Protección contra Magistrado del 1° Juzgado de Letras de Osorno

C.A. de Valdivia Valdivia, once de junio de dos mil veinte.

VISTO:

El señor CLAUDIO PRAMBS JULIÁN, abogado habilitado para el ejercicio profesional, domiciliado en domicilio reservado, actuando en favor de la sociedad Agrícola Los Castaños SpA, representada por doña nombre reservado, factor de comercio, domiciliada en Santiago, de don nombre reservado, agricultor, domiciliado en Purranque, de don nombre reservado, ingeniero comercial, domiciliado en Osorno, de don nombre reservado, agricultor, domiciliado en Osorno, y de don nombre reservado, técnico agrícola, domiciliado en Osorno y, para estos efectos todos en mi domicilio, deduce recurso de protección en contra del Magistrado del 1° Juzgado de Letras de Osorno, don nombre reservado, por haber ordenado, en forma arbitraria e ilegal, por resolución de fecha 30 de abril pasado, folio 87, de la causa Rol 3150- 2019, sobre terminación del contrato de arriendo rústico por no pago de rentas, el lanzamiento del arrendatario, no obstante que aún no vencía el plazo de 5 días ordenado en la sentencia y encontrarse pendiente el plazo para interponer los recursos de casación en la forma y apelación de la sentencia definitiva, dictada en procedimiento sumario, y haber negado, en forma arbitraria e ilegal, la suspensión del lanzamiento de la arrendataria, la sociedad mencionada, recurso que se interpone para que se suspenda el lanzamiento y se paralice la ejecución de la sentencia definitiva de primera instancia -que contiene graves errores e infracciones- mientras no sean resueltos los recursos de casación formal y apelación o hasta el cese del estado de excepción constitucional de emergencia vigente.

Afirma que estas resoluciones judiciales afectan a la arrendataria y sus medieros recurrentes en sus derechos al debido proceso (debido emplazamiento y a rendir prueba), el derecho de propiedad, el derecho a la integridad psíquica, el derecho de libertad de trabajo y desarrollar una actividad económica lícita, derechos que se encuentran reconocidos en los números 1, 2, 3, 10, 16, 21 y 24 del artículo 19 de la Constitución Política de la República y protegidos por el artículo 20 de la misma.

Sostiene que el recurso de protección es procedente contra resoluciones judiciales cuando éstas contengan graves infracciones, como aquí ocurre (Corte de Valdivia, Rol 14.899-2003; Corte de Antofagasta, Rol 835-2013; Corte Suprema, Rol 22.269, 28 de enero de 1994; Corte Suprema, R.D.J. T. LXXXVI, 2a parte, sec. 5a, p. 1 a 4. nombre reservado. Recurso de Protección. Orígenes, doctrina y jurisprudencia. 1a edición. Editorial Jurídica; Paillas, Enrique. El recurso de protección ante el derecho comparado. Editorial Jurídica, 1977).

Sostiene que sentencia definitiva -recurrida de casación formal y apelación- se ha dictado en un juicio sumario, procedimiento que es mandatado expresa e imperativamente, por el artículo 2°, inciso primero, del D.L. N° 993, de 1975; y es norma imperativa el artículo 691, inciso primero, del C.P.C., en orden a que la apelación de la sentencia definitiva dictada en el juicio sumario ha de concederse en ambos efectos, máxime si se trata de un arriendo de predio rústico, en el que, como en este caso, la restitución ordenada por la sentencia no puede ser burlada y el pago de las rentas adeudadas se encuentra asegurado en el contrato por la hipoteca de un inmueble con valor venal que cuadruplica las rentas que, según el actor, se adeudarían. Añade que el artículo 773, inciso primero, del C.P.C. ordena otorgar la casación formal, en este caso, con efecto suspensivo, pues si se acoge el recurso formal habrá de repetirse el juicio, a instancias del arrendador demandante; pero el arrendatario y los medieros ya habrían sido privados o lanzados del inmueble, el contrato de trabajo de sus 10 trabajadores habría terminado y los medieros habrán quedado indefensos, sin que se le haya notificado resolución alguna; la importante actividad lechera (500 hás.) que se lleva a cabo habría cesado, con grave daño al ganado (que no puede dejar de ser ordeñado día a día ) y no podrá volver a ejercerse, pues no podrá ser repuesto en la tenencia del bien y en el ejercicio de la actividad lechera y ganadera. Entonces, el arrendador no tendría que iniciar o continuar ningún nuevo juicio y la sentencia anulatoria de la Corte no se cumpliría.

Afirma que a la apelación de la sentencia definitiva, que ordena la terminación del contrato de arrendamiento y restitución de predios rústicos, no es aplicable el artículo 614 del C.P.C., por encontrarse tácitamente derogado por el inciso primero del artículo 2° del D.L. 993, de 1975, ley especial y posterior, que hace aplicable el efecto suspensivo de la apelación de la sentencia definitiva, del inciso primero del artículo 691 del C.P.C. (artículos 13, 52 y 53 del Código Civil).

No obstante la existencia de estas expresas disposiciones legales, el magistrado recurrido ha ordenado en la sentencia de 1° instancia, cuyo conocimiento (notificación) de su parte ocurre el día 29 de abril de 2020, que acoge la demanda de terminación del contrato de arriendo por no pago de rentas, la entrega del predio dentro del plazo de 5 días desde que la sentencia cause ejecutoria, cuando se debió ordenar la entrega después de que la sentencia esté ejecutoriada. La sentencia ordena restituir el predio arrendado dentro del plazo de 5 días desde que cause ejecutoria, plazo que se cuenta desde el día siguiente al conocimiento que el demandado tuvo del fallo, conforme lo disponen los artículos 38 y 231, inciso primero, del C.P.C.

Aparece en la carpeta digital que el demandado tuvo conocimiento de la sentencia el 29 de abril de 2020, y se le computó el plazo para recurrirla a partir del día siguiente, es decir, 30 de abril pasado, conforme lo acredita la resolución judicial firme de folio 93. Es decir, la sentencia causó ejecutoria el 7 de mayo de 2020.

Por ello, el Magistrado carecía de competencia para dictar la resolución de 30 de abril de 2020, que ordenó el lanzamiento y la notificación de ella, realizado por cédula, el día miércoles 6 de mayo pasado, resolución y diligencia que deben ser dejadas sin efecto, por contradecir la sentencia definitiva.

En la especie, las resoluciones mencionadas, amenazan las garantías constitucionales de los recurrentes (arrendatario y medieros), pues que el desalojo implica pérdida de todas las vacas lecheras (cuya ordeña no puede interrumpirse sin que se enfermen de mastitis al día siguiente) y los animales en engorda habrán de ser retirados del predio y no tendrán dónde alimentarse, lo que producirá su enfermedad o muerte.

Pide se ordene suspender el lanzamiento mientras no sean resueltos los recursos interpuestos en contra de la sentencia definitiva o cese el estado constitucional de emergencia y/o se adopten de inmediato las providencias que se juzguen necesarias para restablecer el imperio del derecho y asegurar la debida protección de los afectados; con costas.

Informando al tenor del recurso don nombre reservado, Juez Titular del Primer Juzgado de Letras de Osorno, indica que la sentencia definitiva de primera instancia ordenó la restitución del predio dentro de quinto día contado desde que la sentencia cause ejecutoria.

Afirma que “Nuestra doctrina y jurisprudencia dicen que la resolución que causa ejecutoria es aquella que puede cumplirse coercitivamente no obstante estar impugnada o ser impugnable por medio de recursos procesales. Debe tratarse, por cierto, de una decisión judicial que condene a una parte a cumplir una prestación que consista en dar, hacer o no hacer. LA EJECUCIÓN PROVISIONAL EN EL PROCESO CIVIL CHILENO nombre reservado”.

En el presente caso, la demandada tomó conocimiento de la sentencia, a lo menos, el 28 de abril de 2.020, según folio 93 de C 3.150-2019 del Tribunal y, en consecuencia, quedó en posición de impugnarla, por lo que causó ejecutoria. Agrega que la demandante SOCIEDAD AGRÍCOLA, GANADERA Y FORESTAL EL ÁLAMO LIMITADA había sido notificada con anterioridad y, por consiguiente, el 30 de abril de 2.020, según folio 97, ordenó el lanzamiento de la demandada SOCIEDAD AGRÍCOLA LOS CASTAÑOS SPA, porque la sentencia había causado ejecutoria en conformidad a la ley.

Sostiene que en los juicios en que se dé lugar a la terminación del contrato de arrendamiento de predio rústico por falta de pago de la renta, no corresponde conceder la apelación de la sentencia definitiva de primera instancia en ambos efectos, porque el artículo 11 del Decreto Ley 993, sobre arrendamiento de predios rústicos, señala que en lo demás de tales casos -de terminación de contrato por falta de pago de la renta- “se seguirá en conformidad con lo dispuesto en el artículo 611 del Código de Procedimiento Civil”. Este artículo está dentro del párrafo “2 de la terminación inmediata del arrendamiento”. Y el artículo 614 de dicho Código -que termina ese párrafo- dispone que “Cuando las sentencias dictadas en los casos de que trata el presente párrafo dieren lugar a la terminación del arrendamiento, sólo serán apelables en el efecto devolutivo, y el recurso se tramitará como en los incidentes”.

La sentencia dictada dio lugar a la terminación del arrendamiento y, en consecuencia, sólo era apelable en el efecto devolutivo. Esto concuerda con el sentido común, porque no es aceptable que un arrendatario moroso en el pago de la renta pueda negarse también a restituir el bien arrendado, en base al argumento de que la sentencia aún no está ejecutoriada.

En consecuencia, estima que las resoluciones dictadas en el juicio no son “arbitrarias e ilegales”; y que las posibles consecuencias del lanzamiento invocadas por los recurrentes constituyen efectos de la conducta de SOCIEDAD AGRÍCOLA LOS CASTAÑOS SPA, por no haber pagado la renta a que se obligó.

Y CONSIDERANDO:

Primero: Que el recurso de protección, constituye una medida de tutela de derechos consagrada para dar remedio pronto y eficaz a los atropellos que sufran las personas en el ejercicio de los mismos, producto de una acción u omisión ilegal y arbitraria, cuestión que justifica una intervención jurisdiccional rápida que ampare suficientemente el derecho o garantía amagada.

Segundo: Que en la especie el acto que se estima ilegal o arbitrario es una resolución judicial de cumplimiento de una sentencia que atendida su naturaleza, produce un cuestionamiento de la parte perdidosa en torno a la procedencia del lanzamiento ordenado.

Tercero: Que al efecto, si bien es cierto, existe jurisprudencia reiterada en orden a establecer que esta “acción constitucional no procede en contra de resoluciones judiciales y que estando una controversia sometida al imperio del derecho no procede”, “los antedichos criterios sufren excepciones en los casos que, como en el de autos, los derechos de un tercero que no ha sido notificado han sido gravemente perjudicados” (Rol Nª 3131-2014 Excma. Corte Suprema).

Cuarto: También cabe hacer presente que recientemente la Excma. Corte Suprema en Rol Nº 21.227-2019 ha indicado, en lo pertinente: “En efecto, como se señaló, la presente vía constituye una acción de cautela de derechos fundamentales, pues busca dar amparo judicial efectivo y oportuno a quienes ven vulneradas sus garantías constitucionales producto de actos u omisiones ilegales y/o arbitrarios. Lo anterior es relevante, toda vez que el presente amparo constitucional, de modo alguno, más allá de su denominación, puede ser entendido como un “recurso” que permita revisar lo resuelto por tribunales ordinarios o especiales. …“El examen propuesto por el actor no puede ser efectuado en esta sede cautelar, pues aquello debe ser objeto del análisis del juez que debe resolver la gestión pendiente,….. Es por ello que, al estar radicado el conocimiento de los antecedentes ante el tribunal competente, excluye la necesidad de cautela urgente, cuestión que determina que no se cumplan las exigencias previstas para la procedencia del presente recurso de protección”.

Quinto: Que habiendo tenido a la vista los antecedentes en que inciden en el presente recurso Rol Nº C 3.150-2019 seguida ante el Primer Juzgado de Letras de Osorno, atento a las argumentaciones de las partes en litigio, no es posible sino concluir que la materia sometida al conocimiento de esta Corte resultan propias de los recursos judiciales ordinarios que ya se han intentado y exceden la naturaleza cautelar de esta acción, que no constituye una instancia de declaración de derechos sino de protección de aquellos que, siendo preexistentes e indubitados, se encuentren afectados por alguna acción u omisión ilegal o arbitraria y, por ende, en situación de ser amparados, presupuesto que no concurre; por lo que resulta forzoso rechazar la acción de protección.

Por estas consideraciones y de conformidad, además, con lo prevenido en el artículo 20 de la Constitución Política de la República y Auto Acordado de la Excma. Corte sobre la materia, se rechaza el recurso de protección interpuesto por señor Claudio Prambs Julián, abogado, en favor de la sociedad Agrícola Los Castaños SpA, representada por doña nombre reservado, factor de comercio, de don nombre reservado, agricultor, de don nombre reservado, ingeniero comercial, de don nombre reservado, agricultor y de don nombre reservado.

Sin costas.

Redacción a cargo del Ministro Titular, señor Juan Ignacio Correa Rosado.

Regístrese, comuníquese y archívese en su oportunidad.

N°Protección-1268-2020.