nombre reservado con CLÍNICA ALEMANA DE VALDIVIA S.A.

Valdivia, ocho de julio de dos mil veinticuatro.

VISTOS Y CONSIDERANDO:

Primero: Comparece don Francisco Lara Roloff, abogado, en representación de doña nombre reservado quien recurre de protección en contra de Clínica Alemana de Valdivia, representada por don nombre reservado, institución que, por su actuar arbitrario e ilegal, ha afectado las garantías constitucionales del articulo 19 N° 1, 2, 3 inciso 5 y 24 de la Constitución Política de la República.

Expone que su representada fue atendida con fecha 04 de julio de 2023, en dependencias de la recurrida, a fin de realizar el trabajo de parto, siendo atendida por el Médico René Aguilar con hora de ingreso a las 01.40 horas con hora de termino de parto a las 06.03 horas. Posteriormente debió concurrir a la Clínica Alemana de urgencias con riesgo vital por la negligencia médica consiste en que el médico cirujano a cargo del parto no retiró completamente la placenta.

Señala que en el contexto de reunir antecedentes a fin de ser puestos a disposición del Tribunal competente para determinar la responsabilidad del medico tratante y la Clínica, se solicitó la entrega todos los protocolos médicos, de enfermería, obstétrico, y todo otro protocolo del equipo médico, asociado al trabajo de parto, tanto en su fase previa, así como en su ejecución y lapso posterior, con especial énfasis de/los protocolo/s que regulen el retiro de placenta; manejo de agujas, en general y en contexto de parto; y rol de médico jefe de turno en contexto de parto, sin embargo y a pesar de las diversas gestiones realizadas por el abogado recurrente hasta la fecha estos documentos no han sido entregados. Refiriéndose al derecho del recurrente-paciente a obtener los protocolos clínicos; Invoca el artículo 14 de la ley Nº 20.584 sobre derechos y deberes del paciente, que consagra el “consentimiento informado”. Explica que de acuerdo al artículo 10 de la misma ley, toda persona tiene derecho a ser informada, por parte del profesional tratante, acerca de su salud, diagnóstico, de su enfermedad de las alternativas de tratamiento disponibles para su recuperación y de los riesgos, así como del pronóstico esperado, etc.

Se refiere ampliamente al consentimiento informado. Dice que el deber de informar que tienen el médico y clínica, se construye sobre la base de la autodeterminación del paciente, y si no hay información, se configura un menosprecio de la persona, que no tuvo la oportunidad de comprender lo que se le decía a propósito de su enfermedad.

Expresa que, si la recurrida se niega a entregar los protocolos del parto en atención de urgencia, como en el caso de autos, se está cometiendo un acto ilegal y arbitrario, que priva al paciente de diversos derechos. Transcribe el artículo 4º de la ley Nº 20.584, sobre derechos y deberes del paciente, y seguridad en la atención de salud.

Finalmente y previa argumentación de cada una de las garantías constitucionales que estima vulnerada, solicita que se acoja su recurso y se ordene a la recurrida hacer entrega de todos los protocolos médicos, de enfermería, obstétricos, y de todo otro protocolo del equipo médico asociado al trabajo de parto, tanto en su fase previa, así como en su ejecución y lapso posterior, con especial énfasis de los protocolos que regulen el retiro de placenta y rol de médico jefe en contexto de parto, con ejemplar condena en costas.

Segundo: Informando el recurso, comparece don nombre reservado, Abogado, por Clínica Alemana de Valdivia S.A.,, quien solicita el rechazo del recurso de protección deducido en contra de la institución negando la afectación de las garantías constitucionales indicada por el recurrente.

Expone que de acuerdo al DFL 1 del Ministerio de Salud, Subsecretaría de Salud Pública, corresponde a la Superintendencia de Salud la fiscalización de todas las materias concernientes a la existencia, funcionamiento y acreditación de las clínicas privadas en Chile. Así se dispone en el artículo 107 inciso tercero del DFL 1 del Ministerio de Salud; Subsecretaría de Salud Pública, que fija el texto refundido, coordinado y sistematizado del Decreto Ley N° 2.763, de 1979 y de las Leyes N° 18.933 y N° 18.469, que dispone que “igualmente, concernirá a la Superintendencia la fiscalización de todos los prestadores de salud públicos y privados, sean éstos personas naturales o jurídicas, respecto de su acreditación y certificación, así como la mantención del cumplimiento de los estándares establecidos en la acreditación” y en dicho contexto ninguna norma podría ser vulnerada ya que la fiscalización de la Superintendencia es permanente, lo que garantiza el recto cumplimiento de todos los derechos de los pacientes.

Expone que el recurrente reclama la entrega de protocolos médicos sobre diversas especialidades, acompañando hasta un informe de un perito kinesiólogo y facsímiles de otras clínicas chilenas y extranjeras, para intentar justificar la existencia y obligatoriedad de esos documentos y, así, dar alguna coherencia a su petición, no obstante, persistentemente se le ha explicado la inexistencia de esos Protocolos, ante lo cual ahora endilga diversas hipótesis hasta concluir que le estarían siendo ocultados.

Señala que a cada paciente que va a ser objeto de un procedimiento quirúrgico, en forma previa debe leer este protocolo, comprenderlo y, enseguida, prestar su consentimiento informado, lo que no parece eficiente de realizar ni posible. Sin embargo, antes que la existencia de protocolos médicos, el legislador como auténtico acto de lex artis y humanización de la medicina, diseñó el denominado Consentimiento Informado, regulado en el artículo 14 de la Ley N° 20.984, conforme al cual el médico debe informar al Paciente sobre los procedimientos a los que será sometido, en términos tales que debe hacerse constar que el médico ha ofrecido al paciente una completa información sobre el o los procedimientos que serán realizados, sus consecuencias, posibles efectos negativos u otros alcances, de manera que el paciente tome una decisión informada. En el caso de estos autos el médico ginecólogo y el médico anestesista proporcionaron a la paciente el debido y completo conocimiento de los procedimientos a los que sería sometida; una vez que se proporciona esa información, el paciente pregunta sobre sus dudas y entiende completamente lo que el o los médicos le han informado, sólo después de aquello, se procede a realizar los procedimientos de que se trata. artículo 4 de la Ley N° 20.584 sobre derechos del paciente, el recurrente exige protocolos que obligatoriamente las instituciones de salud privadas debieran tener, en cuanto esa norma señala que “toda persona tiene derecho a que, en el marco de la atención de salud que se le brinda, los miembros del equipo de salud y los prestadores institucionales cumplan las normas vigentes en el país, y con los protocolos establecidos, en materia de seguridad del paciente y calidad de la atención de salud, referentes a materias tales como infecciones intrahospitalarias, identificación y accidentabilidad de los pacientes, errores en la atención de salud y, en general, todos aquellos eventos adversos evitables según las prácticas comúnmente aceptadas. Adicionalmente, toda persona o quien la represente tiene derecho a ser informada acerca de la ocurrencia de un evento adverso, independientemente de la magnitud de los daños que aquel haya ocasionado. Las normas y protocolos a que se refiere el inciso primero serán aprobados por resolución del Ministerio de Salud, publicada en el Diario Oficial, y deberán ser permanentemente revisados y actualizados de acuerdo a la evidencia científica disponible.”

Finalmente señala que la recurrida cumple con la normativa legal existente del Ministerio de Salud, y que de acuerdo a la Resolución 1031 exenta de 2012, en el cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 4 de la Ley N° 20.584, todos los documentos relativos a protocolos que se encuentran visados por el Subsecretario de Redes Asistenciales y quedarán bajo su custodia, encentrándose a disposición de las personas en las páginas de los respectivos servicios públicos.

Tercero: Que, el recurso de protección de garantías constitucionales establecido en el artículo 20 de la Constitución Política de la República, jurídicamente constituye una acción de naturaleza cautelar, que tiene por objeto amparar a personas naturales o jurídicas en el libre ejercicio de las garantías y derechos preexistentes que se enumeran en la misma disposición, y que por actos u omisiones arbitrarias o ilegales, sufran privación, perturbación o amenaza de tales garantías, pretendiendo que mediante la adopción de medidas de resguardo que se deben tomar frente a un acto de tal naturaleza, se restablezca el imperio del derecho.

Cuarto: Que, de lo antes expresado, el recurso de protección, como acción cautelar de urgencia, carece de las garantías procesales de un juicio declarativo de lato conocimiento; razón por la que sólo ampara derechos no controvertidos o indubitados. En este sentido, un acto u omisión es arbitrario cuando carece de razonabilidad, de fundamentación suficiente, de sustentación lógica; es decir, cuando no existe razón que lo fundamente y quien actúa lo hace por mero capricho. El acto u omisión será ilegal cuando no reúne los requisitos legales, es contrario a derecho o a la ley o no se atiene estrictamente a la normativa legal vigente.

Quinto: Que para una acertada resolución de la materia sub lite, en cuanto al fondo, cabe tener presente que la cuestión debatida en lo sustancial en estos antecedentes, consiste en determinar si existe una acción arbitraria o ilegal imputable a la recurrida respecto a la negativa de entrega de todos los protocolos médicos, de enfermería, obstétricos, y de todo otro protocolo del equipo médico asociado al trabajo de parto, tanto en su fase previa, así como en su ejecución y lapso posterior, con especial énfasis de los protocolos que regulen el retiro de placenta y rol de médico jefe en contexto de parto y que dicha acción perturbe y prive a la recurrente de su garantía establecida por vulneración grave a los derechos establecidos en el artículo 19 N° 1, 2, 3 inciso 5 y 24 de la Constitución Política de la República Sexto: Que, a juicio de estos sentenciadores, la alegación de la recurrida en torno a la inexistencia de los referidos protocolos hace que el asunto planteado no tenga el carácter de indubitado, pues se encuentra discutida la existencia misma de los documentos solicitados. Por ello este arbitrio constitucional no puede prosperar desde que no existe un derecho indubitado que haya sido violado por la recurrida.

Séptimo: Que, conforme lo anterior, adicionalmente, esta Corte estima que existen otros mecanismos ordinarios para que la recurrente pueda proveerse de los medios probatorios que estime necesarios para preparar su futura pretensión. Al efecto, el art. 273 N° del Código de Procedimiento Civil permite al futuro demandante solicitar de la futura demandada la exhibición de los documentos. Esta norma expresa: “El juicio ordinario podrá prepararse, exigiendo el que pretende demandar de aquel contra quien se propone dirigir la demanda: 3° La exhibición de sentencias, testamentos, inventarios, tasaciones, títulos de propiedad u otros instrumentos públicos o privados que por su naturaleza puedan interesar a diversas personas”. Los protocolos de atención médica pertenecen a este grupo de documentos que por su naturaleza pueden interesar a diversas personas. De esta manera, la negativa a la exhibición, según lo expresa el art. 277 del Código de Procedimiento Civil, impedirá a la recurrida hacer valer en juicio los instrumentos, sanción a la que no se expone con este arbitrio.

En consecuencia, siendo dubitada la existencia de los documentos solicitados y existiendo mecanismos ordinarios para lograr la exhibición de los protocolos, corresponde rechazar la acción impetrada.

Por estas consideraciones y de acuerdo, además, con lo dispuesto en el artículo 20 de la Constitución Política de la República y Auto Acordado de la Corte Suprema sobre Tramitación del Recurso de Protección de Garantías Constitucionales; SE RECHAZA, sin costas, el recurso deducido por doña nombre reservado en contra de Clínica Alemana de Valdivia.

Regístrese y comuníquese.

Redacción Abogado Integrante Sr. Iván Hunter Ampuero.

Rol 1329 – 2024 Protección.