nombre reservado con CAJA DE COMPENSACIÓN Y ASIGNACIÓN FAMILIAR LOS ANDES

C.A. de Valdivia Valdivia, trece de junio de dos mil veinticuatro.

VISTOS:

Comparece don nombre reservado, domiciliado en domicilio reservado (sic), Lanco, quien interpone recurso de protección en contra de Caja de Compensación de Asignación Familiar de Los Andes, representada por don nombre reservado, ambos domiciliados en domicilio reservado, en atención a que el actuar ilegal y arbitrario de la recurrida vulnera su garantía constitucional consagrada en el artículo 19 N° 3 y 24 de la Carta Fundamental.

Funda su recurso en que el 7 de marzo de 2023 obtuvo un crédito social por la suma de $10.926.414, pagadero en 48 cuotas mensuales a contar del 31 de abril de 2023, ocurriendo que el 18 de julio de 2023 se puso término a su relación laboral por lo que no pagó ninguna de las cuotas del aludido mutuo.

Sostiene que la caja recurrida accionó ejecutivamente en causa Rol N° 41-2024 del Juzgado de Letras de Mariquina, la que se encuentra en etapa probatoria. Añade que actualmente mantiene contrato de trabajo con otro empleador y el 30 de marzo de 2024 se descontaron $436.588 de su remuneración, lo que se repitió en el mes de abril.

Aduce que la interpretación correcta de los artículos 22 de la Ley N° 18.833 y 58 del Código del Trabajo, lleva a concluir que el trabajador debe autorizar a su empleador para que descuente de su remuneración los montos informados por la caja de compensación acreedora y que no puede exceder del 15% del total de la remuneración. Agrega que la recurrida solicita a un nuevo empleador que realice el descuento lo que estima es un mecanismo de cobro arbitrario e ilegal.

Arguye que el actuar descrito deviene en ilegal y arbitrario al arrogarse la caja recurrida la facultad de juzgar, al tiempo que vulnera su derecho de propiedad, sin esperar que se resuelva la controversia ventilada en sede judicial.

En definitiva solicita se acoja el recurso y se ordene a la recurrida abstenerse de efectuar cobros futuros y restituir la sumas indebidamente descontadas, con costas.

Informando el recurso, doña Inés Riquelme Arao, abogado, en representación convencional de Caja de Compensación de Asignación Familiar de Los Andes, expone que el 7 de marzo de 2023 se le otorgó a la recurrente el crédito social código N° 003CON1038528169, por la suma de $10.926.414, pagadero en 48 cuotas, mensuales, iguales y sucesivas de $395.492 a contar del 31 de mayo de 2023. Agrega que producto del uso de licencia médica, las cuotas 1 a 3 fueron diferidas luego del vencimiento de la última. Mientras que las cuotas 4 a 6 se pagaron entre marzo y mayo del presente año. Precisa que actualmente se encuentran en mora las cuotas 6 a 12, con vencimiento entre los meses de octubre de 2023 y abril de 2024.

Sostiene que conforme al compendio de normas que regula las cajas de compensación presentó demanda ejecutiva en contra del actor, la que se encuentra actualmente en fase probatoria. Estima que el recurrente pretende que no se efectúen descuentos por planillas ni que se cobre la obligación por vía ejecutiva.

Afirma que se trata de un crédito plenamente vigente, actualmente exigible y cuyas acciones de cobro no se encuentran prescritas, por lo que su recaudación de acuerdo al mecanismo establecido en el artículo 22 de la Ley N°18.833 es pertinente y oportuno.

Detalla el carácter social de los créditos otorgados por las cajas de compensación y el mecanismo de cobro previsto en el artículo 22 de la Ley N° 18.833.

Niega la existencia de actuación ilegal o arbitraria, así como las garantías que se dicen conculcadas y un supuesto doble cobro, pues los descuentos para el pago de cuotas de crédito social son informados al empleador del deudor de acuerdo al mecanismo dispuesto en el artículo 22 de la Ley N° 18.833, sin que se haya declarado judicialmente la prescripción. Cita jurisprudencia, así como pronunciamiento de la Superintendencia de Seguridad Social en apoyo a sus asertos.

Pide el rechazo del recurso.

Se ordenó traer los autos en relación.

CONSIDERANDO:

PRIMERO: Que, el recurso de protección de garantías constitucionales establecido en el artículo 20 de la Constitución Política de la República, constituye jurídicamente una acción de naturaleza cautelar destinada a amparar el legítimo ejercicio de las garantías y derechos que en esa misma disposición se enumeran, mediante la adopción de medidas de resguardo que se deben adoptar ante una acción u omisión arbitraria o ilegal que impida, amenace o perturbe ese ejercicio.

SEGUNDO: Que, el acto cuya ilegalidad y arbitrariedad se reprocha por esta vía consiste en los descuentos efectuados en la remuneración del actor, por la suma de la suma de $436.588, desde el mes de marzo del presente año a la fecha, que corresponde a un crédito social cuyo cobro fue judicializado.

El objeto del presente recurso es que se ordene a la recurrida “…anular o dejar sin efecto la conducta de cobro de crédito social por parte de la recurrida para informárselo al empleador del recurrente para que deje de efectuar los descuentos por planilla en la remuneración del trabajador conjuntamente con proceder a la devolución de todos dineros realizados por los descuentos efectuados hasta la actualidad, como sería el realizado mes de marzo y abril del 2024 y los siguientes en el evento de no concederse la orden de no innovar, todo, un vez ejecutoriada la sentencia de estos autos y que se ordene la prohibición de efectuar cualquier descuento futuro sobre la remuneración del recurrente…”.

TERCERO: Que, como una cuestión previa, es convenirte dejar asentado que esta vía no es la que ha establecido el legislador para determinar si las acciones para obtener el cobro de una obligación se encuentran prescritas, o bien, la imputación al pago, pues aquello es de naturaleza eminentemente civil y propio de aquella judicatura.

CUARTO: Que, asentado lo anterior, no existe controversia entre las partes respecto a que la recurrida accionó ejecutivamente en causa Rol N° 41-2024 del Juzgado de Letras de Mariquina, invocando como título el pagaré que garantiza la obligación de autos, encontrándose pendiente de resolución las excepciones opuestas por el ejecutado (recurrente de autos).

QUINTO: Que, expuesta así la controversia, surge que los hechos que sustentan la presente acción constitucional se encuentran actualmente sometidos al imperio del derecho ante la judicatura civil, por lo que las peticiones que se han planteado por esta vía deben llevarse a dicha sede, donde las partes pueden debatir con amplitud prueba lo que mejor convenga a sus derechos, no siendo apto para tal objeto, este recurso desformalizado, de tramitación concentrada y no controversial.

SEXTO: Que, en las circunstancias antes indicadas, el presente recurso de protección no está en condiciones de prosperar, sin perjuicio de otras acciones que pudieren corresponder a la parte recurrente.

Por estas consideraciones y visto, además, lo dispuesto en el artículo 20 de la Constitución Política de la República y Auto Acordado de la Excma. Corte Suprema sobre Tramitación del Recurso de Protección de Garantías Constitucionales, se RECHAZA, sin costas, el recurso de protección interpuesto por don nombre reservado en contra de Caja de Compensación de Asignación Familiar de Los Andes.

Regístrese, notifíquese y archívese, en su oportunidad.

N°Protección-1257-2024.