MAQUINARIA Y EQUIPOS KLENNER LIMITADA con INSPECCIÓN PROVICIAL DEL TRABAJO DE VALDIVIA

Valdivia, diecisiete de agosto de dos mil dieciocho.

VISTOS:

Don Carlos Enrique Herrera Tardón, abogado, domiciliado en domicilio reservado, en representación de MAQUINARIAS KLENNER SPA, RUT N°RUT reservado, mismo giro y domicilio, según personería que acompaña, deduce recurso de protección en contra de la Inspección Provincial del Trabajo de Valdivia, fundado en los siguientes aspectos de hecho y de derecho:

Señala que el recurso de protección, es en contra de la Resolución Ordinaria N° 676, del 14 de junio de 2018, librada por la recurrida, notificada a su parte con fecha 26 de junio de 2018, que rechazó la solicitud de reconsideración administrativa que interpuso en contra de la multa que le fue cursada por dicha institución, por la razón de haber sido presentada de manera extemporánea a pesar que su parte fue notificada mediante carta certificada colocada en Oficina de Correos de Valdivia el 19 de Junio de 2018, corriéndole plazo a partir del 6° sexto día hábil siguiente estos es el 2 de mayo de 2018.

Expresa que la recurrida ha actuado arbitraria e ilegalmente, al haber conculcado el principio fundamental de la igualdad ante la ley consagrado en el N° 2 del artículo 19 de la Constitución Política de la República, en atención a que se negó a tramitar un recurso de reconsideración presentado dentro de plazo, debido a que estima que el plazo de 30 días a que se refiere el artículo 512 del Código del Trabajo para presentar el recurso de reconsideración ante el Director del Trabajo no es de días corridos, sino de días hábiles, de lunes a viernes, excluyéndose los días sábados, domingos y festivos.

Por lo anterior previas citas legales, pide se acoja el recurso de protección, y previo oficio, pidiendo antecedentes, disponer dejar sin efecto la Resolución Ordinaria N° 676 del 14 de junio del año 2018, ordenando a la recurrida a admitir a tramitación el recurso de reconsideración entablado por el actor respecto de la Resolución Multa N°3970/18/15-1, 2 y 3 y notificada a su parte por carta certificada depositada en oficina de correos de Chile con fecha 24 de abril del año 2018, todo con expresa condenación en costas, en atención a la actitud de contumacia mantenida por la recurrida respecto de los uniformes sentencias dictadas con antelación en su contra, sin enmendar su tesitura legal.

Don nombre reservado, abogado por la parte recurrida, informa al tenor del recurso, solicitando su rechazo en base a que la interpretación que hace del artículo 512 del Código del Trabajo es la correcta tal como ha sido sostenida por la Contraloría General de la República y jurisprudencia judicial, sin que se conculque garantía fundamental alguna, por lo que solicita el rechazo del recurso.

Se trajeron los autos en relación y el día de la vista alegaron los abogados que comparecieron interponiendo el recurso e informándolo, respectivamente.

CONSIDERANDO:

Primero: Que el recurso de protección de garantías constitucionales, previsto en el artículo 20 de la Constitución Política de la República, es una acción constitucional, cuyo propósito consiste en obtener de los Tribunales superiores de justicia, una tutela eficaz y eficiente para salvaguardar la integridad de los derechos fundamentales que aquélla norma contempla. Al conocer un recurso de protección, es el deber constitucional de esta Corte adoptar, en forma inmediata, las providencias necesarias para asegurar la debida protección ante una acción u omisión arbitraria o ilegal, que importe una privación, perturbación o amenaza de los derechos y garantías que el constituyente establece.

Segundo: Que, como una cuestión previa y fundamental para entrar al conocimiento del asunto, es menester explicitar que el recurso de protección es una acción de naturaleza cautelar, urgente y no declarativa, de modo que no es posible a través de este procedimiento, obtener un pronunciamiento en el que se dirima la existencia del derecho invocado, su validez y en general, las materias cuyo fallo requiere una discusión y tramitación en un juicio de lato conocimiento.

En efecto, la procedencia de la acción de protección de garantías constitucionales, requiere de suyo la existencia de un derecho indubitado en favor del actor y, sólo de concurrir tal derecho, corresponde determinar si se dan o no los demás requisitos para otorgar la cautela requerida, pues como la sostenido la Excma. Corte Suprema “la acción de cautela de derechos constitucionales impetrada en estos autos constituye un arbitrio destinado a dar protección respecto de derechos que se encuentren indubitados y no discutidos” (Rol N° 27451-2014, de 14/01/2015). En el mismo sentido, el Tribunal Constitucional ha fallado que la naturaleza jurídica del recurso de protección es la de “una acción cautelar, para la defensa de derechos subjetivos concretos, que no es idónea para declarar derechos controvertidos, sino tan solo para restablecer el imperio del derecho y asegurar la debida protección del afectado, en presencia de una acción u omisión arbitraria o ilegal, que amerita una solución urgente (Rol 2538-14, de 09/09/2014)”.

Tercero: Que para que pueda prosperar el recurso de protección del artículo 20 de la Constitución Política de la República debe existir un acto u omisión arbitraria o ilegal y que signifique o una “privación” o una “perturbación” o una “amenaza” en el legítimo ejercicio de alguno de los derechos constitucionales asegurados y garantidos por el recurso y que esa privación, perturbación o amenaza conculque o afecte precisamente, o sea, de modo real, efectivo o inminente el legítimo ejercicio de los derechos que garantiza la Constitución y el restablecimiento del imperio del derecho debe serlo en un procedimiento sumario y rápido, sin perjuicio de los demás derechos que el afectado pueda hacer valer ante la autoridad o los tribunales correspondientes.

La “arbitrariedad” indica carencia de razón en el actuar u omitir, falta de proporción entre los motivos y el fin o finalidad que alcanza, ausencia de ajuste entre los medios empleados y el objetivo a obtener, o sea, una actuación carente de fundamento (El Recurso de Protección, nombre reservado, página 189).

Lo “ilegal” se da en el ámbito de los elementos reglados de las potestades jurídicas; es decir, de lo contrario a la ley; en otras palabras, el actuar u omitir es ilegal cuando fundándose en algún poder jurídico que se posea o detenta, se excede en su ejercicio, cualquiera sea el tipo, modo o manera que el exceso adopte (op. cit. Pág. 239).

Cuarto: Que esta Corte debe analizar si se acreditó por el recurrente la existencia de un derecho indubitado, que se encontraría perturbado por el actuar ilegal y/o arbitrario de parte de la recurrida, lo que de acuerdo con los documentos acompañados por el propio recurrente, la resolución que impuso las multas fue dictada con fecha 19 de abril de 2018 y notificada por carta certificada depositada en Correos de Chile el día 24 del mismo mes, por lo que la reclamada quedó emplazada el 2 de mayo de 2018 conforme a la normativa que regula tal tipo de notificaciones, cuestión por lo demás no es controvertida en el informe de la recurrida. La solicitud de reconsideración administrativa fue presentada el 12 de junio del presente año.

Quinto: Que el Ordinario N° 676 de junio de 2018 que es el que se impugna por medio de esta acción constitucional, expresa que la reconsideración no se presentó dentro del plazo legal de treinta días corridos, contados desde su notificación y la declara extemporánea.

Sexto: Que el artículo 512 del Código del Trabajo, en su inciso primero, señala que el plazo para la presentación de las solicitudes de reconsideración administrativa de multas es de treinta días, sin especificar si se trata de días hábiles o corridos. Lo anterior debe relacionarse con el artículo 25 de la ley 19.880, que señala que el cómputo de los plazos de días del procedimiento administrativo, establecidos en esa ley son de días hábiles, entendiéndose que son inhábiles los días sábado, los domingo y los festivos, norma aplicable en la especie en forma supletoria por mandato del artículo 1º de la misma ley; de lo que se puede colegir que la reconsideración fue formulada dentro del plazo. De hecho, descontando los días que no deben computarse conforme a esta última norma, la reconsideración se interpuso el vigésimo octavo día posterior al emplazamiento.

Séptimo: Que debe tenerse en cuenta que la Excma. Corte Suprema se ha pronunciado sobre la materia dando aplicación a la norma supletoria del artículo 25 de la ley 19.880, en diversos fallos, de los que se puede citar el dictado en causa rol 8727-2015, de fecha 16 de septiembre de 2016.

Octavo: Que por lo expuesto anteriormente, el actuar de la recurrida, consecuencialmente es ilegal, desde que no se ajusta a la correcta y armónica interpretación de las disposiciones legales citadas y tal errónea interpretación afecta la garantía consagrada en el artículo 19 N° 2 de la Constitución Política de la República.

Y visto lo dispuesto en las normas legales citadas y en los artículos 19 N° 2 y 20 de la Constitución Política de la Republica y nombre reservado Corte Suprema sobre Tramitación del Recurso de Protección de Garantías Constitucionales, se ACOGE el recurso de protección interpuesto por Carlos Enrique Herrera Tardón, abogado, domiciliado en domicilio reservado, en representación de MAQUINARIAS KLENNER SPA, en contra de la Inspección Provincial del Trabajo de Osorno y se deja sin efecto la Resolución Ordinaria N° 676 de 14 junio de 2018 y se ordena a dicho órgano administrativo tramitar y pronunciarse acerca de la solicitud de reconsideración presentada por la recurrente el 12 de junio de 2018 respecto de la resolución de multa N° 3970/18/15-1-2-3, sin costas.

Regístrese, comuníquese y archívese, en su oportunidad.

Rol 1278 – 2018 PRO.