nombre reservado con TESORERÍA GENERAL DE LA REPUBLICADE CHILE

C.A. de Valdivia Valdivia, cinco de mayo de dos mil veintitrés.

VISTOS:

Don nombre reservado, capitán de embarcación, con domicilio en domicilio reservado, deduce recurso de protección en contra la Tesorería General de la República de la ciudad de Temuco, desconoce representante legal, por lo que considera un acto arbitrario e ilegal emanado de su parte que lesiona o vulnera gravemente, su Derecho Constitucional a la propiedad privada, conforme se establece en el Artículo 19 N°24 de la Carta Fundamental.

Expresa que con fecha 06 de febrero de 2023 fue notificado de una resolución dictada en el contexto del expediente administrativo 11393-2017 de Tesorería General de la República, mediante la cual se ordena el embargo del sueldo que percibe de parte de su actual empleador NAVIERA REYMAR SPA; RUT RUT reservado, representada por nombre reservado, con domicilio en domicilio reservado.

Estima que la citada resolución, indica que dicho embargo se trabe por los montos que perciba, que excedan las 5 Unidades Tributarias mensuales (a la fecha de notificación de la antedicha resolución, 5 UTM equivalen a $309.770).

Recalca que la resolución que ordenó embargar su remuneración mensual en los términos que se ha referido, ha emanado de la Tesorería General de la República, en el contexto del desarrollo de un proceso administrativo, cuya copia no fue acompañada a la resolución que dispuso el embargo y, por lo mismo, a) no tiene forma alguna de saber exactamente cuáles son los eventuales “fundamentos” de dicho acto, en cuanto a su forma y fondo y; b) resulta claro que no se trata de una resolución Judicial, dictada en el contexto de un juicio en el cual se haya respetado estrictamente las normas y principios del debido proceso y, consecuentemente, el derecho a legítima defensa que corresponde a todo ciudadano, aparece en este caso, por decir lo menos, amagado. El embargo de los bienes de un ejecutado debe ser decretado por un Tribunal de la República, y no mediante una simple orden administrativa, lo que ocurre en el caso actual y resulta, por lo mismo, una evidente vulneración de derechos.

Afirma además que la resolución de embargo que le fuera notificada resulta especialmente arbitraria e ilegal, por cuanto atropella especialmente, las normas que disponen que los sueldos de los trabajadores son inembargables, tal como establece el artículo 445 del Código de Procedimiento Civil.

Afirma que, en el caso sub lite, la Tesorería General de la República ha incurrido en un acto arbitrario e ilegal al pretender, a través del medio administrativo indicado, embargar, siquiera en parte su sueldo laboral, por cuanto dicha entidad carece de la atribución para solicitar el embargo de su renta, puesto que las disposiciones sobre inembargabilidad del Código de Procedimiento Civil resultan palmarias al indicar sencillamente que los sueldos son inembargables y no hay una norma de excepción que permita avalar el procedimiento que Tesorería General de la República pretende utilizar en este caso.

Termina pidiendo acoger el presente recurso en todas sus partes, declarando que la resolución administrativa de dicha entidad, que le fuera notificada con fecha 06/02/2023 y mediante la cual se dispone el embargo de la suma que exceda de 5 UTM de su sueldo mensual, es arbitraria e ilegal, por vulnerar el derecho a la propiedad privada que le garantiza la Carta Fundamental y las disposiciones sobre inembargabilidad de bienes del Código de Procedimiento Civil, con expresa condena en costas.

Informa don nombre reservado, Abogado, en representación del Fisco de Chile – Servicio de Tesorerías.

Manifiesta que el recurrente, al mes de marzo de 2023, registra una deuda en su Cuenta Única Tributaria que alcanza la suma de $367.009.794 (trescientos sesenta y siete millones nueve mil setecientos noventa y cuatro pesos). La deuda corresponde, principalmente, a emisiones efectuadas por el Servicio de Impuestos Internos cargados a formularios 21, y, producto del no pago en la oportunidad correspondiente, el Servicio de Tesorería, inició el proceso de cobro de obligaciones tributarias bajo el Expediente Administrativo 11393-2017 Valdivia, el cual está relacionado con el presente recurso, no obstante mantener, además, otros expedientes administrativos con deuda morosa vigente.

Detalla que en el proceso de cobro 11393-2017 VALDIVIA, con fecha 12 de octubre de 2017, el ejecutado fue notificado y requerido de pago, no se opuso a la ejecución, expirando el plazo dispuesto para ello, conforme lo establece el artículo 176 del Código Tributario. Norma que dispone que el plazo fatal para oponer excepciones a la ejecución es de 10 días contados desde la notificación personal o desde el primer embargo, habiéndose ejercido acciones de cobro en forma sostenida en el tiempo.

Explica que con fecha 19 de enero de 2023 y no habiendo encontrado bienes tangibles para materializar embargos, se resolvió trabar embargo respecto de los montos a pagar por concepto de remuneraciones o prestaciones de dinero provenientes del contrato celebrado con su empleador, NAVIERA REYMAR SPA, Rut RUT reservado, por los montos que excedan de 5 Unidades Tributarios Mensuales.

Así, con fecha 06 de febrero de 2023 y tal como consta de la sustanciación de los autos, le fue notificada la resolución precedente y con posterioridad, con fecha 14 de febrero de 2023 se notificó al agente retenedor, NAVIERA REYMAR SPA, Rut RUT reservado

Manifiesta además que con fecha 21 de febrero de 2023 por medio de la plataforma electrónica “0 filas”, el deudor interpone incidente de nulidad del embargo y excepción de prescripción extintiva de la deuda. Con fecha 22 de febrero de 2023, se rechazó el incidente de nulidad del embargo, y con la misma fecha se declaró la extemporaneidad de la excepción de prescripción opuesta por el deudor.

Se hace cargo de las alegaciones del recurso, señalando que el proceso de cobro se ha llevado conforme a derecho, dictándose la resolución que ordenó el embargo y notificándose, debidamente al ejecutado, reiterando, que el mismo ejecutado interpuso incidente de nulidad del embargo, atendido el fundamento expuesto, lo cual fue rechazado en el mismo proceso de cobro con fecha 22 de febrero de 2023, encontrándose ejecutoriada la resolución por no haber interpuesto recursos en su contra.

Esgrime que la resolución que se impugna sí reviste los caracteres que pretende desconocer la recurrente, toda vez que Tesorería General de la República se encuentra facultada por el Código Tributario y por su Ley Orgánica Constitucional para efectos de trabar el embargo que pretende desvirtuar la recurrente.

De acuerdo a lo que dispone el artículo 2.2° del Estatuto Administrativo del Servicio de Tesorería, le corresponde a esta repartición pública, en términos generales, efectuar la cobranza coactiva sea judicial, extrajudicial o administrativa de los impuestos fiscales en mora, con sus intereses y sanciones, las multas aplicadas por autoridades administrativas, créditos fiscales a los que la ley le dé carácter de impuesto para los efectos de su recaudación y los demás créditos ejecutivos o de cualquier naturaleza que tengan por causa o motivo el cumplimiento de obligaciones tributaria cuya cobranza se le encomiende por decreto supremo.

Añade que la cobranza se realiza en los términos que regula el procedimiento sobre cobro de obligaciones tributarias, regulado en el Título V del Libro III del Código Tributario, artículos 168 y siguientes, y, entre cuyas normas, regula el embargo y los términos en que se debe proceder. En este caso, estamos en presencia de un proceso de cobro de obligaciones tributarias en el que se persigue el cobro de impuestos cuya acción no ha sido declarada prescrita y en el que se ha trabado embargo con estricto apego a las normas legales que regulan el proceso de cobro.

Afirma que en lo que se refiere al embargo de remuneraciones del recurrente, conforme lo dispone de manera expresa el inciso tercero del artículo 170 del Código Tributario, el embargo podrá recaer en la parte de las remuneraciones que perciba el ejecutado que excedan a cinco unidades tributarias mensuales.

Concluye sosteniendo que el recurso es inadmisible pues no procede en contra de resoluciones judiciales y, por otro lado, no es la vía idónea.

Se trajeron los autos en relación.

CONSIDERANDO:

PRIMERO: El recurso de protección de garantías constitucionales establecido en el artículo 20 de la Constitución Política de la República, constituye una acción destinada a amparar el legítimo ejercicio de las garantías y derechos que en esa misma disposición se enumeran, mediante la adopción de medidas de resguardo que se deben adoptar ante una acción u omisión arbitraria o ilegal que impida, amenace o perturbe ese ejercicio.

SEGUNDO: De lo expuesto por la parte recurrente aparece que son tres las alegaciones que realiza y que la llevan a accionar por esta vía constitucional: refiere la existencia de un juicio tributario en su contra con un embargo verificado respecto de su remuneración, en circunstancias que la norma del artículo 445 del Código de Procedimiento Civil, lo proscribe. También manifiesta su absoluto desconocimiento en cuanto a la resolución y su justificación por no contar con ella. Y un tercer tópico de alegaciones lo sitúa en la actuación de Tesorería que en el procedimiento ejecutivo no ha podido proceder a trabar embargo, lo que está circunscrito a la actuación judicial.

TERCERO: La recurrida en su informe señala el detalle del monto adeudado por el contribuyente moroso, que supera los trescientos millones de pesos, sólo en uno de los procesos administrativos que se siguen en su contra. Explica igualmente que el recurrente no opuso excepciones a la ejecución y detalla la inexistencia de otros bienes en que pueda recaer el embargo, siendo el artículo 170 inciso 3° del Código Tributario el que faculta esta actuación.

Con esas anotaciones ya se da respuesta a una de las cuestiones reclamadas por la recurrente, quien aseveró desconocer el tenor de la resolución y de lo que se debía. Información que en todo caso aparece como injustificadamente pedida en el marco de una acción constitucional por transgresión a garantías fundamentales. Dicha información se obtiene de los expedientes en tramitación, cuyas copias han sido acompañadas junto al informe y de la propia página web del Servicio de Tesorería, para cuyo acceso el recurrente cuenta con clave de ingreso, según se informó, pues ha realizado actuaciones tendientes a dejar sin efecto el embargo.

CUARTO:

Resulta además palmaria la falta de actividad del contribuyente en el proceso de ejecución, que data desde el año 2017. Quien hoy recurre de protección ha sido emplazado en el juicio que se sigue en su contra y no ha verificado actuación alguna en el expediente vigente ante Tesorería según se desprende de la copia digitalizada a estos autos, salvo una incidencia de nulidad de embargo y de prescripción de la deuda, interpuesto en fecha paralela a la de ingreso del recurso de protección. Lo anterior ya fue resuelto y rechazado por el juez sustanciador.

QUINTO: Como corolario de lo expuesto, resulta necesario poner de relieve que la utilización de la acción de protección en contra de resoluciones dictadas con arreglo a un procedimiento legal, supone una absoluta desnaturalización de dicho arbitrio, toda vez que éstas deben impugnarse a través de los recursos ordinarios dispuestos por el ordenamiento jurídico y no por esta vía, ya que la acción de protección no es un sustituto procesal que pueda ser utilizado como medio de impugnación de decisiones jurisdiccionales, pues ello afecta el estado de derecho, la certeza jurídica y la normal sustanciación de los procedimientos judiciales, en los que el legislador ha previsto expresamente los remedios procesales que las partes pueden hacer valer en el evento de no compartir los fundamentos de una determinada decisión judicial. (Corte de Valdivia Rol 546-2014CIV y Rol 35-2016 PROT).

En este mismo sentido se ha manifestado nuestro máximo tribunal al señalar lo siguiente: “(…) Que según lo expuesto por la parte recurrente y lo que surge del mérito de autos, la decisión impugnada se materializó en una resolución judicial dictada en la causa antes individualizada (....) Esto resulta inadmisible, ya que lo procedente es deducir en su contra los remedios jurisdiccionales que sean conducentes, y no que se utilice esta acción como un recurso procesal de dicha índole. El recurso de protección no puede entenderse como un medio de impugnación de resoluciones judiciales”.

“(….) Que, en consecuencia, lo pertinente es que el actual asunto sea debatido a través de los recursos jurisdiccionales que correspondan, toda vez que tal cuestión ya está sometida a la jurisdicción y, por lo tanto, bajo el imperio y regulación del derecho” (Excma. Corte Suprema Rol N°9021-2014).

SEXTO: Como lo ha sostenido reiteradamente esta Corte, el recurso de protección constituye una medida esencialmente cautelar, que tiene por objeto solo otorgar una medida rápida y efectiva cuando alguno o algunos de los derechos que se consagran en el artículo 20 del texto constitucional se vean amenazados o vulnerados, por actos que importen una vulneración al estado de derecho, supuestos que no concurren en la especie, al emanar los actos recurridos de un resoluciones en el marco de un procedimiento administrativo.

Al respecto, preciso resulta enfatizar que el procedimiento ejecutivo tributario regulado en el Título V, del Libro Tercero, del Código Tributario, constituye un solo procedimiento, dividido en dos etapas, una administrativa y la otra judicial. En dicho procedimiento se establecen normas especiales en materia de emplazamiento, requerimiento, excepciones a la ejecución, realización de bienes, entre otras, que se explican por el interés público comprometido en el cobro de deudas tributarias, y que justifica que el legislador haya otorgado ciertas prerrogativas al Fisco acreedor que lo diferencian del acreedor común.

En este orden de ideas, la resolución que decretó el embargo parcial de las sumas que la actora debía percibir por concepto de remuneración, se encuentra expresamente prevista como medida de apremio en el artículo 170 inciso tercero del Código Tributario, la que ha sido dictada previa notificación de la parte afectada y en la forma que el inciso cuarto de la misma disposición legal regula para tales efectos, de lo que se deduce que dicha medida se encuentran dentro de la competencia y facultades que el propio legislador confiere al ente recaudador, razón por la que no constituye un acto ilegal, siendo una norma claramente de carácter especial, en favor del interés público comprometido en la recaudación fiscal.

SÉPTIMO: Por lo señalado anteriormente, no se vislumbra de qué manera pueden entenderse vulnerados los derechos constitucionales invocados por la parte recurrente, razón por la que el recurso deberá ser rechazado.

Por estas consideraciones y visto, además, lo establecido en el artículo 20 de la Constitución Política de la República y Auto Acordado sobre Tramitación del Recurso de Protección de Garantías Constitucionales, SE RECHAZA la acción de protección interpuesta por don nombre reservado en contra la Tesorería General de la República.

Acordada con el voto en contra de la Ministra doña María Soledad Piñeiro Fuenzalida quien estuvo por acoger el presente recurso. Para ello ha tenido especialmente en cuenta que la presente acción tiene por principal objetivo cautelar derechos de las personas, en este caso el mínimo de ingresos para la supervivencia, expresado en la protección de las remuneraciones, respecto de las que el trabajador tiene derecho de propiedad. En efecto, si bien el artículo 170 del Código Tributario permite el embargo de las mismas reservando al trabajador un mínimo de 5 UTM, tal norma debe ser compatibilizada con las existentes en otros cuerpos legales, en este caso lo dispuesto en el artículo 445 del Código de Procedimiento Civil que impide el embargo de las misma y el artículo 57 del Código del Trabajo que lo permite solo por sobre 56 UF de los ingresos. En ese sentido debe entenderse que la regla general es aquella establecida en el procedimiento civil y que la excepción establecida en favor del fisco para el cobro de impuesto, está contenida en el Código Tributario. Sin embargo, tal excepción no puede ser de tal entidad que impida a las personas un mínimo ingreso para su mantención y la de su familia, así lo ha entendido el legislador al establecer una contraexcepción en el Código del Trabajo, por lo que un análisis completo de las normas citadas obliga a acceder a lo pedido en cuanto solo es posible a Tesorería General de la República embargar los ingresos del recurrente en todo aquello que exceda de 56 unidades de fomento.

Redacción a cargo de la Ministra doña María Soledad Piñeiro Fuenzalida.

Regístrese, comuníquese y archívese, en su oportunidad.

N°Protección-130-2023.