nombre reservado C con I. MUNICIPALIDAD DE nombre reservado

Valdivia, dos de mayo de dos mil dieciséis.

VISTOS:

Que doña nombre reservado, domiciliada en domicilio reservado, por sí y en representación del COMITÉ DE DEFENSA DE nombre reservado BAJO Y SUS CERROS ALEDAÑOS, persona jurídica de derecho privado, con el mismo domicilio anterior; don nombre reservado, técnico en administración empresarial, domiciliado en domicilio reservado; doña nombre reservado, de profesión técnico de nivel superior cocina internacional, domiciliada en domicilio reservado; don nombre reservado, marino mercante, domiciliado en domicilio reservado; y doña nombre reservado, comerciante, domiciliado en domicilio reservado, y fundados en al artículo 20 de la Constitución Política de la República, y de lo dispuesto en el auto acordado sobre tramitación y fallo del recurso de protección de las garantías constitucionales, interponen recurso de protección en su favor, en contra de la ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE nombre reservado, persona jurídica de Derecho Público, representada por su Alcalde don GASTÓN PÉREZ GONZÁLEZ, ignoran profesión u oficio, ambos domiciliados en domicilio reservado.

Indican, que por presentación de fecha 1 de septiembre de 2015, solicitaron al Sr. Alcalde la nombre reservado disponer la clausura de todas las canchas industrias y almacenes emplazados en la zona ZU-3, del Plano Regulador Comunal, y que fueran de propiedad de la empresa Portuaria de nombre reservado S.A., las que actualmente se encuentran en sector nombre reservado Bajo y Amargos de la comuna de nombre reservado. Que la I. Municipalidad de nombre reservado, por intermedio de su Alcalde, respondió por oficio N° 710, de 15 de septiembre de 2015, señalando: “a) Que la patente del sector Amargos se encuentra correctamente otorgada desde el 1 de enero de 1995, la que cumpliría con todos los requisitos de aquel tiempo; b) Que la Portuaria nombre reservado solo tiene autorizado el funcionamiento para el sector Amargos, pero no para nombre reservado Bajo, pese que se ha notificado en varias ocasiones de las molestias que se originan de su funcionamiento; c) Que el Municipio ha generado notificaciones a la empresa, y a pesar de ello, a la fecha, se encuentran en proceso de regularizar estas observaciones. d) Por último, indica que en su momento la autoridad sanitaria calificó al sitio de Amargos y lo consideró apto para funcionar mientras se cumpla con las disposiciones de seguridad y medidas ambientales correspondientes.”.

Estiman que la respuesta de la recurrida, es ilegal y arbitraria, y que contraviene textos legales expresos, infringe la ley de patentes y al ordenamiento territorial, vulnerando sus derechos fundamentales, ya que la referida empresa funciona al margen de la legalidad, sin cumplir con los requisitos y requerimientos sectoriales.

Fundan su recurso, en los siguientes argumentos:

1.- Indican que desde un tiempo a la fecha la comunidad de nombre reservado se ha organizado para manifestar públicamente su disconformidad con la operación de transporte y acopio de Chips de la empresa Portuaria nombre reservado S.A., debido al fuerte impacto al medio ambiente y calidad de vida de sus habitantes. Que, tal impacto se manifiesta u observa en: impacto visual, al tener acopios de chips (montañas) en diversos lugares de la ciudad; contaminación marina al verter sus líquidos directamente al mar; malos olores especialmente en los días en que no hay lluvia; ruido constante y molesto producto de la operación de maquinaria, y la salida y entrada de camiones; suciedad alrededor de las instalaciones, que promueve la aparición de vectores como roedores, gatos, moscas, etc.; contaminación del fondo marino, que ha provocado la muerte de los moluscos, con la consecuente pérdida de fuentes de ingresos para los pequeños pescadores artesanales, etc.

Que habiendo sido requeridas las diversas autoridades y servicios públicos, éstas nada han hecho para evitar la impunidad en que actúa la empresa Portuaria nombre reservado S.A. en cuanto al cumplimiento de los requisitos legales y autorizaciones sectoriales.

2.- Que la empresa Portuaria nombre reservado S.A. es titular de patente comercial para la explotación de puerto y propaganda no luminosa en el sector Amargos de la comuna de nombre reservado. En virtud de esa patente lleva realizando su actividad industrial hace muchos años, consistente en transportar y acopiar toneladas de chips, para luego ser exportado al extranjero. Como empresa tienen ganancias millonarias, pero a costa de contaminar su ambiente y afectar sensiblemente su calidad de vida. Que el transporte y acopio de chips es una actividad que produce fuertes cargas ambientales, en la medida que no asocia beneficios a la comunidad en su conjunto.

Agregan, que la contaminación se observa desde distintos puntos de vista:

a) Se produce, por lo general, superando los valores de ruido establecidos en la normativa ambiental vigente, y en todo caso, produciendo ruidos al menos molestos, por la operación de sus máquinas y constante entrada y salida de camiones; b) Se produce la exposición a contaminantes de los recursos naturales como el agua y moluscos existentes en el fondo marino, debido al manejo de residuos que son vertidos directamente al agua; c) Relacionado con lo anterior, las emisiones, efluentes o residuos, han afectado la permanencia de los recursos marinos, especialmente su disponibilidad, utilización y aprovechamiento racional futuro; se ha alterado la capacidad de regeneración o renovación de dichos recursos en el fondo marino; como también las condiciones que hacen posible la presencia у desarrollo de las especies y ecosistemas; d) Se ha alterado de manera significativa los sistemas de vida de las personas que habitan nombre reservado, y muy especialmente de los pequeños pescadores artesanales que vivían de la explotación racional de los recursos marinos. e) También se ha producido una alteración significativa, en términos de magnitud o duración, del valor paisajístico o turístico de una zona. Los atributos naturales e históricos de nombre reservado se han visto mermados desde que la empresa ha operado, ya que sus cerros de chips son visibles desde toda nombre reservado, y generan un impacto negativo en la actividad turística y en el paisaje de la zona.

3.- Señalan que la patente comercial otorgada a la empresa Portuaria nombre reservado S.A. es ilegal, ya que: a) El Art. 26 del DL 2.073, de 1979, Ley de Rentas Municipales, “La municipalidad estará obligada a otorgar la patente respectiva en forma inmediata una vez que el contribuyente hubiere acompañado todos los permisos requeridos o la municipalidad hubiere verificado por otros medios el cumplimiento de aquellos, tanto de orden sanitario, como de emplazamiento según las normas de zonificación del Plan Regulador, de otros permisos que leyes especiales les exigieren, según sea el caso, y siempre que no sea necesario verificar condiciones de funcionamiento por parte de la Dirección de Obras de la Municipalidad”; b) La Municipalidad debe comprobar antes de otorgar la patente comercial, además de los permisos sectoriales y sanitarios, la compatibilidad territorial de las actividades que se pretenden realizar con los instrumentos de planificación territorial; en este caso, con el plano regulador comunal de nombre reservado; c) Que de acuerdo a los antecedentes que acompañan, el acopio de chips en la comuna de nombre reservado, y especialmente en nombre reservado Bajo y Amargos, se hace en una zona catalogada de acuerdo al plano regulador comunal como ZU-3, que según el Art. 23 de la Ordenanza del Plano Regulador solo puede ser destinada a almacenamiento, industria y talleres inofensivos; d) Que la calidad de industria o almacén inofensivo debe otorgarla la SEREMI de Salud, en virtud de un procedimiento administrativo denominado de “calificación industrial”, que la empresa PORTUARIA nombre reservado S.A., carece de calificación ambiental otorgado por la autoridad competente, esto es, no ha sido determinada hasta la fecha su calidad de industria o almacenamiento inofensivo; e) Que el Art.83 del Código Sanitario, dispone que:“ Las Municipalidades no podrán otorgar patentes definitivas para la instalación, ampliación o traslado de industrias, sin informe previo de la autoridad sanitaria sobre los efectos que ésta puede ocasionar en el ambiente. Para evacuar dicho informe, la autoridad sanitaria debe tomar en cuenta los planos reguladores comunales o intercomunales y los riesgos que el funcionamiento de la industria pueda causar a sus trabajadores, al vecindario y a la comunidad. No obstante lo dispuesto en el inciso anterior, la autoridad sanitaria informará favorablemente una determinada actividad industrial o comercial, siempre que la evaluación sanitaria ambiental que se realice para evacuar el informe, determine que técnicamente se han controlado todos los riesgos asociados a su funcionamiento”; f) El Ord. N° 1161, de 06 de julio de 2015, dirigido por la SEREMI Subrogante de la Región de Los Ríos, doña Eugenia Coronado Valenzuela, al Subsecretario Jaime Burrows Oyarzún, indica expresamente que la referida empresa no cuenta con calificación industrial; y, g) Que, la empresa Portuaria nombre reservado S.A., sabe, al menos desde el año 2009, que no cuentan con dicha calificación, ya que en esa oportunidad intentaron obtenerla, pero no lograron un resultado favorable por la omisión en la presentación de ciertos antecedentes, y de ello da cuenta el Ord. N°21, de 19 de abril de 2012, emitido por el SEREMI de Salud de la época a la Cámara de Diputados.

En razón de lo anterior, concluyen, que la patente comercial fue otorgada sin saber si el acopio de chips y toda la operación adyacente, anterior o posterior, es inofensiva para la salud o el bienestar de las personas que habitan la localidad de nombre reservado. Que la actividad de la empresa es contaminante, o al menos, altamente molesta para la comunidad, ya que supone una vulneración flagrante no sólo de la Ley de Rentas, sino que además al respectivo instrumento de planificación territorial, respecto de la cual el Municipio ha mantenido una conducta pasiva, incurriendo en notable abandono de deberes.

Dan cuenta, además, que con fecha 15 de julio de 2015, el encargado de Rentas de la recurrida, nombre reservado, certificó que la empresa Portuaria nombre reservado S.A., carece del certificado de calificación industrial. No obstante ello, la recurrida nada ha hecho para impedir la renovación de la patente comercial o para dejarla sin efecto. Esta información, sin embargo, contrasta aparentemente con el Ord.710, de 15 de septiembre de 2015, respecto de lo que se recurre, dado que se hace referencia a una supuesta calificación del sitio de Amargos. Agregan, que la empresa PORTUARIA nombre reservado S.A., ha infringido una serie de normas de la ordenanza local de medio ambiente de la comuna de nombre reservado, aprobada con fecha 31 de diciembre de 2009, que les prohíbe: botar basuras y desechos en el borde costero, vías públicas, cauces, y demás bienes nacionales de uso público; evitación de ruido, sonido, vibración que por su duración o intensidad sobrepase lo establecido en la norma, etc.

4.- Los recurrentes denuncian como derechos conculcados, los siguientes:

a) El del artículo 19 N° 2 de la Constitución Política de la República, que reconoce y protege la igualdad ante la ley, puesto que la recurrida al exonerar a una empresa de someterse al régimen de patentes y al cumplimiento de las reglas urbanísticas y sanitarias genera una desigualdad arbitraria, carente de justificación, vulnerando la igualdad en la aplicación de la ley, que no ha sido aplicada con criterios de igualdad por parte de la recurrida, pues la empresa Portuaria nombre reservado S.A., goza de patente y están funcionamiento sin inconveniente.

b) El del artículo 19 N° 8 de la Constitución Política de la República, que garantiza el derecho a vivir en un medio ambiente libre de contaminación, ya que el transporte y acopio de chips es una actividad contaminante o al menos molesta, genera ruidos molestos todo el día, por el tránsito de camiones y maquinaria pesada; restos de chips generalmente terminan en las calles de nombre reservado y Amargos generando: suciedad, un líquido color negro es vertido directamente al mar por parte de la empresa; afectado el fondo marino que está completamente muerto con grave daño al ecosistema del lugar, y a los moluscos, debido a los chips que caen al mar; contaminación visual, por las montañas de chips depositadas en diversos lugares de la ciudad, alterando el paisaje, afectando su vocación y atractivo turístico, histórico y patrimonial; y, c) El del artículo 19 N° 1 de la Constitución Política de la República, ya que se ha infringido el derecho a la integridad física y psíquica de las personas, o al menos se amenaza constantemente, ya que: El chips está sujeto a una serie de procesos químicos, destinados a estabilizarlos para evitar su putrefacción y disminuir o evitar su combustión; Que la cantidad de chips y los vientos exponen a la población, sin que hasta el momento se haya podido determinar si son inofensivos; En lugar funcionan jardines infantiles y casas particulares, expuestos a los residuos y olores del chips, especialmente en verano, y que generan mareos, dolores de estómago, nauseas, etc., afectan la integridad física y psíquica de las personas, que injustamente tienen que soportar dicho acopios.

Finalmente, terminan solicitando a ésta Corte, que se acoja el recurso de protección, disponiendo que el Municipio recurrido deje sin efecto las patentes otorgadas a la PORTUARIA nombre reservado S.A., tanto para el sector de nombre reservado Bajo como para el sector Amargos, y que como consecuencia de ello, proceder a la clausura de todas las canchas, industrias y almacenes emplazados en la zona ZU-3, del Plano Regulador Comunal, y que sean de la PORTUARIA nombre reservado S.A., con costas.

Acompañan al recurso, los siguientes documentos: Fojas 1, certificado emitido por nombre reservado, de 09 de junio de 2015; Fojas 2, oficio Ord. N° 1161, de 06 de julio de 2015, dirigido al Subsecretario Jaime Burrows Oyarzún; Fojas 3, copia de certificado N° 21, de 12 de junio de 1996, de la DOM de la Municipalidad de nombre reservado indicando que el terreno concesionado a la Portuaria nombre reservado corresponde a la zona ZU-3, definida para ser utilizada como almacenamientos y talleres inofensivos; Fojas 4 y 5, oficio 710, de 15 de septiembre de 2015; Fojas 6 a 12, copia de la Ordenanza Local de Medio Ambiente de nombre reservado; Fojas 13 a 33, set de fotografías graficando el impacto al visual del acopio de chips, y su depósito en los bienes nacionales de uso público, por su transporte, viento y mala manipulación; Fojas 34 a 65, set de firmas de los vecinos de nombre reservado que apoyan la acción constitucional interpuesta; Fojas 66 a 125, set de reportajes y publicaciones en prensa dando cuenta de la contaminación y afectación de la comuna de nombre reservado con el transporte y acopio de chips.; Fojas 127,certificado N°44, de 8 de octubre de 2015, donde consta la existencia y directiva del “Comité de Defensa nombre reservado Bajo y Cerros Aledaños”; y, Fojas 1238 a 136, carta enviada al Municipio de 1 de septiembre de 2015, y documentos acompañados.

A fojas 148 de autos, se declaró admisible el recurso, por acompañados los documentos, y se dispuso pedir informe a la recurrida.

A fojas 171 de autos, la recurrida I. Municipalidad de nombre reservado, informa al tenor del recurso, y solicita su rechazo, con costas, fundado en los siguientes argumentos:

1.- Que efectivamente y mediante Decreto Exento N° 403 de fecha 31 de julio de 1998 se otorgó patente definitiva a la mencionada empresa Portuaria nombre reservado S.A., RUT RUT reservado, para la explotación de Puerto y Servicios Relacionados en Amargos s/n de la comuna de nombre reservado. La referida patente ha sido renovada en forma regular y se encuentra vigente.

2.- Que efectivamente, el Comité de Defensa nombre reservado Bajo y cerros Aledaños, representada por doña nombre reservado, con fecha 1 de setiembre del año en curso hizo una presentación al Sr. Alcalde solicitando “se deje sin efecto patente comercial y/o en subsidio, su renovación, con su respectiva clausura”. Mediante el oficio N° 710, el Sr. Alcalde dio respuesta a dicha solicitud informando que no era posible acceder a la solicitud de dejar sin efecto la patente comercial, “dado que dicha patente corresponde al sector Amargos, y esta se encuentra correctamente otorgada a partir de 01/01/1995, la cual se obtuvo presentando todos los antecedentes que así se exigían en ese tiempo”.

3.- Que se le informó al Comité en relación a la solicitud de clausura inmediata de los acopios de chip que mantiene la referida empresa en la comuna de nombre reservado, que “por disposiciones legales toda empresa que tenga patente en una comuna deberá solicitar patente para funcionar en otro lugar distinto a la matriz, procediendo a dividir la patente en sucursales, como lugares vaya ocupando. En el caso de Portuaria nombre reservado solo tiene autorizada una patente en el sector Amargos y no ha solicitado otra para el funcionamiento de nombre reservado Bajo, pese a que se ha notificado en varias ocasiones, de las molestias que se originan por motivo de su funcionamiento”.

4.- Que, por último y respecto al emplazamiento de los sitios de acopio en el área urbana, se informó que “estos efectivamente se encuentran a una zonificación ZU-3 que permite almacenamiento inofensivo. En su momento la autoridad sanitaria califico el sitio de Amargos y lo consideró apto para funcionar mientras se cumpla con las disposiciones de seguridad y medidas ambientales correspondientes.

5.- Que, siguiendo el tenor del inciso tercero del artículo 3 de la Ley 19.880 sobre Procedimientos Administrativos, que indica: "los actos administrativos revisten las formas de Decretos Supremos o resoluciones", el inciso sexto de la misma disposición señala que también “constituyen actos administrativos los dictámenes, declaraciones de juicio, constancia o conocimiento que realicen los órganos de la administración en el ejercicio de sus competencias”, concluye, que el oficio 710 recurrido no reviste ninguna de las condiciones requeridas para que sea considerado un “acto”, ya que en el, sólo se limita a informar al Comité solicitante en primer lugar que la patente que se solicita dejar sin efecto corresponde al sector Amargos y luego sobre la actual situación de los acopios de chips. No existe en dicho oficio “dictamen, declaración de juicio, constancia o conocimiento”, solamente contiene información relevante para que el Comité solicitante pueda ejercer las acciones que efectivamente sean las que corresponde en derecho.

6.- Que, además, no existe arbitrariedad o ilegalidad alguna en el oficio tantas veces citado. La autoridad edilicia dentro de sus facultades otorgadas por la Ley Orgánica Constitucional de Municipalidades da respuesta a una solicitud, que a su juicio, carece de fundamento.

Agrega, la recurrida informante, que para cancelar una patente comercial otorgada o negar su renovación es necesario no solamente que existan fundamentos claros e determinantes para ello, sino que se otorgue al contribuyente titular la posibilidad de presentar sus descargos y defensas, cautelando de tal manera el legítimo derecho a la defensa y observando las reglas del debido proceso.

La patente que se pretende invalidar es mucho más amplia que el simple acopio de chips, porque se refriere a explotación de Puertos y Servicios Relacionados. De modo ta, que si la finalidad de los recurrentes es el cierre de las canchas de acopio de chips, disponen para ello de una serie de acciones administrativas y judiciales, pero no un recurso de protección alegando una pretendida vulneración de derechos fundamentales por el contenido de un oficio meramente informativo.

Finalmente, señala que la acción cautelar promovida en esta sede tiene naturaleza excepcional frente a las normas sustantivas y procedimentales indicadas precedentemente, de suerte tal que deberá ser la instancia administrativa o judicial respectiva la que dirima lo pretendido por los recurrentes, y solicita el rechazo del recurso de protección interpuesto, con costas.

Acompaña a su informe, los siguientes documentos: Fojas 151 a 170, copia del expediente completo compuesto por 18 hojas de la concesión de patente definitiva a Portuaria nombre reservado S.A. para explotación de Puerto y Servicios Relacionados en la localidad de Amargos, a contra de 1 de enero de 1995.

A fojas 266 de autos, comparece la empresa PORTUARIA nombre reservado S.A., la que fundada en el N° 4 del Auto Acordado sobre Tramitación y Fallo del Recurso de Protección de las Garantías Constitucionales, artículo 23 del Código de Procedimiento Civil, solicita que se le tenga como tercero coadyuvante en el presente recurso, por tener un interés actual en su resultado, y acto seguido, solicita el rechazo del mismo, por los siguientes argumentos:

1.- Que PORTUARIA nombre reservado S.A., es titular de una concesión de terrenos de playa, fondo de mar y porción de agua otorgada por la Dirección General del Territorio Marítimo y de Marina Mercante del Ministerio de Defensa Nacional. Esta concesión se le otorgó con el objeto de que en esos terrenos se construyera un puerto y obras complementarias de apoyo. La construcción del terminal marítimo la materializó efectivamente mi representada mediante el levantamiento de un muelle ubicado en Punta Chorocamayo, Bahía de nombre reservado (Caleta Amargos). Este muelle ha ido diversificando su actividad con el paso de los años. Que el terminal marítimo tiene la clasificación de puerto privado de uso público y es operado y administrado por PORTUARIA nombre reservado S.A. Luego, su interés, atención, valor e importancia que el resultado de una solicitud de esta naturaleza tiene para PORTUARIA nombre reservado S.A., radica en la conculcación de su derecho a desarrollar la actividad de explotación, operación y administración del Puerto de nombre reservado.

Dicha concesión, dice relación con: ocupación de terrenos fiscales y con fecha 18 de octubre de 1991, por Decreto Supremo 777, el Estado de Chile a través de la Dirección General del Territorio Marítimo y de Marina Mercante del Ministerio de Defensa Nacional le otorgó a mi representada, la sociedad PORTUARIA nombre reservado S.A, una concesión sobre sectores de TERRENO DE PLAYA, PLAYA, FONDO DE MAR Y PORCION DE AGUA, en los sectores denominados Caleta Amargos, Punta Chorocamayo, nombre reservado Bajo y Altos Hornos de nombre reservado en el Puerto de nombre reservado, comuna del mismo nombre, provincia de Valdivia, región de Los Lagos, individualizados en el plano No 59/91, visado por la Autoridad Marítima de nombre reservado.

Que la concesión incluye sectores de terreno de playa que se encuentran inscritos a nombre del Fisco, en mayor extensión en el Conservador de Bienes Raíces de Valdivia, a fojas 149 No 467, del Registro de Propiedad del año 1904, a fojas 503 No 698, del Registro de Propiedad del año 1983 y a fojas 560 No 979, del Registro de Propiedad del año 1990. Pero, que también se incluyen los siguientes terrenos resultantes de los rellenos, los que, de acuerdo a lo prescrito en el DS 777, debían ser inscritos a nombre del Fisco de Chile: A) Un inmueble de una superficie de 19.958,74 metros cuadrados, ubicado en calle Chacabuco S/N, nombre reservado Bajo, comuna de nombre reservado, que deslinda en especial: Noreste, con línea de las más altas mareas del Mar Chileno en 221,30 metros; Sureste, con línea de solera norte del Paseo Paul Harris, en 85,25 metros; Suroeste, con línea de la más alta marea histórica, en 160,70 metros, que lo separa de la población de nombre reservado; Noroeste, con línea de cierre oficial de calle Chacabuco, en 150,00 metros. Esta propiedad se inscribió a nombre del Fisco de Chile a fojas 1.707 vuelta No 2084 del Registro de Propiedad del Conservador de Bienes Raíces de Valdivia correspondiente al año 2008; B) Un inmueble de una superficie de 21.332.69 metros cuadrados, ubicado en Avenida Coronel Miller S/N, Caleta Amargos, comuna de nombre reservado, que deslinda en especial: Norte, con terreno de playa en línea quebrada de 6,25 metros y 9,40 metros, separado por cerco, Playa de Mar, en línea quebrada de 12,90 metros , 0,65 metros y 17,55 metros separado por cerco y con línea de alta marea del mar chileno, en 60,70 metros, separado por muro de contención; Este, con línea de alta marea del mar chileno, en 133,25 y 25,25 metros, separado por muro de contención; Sur, con domicilio reservado metros, y 12,85 metros; y, Oeste, con Avenida Coronel Miller, en 6,20 metros, 9,70 metros, 7,55 metros, 11,00 metros, 14,95 metros, 7,25 metros, 26,80 metros, 4,80 metros, 25,20 metros, 20,20 metros y 30,60 metros. Esta propiedad se inscribió a nombre del Fisco de Chile a fojas 1.706 vuelta No 2083 del Registro de Propiedad del Conservador de Bienes Raíces de Valdivia correspondiente al año 2008.

Las propiedades de 19.958,74 metros cuadrados ubicada en calle Chacabuco S/N, nombre reservado Bajo, comuna de nombre reservado y de 21.332,69 metros cuadrados, ubicada en Avenida Coronel Miller S/N, Caleta Amargos referidas en el numeral precedente corresponden a los terrenos de playa respecto de los cuales detenta un título de concesión otorgada por la Dirección General del Territorio Marítimo y de Marina Mercante, conforme lo señala el Decreto Supremo 777 del Ministerio de Defensa Nacional de fecha 18 de octubre de 1991. Esas propiedades se encuentran singularizadas en las minutas de deslindes y en los planos archivados bajo los números 388 y 389 del Registro de Propiedad del Conservador de Bienes Raíces de Valdivia correspondiente al año 2008, que se acompañan con la presentación.

2.- Indica, que del tenor literal del DS 777, la concesión tenía por objeto específico el amparar la construcción de un terminal marítimo de carga general y obras complementarias de apoyo constituidas por áreas de acopio, bodegas, correas transportadoras, rampa y rellenos sobre playa y fondo de mar. PORTUARIA nombre reservado S.A. dio pleno cumplimiento a las obligaciones contraídas con el Estado de Chile y construyó el terminal marítimo mediante el levantamiento de un muelle ubicado en Punta Chorocamayo, Bahía de nombre reservado (Caleta Amargos).

3.- Que el desarrollo de su actividad, se encuentra amparado mediante la correspondiente patente municipal que le fuera otorgada a Portuaria nombre reservado S.A. por Decreto Alcaldicio Exento N°403 de fecha 31 de julio de 1998. La patente se encuentra vigente y debidamente pagada, según se da cuenta del Boletín de Ingresos Municipales N° [cuenta reservada] de fecha 31 de julio de 2015, para la actividad de “EXPLOTACIÓN DE PUERTO”.

4.-Señala que el presente recurso se ha enderezado exclusivamente en contra del Oficio 710 del señor Alcalde de la comuna de nombre reservado de fecha 15 de septiembre de 2015, en razón de haber negado dar lugar a lo solicitado por los recurrentes en orden a que se procediera a la clausura de todas las canchas, industrias y almacenes emplazados en la zona ZU-3 del Plano Regulador Comunal y que fueran de propiedad de la empresa PORTUARIA nombre reservado S.A., ubicadas en el Sector de nombre reservado Bajo y Amargos de la comuna de nombre reservado. Se señala que este oficio sería ilegal y arbitrario ya que contraviene textos legales expresos, infringe la ley de patentes y el ordenamiento territorial, y siendo así, PORTUARIA nombre reservado S.A. funcionaría al margen de la ley, sin cumplir con los requerimientos sectoriales.

Indica, que las conductas imputadas al tercero coadyuvante, son:

a) Que, Portuaria nombre reservado S.A. ejerce su actividad industrial, desde hace muchos años, con patente, sin que ella fuera calificada de industria o almacén inofensivo por la SEREMI DE SALUD, mediante el respectivo procedimiento administrativo denominado de calificación industrial. La empresa Portuaria nombre reservado S.A., en el año 2009 que intentó obtener una calificación industrial, sin lograrlo por falta de antecedentes, según se da cuenta del Ord. N° 21 de 19 de abril de 2012.

b) Que, el acopio de chips se hace en una zona catalogada en el Plano Regulador como ZU-3 que según el artículo 23 del Plano Regulador sólo puede ser destinada a almacenamiento, industria y talleres inofensivos.

5.- Refiere que las conductas relacionadas con los derechos tutelados por la Constitución que se estiman como transgredidos, no tienen conexión alguna con el acto impugnado, esto es, el Ord. 710 de fecha 15 de septiembre de 2015, y describe las conductas imputadas.

6.- Finalmente, expone las razones para el rechazo del recurso, indicando que:

a) Que las imputaciones que se le hacen a PORTUARIA nombre reservado S.A., tanto en lo que respecta al ejercicio de su actividad, como al incumplimiento de la normativa vigente y, especialmente, en lo referente a las afectaciones al medio ambiente, son falsas, ya que: i) En materia ambiental, a la fecha, PORTUARIA nombre reservado S.A, nunca ha sido requerida, denunciada y, consecuencialmente, multada por autoridad alguna; y, ii) Que respecto del eventual funcionamiento no autorizado en nombre reservado Bajo, señala que por sentencia ejecutoriada de fecha 30 de septiembre de 2015 dictada en los autos Rol No 4337-2015 del 2o Juzgado de Policía Local de Valdivia, se absolvió a Portuaria nombre reservado S.A. de una denuncia presentada por la Ilustre Municipalidad de nombre reservado en su contra precisamente por una presunta infracción al artículo 23 del Decreto Ley 3063 sobre de Rentas Municipales, infracción que a juicio de la referida Municipalidad consistía en “el ejercicio sin patente comercial de actividades de acopio en la Cancha de nombre reservado Bajo ubicada en domicilio reservado”. El fundamento de la absolución radicó en que el acopio es “parte del giro de la denunciada lo que está amparado por la patente de explotación del puerto";

b) Que el recurso es extemporáneo, indicando que el fundamento esgrimido para sustentar la arbitrariedad o ilegalidad del Ord. 710, dicen relación con presuntas infracciones que se habrían cometido al otorgar la patente de forma provisoria en el año 1995 y después, definitivamente en el año 1998, y se encuentra actualmente vigente, habiéndose incorporado al patrimonio de Portuaria nombre reservado S.A., circunstancia que le permite desarrollar la actividad económica en la que se encuentra inserta.

c) Que el recurso de protección no es la vía idónea para resolver el conflicto, pues nuestro ordenamiento contempla otras vías de impugnación de la actuación alcaldicia, ya sea a través de los recursos que establece la ley N° 19.880, sobre Bases de los Procedimientos Administrativos que Rigen los Actos de los órganos de la Administración del Estado (reposición, invalidación) o, a través de la acción de ilegalidad contenida en la Ley 18.695, Orgánica Constitucional de Municipalidades. Agrega, que conforme lo establece el inciso segundo del artículo 3° de la ley N° 18.575, Orgánica Constitucional de Bases Generales de la Administración del Estado cuyo texto refundido, coordinado y sistematizado fue fijado por el decreto con fuerza de ley No 1/19.653, de 2000, del Ministerio Secretaría General de la Presidencia de la República-, la Administración del Estado deberá observar, entre otros, el principio de impugnabilidad de los actos administrativos, imponiéndole, por ende, tanto la prerrogativa como el deber de revisar la juridicidad de sus decisiones, en tanto que su artículo 10 dispone que "los actos administrativos serán impugnables mediante los recursos que establezca la ley", y añade que entre las finalidades de tal impugnación se encuentra, desde luego, la de dejar sin efecto los actos emitidos, por ser contrarios a derecho.

En lo que se refiere a la posibilidad de requerir la invalidación de los actos administrativos, cabe señalar que el artículo 53 de la ley N° 19.880 establece que la autoridad administrativa podrá invalidar los actos contrarios a derecho "previa audiencia del interesado, siempre que lo haga dentro de los dos años desde la notificación o publicación del acto".

d) Que, los recurrentes, adolecen de falta de legitimación activa, porque no acreditan o prueban tener interés directo en la salvaguarda, protección o resguardo de los derechos que reclaman.

e) Que, observa la ausencia de nexo causal entre el supuesto acto arbitrario e ilegal y los derechos que se dicen conculcados, ya que, se recurre en contra del Ord. 710 de fecha 15 de septiembre de 2015 que niega lugar a dejar sin efecto la patente antes indicada, pero no es éste, el acto administrativo que permite el ejercicio de la actividad que estaría atentando contra los derechos fundamentales. Lo que permite el ejercicio de sus actividades es la patente definitiva otorgada el 31 de julio de 1998, y que en aquella época, se cumplieron con todos y cada de los requisitos, tanto legales como reglamentarios, para su otorgamiento.

f) Además, indica, que no le es aplicable el Plan Regulador de la comuna de nombre reservado, tanto por razones de orden temporal, como de orden territorial, argumentando en dicho sentido, ya que al aprobarse el Plan Regulador Comunal de la comuna de nombre reservado, el puerto de nombre reservado ya estaba construido y funcionando, y que los terrenos se encuentra emplazada y ocupando terrenos que corresponden a “terrenos de playa” y “playa”, los que se encuentran bajo la administración, control, fiscalización y supervigilancia de la Dirección General del Territorio Marítimo y de Marina Mercante del Ministerio de Defensa Nacional. Y que no resulta procedente que la Ilustre Municipalidad de nombre reservado invada atribuciones de la Dirección General del Territorio Marítimo y de Marina Mercante del Ministerio de Defensa Nacional, estableciendo en su Plano Regulador respecto de los terrenos de playa y playa, usos distintos a aquellos establecidos por dicha repartición.

7) Termina, indicando la cancha de acopio de nombre reservado Bajo, que forma parte de la actividad de explotación del puerto, se ha ocupado ocasionalmente, en períodos esporádicos, y que actualmente, se encuentra en desuso temporal por iniciativa propia de la empresa, como medida prudencial, no obstante estar perfectamente autorizado su uso. Pero que no obstante ello, ha asumido el compromiso de buscar los entendimientos necesarios, tanto con la comunidad, como con las autoridades comunales y regionales, manteniendo reuniones con la comunidad de nombre reservado, con el señor Alcalde de la Comuna de nombre reservado, con el señor Intendente Regional y con las autoridades sectoriales.

Concluye, finalmente, solicitando, el rechazo del recurso, por no existir acto ni omisión arbitrario o ilegal por parte del señor alcalde de la Ilustre Municipalidad de nombre reservado, ni mucho menos vulneración a las garantías contempladas en el artículo 19 N° 1, 2 y 8 de la Constitución Política de la República, que no existe un derecho indubitado afectado, que los recurrentes carecen de legitimación activa, con costas.

Acompaña a su solicitud de rechazo del presente recurso, los siguientes documentos: Fojas 177 a 181, copia del Decreto Supremo 777 del Ministerio de Defensa Nacional. Subsecretaría de Marina, de fecha 18 de octubre de 1991, que le otorgó la concesión del TERRENO DE PLAYA, y que constituye el título de la ocupación del bien nacional de uso público; Fojas 182 a 184,copia del Decreto Supremo N° 029 del Ministerio de Defensa Nacional de fecha 14 de febrero de 1989, que modificó el DS 777 antes señalado; Fojas 185,copia autorizada de la inscripción de dominio a nombre del Fisco de Chile de fojas 1.707 vuelta N° 2084 del Registro de Propiedad del Conservador de Bienes Raíces de Valdivia correspondiente al año 2008; Fojas 186 a 187,copia autorizada de la inscripción de dominio a nombre del Fisco de Chile de fojas 1.706 vuelta N° 2083 del Registro de Propiedad del Conservador de Bienes Raíces de Valdivia correspondiente al año 2008; Fojas 188 y 189, set de 2 Fotos de la cancha de acopio de nombre reservado Bajo ubicada en calle Chacabuco de la ciudad de nombre reservado; Fojas 190, foto aérea que muestra ambos terrenos de playa que son objeto de la concesión, esto es, tanto el inmueble de una superficie de 19.958,74 metros cuadrados, ubicado en calle Chacabuco S/N, nombre reservado Bajo, comuna de nombre reservado, como el de Amargos; Fojas 191 a 257, partes pertinentes del documento denominado “Sistema Portuario de Chile 2005” del Ministerio de Obras Públicas; Fojas 258, fotografía de la Patente Comercial cancelada por Portuaria nombre reservado S.A; Fojas 259, boletín de Ingresos Municipales N° 013085 de fecha 31 de julio de 2015; Fojas 260, copia del Ord. 710 de fecha 15 de septiembre de 2015 de la Ilustre Municipalidad de nombre reservado, que constituye el acto en contra el cual se recurre; Fojas 261, copia del Informe Sanitario No 42 de fecha 10 de junio de 1996, otorgado por el Servicio de Salud de Valdivia; Fojas 262, copia del Decreto Alcaldicio Exento N°403 de fecha 31 de julio de 1998 que le otorga patente municipal que le fuera otorgada a Portuaria nombre reservado S.A.; Fojas 263 y 264,copia de la sentencia ejecutoriada de fecha 30 de septiembre de 2015 dictada en los autos Rol N° 4337-2015 del 2° Juzgado de Policía Local de Valdivia, que absolvió a Portuaria nombre reservado S.A. de una denuncia presentada por la Ilustre Municipalidad de nombre reservado en su contra por desarrollar, sin patente comercial, actividades de acopio en la Cancha de nombre reservado Bajo ubicada en domicilio reservado; y, Fojas 265, copia de las patentes otorgadas a la empresa Servicios Portuarios Reloncaví que acreditan que el Puerto de nombre reservado funciona desde el año 1993.

A fojas 280, la parte recurrente solicita que se oficie: A la Autoridad Sanitaria y a la SEREMI de Salud de la Región de Los Ríos; al Instituto de Salud Pública; a la Municipalidad de nombre reservado; a Carabineros de Chile; a la Autoridad Marítima de Valdivia; al Servicio de Evaluación Ambiental, para que informen al tenor de su solicitud, en cuanto, digan relación con los hechos del recurso.

A fojas 282 a 355, la parte recurrente acompaña documentos, que dicen relación con página web, oficio de la Municipalidad de nombre reservado, dictámenes de Contraloría General de la República, y otros.

A fojas 360, el tercero coadyuvante, acompaña copia de la resolución exenta N° 1/rol D-054-2015 de 29 de septiembre de 2015 de la Superintendencia de Medio Ambiente; set de 3 fotografías del sector Amargos, y publicaciones en el Diario Austral de Valdivia y de la radio Bío Bío. El primero dice relación con el procedimiento iniciado por el ruido de las labores de acopio, las segundas, sobre el estado de la Cancha Schuster de Amargos, que aparece despejado, y los terceros, sobre la existencia de una mesa de trabajo para solucionar el problema de los vecinos con la empresa.

A Fojas 370, se accede a lo solicitado por la parte recurrente a fojas 280; se tiene por acompañados los documentos de fojas 282 a 355 y de fojas 360 a 369 y se suspende el decreto autos en relación.

A fojas 379, y en cumplimiento a lo solicitado por la recurrente, se evacua informe por la SEREMI de Salud de la Región de Los Ríos, indicando, resumidamente: Que no existen RILES en el sector nombre reservado Bajo y Amargos, vertidos por la Empresa Portuaria nombre reservado S.A; que no se dispone de registro documental alguno que diga relación con el cumplimiento en el año 1996 de las exigencias sanitarias; Que referente al acopio de chips en las canchas de nombre reservado Bajo y Amargos, indica que los cercos perimetrales de las canchas presentan daños, que dicho acopio, entre otras materias, no inciden en el asma bronquial de los habitantes del sector, y que acerca de los ruidos y material particulado, son materias de competencia de la Superintendencia de Medio Ambiente.

A fojas 382 a 394, y en cumplimiento a lo solicitado por la recurrente, se evacua informe de Carabineros de Chile, sobre fijación fotográfica del sector de nombre reservado Bajo y Amargos.

A fojas 395 a 413, y en cumplimiento a lo solicitado por la recurrente, se evacua informe por la I. Municipalidad de nombre reservado, y se acompañan antecedentes sobre permisos de construcción, inspección de obras y subdivisiones realizadas por la empresa Portuaria nombre reservado S.A., en el sector de nombre reservado Bajo y Amargos.

A fojas 414, y en cumplimiento a lo solicitado por la recurrente, se evacua informe por el Servicio de Evaluación Ambiental de la Región de Los Ríos, y se acompañan antecedentes y fotografías sobre los proyectos de la empresa Portuaria nombre reservado S.A., y su estado de tramitación.

A fojas 416 a 419, y en cumplimiento a lo solicitado por la recurrente, se evacua informe por la Gobernación Marítima de Valdivia, sobre el funcionamiento de la empresa Portuaria nombre reservado S.A., en el sector y su cumplimiento con la normativa que rige dicho funcionamiento.

A fojas 422, y en cumplimiento a lo solicitado por la recurrente, se evacua informe por el Instituto de Salud Pública, quien señala carecer antecedentes sobre los hechos consignados en el recurso.

A fojas 437, se trajeron los autos en relación.

A fojas 440 y siguientes, el tercero coadyuvante, Portuaria nombre reservado S.A, acompaña documentos: acta de inspección ambiental de fecha 27 de noviembre de 2015; carta de la Superintendencia de Medio Ambiente de fecha 04 de diciembre de 2015; Monitoreo Ambiental de Bahía de Amargos de diciembre de 2015; Programa de cumplimiento de Portuaria nombre reservado S.A.; set de fotografías de los sectores de Cancha Amargos y nombre reservado Bajo a enero de 2016; copia de artículo de diario digital Sur Actual de 25 de marzo de 2016; y copia del Dictamen N° 58.790 de la Contraloría General de la República.

A fojas 494 y siguientes, la parte recurrente acompaña documentos: copia de la sentencia de la Excma. Corte Suprema en causa rol 929-2014; copia de ordinario N° 12.600/1190/INET de la Armada de Chile, Dirección General del Territorio Marítimo y Marina Mercante; copia de ordinario N° 752 de 06 de octubre de 2015 de la I. Municipalidad de nombre reservado; copia de ordinario N°12.600/456 de fecha 20 de octubre de 2015, del Director General del Territorio Marítimo y Marina Mercante; copia de ordinario N° 1827 de 05 de octubre de 2015, del Seremi de Salud; copia del ordinario N° 1924 de 05 de noviembre de 2015 del Superintendente de Medio Ambiente; copia del reportaje del diario electrónico “El Desconcierto”.

A fojas 532 y 533, comparecen y se hacen parte, como recurrentes, doña nombre reservado y don nombre reservado, respectivamente.

CONSIDERANDO:

PRIMERO: Que se ha ejercido la acción constitucional de protección en favor de los recurrentes, por el acto que se califica de arbitrario e ilegal, consistente en la respuesta contenida en oficio N° 710, de 15 de septiembre de 2015, de la I. Municipalidad de nombre reservado, afectando con ello las garantías constitucionales previstas en los numerales 1°, 2° y 8° del artículo 19 de la Carta Fundamental.

SEGUNDO: Que el recurso de protección ha sido instituido por el constituyente como una acción destinada a evitar las posibles consecuencias dañosas derivadas de acciones u omisiones arbitrarias o ilegales, que produzcan privación, perturbación o aún amenaza de alguna o algunas de las garantías constitucionales expresamente señaladas en la Constitución Política de la República, a fin de restablecer el imperio del derecho y otorgar la debida protección a quien pueda resultar afectado.

TERCERO: Que, para que proceda la presente acción constitucional, es necesaria la concurrencia copulativa de: i) la existencia de un acto u omisión ilegal o arbitrario, ii) que dicho acto viole, perturbe o amenace garantías que la Constitución asegura a todas las personas, y, finalmente, iii) que quien lo interpone se encuentre ejerciendo legítimamente un derecho indubitado, esto es, que sea quien se encuentra legitimado activamente para su ejercicio.

CUARTO: Que, a más de los requisitos enunciados, corresponde tener presente que, dada la naturaleza cautelar, no contradictoria y sumaria del arbitrio constitucional, el ámbito de su aplicación corresponde limitarlo a aquellos actos cuya ilegalidad o arbitrariedad son evidentes, atendidas las circunstancias y modalidades concretas de la situación de que se trata.

Para la Doctrina, la ilegalidad o arbitrariedad son conductas antijurídicas, o contrarias a derecho. La Jurisprudencia, a su turno, ha señalado que un acto es ilegal cuando se violan los elementos reglados de las potestades jurídicas conferidas a un sujeto, público o privado. Por otro lado, el acto es arbitrario cuando se produce la vulneración del uso razonable con que los elementos discrecionales de un poder jurídico han de ser ejercidos o actualizados. Igualmente puede señalarse que “un acto es ilegal si ha sido dictado contra ley, es decir, cuando no se atiene a la normativa por la cual debe regirse; y es arbitrario cuando es contrario a la justicia, la razón o a la leyes por carecer de sustentación lógica y se presenta como mero fruto del capricho o la sinrazón “.- QUINTO: Que en cuanto a la existencia de un acto ilegal o arbitrario, cabe tener presente como primera premisa, que el acto impugnado corresponde a un acto administrativo dictado con ocasión de una petición de un particular solicitando la cancelación de una patente comercial antiguamente concedida y renovada, solicitud que mereció una respuesta informativa. Así, el impugnado es un acto administrativo de opinión, y no uno con resultado material que haya provocado la conculcación de las garantías solicitadas proteger.

En efecto, el acto administrativo, terminal o material, no puede ser otro que el Decreto Exento N° 403 de fecha 31 de julio de 1998, que otorgó patente definitiva a la mencionada empresa Portuaria nombre reservado S.A., RUT RUT reservado, para la explotación de Puerto y Servicios Relacionados en Amargos s/n de la comuna de nombre reservado, ya que de él nacen los derechos y obligaciones para su titular. La referida patente ha sido renovada en forma regular y continúa a través de los años, sin que nadie la impugnara.

El oficio N° 710, de 15 de septiembre de 2015, como se dijo, es un acto administrativo de opinión, ya que mediante él nada nuevo se resuelve, instaura u otorga; sólo informa sobre el estado de una patente municipal otorgada, esto es, que ha ido renovada y pagados los derechos respectivos a lo largo de los años. No tiene, pues, la aptitud para conculcar las garantías que se denuncian como afectadas.

SEXTO: Que la presente acción cautelar ampara sólo derechos indubitados, y, por otra parte, del mérito de los antecedentes acompañados y de lo expuesto precedentemente, se concluye que, se está en presencia de decisiones dictadas por la autoridad, en el ámbito de su competencia, y en la forma prescrita por la ley, vale decir, dando cumplimiento estricto a lo dispuesto en los artículos 6° y 7° de la Constitución Política de la República, por lo que mal puede sostenerse que tales actuaciones caen dentro de la órbita de la arbitrariedad e ilegalidad denunciada, ya que los recurrentes no sólo fue oída, sino que dispuso del ejercicio del sistema recursivo administrativo. En tal plano, la existencia de una acción especial para que la pretensión de la parte recurrente sea conocida y resuelta, impide a esta Corte atender las alegaciones de los recurrentes vía protección, El acto que es objeto del presente recurso resulta ser un acto fundado y emitido dentro de la esfera de las facultades propias de la I, Municipalidad de nombre reservado, cuyo fundamento es el estatuto jurídico aplicado en la especie, sin que los recurrentes hayan reclamado antes de esta circunstancia, ni ejercido la acción que en derecho corresponde.

En efecto, el recurso cautelar de derechos constitucionales en estudio constituye un arbitrio destinado a dar protección respecto de derechos preestablecidos e inconcusos, por lo que no puede llegar a constituirse en una instancia de declaración de derechos, pues para ello está la vía jurisdiccional de lato conocimiento, a fin de obtener un adecuado reconocimiento y determinación de la existencia o solución de la titularidad de un derecho.

SEPTIMO: Que de acuerdo a lo expuesto en el recurso, documentos acompañados y ponderados conforme a las pautas legales, informe de la recurrida, y argumentos expuestos por el tercero coadyuvante, se puede concluir que los recurrentes han empleado la vía equivocada para intentar proteger los derechos que estiman vulnerados, por cuanto la ley contempla en forma expresa las acciones específicas para reclamar contra los actos administrativos, como lo son el reclamo de ilegalidad, reclamo ante la Contraloría General de la República y el recurso de reposición administrativo. Todo conforme se infiere de los artículos 52 y 140 y siguientes de la Ley 18.695, Orgánica de Municipalidades; 118 y siguientes de la Constitución Política de la República; y 9 de la Ley 10.336, de Organización y Atribuciones de la Contraloría General de la República.

OCTAVO: A mayor abundamiento, y respecto de la urgente protección reclamada, resulta aclarador que otra agrupación de nombre reservado -el Comité de Medioambiente de dicha comuna-, haya acordado, con la intervención de la Intendencia de la Región de Ríos, suscribir un documento de trabajo entre la comunidad, municipalidad y la empresa cuestionada, precisamente para solucionar el problema del acopio de chips en la comuna señalada, lo que se da cuenta en el documento acompañado a fojas 492 de autos, que corroborado con los documentos de fojas 364, 365 y 366 de autos, llevan a la conclusión que la situación planteada en el recurso, se encuentra en vías de resolución definitiva, o bien, a la fecha superada.

NOVENO: Que conforme lo expuesto, existiendo en el ordenamiento jurídico un procedimiento de reclamo ante el órgano administrativo respectivo para el caso que se hubiere producido un vicio de legalidad que afecte a alguna resolución o acuerdo emanado de la autoridad comunal de nombre reservado -que tampoco es manifiesto ni se advierte con nitidez-, resulta evidente que la presente no es una materia que corresponda ser dilucidada por medio de la presente acción cautelar, ya que ésta no constituye una instancia de declaración de derechos sino que de protección de aquellos que, siendo preexistentes e indubitados, se encuentren afectados por alguna acción u omisión ilegal o arbitraria, y por ende en situación de ser amparados, sin perjuicio de otras acciones que pudieren corresponder a los recurrentes.

DECIMO: Que en mérito de lo concluido precedentemente, se hace innecesario entrar al análisis de otras cuestiones que latamente vienen planteadas en el recurso y en los informes, tanto de la recurrida como de la defensa del tercero coadyuvante, por ser irrelevantes, en atención a la razonado en los considerandos precedentes.

Por las consideraciones anotadas y de acuerdo a lo dispuesto en los artículos 19 y 20 de la Constitución Política de la República y lo preceptuado en el Auto Acordado de la Excma. Corte Suprema sobre Tramitación y Fallo del recurso de Protección, SE RECHAZA, el recurso de protección interpuesto a fs. 137 y siguientes por doña nombre reservado, por sí y en representación del Comité de Defensa nombre reservado Bajo y Cerros Aledaños, por don nombre reservado, por doña nombre reservado, por don nombre reservado y por doña nombre reservado, como asimismo, por doña nombre reservado y don nombre reservado, quienes también se hicieron parte, sin costas por haber tenido motivo plausible para recurrir.

Regístrese y comuníquese.

Redacción del Abogado Integrante Sr. Claudio Aravena Bustos.

Rol N° 1320-2015 CIV.

Pronunciada por la PRIMERA SALA, integrada por el Ministro Sr. DARIO ILDEMARO CARRETTA NAVEA, Ministra Sra. MARCIA UNDURRAGA JENSEN y Abogado Integrante Sr. CLAUDIO ARAVENA BUSTOS. Autoriza la Secretaria Titular Sra. Ana María León Espejo.

En Valdivia, a dos de mayo de dos mil dieciséis, notifiqué por el estado diario la resolución precedente. Sra. Ana María León Espejo, Secretaria Titular.