TRANSPORTES HF LTDA. con nombre reservado

Valdivia, nueve de noviembre de dos mil diecisiete.

VISTOS:

Don Juan Carlos Lagos Catalán, abogado, con domicilio en domicilio reservado, en representación de Transportes H.F. Ltda., representada por doña nombre reservado, ambos con domicilio en domicilio reservado, deduce recurso de protección en contra del señor Juez del Juzgado nombre reservado don nombre reservado, domiciliado en domicilio reservado.

Señala que con fecha 24 de Junio de 2017, el Abogado don Juan Carlos Acevedo Salazar, interpuso ante el Juzgado de Cobranza nombre reservado, demanda ejecutiva laboral en contra de su representada Transportes H.F. Ltda., la que fuera proveída con fecha 27 del mismo mes y año y notificada a su parte.

Indica que en mérito a lo prescrito en el artículo 429 incisos 3° y 4° del Código del Trabajo, la recurrente interpuso incidente de nulidad procesal de todo lo obrado a partir de la interposición de la demanda ejecutiva deducida con fecha 24 de junio de 2017, por don Juan Carlos Acevedo Salazar, alegando en síntesis la incompetencia del Juez del Trabajo para conocer de la materia, la falta de capacidad del demandante y caducidad de la acción.

Hace presente que con fecha 27 de julio de 2017, el Sr. Juez del Trabajo de nombre reservado don nombre reservado, conociendo de la causa ejecutiva RIT J-20-2017, antes referida y del incidente de nulidad procesal y solicitud de nulidad de oficio, resolvió anular de oficio todo lo obrado, por los fundamentos de hecho y de derecho señalados en la misma, dando la razón a la recurrente, resolución que se encuentra firme o ejecutoriada y que transcribe.

Añade que con fecha 15 de Julio de 2017 el ejecutante don Juan Carlos Acevedo Salazar, en mérito de la resolución antes transcrita, que deja por establecida la imposibilidad de utilizar un procedimiento ejecutivo especial y la falta de competencia del tribunal con mayores garantías para cobrar su crédito, decide retirar su demanda ejecutiva deducida en contra la recurrente.

Hace presente que con fecha 24 de julio de 2017, se notifica a su parte una nueva demanda ejecutiva laboral por medio de la cual se pretende cobrar el mismo crédito, fundado en el mismo título ejecutivo y, que fuera deducida por el mismo Abogado Sr. Juan Carlos Acevedo Salazar en contra de la recurrente Transportes HF Limitada, RIT J-46-2014, del mismo Tribunal de Cobranza nombre reservado.

En suma se hace revivir, el mismo juicio ejecutivo ya terminado y que fuera deducido este año y ante este mismo Tribunal, bajo el RIT J-20-2017. Ante ello, la recurrente hace saber al Tribunal de dicha situación y al mismo tiempo deduce incidente de nulidad de todo lo obrado y en subsidio solicita la declaración de nulidad de oficio, fundamentado en los términos señalados al deducir el incidente de nulidad y nulidad de oficio en la causa sobre juicio ejecutivo seguidos entre las mismas partes, sobre la misma materia y con los mismos antecedentes, RIT J-20-2017 y que fuera resuelta por el Sr Juez recurrido, en la forma señalada.

Sin embargo, afirma que esta vez el señor juez recurrido de protección, con fecha 5 de septiembre de 2017, rechaza las incidencias planteadas, cuyos fundamentos reproduce en su presentación.

Plantea que en cincuenta y cuatro días el Sr. Juez recurrido vulnerando las normas de competencia, resuelve que el Tribunal de Cobranza nombre reservado y Previsional de nombre reservado, ahora sí es competente para conocer de una nueva ejecución entre las mismas partes, sobre la misma materia y bajo las mismas circunstancias anteriormente tratadas en los autos RIT J-20-2017 y que se podía utilizar válidamente el procedimiento ejecutivo especial establecido para el cobro de los créditos de origen laboral. En consecuencia, sobre una misma materia existen dos resoluciones absolutamente contrarias que perjudican a la recurrente dejándola en la indefensión, al existir una vulneración de derechos e incertidumbre jurídica.

Sostiene que la jurisprudencia no ha puesto obstáculo para recurrir en contra de una resolución emanada de los tribunales de justicia, cuando esta es manifiestamente grave, ilegal o arbitraria. Cita jurisprudencia en apoyo de sus argumentos.

Argumenta que en el caso de marras el acto impugnado mediante este recurso no sólo resulta arbitrario e ilegal, sino que es en extremo grave, tanto por la manera como se ha producido la irregularidad así como por los perjuicios que su cumplimiento causa a la recurrente, toda vez que se han visto afectadas las normas de la competencia y jurisdicción que deben inspirar a todos los tribunales del país, y se ha excedido en relación a hacer aplicable el procedimiento ejecutivo laboral especial contemplado en el Código del Trabajo a quien no puede beneficiar dicho procedimiento, como ya lo había resuelto el Sr. Juez recurrido.

Hace presente que la recurrente, atendida su calidad de ejecutada en un juicio de índole laboral en cuya substanciación se ha dictado el grave, arbitrario e ilegal acto atentatorio contra sus garantías constitucionales, se encuentra impedida de ejercer recursos ordinarios para obtener que se enmiende conforme a Derecho los actos del infractor, por las limitaciones que dicho procedimiento tiene respecto de recursos, excepciones , etc., razón por la cual la acción de protección que se interpone es la vía idónea para que esta Ilma. Corte restablezca el imperio del Derecho.

Sostiene que en el caso específico, la actuación del Juez recurrido vulnera los derechos contemplados en los numerales 2 y 3 del Artículo 19 de la Constitución Política de la República, esto es la igualdad ante la ley y la igual protección de la ley en el ejercicio de sus derechos.

Culmina solicitando se acoja el recurso y se deje sin efecto la resolución dictada por el recurrido, con fecha 05 de septiembre de 2017, o bien las providencias que se determinen para el restablecimiento del derecho.

Acompaña al recurso copias de las resoluciones decretadas en causas RIT J-20-2017 y RIT J-46-2017, ambas del Juzgado de Letras del Trabajo de nombre reservado.

Don Hernán Valdevenito Carrasco, Juez Presidente del Juzgado de Letras del Trabajo de nombre reservado, informa el recurso, de acuerdo a los siguientes fundamentos: Expone, en relación a las causas que inciden en el recurso de protección que, en la causa J-20-2017 se inicia por acción ejecutiva laboral, de fecha 24 de junio de 2017, interpuesta por don Juan Carlos Acevedo Salazar, en calidad de cesionario de los derechos litigiosos, en contra de Transportes HF Ltda., Rut: RUT reservado, representada por don nombre reservado, empresario, y/o por doña nombre reservado, invocándose como título ejecutivo un acta de avenimiento pasada ante este juzgado en los autos laborales RIT C-91-2013 "Arenas c/ Transportes HF". Alega en la citada demanda que la ejecutada sólo ha solucionado, conforme a las fechas de los pagos, el equivalente a 813 UF, por lo que hay un saldo insoluto equivalente a 1.397 UF, el que conforme al valor de la UF al día de hoy (27.06.2017) asciende a la suma de $37.247.400. Indica que el 13 de julio de 2017, se declara la nulidad de oficio de la ejecución por incompetencia. Hace presente que el 15 de julio de 2017, el actor se desiste de la acción ejecutiva. El juicio, por ende, terminó jurisdiccionalmente por desistimiento antes de que quedara ejecutoriada la nulidad de oficio.

Respecto de la causa J-46-2014, señala que la causa se inicia por acción ejecutiva laboral, de fecha 22 de septiembre de 2014, interpuesta por don Juan Carlos Acevedo Salazar, en calidad de cesionario de los derechos litigiosos, en contra de Transportes HF Ltda., Rut: RUT reservado, representada por don nombre reservado, empresario, y/o por doña nombre reservado, invocándose como título ejecutivo un acta de avenimiento pasada ante este juzgado en los autos laborales RIT C-91-2013 "Arenas c/ Transportes HF". Sustenta su demanda en que a la fecha de la acción se devengaron las cuotas correspondientes a los meses de julio y agosto de 2014, existiendo abonos de $2.000.000; por ende, conforme a la cláusula de aceleración, reclama el saldo insoluto por la suma de $51.384.671, más reajustes, intereses y costas. Con fecha 26 de julio de 2017, la parte ejecutada interpuso incidente de nulidad alegando la incompetencia, la falta de capacidad del demandante, y la caducidad de la acción. Conferido traslado del incidente, la parte ejecutante, evacuó solicitando el rechazo del incidente. El 5 de septiembre de 2017 se rechazó en todas sus partes, el referido incidente de nulidad y su petición subsidiaria de nulidad oficiosa, sin costas. Dicha resolución no fue recurrida por la parte ejecutada. Con fecha 11 de septiembre de 2017, la parte ejecutada opuso excepciones a la ejecución las que fueron rechazadas de plano por extemporáneas ya que no las dedujo junto a su petición de nulidad. Esta última resolución quedó ejecutoriada.

Sostiene, respecto de la resolución donde el tribunal rechazó el incidente con fecha 5 de septiembre de 2017 que se resolvió sobre la eventual existencia de cosa juzgada respecto a la materia sometida a conocimiento de dicho tribunal en dichos autos y lo resuelto en causa J-20-2017. Al respecto se rechazó tal alegación fundado en la circunstancia de que la parte actora de ese pleito se desistió de la demanda antes de estar notificada J-46-2014.

Dice que estimó que la controversia quedó centrada en legitimidad ad procesum del cesionario de derechos litigiosos a la luz de las particulares normas del derecho laboral. En síntesis, la cuestión a determinar versaba sobre resolver, primero, si el Sr. nombre reservado, puede ocupar la posición jurídica de los cedentes (ex trabajadores del ejecutado), y en caso afirmativo, si dicha posición lo habilita para comparecer ante un juzgado con competencia laboral. Es esto lo que el nulicidente planteó como incompetencia y falta de capacidad.

Al respecto adujo que uno de los propósitos del reconocimiento del derecho a la propiedad privada, admitido por el régimen constitucional chileno, es la capacidad de las partes de disponer de sus derechos. En este orden de ideas, se planteó que toda limitación del derecho de disposición de personas capaces debe contemplarse restrictivamente y adecuando la decisión a las pautas legales que impiden la realización del acto por efecto del principio por el cual nadie esté obligado a hacer lo que la ley no manda ni privado de hacer lo que ella no prohíbe. En consecuencia, las reglas relativas al principio dispositivo material se encuentran directamente vinculadas con garantías constitucionales relativas al derecho de propiedad en su sentido más íntimo. En la medida de que se trate de un derecho patrimonial asignado por la Constitución a un sujeto de derecho, son estos sujetos quienes tienen la disponibilidad de esos bienes. El acceso a la justicia es una facultad de la persona y, al mismo tiempo, una garantía brindada por el Estado; esto es lo que denomina doctrinalmente como el Derecho a la Acción.

Indica que, en este orden de ideas, le resultó claro que siendo la regla general del derecho la transferencia de derechos litigiosos, no se puede por decisión del juzgador restringir las decisiones de la parte trabajadora que nace del principio de disponibilidad del bien propio, a su juicio cualquier restricción debe estar seriamente justificada. En efecto, lo contrario desnaturalizaría de raíz la idea del proceso al servicio de los derechos de las partes e identificaría impropiamente el objetivo y funcionamiento del proceso en todas sus dimensiones.

Tuvo presente que al ceder sus derechos los trabajadores no hubo una situación de desigualdad negocial ni ilegalidad que se vislumbre a simple vista. Por ende, correspondía darle plena validez al acuerdo intitulado cesión de derechos litigiosos. De esta suerte estimó aceptar la cesión de derechos litigiosos laborales, por ende, no resulta plausible acoger la tesis de la incompetencia en los términos del artículo 420 del Código del Trabajo, toda vez que la sucesión procesal comprende la transferencia de los derechos que forman parte de una disputa judicial ya iniciada el 3 de junio de 2013 en autos 0-75-2013, la cual devino en la causa C-91-2013, que es la faz ejecutiva del juicio. En su opinión no resulta lógico procesalmente escindir los escenarios como si se tratara de cuestiones distintas si lo importante es que existe una deuda por parte de la parte ejecutada proveniente de un crédito laboral.

Respecto del alegato de falta de capacidad del demandante, afirma que la parte ejecutada se encuentre obligada al pago de los créditos cedidos, pues estimó que no tiene aplicación lo dispuesto por el inciso 1º del art. 1913 del Código Civil, toda vez que tratándose de una dación en pago tiene lugar la excepción contenida en el inciso 3º Nº 2 del mismo artículo que dispone: "Exceptúense asimismo las cesiones hechas: 2°. A un acreedor en pago de lo que debe el cedente". Por cierto, ha operado de pleno derecho una subrogación al amparo de las reglas del Código Civil (1608 y siguientes).

Sostiene que la tesis del recurrente, en cuanto a que “sobre una misma materia existen dos resoluciones absolutamente contrarias que perjudican a la recurrente dejándola en la indefensión, al existir una vulneración de derechos e incertidumbre jurídica", como se puede colegir de lo expuesto en la primera parte de su informe, y del mérito de los autos J-20-2017 y J-46-2014, no existen 2 procedimientos paralelos: existe una causa terminada por el expediente del desistimiento (retiro de la demanda lo llama el recurrente) que es el juicio J-20-2017; y existe la causa J-46-2014 donde el recurrente no ha interpuesto ningún recurso por ende todas las resoluciones han quedado ejecutoriadas.

Señala que en causa J-20-2017 fue de parecer de anular de oficio la ejecución, pero revisados los antecedentes con mayor detención en causa J-46-2014, se arribó a una conclusión distinta en base a los antecedentes que se manifiestan en la resolución ejecutoriada de fecha 5 de septiembre de 2017 que se adjunta. Empero, la causa J-20-2017, está terminada como se ha dicho, antes de que se rechazara el incidente de nulidad promovido posteriormente en causa J-46-2017.

Hace presente que la parte ejecutada, hoy recurrente, ni en causa J-20-2017 ni en causa J-46-2014 ha utilizado los arbitrios recursivos que le franquea la ley laboral, esto es, recursos de reposición y apelación. En efecto, esta misma situación que se plantea en el recurso, donde se trascribe a la letra el incidente de nulidad, no fue recurrida dentro de los plazos legales.

A mayor abundamiento, dice que ha operado con total eficacia el instituto de la preclusión procesal toda vez que el recurrente rechazado que fue su incidente de nulidad en causa J-46-2014, inmediatamente opuso excepciones a la ejecución, lo que demuestra que se conformó con lo resuelto.

Finalmente, respecto del acto ilegal y arbitrario, aduce que no se explica adecuadamente, solo se dice que este versaría sobre la vulneración del derecho a la igualdad ante la ley y a la defensa judicial, ya que habrían 2 resoluciones contradictorias, además se centraría en que el juez sería incompetente para conocer de las ejecuciones. No precisa cual es la resolución arbitraria, la fecha de esta, en cuales autos. Cita jurisprudencia en apoyo de sus argumentos.

Se fijó día y sala para la vista del recurso, lo que acontece en fecha treinta y uno de octubre de dos mil diecisiete.

CONSIDERANDO:

Primero: Que el recurso de protección de garantías constitucionales constituye una acción excepcional, de rango constitucional, previsto con carácter cautelar ante la vulneración o amenazas a los derechos que el artículo 20 de nuestra Carta Fundamental contempla. Corresponde a las Cortes de Apelaciones arbitrar las medidas más eficaces para el restablecimiento de los derechos afectados, sin perjuicio de las acciones del fondo que asistan a las partes y que puedan ser ejercidas en sede administrativa o judicial.

Segundo: El presente recurso acusa infracción a los derechos de igualdad ante la ley y la igual protección de la ley en el ejercicio de los derechos de la recurrente, consagrados en números 2° y 3° del artículo 19 de la Constitución Política, como resultado de actuaciones ilegales o arbitrarias en que se incurre por la dictación de una resolución judicial. El acto por el cual se cometen las infracciones consiste en una resolución de fecha 05 de septiembre de 2017, dictada en causa ejecutiva laboral RIT J-46-2014, del Juzgado de Letras del Trabajo de nombre reservado, dictada por el Juez Titular don Hernán Valdevenito Carrasco. En la resolución aludida, el sentenciador contradice diametralmente otra sentencia dictada previamente, en fecha 13 de julio de 2017, en autos RIT J-20-2017 seguido entre las mismas partes y con identidad de cosa pedida y causa de pedir, en la cual declara la nulidad de todo lo obrado por incompetencia del tribunal.

Tercero: De acuerdo a los documentos acompañados por la recurrente, efectivamente, consta en causa RIT J-20-2017 del Tribunal del Trabajo de nombre reservado, que el Juez Titular don Hernán Valdevenito Carrasco, conociendo de una demanda ejecutiva interpuesta por el abogado don Juan Carlos Acevedo como cesionario de derechos litigiosos, en contra de la empresa “Transportes H.F. Limitada”, declara la nulidad de todo lo obrado por incompetencia del tribunal, con fecha 13 de julio de 2.017. En fecha 05 de septiembre de 2017, esta vez en causa ejecutiva laboral RIT J-46-2.014, seguida por el abogado don Juan Carlos Acevedo como cesionario de derechos litigiosos, en contra de la empresa de “Transportes H.F. Limitada”, se rechaza incidente de nulidad deducido por la ejecutada, y se declara por el Juez Titular don Hernán Valdevenito que su tribunal sí resulta competente para conocer del procedimiento.

Cuarto: Que, el numeral 2° del artículo 19 de la Constitución Política señala como derecho garantizado a todas las personas “La igualdad ante la ley. En Chile no hay persona ni grupo privilegiados. En Chile no hay esclavos, y el que pise su territorio queda libre. Hombres y mujeres son iguales ante la ley. Ni la ley ni autoridad alguna podrán establecer diferencias arbitrarias;”. Por su parte, el numeral 3° del mismo artículo, consagra “La igual protección de la ley en el ejercicio de sus derechos…”, contemplando en sus incisos siguientes el derecho a defensa, la prohibición de juzgamiento por comisiones especiales, el debido proceso, y el principio de legalidad en la imposición de las penas.

Quinto: El principio de igualdad ante la ley ha sido conceptualizado, entre varias acepciones, como la necesidad de tratar de igual forma a individuos situados en iguales circunstancias, no pudiendo establecerse entre ellos diferencias o discriminación arbitraria. En el caso de autos, se constata que la resolución dictada en fecha 05 de septiembre de 2017 por el Juez recurrido, en autos RIT J-46-2014, resuelve desechar la incidencia de incompetencia de su jurisdicción, en circunstancias que el mismo sentenciador había resuelto previamente, en fecha 13 de julio de 2017, en autos RIT J-20-2017, que carecía de competencia para substanciar la demanda ejecutiva. Estas resoluciones han sido adoptadas existiendo identidad de partes y causa de pedir, así como el mismo objeto, consistente en acreencia derivada de juicio declarativo previo y cuyo titular cesionario es el abogado don Juan Carlos Acevedo, siendo la misma deudora la empresa “Transportes H.F. Limitada”. Esta contradicción no aparece suficientemente subsanada con la aseveración de que ha mediado un mejor estudio de los antecedentes, ya que no se evidencia error ni infracción de ley respecto de la primera determinación, ni se invocan nuevos antecedentes fácticos que pudieran haber incidido en una distinta consideración de los hechos ya asentados. En definitiva, se trata de un cambio de opinión, lo que transforma en arbitraria la resolución de fecha 05 de septiembre de 2017, dictada en autos RIT J-46-2014.

Sexto: Respecto del principio de igual protección legal en el ejercicio de los derechos, la norma abarca cuatro aspectos básicos de la tutela judicial: el derecho a una defensa idónea, el juzgamiento por instancia naturalmente competente, la debida tramitación de los procesos y la legalidad de las penas sancionadas previamente al hecho materia de juzgamiento. Si bien tradicionalmente se ha entendido que la garantía cautelada con el recurso de protección es la de no ser juzgado por comisiones especiales, actualmente existe consenso en comprender en la tutela a la garantía del debido proceso, a que se refiere el inciso quinto del numeral 3° ya citado.

De tal modo, las decisiones arbitrarias o ilegales que pudieran decretarse en procedimientos administrativos o judiciales, pueden ser comprendidas dentro del ámbito amparado por el recurso de protección constitucional, “sin perjuicio de los demás derechos que pueda hacer valer ante la autoridad o ante los tribunales correspondientes.”

Séptimo: Cabe tener presente, en forma especial, que aun cuando se manifieste que la resolución de fecha 13 de julio de 2017, dictada en autos RIT J-20-2017, no se encontraba ejecutoriada, en virtud del desistimiento presentado por el ejecutante; respecto del acto recurrido concurre además una causal de implicancia por parte del sentenciador, de acuerdo a lo dispuesto en artículo 195, número 8° del Código Orgánico de Tribunales: “Haber el juez manifestado su dictamen sobre la cuestión pendiente con conocimiento de los antecedentes necesarios para pronunciar sentencia…” . La consecuencia jurídica de esta implicancia manifiesta está prevista en el inciso primero del artículo 199 del Código Orgánico de Tribunales: “Los jueces que se consideren comprendidos en alguna de las causas legales de implicancia o recusación, deberán tan pronto como tengan noticia de ello, hacerlo constar en el proceso, declarándose inhabilitados para seguir funcionando, o pidiendo se haga esta declaración por el tribunal de que formen parte.” De tal forma, al no haberse manifestado por el sentenciador su implicancia ni haberse declarado inhabilitado para conocer de la incidencia de nulidad interpuesta en causa RIT J-46-2014, se ha incurrido en ilegalidad e infracción a la garantía de la igual protección de la ley en el ejercicio de los derechos del recurrente, así como del debido proceso.

En consecuencia, y de acuerdo a lo expuesto, se declara que HA LUGAR al recurso de protección deducido por el abogado don Juan Carlos Lagos Catalán en contra del Juez Titular del Juzgado de Letras del Trabajo de nombre reservado, don Hernán Valdevenito Carrasco; debiendo retrotraerse la causa RIT J-46-2014, al estado de proveerse por juez no inhabilitado el incidente de nulidad promovido por la ejecutada en fecha 26 de julio de 2017.

Regístrese, notifíquese y, en su oportunidad, archívese.

Redactada por el Abogado Integrante Sr. Claudio Novoa Araya.

Rol 1255 – 2017 PRT.