Protección contra COMANDO DE PERSONAL DE LA FUERZA AEREA DE CHILE

Valdivia, dieciséis de Marzo de dos mil veintiséis.

Visto:

Comparece doña ROXANA CARRASCO SANTANA, abogada, en representación de don nombre reservado interponiendo recurso de protección en contra del COMANDO DE PERSONAL DE LA FUERZA AEREA DE CHILE, por el cual denuncia un acto arbitrario cometido por la recurrida, en cuya virtud se provocó una perturbación, privación y amenaza a la garantía constitucional consagrada en el artículo 19 N°2 de la Constitución Política de la República.

Funda su recurso, en resumen, en los siguientes antecedentes: 1) Que, el recurrente es miembro de la Fuerza Aérea de Chile desde el año 2014, actualmente tiene el grado de Teniente (A), y ha desarrollado su carrera profesional en un contexto marcado por reiteradas deficiencias organizacionales que, a su juicio, han generado graves y permanentes riesgos para la seguridad de las operaciones de vuelo, materializándose en la pérdida de compañeros de trabajo, colegas cercanos y amigos en períodos breves de tiempo, sin que el recurrente haya advertido avances concretos y efectivos orientados a mitigar tales situaciones de riesgo.

Destaca algunos hitos sobre dicho particular. 2) Indica que desde agosto de 2024 hasta abril de 2025, el recurrente estuvo con licencia médica por diagnóstico de salud mental. Agrega, que con fecha 15 de mayo de 2025, el recurrente presentó su solicitud de renuncia al empleo, con fecha efectiva de retiro el día 15 de agosto de 2025, ya que decidió priorizar su salud y bienestar. 3) Señala que de acuerdo con los plazos establecidos en el DFL 1 Estatuto del Personal de las Fuerzas Armadas del año 1997 y el DFL-911, se debía remitir a División de RRHH la solicitud de renuncia voluntaria, con 30 días de anticipación a la fecha de retiro efectivo. Es decir, como la fecha de retiro solicitada por el recurrente era el 15 de agosto de 2025, se debió remitir la solicitud el 15 de julio de 2025, cuestión que no ocurrió.

La solicitud de renuncia fue recién remitida por superior del recurrente, con fecha 14 de agosto de 2025, 1 día antes de la fecha de retiro solicitada por el recurrente, a División de Recursos Humanos, infringiendo el plazo de 30 días previos a la fecha de salida efectiva.

Que, estando pendiente la renuncia del recurrente, con fecha 26 de junio de 2025, se le notifica Resolución de la Comisión de Sanidad, donde se recomienda su baja por enfermedad recuperable. Con fecha 01 de julio de 2025, el recurrente dedujo un recurso de reposición en contra de la referida resolución, pero con fecha 19 de agosto de 2025, el Comandante del Comando de Personal le notifica que no dará curso a su solicitud de renuncia al empleo, toda vez que se encontraba en curso una Investigación Sumaria por salir del país con licencia médica.

Reproduce el tenor del artículo 249 del DFL 1 Estatuto del Personal de las Fuerzas Armadas del año 1997, y agrega, que a la fecha de su notificación de la resolución que deniega su solicitud, esto es, 19 de agosto de 2025, se había excedido con creces el plazo máximo de 60 días para retener la solicitud de renuncia establecido en la norma citada. 4) Indica que con fecha 24 de septiembre de 2025 se le notifica que es declarado culpable en la Investigación Sumaria administrativa, por salir del país estando con licencia médica, y que su medida disciplinaria es la “calificación del servicio”, el recurrente firma la notificación, y no presenta ni reclamo ni reconsideración al respecto. Sin perjuicio, que cuando el salió del país, lo hizo con autorización de la Fuerza Aérea, y de sus superiores, ya que siendo Teniente de la Fuerza Aérea de Chile, cualquier salida del país debe ser con autorización de los superiores.

Que con la referida notificación y medida disciplinaria quedó cerrada la investigación sumaria, y a la fecha no existe baja cursada de la institución por esta causal. 5) Señala que con fecha 27 de octubre de 2025 presentó nuevamente su solicitud de renuncia al empleo, ya que la anterior derechamente no se tramitó, y en la nueva renuncia solicitó con baja efectiva a contar del 13 de diciembre de 2025. 6) Con el objeto de dejar en evidencia la discriminación y diferencias arbitrarias en su contra, indica que su superior con fecha 14 de noviembre de 2025, presentó su propia solicitud de renuncia al empleo, con fecha de baja del 01 de enero de 2026, y sus antecedentes fueron remitidos el mismo día 14 desde la III Brigada Aérea de la División de Recursos Humanos, a diferencia de la solicitud del recurrente que fue remitida semanas más tarde, y recién con fecha 17 de noviembre de 2025 mediante oficio de la Secretaría General de la Fuerza Aérea de Chile NºNUM000 se informa al recurrente que cumplió con el protocolo de presentación con los Generales correspondientes en Santiago conforme a la Norma Administrativa RH-2020-115.

Agrega que ese mismo día 7 de noviembre de 2025, el recurrente mediante correo interno de la Fuerza Aérea de Chile, remite solicitud para que se tramite en definitiva su renuncia al empleo presentada el 27 de octubre de 2025, esto fundado en que en cumplimiento de la N.A. RH-2020-115 “Los Comandantes de unidades deberán a través de los Organismos de Personal, arbitrar las medidas tendientes a que la Renuncia al Empleo se encuentre en la División de Recursos Humanos, en original, 30 días antes de la fecha de retiro solicitada”, cuestión que a la fecha del correo, aún no se realizaba, sin causa justificada. 7) Que, con fecha 19 de diciembre de 2025, absolutamente fuera del plazo reglamentario, se emite Resolución mediante Oficio CP.DRH.DIYR. “R”

NºNUM001, señalando que, NO SE DARÍA CURSO A SU SOLICITUD DE RENUNCIA AL EMPLEO. Esta vez el fundamento que indica la Resolución es que estaría pendiente la dictación de un Decreto Supremo que disponga el retiro temporal del Teniente (A) nombre reservado, por padecer de una enfermedad curable que lo imposibilita temporalmente del servicio. El Oficio referido le fue notificado mediante Acta de notificación de fecha 22 de diciembre de 2025.

Señala que la respuesta anterior carece de sustento legal, ya que no puede negarse la solicitud de renuncia por tal motivo, ya que si existiere un sumario administrativo en curso pendiente, como ocurrió con la primer solicitud, podrían haberle retenido la solicitud de renuncia por un plazo máximo de 60 días, pero no por estar pendiente una resolución de baja temporal por salud recuperable, esto no lo contempla el DFL, y es una decisión absolutamente arbitraria.

El artículo 249 del DFL 1, contempla específicamente porque motivos o causales se puede retener o rechazar la renuncia, y no contempla entre ellos el fundamento de encontrarse pendiente una resolución de baja temporal por salud recuperable. 8) Concluyendo, señala que los actos denunciados, constituyen actos de discriminación arbitraria , infringiendo el artículo 19 N°2 de la Constitución Política de la República, solicitando hacer cesar de inmediato la amenaza actual e inminente que pesa sobre el afectada, ordenado al efecto a la recurrida tramitar y aceptar la renuncia al empleo solicitada por el recurrente, adoptando con celeridad las providencias que juzgue necesarias para restablecer el imperio del derecho y asegurar la debida protección de este afectado, con costas.

Informando el recurso la recurrida solicita su rechazo, fundado, resumidamente, en las siguientes consideraciones: 1) Que, después de exponer la carrera funcionaria del recurrente, expuso sobre la situación médica del funcionario, que presentaba un alto ausentismo laboral producto de la presentación de licencias médicas reiteradas, la recurrida mediante el Oficio CP.EM.A-7.AE "R" N° NUM002 de fecha 24 de enero de 2025 solicito un pronunciamiento respecto de su capacidad para continuar prestando servicios en la Institución.

En relación a ello, y fundado en el artículo 229 letra b), del D.F.L. (G) N° 1, de 1997 "Estatuto del Personal de las Fuerzas Armadas", solicito a la Comisión de Sanidad un pronunciamiento.

La referida Comisión sesionó en dos oportunidades distintas, emitiendo pronunciamiento a través de la Resolución Exenta "R" N° NUM003, de fecha 22 de mayo de 2025, la cual, en sus considerandos, en lo que interesa señaló: "F.- Que, con el objeto de analizar su situación médica con los mejores y más acabados antecedentes, se analizó el informe médico emitido por su propio tratante, esto es, por el Médico-Cirujano, Psiquiatra Dr. nombre reservado, quien sostuvo que trata a su paciente por el diagnóstico de trastorno de estrés postraumático, cuadro que en la actualidad impacta de un modo severo su funcionalidad en diversas áreas, encontrándose con tratamiento farmacológico, debiendo otorgar reposo médico atendido a su incapacidad de realizar su trabajo de forma suficiente, pudiendo laborar solo cuando los síntomas estén resueltos.

G.- Que, del análisis realizado, es posible concluir que el funcionario presenta un diagnóstico del área de la salud mental, el cual se encuentra activo y en tratamiento, de naturaleza curable, pero que, en la actualidad le impide el desempeño de sus funciones.".

La referida resolución en el Resuelvo, literal “A" estableció lo siguiente: "A.- El caso del TTE (A) nombre reservado, C.I. N° NUM005, N° de Empleado NUM004, es evaluado el 09.ABR.2025, en sesión de la Comisión de Sanidad N° NUM006, la cual teniendo en consideración los antecedentes correspondientes a los Vistos y Considerandos en la presente Resolución, dictamina y resuelve por unanimidad de los integrantes asistentes con derecho a voto, que dado que porta una enfermedad del área de la salud mental, correspondiente al diagnóstico Trastorno de estrés postraumático y que la cual teniendo en logrado reincorporarse al servicio, se determina que posee Inaptitud Temporal, por esta condición de salud mental a la fecha sin resolver y que determina un ausentismo laboral con más de 277 días de licencia médica sin servicio durante los años 2024- 2025".

Esta Comisión de Sanidad propone el Retiro Temporal por enfermedad curable que le imposibilita temporalmente para el servicio, según lo establece el Artículo 53, letra a), de la Ley N°18.948 "Ley Orgánica Constitucional de las Fuerzas Armadas". 2) En el contexto antes referido, y con fecha 01 de julio de 2025, el Teniente (A) nombre reservado dedujo un Recurso de Reposición, solicitando en definitiva “la revisión de los antecedentes presentados por medio de este recurso de reposición y dejar sin efecto la Resolución Exenta N°NUM003 de su Comisión". Con fecha 23 y 30 de julio de 2025, la Comisión de Sanidad sesionó para conocer el recurso indicado, en la última sesión correspondiente a la Acta de sesión N° NUM007 una evaluación al Consejo Técnico Centro de Medicina Aeroespacial, en adelante CMAE, materializada mediante el Oficio DS.CS. "R" N°NUM008, de fecha 06 de agosto de 2025.

La solicitud fue contestada mediante Oficio HCFA.CMAE. SDEP. OF. "R" N° NUM009, de fecha 16 de septiembre de 2025, el cual remitió el Informe del Consejo Técnico CMAE N° NUM010, el que, en sus Considerandos, en lo que interesa, señala: “H. Que, según la información disponible en la Ficha Clínica del Centro de Medicina Aeroespacial N° NUM004, documento identificado en el Visto Letra "M", el TTE (A) nombre reservado fue evaluado en dependencias de este Centro el 09.SEP.2025, por el médico cirujano con especialidad en Psiquiatría Dra. nombre reservado, la que concluyó que el TTE (A) nombre reservado no era recomendable para vuelo militar por sus rasgos de personalidad y su directa relación con interna este tipo de vuelos, razón por la cual, derivó el caso a comisión para definir aptitud definitiva.

La Comisión Médica Aeroespacial, concluyo que: “Que, según los antecedentes disponibles analizados, el TTE (A) nombre reservado, RUN NUM004, de dotación del Grupo de Aviación N° 5 de la IIIª Brigada Aérea, por este Consejo Técnico, en su Sesión del 14.SEP.2025, y prestando especial consideración a los antecedentes consignados en los Vistos y Considerandos del presente Informe, en votación unánime de los integrantes con derecho a voto del mismo, asistentes a la Sesión mencionada, se otorga la condición de NO APTO VUELO.".

Resultado de lo anterior, la Comisión de Sanidad, mediante Resolución Exenta “R" N° NUM011, de fecha 22 de octubre de 2025, resolviendo la reposición, la rechazó. La cual fue notificada al interesado con fecha 03 de diciembre de 2025, mediante carta certificada de fecha 21 de noviembre de 2025, remitida por Correos de Chile, número de envío NUM012. 3) La recurrida indica que actuó dentro de las facultades que le concede el artículo 229, letra b), artículo 234 del D.F.L. (G) N° 1 de 1997, y al Reglamento para la determinación de la aptitud psicofísica Supremo y entrenamiento fisiológico en la Fuerza Aérea de Chile, aprobado por el Decreto su artículo N° 146, de fecha 25.FEB.1994, del Ministerio de Defensa Nacional, todos los cuales reproduce.

Por otra parte, indica que conforme lo dispone el artículo 244 del D.F.L. (G)

Nº 1 de 1997, Estatuto del Personal de las Fuerzas Armadas, la carrera profesional de los Oficiales, Personal del Cuadro Permanente y de Gente de Mar, de Tropa Profesional y de los Empleados Civiles y en relación con las facultades contenidas en el Título IV, artículo 52 y siguientes de la Ley N° 18.948, el personal deja de pertenecer a las Fuerzas Armadas por retiro o fallecimiento, pudiendo el retiro ser temporal o absoluto.

Seguidamente indica que en conformidad con lo dispuesto en el artículo 245 del D.F.L. (G) N 1 de 1997, Estatuto del Personal, antes citado, que se refiere a las causales de retiro pueden ser voluntaria forzosas, y en cuanto a las causales por las que procede el retiro temporal de los oficiales se encuentran consagradas en el artículo 53 de la Ley N°18.948, que en su letra a) señala: "Que contrajeren enfermedad curable que los imposibilite temporalmente para el servicio”. Por su parte, el inciso primero del artículo 7º de la Ley N° 18.948 dispone que efectuarán por decreto supremo los nombramientos, ascensos y retiros de los Oficiales se expedido a través del Ministerio de Defensa Nacional, a proposición del respectivo Comandante en Jefe Institucional.

Señala que en cumplimiento a la norma citada en el párrafo precedente, de 27 de octubre de 2025, mediante el oficio CP.DRH. (P) N° NUM013, del Comandante en Jefe de la Fuerza Aérea de Chile, se solicitó a la Subsecretaría de las Fuerzas Armadas se "dicte un Decreto Supremo, a través del cual se disponga el retiro temporal del servicio de la Fuerza Aérea de Chile, sin derecho a pensión de retiro, al Teniente (A) nombre reservado, R.U.N. N.º NUM005, por padecer de una enfermedad curable que lo imposibilita temporalmente para el servicio"; acto administrativo que se encuentra en trámite por parte de la Subsecretaría para las Fuerzas Armadas.

Finalmente, sostiene, que de acuerdo con lo establecido en el artículo 256 del D.F.L. (G) N° 1 de 1997, Estatuto del Personal de las Fuerzas Armadas señala que, producido el retiro del Personal, el decreto o resolución que lo dispuso no podrá ser dejado sin efecto. Luego, que el retiro se haya producido en el inciso 2 de la misma norma se señala que en los casos en que el retiro e haya producido por causal de enfermedad o lesión, sea o no proveniente de un accidente del servicio, el informe definitivo de la Comisión de Sanidad hará plena prueba y el retiro no podrá ser modificado ni aun por otros antecedentes de índole médica o técnica. 4) Como ya se ha expuesto, el rechazó de la primera renuncia, lo fue por existir un sumario administrativo en su contra, debidamente tramitado, resuelto y notificado sin que el recurrente la impugnara.

Por su parte, el rechazó de la segunda renuncia lo fue por encontrarse en trámite la dictación del respectivo Decreto Supremo por el Ministerio de Defensa Nacional, cuya tardanza no es atribuible a la recurrida, lo que fue notificado con fecha 27 de Diciembre de 2025. 5) En cuanto a la tramitación de la segunda renuncia, de fecha 27 de octubre de 2025, señala que ella, se encuentra expresamente regulada en los artículos 248 y siguientes del DFL N° 1 de 1997, al señalar que la renuncia debe presentarse por escrito y a través del conducto regular, produciendo al las Fuerzas efectos únicamente desde que la autoridad competente la acepta.

De lo anterior, se desprende que para que produzca sus efectos, debe perfeccionarse mediante un acto administrativo constitutivo posterior dispuesto por un órgano del Estado, esto es, sin aceptación válida por parte de la autoridad competente, la renuncia carece de eficacia jurídica para poner término a la relación funcionaria. Es el caso de la situación del recurrente, por ello que resulte improcedente sostener que la sola voluntad del funcionario baste para generar la vacancia del cargo, pues ello importaría desnaturalizar el estatuto especial que regula a las Fuerzas Armadas, transformando la renuncia en un mecanismo ajeno al procedimiento administrativo y al control de juridicidad que corresponde a la autoridad.

En efecto, dentro de ese marco normativo, el artículo 249 del DFL N° 1 de 1997 del "Estatuto del Personal de las Fuerzas Armadas", contempla situaciones en las que la Autoridad puede, y en rigor debe, retener la aceptación de la renuncia voluntaria entre ellas, la señalada en su letra C): "Cuando el personal se encuentre sometido a un sumario administrativo del cual emanen antecedentes serios de que pueda ser sancionado con un alejamiento de la Institución. En este caso, la aceptación de la renuncia no podrá retenerse por un lapso superior a 60 días, contados medida disciplinaria que implique su desde su presentación, aun cuando el sumario no se encontrare terminado. Este se deberá continuar hasta su total tramitación, registrándose en la correspondiente hoja de vida la sanción que el mérito del sumario determine.”.

Como se puede apreciar, la existencia de una Investigación Sumaria Administrativa en curso constituye causal suficiente para impedir la aceptación de la renuncia, toda vez que la Administración no puede verse privada de ejercer la potestad sancionadora que la ley le confiere, aceptar lo contrario frustraría el procedimiento disciplinario y consecuentemente, dejaría sin contenido la potestad sancionadora del Estado, atentando contra los principios de Juridicidad y de Probidad Administrativa.

Del modo antes expuesto, la retención de la renuncia no es una medida arbitraria ni discrecional, sino una manifestación de una potestad reglada que asegura la eficacia del sumario y el cumplimiento de los fines públicos comprometidos.

Nuevamente señala la recurrida, que respecto del recurrente a esta fecha, se encuentra a la espera de la dictación del Decreto Supremo solicitado con fecha 24 de octubre de 2025, mediante el oficio CP.DRH. (P) N° NUM013, del Comandante en Jefe de la Fuerza Aérea de Chile. El mismo recurrente, con fecha 03 de noviembre de 2025, realizó una presentación ante la Subsecretaría para las Fuerzas Armadas, donde solicita que se revisen los antecedentes médicos y administrativos vinculados a su caso, considerando que su renuncia fue presentada con anterioridad a la dictación y notificación de la Resolución de la Comisión de Sanidad.

Concluye que a la fecha, se encuentra a la espera de la dictación del Decreto Supremo solicitado con fecha 24 de octubre de 2025, mediante el oficio CP.DRH. (P) N° NUM013, del Comandante en Jefe de la Fuerza Aérea de Chile, toda vez, que tanto los nombramientos de los oficiales de la Fuerza Aérea, como sus términos-por baja o renuncia- requieren de un Decreto Supremo, que no provienen de las respectivas fuerzas armadas, lo que fue notificado junto al rechazo de su segunda renuncia, con fecha 27 de Diciembre de 2025, según los dichos de la propia recurrente.

Finalmente, concluye que no ha existido por parte de la Fuerza Aérea de Chile ningún acto arbitrario е ilegal que atente contra alguna garantía constitucional, ni menos, la señalada en el artículo 19 N° 2 de la Constitución Política de la República de igualdad ante la ley, y solicita su rechazado Se trajeron los autos en relación.

CON LO RELACIONADO Y CONSIDERANDO:

PRIMERO: Que, el recurso de protección ha sido instituido por el constituyente como una acción destinada a evitar las posibles consecuencias dañosas derivadas de acciones u omisiones arbitrarias o ilegales, que produzcan privación, perturbación o aún amenaza de alguna o algunas de las garantías constitucionales expresamente señaladas en la Constitución Política de la República, a fin de restablecer el imperio del derecho y otorgar la debida protección a quien pueda resultar afectado.

SEGUNDO: Que, para que proceda la presente acción constitucional, es necesaria la concurrencia copulativa de: 1) La existencia de un acto u omisión ilegal o arbitrario; 2) Que dicho acto viole, perturbe o amenace garantías que la Constitución asegura a todas las personas; y, finalmente, 3) Que quien lo interpone se encuentre ejerciendo legítimamente un derecho indubitado, esto es, que sea quien se encuentra legitimado activamente para su ejercicio.

TERCERO: Que, además de los requisitos enunciados, corresponde tener presente que, dada la naturaleza cautelar, no contradictoria y sumaria del arbitrio constitucional, el ámbito de su aplicación corresponde limitarlo a aquellos actos cuya ilegalidad o arbitrariedad son evidentes, atendidas las circunstancias y modalidades concretas de la situación de que se trata.

Para la Doctrina, la ilegalidad o arbitrariedad son conductas antijurídicas, o contrarias a derecho. La Jurisprudencia, a su turno, ha señalado que un acto es ilegal cuando se violan los elementos reglados de las potestades jurídicas conferidas a un sujeto, público o privado. Por otro lado, el acto es arbitrario cuando se produce la vulneración del uso razonable con que los elementos discrecionales de un poder jurídico han de ser ejercidos o actualizados. Igualmente puede señalarse que “un acto es ilegal si ha sido dictado contra ley, es decir, cuando no se atiene a la normativa por la cual debe regirse; y es arbitrario cuando es contrario a la justicia, la razón o a la leyes por carecer de sustentación lógica y se presenta como mero fruto del capricho o la sinrazón “.- Por consiguiente, resulta requisito indispensable de la acción constitucional que se examina, la existencia de un acto u omisión que sea ilegal, esto es, contrario a la ley, o que sea arbitrario, es decir, sin razón o fundamento y producto del mero capricho de quien incurre en esa conducta, que debe producir como consecuencia, alguna de las situaciones o efectos que se han indicado respecto de las garantías protegidas.

CUARTO: Que, conforme al relato efectuado por la recurrente en su presentación, los hechos denunciados mediante el presente recurso dicen relación con una eventual vulneración de la garantía constitucional contemplada en el numeral 2 del artículo 19 de la Constitución Política de la República, lo que tendría su origen en no aceptar la renuncia al empleo por parte del recurrente, y dilatar su respuesta, frente a otros funcionarios, que iniciando los trámites de su renuncia y/o retiro, ya obtuvieron la dictación del decreto supremo respectivo.

QUINTO: Que, el inciso primero del artículo 7º de la Ley N° 18.948, dispone: “Los nombramientos, ascensos y retiros de los Oficiales se efectuarán por decreto supremo expedido a través del Ministerio de Defensa Nacional, a proposición del respectivo Comandante en Jefe Institucional.”

De modo tal, que el acto administrativo terminal, ya sea por solicitud de baja por razones de salud o por renuncia es un Decreto Supremo dictado por el Ministerio de Defensa Nacional, Subsecretaría de las Fuerzas Armadas, situación que no puede imputarse a la recurrida. SEXTO: Que, en relación con la tardanza en resolver la situación del recurrente, útil es tener presente lo resuelto por la Excma. Corte Suprema en sentencia de fecha 30 de Diciembre de 2025, causa rol N ° 26.787.2025, que si bien se dicta en materia laboral, también resulta aplicable en la materia de autos, y que en su parte pertinente dispuso: “SEGUNDO:...........En efecto, tal como lo ha resuelto reiteradamente esta Corte Suprema, no cualquier dilación en la dictación del respectivo acto administrativo conlleva la pérdida de eficacia del procedimiento, sino sólo aquella que es excesiva e injustificada.

Esta Corte Suprema, ha declarado lo anterior, a propósito de la interpretación del citado artículo 27 de la Ley N° 19.880, expresando que no tiene el carácter de fatal, de manera que si bien el organismo público debe hacer expeditos los trámites respectivos, el principio de celeridad lo ha de llevar tan sólo a tender o a instar por la pronta terminación del procedimiento administrativo, sin que pueda estimarse razonablemente que esa circunstancia le ha de compeler, con carácter definitivo, a concluir tales procesos sólo y únicamente en los perentorios términos fijados por el legislador.

El esfuerzo hacia en el que debe propender el órgano público en ésta materia, no puede llevar a que el incumplimiento de estos plazos transforme en fútil su esfuerzo fiscalizador. En efecto, un mínimo equilibrio entre sus distintos deberes lleva necesariamente a una conclusión como ésta, pues de lo contrario se habría de convenir en que la fiscalización y los derechos e intereses del Estado y de los administrados habrían de ceder y quedar subordinados a la celeridad, conclusión irracional que no puede ser admitida (SCS Roles N° 4.817-2012, N° 6.661-2014, N° 27.989-2016, N° 22.318-2021, entre otros).

En efecto, la imposibilidad material de continuar con el procedimiento administrativo, cuyo plazo termina en seis meses, corresponde fijarla conforme a parámetros objetivos, revestidos de razonabilidad y las circunstancias de cada caso, como se anticipó”.

Del modo ya desarrollado, la tramitación y tardanza en la dictación del decreto supremo que finalmente resuelva la situación del recurrente le corresponde al Ministerio de Defensa Nacional, Subsecretaría de las Fuerzas Armadas.

SEPTIMO: Que, la decisión adoptada por la recurrida, así como su tramitación se encuentra ajustada a derecho, y dentro de las potestades que la ley confiere, de manera que no corresponde a esta I. Corte, por esta vía, determinar que el hecho de solicitar la dictación de un decreto supremo que ponga término a la calidad de oficial y funcionario de la Fuerza Aérea del recurrente y resolver en el intertanto, rechazar su renuncia, por igual razón, infrinja la reglamentación institucional, como ya se indicó, y que la dictación del acto administrativo terminal - decreto supremo-, su tramitación y tardanza, constituya un hecho que le sea imputable a la recurrida, conforme a las normas ya indicadas. Tampoco se observa alguna arbitrariedad en el actuar de la recurrida, toda vez que las resoluciones dictadas en la tramitación e investigación sobre el estado y conducta del recurrido, como consta de documentos administrativos acompañados por ambas partes, son fundadas, y no obedecen a capricho alguno o a la sinrazón.

OCTAVO: Que, en consecuencia, no se advierte ilegalidad o arbitrariedad en la decisión recurrida, razón por la que esta acción cautelar debe ser desestimada.

Por estas consideraciones, y visto, además, lo dispuesto en el artículo 19 N° 2 y 20 de la Constitución Política de la República, SE RECHAZA, el recurso de protección interpuesto por doña ROXANA CARRASCO SANTANA, abogada, en representación de don nombre reservado interponiendo recurso de protección en contra del COMANDO DE PERSONAL DE LA FUERZA AEREA DE CHILE, sin costas.

En su oportunidad, dese cumplimiento al numeral 14 del Auto Acordado de la Excma. Corte Suprema sobre tramitación y fallo del Recurso de Protección.

Regístrese, notifíquese y archívese, en su oportunidad.

Redactada por el abogado integrante don Claudio Aravena Bustos.

Rol 131 – 2026 Protección.