Protección contra Gendarmería de Chile

Valdivia, veintiuno de noviembre de dos mil diecisiete.

Vistos:

El tres de octubre de dos mil diecisiete, ante esta Corte de Apelaciones de Valdivia, don Elías Said Tamayo, abogado, deduce recurso de protección a favor de doña nombre reservado, actualmente interna en el C.C.P. de Valdivia, en contra de Gendarmería de Chile, representada por su Director Nacional, don Jaime Rojas Flores, atribuyéndole la comisión de actos que infringieron la garantía constitucional prevista en el Nº 2 del artículo 19 de la Constitución Política de la República, consistentes en el rechazo al derecho de ingresar al Establecimiento de Cumplimiento Penitenciario denominado Centro de Estudio y Trabajo (en adelante CET) Talita Kum semiabierto de la ciudad de Santiago.

Dice que la amparada cumple condena en el C.C.P. de Valdivia, dictada por el Tribunal de Juicio Oral en lo Penal de Valdivia, por 10 años y 1 día de presidio, registrando como fecha de inicio para el cumplimiento el 26/09/2012. Mantiene un bajo compromiso delictual y muy buena conducta. Plantea que ha solicitado en dos oportunidades el traslado al Centro de Educación y Trabajo de Valdivia y Santiago, que le fue negado por problemas de salud, consistentes en hipotiroidismo, artrosis y osteoporosis leve de caderas y hombros, razón que entendió, por lo que aceptó el rechazo a la primera postulación. Comenzó un tratamiento a sus enfermedades, las que estima no le resultan invalidantes para realizar cualquier tipo de tarea o trabajo, pues actualmente las tiene controladas. Pese a ello, su segunda postulación fue rechazada por el mismo motivo, pese a que según informes médicos posteriores está apta para el trabajo. Describe el procedimiento de postulación a los CET y los motivos por los que pide ser ingresada al CET en Santiago, pues allí viven su familia y pareja. Plantea que la negativa a ingresar al CET se basó en problemas de salud que ya no existen. Afirma que la mencionada resolución es ilegal y arbitraria al ser infundada, toda vez que de acuerdo al informe médico de 20 de marzo de 2017, las patologías de las que padece están en tratamiento y en control periódico, por lo que está apta para postularse al CET. Dice que el motivo del rechazo fue que los documentos enviados por el CCP de Valdivia a la Dirección Regional de Los Ríos y luego enviados al CET Talita Kum mediante el ordinario N° 228/2017, no correspondían al último informe médico de la Sra. nombre reservado –de 20/03/2017- sino a los de su primera postulación, lo que califica como un error garrafal y arbitrario por parte de Gendarmería de Chile. Sostiene que la conducta de la recurrida ha vulnerado la garantía constitucional prevista en el artículo 19 N° 2, el Derecho a la Igualdad ante la Ley, ya que se le discriminó arbitrariamente al negar su postulación en base a antecedentes que no se condicen con los informes médicos actualizados de la recurrente. Finaliza solicitando se acoja el recurso y se deje sin efecto el Ord. N° 288/2017 del Director Regional de Gendarmería de Chile de la XIV Región, retrotrayendo el proceso de postulación al estado de sesionar nuevamente el Consejo Técnico del CET Talita Kum.

El quince de noviembre de dos mil diecisiete, don nombre reservado, abogado de la Dirección Nacional de Gendarmería de Chile, XIV, informa el recurso. Describe la historia delictiva de la interna y asevera que el rechazo de la postulación de la recurrente al CET Talita Kum de Santiago fue una decisión tomada por el Consejo Técnico en la Sesión N° 44, de 24 de octubre de 2017, que transcribe parcialmente, y se basó en el estado de salud de la recurrente y el hecho de no contar con un plan de intervención individual. Reconoce que el informe médico elaborado el 14 de noviembre de 2017 expedido por un médico el Hospital del CCP de Valdivia certifica que la peticionaria se encuentra en buenas condiciones, con tratamiento y que ha experimentado mejorías de salud pero, opina, no se puede soslayar el hecho de que le aquejan diversas patologías que hacen inviable su traslado hacia el CET de Santiago, porque las actividades que allí se desarrollan (aseo industrial, lavandería y manipulación de alimentos) demandan un alto esfuerzo físico y pueden afectar su salud. Explica que la negativa de trasladar a la recurrente al CET se dictó en conformidad a las orientaciones técnicas emanadas de la Dirección Nacional de Gendarmería de Chile, que exigen la aprobación de un plan de intervención individual y además, fue debidamente fundada, sugiriéndose como opción alternativa su traslado al CET cerrado del C.P.F. de Santiago, recinto en que se desarrollan actividades más livianas, que no arriesgarían su salud.

Se ordenó traer los autos en relación.

Considerando:

Primero: Que el recurso de protección de garantías constitucionales, previsto en el artículo 20 de la Constitución Política de la República, es una acción constitucional, cuyo propósito consiste en obtener de los Tribunales superiores de justicia, una tutela eficaz y eficiente para salvaguardar la integridad de los derechos fundamentales que aquélla norma contempla. Al conocer un recurso de protección, es el deber constitucional de esta Corte adoptar, en forma inmediata, las providencias necesarias para asegurar la debida protección ante una acción u omisión arbitraria o ilegal, que importe una privación, perturbación o amenaza de los derechos y garantías que el constituyente establece.

Segundo: Que, como una cuestión previa y fundamental para entrar al conocimiento del asunto, es menester explicitar que el recurso de protección es una acción de naturaleza cautelar, urgente y no declarativa, de modo que no es posible a través de este procedimiento, obtener un pronunciamiento en el que se dirima la existencia del derecho invocado, su validez y en general, las materias cuyo fallo requiere una discusión y tramitación en un juicio de lato conocimiento.

En efecto, la procedencia de la acción de protección de garantías constitucionales, requiere de suyo la existencia de un derecho indubitado en favor del actor y, sólo de concurrir tal derecho, corresponde determinar si se dan o no los demás requisitos para otorgar la cautela requerida, pues como la sostenido la Excma. Corte Suprema “la acción de cautela de derechos constitucionales impetrada en estos autos constituye un arbitrio destinado a dar protección respecto de derechos que se encuentren indubitados y no discutidos” (Rol N° 27451-2014, de 14/01/2015 y Rol N° 28.402-2016, de 07/09/2016). En el mismo sentido, el Tribunal Constitucional ha fallado que la naturaleza jurídica del recurso de protección es la de “una acción cautelar, para la defensa de derechos subjetivos concretos, que no es idónea para declarar derechos controvertidos, sino tan solo para restablecer el imperio del derecho y asegurar la debida protección del afectado, en presencia de una acción u omisión arbitraria o ilegal, que amerita una solución urgente (Rol 2538-14, de 09/09/2014)”.

Tercero: Que, como cuestión previa, es indispensable mencionar que las potestades y obligaciones de Gendarmería de Chile respecto a los individuos que se encuentran bajo su vigilancia y cuidado, están establecidas en el Decreto Supremo N° 518, Reglamento de Establecimientos Penitenciarios. Una interpretación sistemática de lo dispuesto en los artículos 1º y 6º dicho cuerpo normativo, en relación al artículo 15 de la Ley No. 2.589, permite sostener que el fin primordial de la actividad penitenciaria consiste en la atención, custodia y asistencia de los internos, a quienes se debe otorgar un trato digno y propio a su condición humana, encontrándose prohibida la aplicación de torturas, tratos crueles, inhumanos o degradantes de palabra o de obra.

De esta forma, el Estado se ha autoimpuesto un deber especial de custodia sobre las personas privadas de libertad, atendido su evidente estado de desprotección, obligándose constitucional, legal y reglamentariamente a proteger sus derechos fundamentales, siéndole por lo demás imposible proceder de otro modo, ya que “está al servicio de la persona humana y su finalidad es promover el bien común”, según lo ordena el artículo 1 inciso 2º de la Constitución Política de la República.

Cuarto: Que, de lo expuesto en el recurso y de lo informado por la institución recurrida, es posible determinar, como objeto de la controversia, si la decisión adoptada por el Consejo Técnico de del CET femenino semiabierto de Santiago, consistente en informar desfavorablemente la petición de traslado al Centro de Estudio y Trabajo realizada por la recurrente, se encuentra debidamente fundada en conformidad al Decreto N° 943/2011.

Quinto: Que, para una adecuada resolución de la presente discusión, resulta conveniente transcribir las disposiciones reglamentarias relativas a la concesión el traslado al CET, contenidas en el Decreto N°943/2011 respecto a la autoridad que lo dicta (artículo 78), sus antecedentes (artículo 79), y requisitos (artículos 80 y 81):

Artículo 78. Mantención de las Plazas. El Director Regional deberá adoptar todas aquellas medidas administrativas para asegurar la ocupación de la totalidad de las plazas, disponiendo para ello la confección de listas de espera de postulantes, así como la realización de actividades de difusión necesarias para la debida información de los postulantes.

Artículo 79. Antecedentes para la Evaluación. El Consejo Técnico que informe, deberá tener a la vista los siguientes antecedentes:

- Ficha única de condenado;

- Informes social y psicológico;

- Informe laboral;

- Informe de escolaridad;

- Informe de conducta;

- Solicitud de postulación del interno al CET;

- Acreditación de rebajas de condena, e - Informe de salud.

Artículo 80. Requisitos. Para la selección de los condenados postulantes a los CET se considerarán: su disposición al trabajo, necesidades de reinserción social, motivación al cambio y antecedentes psicológicos, sociales y de conducta, características que deberán ser medidas y apreciadas por el Consejo Técnico en su informe.

La duración de la pena no constituirá un factor excluyente. Sin perjuicio de lo cual sólo podrán ser enviados a los CET cerrados y semiabiertos, los condenados que hayan cumplido, a lo menos, dos tercios del tiempo mínimo para optar a beneficios intrapenitenciarios.

Excepcionalmente podrán ser postulados internos con menor tiempo de cumplimiento siempre que concurran los requisitos establecidos en el inciso precedente y cuenten con la aprobación de la Subdirección Técnica de Gendarmería de Chile.

Los criterios conforme a los cuales serán seleccionados los condenados que postulen a los CET semiabiertos serán los siguientes:

a) Conducta: Que los internos tengan Buena o Muy Buena Conducta del último bimestre a la fecha de su postulación.

b) Tipo de delito: La selección de los condenados no estará condicionada o limitada por el delito a que se encuentre condenado el postulante.

c) Salud: Se considerará tener salud compatible con las actividades laborales del CET al cual postula.

Artículo 81. La selección de los condenados que se envíen a los CET será aprobada por el Consejo Técnico del Establecimiento Penitenciario cuando se trate de condenados de los CET cerrados y abiertos.

En el caso del CET semiabierto, el Director Regional de Gendarmería otorgará la aprobación a que se refiere el inciso precedente, previo informe favorable tanto del Consejo Técnico del Establecimiento de origen como del de destino, quienes evaluarán los antecedentes en reunión conjunta con el Director Regional respectivo, en los casos en que ambos Establecimientos se encuentren en la misma región. En caso contrario, el Establecimiento de origen remitirá los antecedentes a la región de destino, para la sesión del Consejo Técnico del CET de destino.

Sexto: Que, así las cosas, Gendarmería de Chile tiene la facultad de autorizar el traslado de un interno al CET, en la medida que el condenado cumpla los requisitos legales, manteniendo la autoridad administrativa un necesario margen de discrecionalidad para resolver cuál de los solicitantes está habilitado para ocupar una plaza. Así también lo ha entendido la Excma. Corte Suprema al resolver “Que la facultad de la autoridad administrativa de Gendarmería de Chile para disponer el traslado de los condenados contemplada en el artículo 6 N° 12 de su Ley Orgánica y en el artículo 11 del Reglamento de Establecimientos Penitenciarios supone una ponderación de las circunstancias de hecho que conducen al ejercicio de esa prerrogativa, evaluación que pertenece a la motivación del acto administrativo, cuya ausencia contravendrá el principio de razonabilidad y devendrá por ello en ilegal” (Causa Rol 4781-2017, de 15/2/2017).

Séptimo: Que, con todo, ello requiere que se cumplan los requisitos formales y de fondo que contemplan las normas antes citadas, a saber:

a) Contar con los antecedentes previstos en el artículo 79.

b) Tiempo mínimo (dos tercios del tiempo mínimo para optar a beneficios intrapenitenciarios).

c) Resolución fundada del Director Regional (artículo 78, en relación al artículo 11 de la ley N° 19.880)

d) Basada en los criterios exigidos por el artículo 80, a saber, disposición al trabajo, necesidades de reinserción social, antecedentes y en particular, salud compatible con las actividades laborales del CET e) Previo informe del Consejo Técnico (artículo 81)

Luego, el hecho de contar la interna con los requisitos de tiempo y conducta, solo lo habilitaba para solicitar el traslado correspondiente, constituyendo los informes técnicos favorables el basamento técnico que el Director Regional debe considerar al momento de adoptar su decisión.

Octavo: Que, la decisión del CET para informar desfavorablemente un traslado, es un acto administrativo que afecta derechos de particulares y como tal, debe cumplir las exigencias de fundamentación que dispone el artículo 11 inciso 2° de la Ley N° 19.880. Esa motivación debe además respetar los requisitos legales y constitucionales que rigen el tratamiento de las personas privadas de libertad, que por su naturaleza obedece a un estándar de fundamentación alto.

Al respecto, Accatino sostiene que “(…) con la afirmación de un fundamento públicamente controlable para la autoridad del juez, la motivación de las sentencias puede adquirir el sentido de un ejercicio de justificación a través del cual el juez busca ganar argumentativamente autoridad frente a las partes y al público (Accatino Scagliotti, Daniela, La Fundamentación de las sentencias: ¿un rasgo distintivo de las judicatura moderna? Revista de Derecho, Vol. XV, diciembre 2003, pág. 9-35)”. La legislación chilena, en tanto, contempla la fundamentación de los fallos como una exigencia de validez de la sentencia. Así ocurre, por ejemplo, en los artículos 160, 170 y 185 del Código de Procedimiento Civil; 342 c) y 343 del Código Procesal Penal; 66 N° 4) de la ley 19.968 y 459 N° 4) del Código del Trabajo). La doctrina en forma unánime reconoce en la fundamentación de las resoluciones una arista del debido proceso y la Excma. Corte Suprema, en esta materia, ha resuelto que “la fundamentación de las sentencias constituye una garantía que tiende a evitar la arbitrariedad, pues permite conocer los motivos que sustentan la resolución, imponiendo a los jueces la obligación de estudiar razonadamente los elementos de juicio reunidos, en términos que resulte entendible la aceptación o rechazo tanto de las pruebas rendidas como de las alegaciones y defensas planteadas” (Fallo en causal Rol 7089-09, de fecha 4 de agosto de 2010).

Noveno: Que, en la especie, según lo informado por Gendarmería de Chile, el Consejo Técnico tomó la decisión de informar desfavorablemente la petición en base al incumplimiento de un requisito legalmente previsto, a saber, que la salud de la interna es incompatible con las actividades laborales del CET al que postuló, pues su ingreso a dicho lugar pondría en riesgo su vida e integridad física.

Con todo, del mérito del mismo informe, consta que el estado de salud de nombre reservado, diagnosticado por personal médico de la institución recurrida, sí resulta compatible con el trabajo al CET al que postuló. Luego, resulta evidente que los fundamentos de la decisión del Consejo Técnico, contradicen los antecedentes objetivos de los que debió disponer para resolver.

Décimo: Que, así las cosas, la decisión del Consejo Técnico sólo resulta aparentemente razonable, ya que si bien los motivos esgrimidos para no otorgar el traslado son legítimos, los hechos en que se funda su razonamiento no permiten llegar a las conclusiones tomadas por la autoridad administrativa. Por lo mismo dicha decisión, contenida en los Ordinarios N° 228, de 5/7/2017 y 394, de 2/11/2017, resulta arbitraria, entendiendo por tal la ausencia de motivación razonable y justificada, tal como lo ha referido la Excma. Corte Suprema al resolver que “…la causa o motivación es un elemento del acto administrativo que puede ser entendido como la razón que justifica su dictación por la Administración del Estado, en la que se encuentran elementos fácticos y de derecho. La causa o motivo debe expresarse en el acto de la Administración y ello deriva precisamente de que el actuar de la misma debe ser razonable, proporcionado y legalmente habilitado, a fin de posibilitar su comprensión frente a los destinatarios y evitar ser tachada de arbitraria, puesto que la inexistencia o error en los motivos de hecho, determina la existencia de un vicio de abuso o exceso de poder”. (Rol 19.585-2016, 22 de junio de 2016), .motivo por el que el presente recurso de protección será acogido.

Por estas consideraciones y visto, además, lo establecido en los artículos 19 N° 7, 21 de la Constitución Política de la República, se ACOGE el recurso de protección interpuesto a favor de doña nombre reservado., en contra de Gendarmería de Chile y se dejan sin efecto los siguientes actos administrativos: i) acta de sesión N° 20 del Consejo Técnico del CET femenino semiabierto de Santiago; de quince de mayo de dos mil diecisiete; ii) Ordinario N° 13.04.02 228/17; de cinco de julio de dos mil diecisiete, debiendo en consecuencia la autoridad penitenciaria citar a nueva sesión del Consejo Técnico del CET femenino semiabierto de Santiago, en la que se discuta la procedencia del traslado pedido por la recurrente.

Regístrese, comuníquese, notifíquese y archívese, en su oportunidad.

N°Proteccion-1247-2017.