por el recurrido, en la persona del yerno de la señora nombre reservado.

La recurrida nombre reservado, manifiesta que el día 30 de Octubre del año en curso, cerró el portón metálico para proteger la casa que se encuentra en el lugar, pero agrega que ellos se encontraban al interior del inmueble de propiedad de la señora nombre reservado, así que sostiene que en ningún momento le impidió el paso, ya que estaban en su hogar. Añade que el alambre era delgado y fácil de sacar.

Por último se asevera que en ningún momento han impedido el paso por dicha servidumbre, ya que nombre reservado y nombre reservado viven en la propiedad de nombre reservado hace dos años aproximadamente. La recurrente no vive en el sector, sino en Las Gaviotas, Poste 41, casa 137, Valdivia.

Finalmente alude a un problema pendiente con la recurrente en materia de aguas.

Y considerando:

Primero: Que el recurso de protección es un medio de impugnación jurisdiccional de rango constitucional que permite poner pronto remedio a situaciones de hecho que amaguen derechos de rango constitucional (estrictamente enumerados en el artículo 20 de la carta fundamental) y que provengan de actuaciones que admitan la calificación de arbitraria o ilegal.

Considerando la narración de hechos y los enunciados de derecho que contiene el recurso, en lo pertinente, se deduce que la garantía conculcada y por la cual pide intervención judicial es la contenida en el artículo 19 N° 24 de la Constitución Política de la República, referida a su derecho a la propiedad sobre toda clase de bienes, entre los que se encuentra su derecho de propiedad sobre la servidumbre de tránsito constituida al celebrar el contrato de compraventa del bien raíz adquirido de una de las recurridas.

También se alude a la conculcación del derecho a la integridad física y psíquica, conforme al artículo 19 N° 1, por las lesiones sufridas por la hija de la recurrente, en una disputa que se verificó en torno a la servidumbre.

Por último se invoca también la transgresión del artículo 19 N° 26 de la Constitución, que no recibe protección constitucional por vía de esta acción de protección.

Segundo: Que al informar, los recurridos no contradicen la dinámica de ocurrencia de hechos, invocados por la actora como sustento del recurso. Por el contrario, se alude a una serie de otros acontecimientos, ocurridos durante el último tiempo, que son consecuencia de la problemática existente en torno al ejercicio de la servidumbre de tránsito.

Tercero: Que así las cosas, teniendo presente que el núcleo central del conflicto es el reproche de autotutela conviene recordar que, tal como este mismo tribunal lo ha señalado en otras oportunidades, por ello debe entenderse toda vía de hecho que cualquier persona ejecuta o lleva a cabo alterando un determinado status quo, lo que, a su vez, significa afectar determinadas relaciones jurídicas que sobre estas bases de facto se desarrollaban. Quien lleva adelante estas acciones u omisiones significativas de cambios en estos supuestos de hecho y que normalmente buscan un beneficio o provecho para su autor, toma la justicia por mano propia desoyendo el principio básico de un Estado de Derecho que obliga a recurrir a los Tribunales de Justicia en busca de la sanción que de facto ha pretendido. En efecto y salvo contados casos, el ordenamiento jurídico no admite que las personas puedan prescindir de la asistencia jurisdiccional en pos del amparo o declaración de sus derechos. (En el mismo sentido Corte de Apelaciones de Valdivia rol 151/2008 y rol 33/2009)

Cuarto: Que ante los claros hechos y la participación que en ellos ha tenido la recurrida y el recurrido, cabe pronunciarse sobre si su acaecimiento vulnera la garantía constitucional del artículo 19 Nº 24 de la Constitución Política del Estado, que a criterio de la recurrente se ha visto conculcada con el actuar arbitrario de quien cerró el portón impidiendo el acceso a su predio por la servidumbre legalmente constituida. La respuesta es afirmativa, pues resulta evidente la autotutela que han ejercido los recurridos al cerrar el portón que permite transitar hacia y desde la parcela de la recurrente, con el argumento que dicha servidumbre no es de uso exclusivo de la recurrente y que ésta no ha aportado los dineros para hacer el “encallejonamiento”.

El goce pacífico e ininterrumpido de la servidumbre constituye un statu quo o situación legal que goza de la protección jurídica y que por lo tanto solamente por una decisión de los tribunales debidamente impetrada pudiera ser alterado.

Aquella justicia por mano propia, es precisamente la que se encuentra proscrita en nuestro ordenamiento jurídico y que de incidir en un derecho de una garantía constitucional resguardada por la acción de protección, debe ordenarse su inmediato cese.

Quinto: Que resulta necesario verbalizar, que los conflictos relativos al uso de la servidumbre y a la provisión de gastos para su mantención, entre otros, deben ser resueltos por la vía legal y judicial, si fuere necesario, y no con vías de hecho que alteran la situación de facto y el ejercicio de los derechos que nuestra constitución protege en forma especial.

Sexto: Que de este modo, el proceder de los recurridos debe reputarse de ilegal, desde que fuera de todo amparo normativo han procedido a hacerse justicia por mano propia, importando en el hecho, una privación a la recurrente en el legítimo ejercicio de su garantía fundamental de dominio sobre el derecho de servidumbre de tránsito legalmente constituido.

Séptimo: Que sólo, a mayor abundamiento, es necesario consignar que las alegaciones vertidas en lo relativo a las lesiones sufridas por la hija de la recurrente y también por la recurrida, no serán objeto de análisis en el marco de la presente acción, pues consta que ya se dictó sentencia por el Juzgado de Garantía de Los Lagos, en que las dos fueron condenadas por riña.

Y vistos además lo dispuesto por el artículo 20 de la Constitución Política del Estado y Auto Acordado de la Excma. Corte Suprema sobre Tramitación y Fallo de los Recursos de Protección, se acoge el recurso interpuesto por doña nombre reservado en contra de doña nombre reservado y don nombre reservado y se ordena que:

1.- Los recurridos deben retirar todo obstáculo que impida y dificulte el libre tránsito por la servidumbre constituida a favor del predio de doña nombre reservado e inscrita a fojas 121, número 102 del Registro de Hipotecas y Gravámenes del año 2015, del Conservador de Bienes Raíces de Los Lagos.

2.- El portón metálico existente, se mantendrá en el lugar, para resguardo de los predios, pero las partes deberán costear por mitades un sistema de cierre (candado, cadena u otro) quedando ambas con una llave para el debido uso del mismo en el caso que se decida esta opción Regístrese, notifíquese y archívese en su oportunidad.

Redacción a cargo del Ministro Titular señor Juan Ignacio Correo Rosado.

Rol N° 1385-2017.