nombre reservado con SOCIEDAD EDUCACIONAL FRANCESA DE OSORNO S.A.

VISTOS:

Javier Alejandro Rivas Muena, abogado, domiciliado para estos efectos en domicilio reservado, Osorno y Juan Carlos Jara Aguillón, abogado, domiciliado para estos efectos en domicilio reservado, quienes comparecen en nombre de los alumnos y alumnas del Lycée Claude Gay que individualizan, debidamente representados por sus padres y o madres, apoderados del Lycée Claude Gay los Sres (as): nombre reservado, nombre reservado, nombre reservado, nombre reservado, nombre reservado, nombre reservado, nombre reservado, nombre reservado, nombre reservado, nombre reservado, nombre reservado, nombre reservado, nombre reservado, nombre reservado, nombre reservado, nombre reservado, nombre reservado, Valerie Van Ginderdeuren, nombre reservado, nombre reservado, nombre reservado, nombre reservado, nombre reservado, nombre reservado, nombre reservado, nombre reservado, nombre reservado, nombre reservado, nombre reservado, nombre reservado, nombre reservado, nombre reservado, nombre reservado, nombre reservado, nombre reservado, nombre reservado, nombre reservado, nombre reservado, nombre reservado, nombre reservado, nombre reservado, nombre reservado, nombre reservado, nombre reservado, nombre reservado, nombre reservado, nombre reservado, nombre reservado, nombre reservado, nombre reservado, nombre reservado, nombre reservado, nombre reservado, nombre reservado, nombre reservado, nombre reservado, nombre reservado, nombre reservado, nombre reservado, nombre reservado, nombre reservado, nombre reservado, nombre reservado, nombre reservado, nombre reservado, nombre reservado, nombre reservado, nombre reservado, nombre reservado, nombre reservado, nombre reservado, nombre reservado, nombre reservado, nombre reservado, nombre reservado, nombre reservado, nombre reservado, nombre reservado, nombre reservado, nombre reservado, nombre reservado, nombre reservado, nombre reservado, nombre reservado, nombre reservado, nombre reservado, nombre reservado, Nyla nombre reservado, nombre reservado, nombre reservado, nombre reservado, nombre reservado, nombre reservado, nombre reservado, nombre reservado, nombre reservado, nombre reservado, nombre reservadoäsner, nombre reservado, nombre reservado, nombre reservado, nombre reservado, nombre reservado, nombre reservado, nombre reservado, nombre reservado, nombre reservado, nombre reservado, nombre reservado, nombre reservado, nombre reservado, nombre reservado, nombre reservado, nombre reservado, nombre reservado, nombre reservado, nombre reservado, nombre reservado, nombre reservado, nombre reservado, nombre reservado, nombre reservado, nombre reservado, nombre reservado, nombre reservado, nombre reservado, nombre reservado y nombre reservado, nombre reservado, nombre reservado, nombre reservado, nombre reservado, nombre reservado, nombre reservado, nombre reservado, todos domiciliados para estos efectos en domicilio reservado, interponen recurso de protección en contra de la Sociedad Educacional Francesa de Osorno S.A., persona jurídica de derecho privado, representada por don nombre reservado, ignoran su profesión u oficio, ambos domiciliados en domicilio reservado, sociedad sostenedora del Lycée Claude Gay.

Afirman que en el contexto de la crisis sanitaria que vive el país el recurrido aparenta una falsa normalidad en la entrega del servicio, decidiendo modificar unilateral y arbitrariamente su plan y programa de estudios, alterando su forma y contenido, infringiendo los preceptos legales que regulan la educación particular pagada en nuestro país y afectando el ejercicio legítimo de los derechos y garantías constitucionales de los recurrentes, situación que se mantiene hasta el día de hoy.

El acto ilegal y arbitrario que motiva la interposición del presente recurso de protección encierra un conflicto de orden constitucional al privar, perturbar y amenazar derechos y garantías constitucionales de los alumnos, alumnas, padres y apoderados de la comunidad educativa del Lycée Claude Gay. En la especie se han vulnerando los derechos y garantías constitucional del articulo 19 Nº 1 de la Constitución Política “derecho a la integridad psíquica”, del artículo 19 Nº 2 “igualdad ante la ley”, del artículo 19 Nº 10 “derecho a la educación”, del artículo 19 Nº 11 “libertad de enseñanza” y del artículo 19 Nº 24 “derecho de propiedad”.

El acto ilegal y arbitrario en que ha incurrido el recurrido tuvo lugar el día 30 de marzo del 2020 y consiste en modificar unilateral y arbitrariamente el contrato de prestación de servicios educacionales, reemplazando el plan y programa de estudio contratado al inicio del año escolar, vale decir, el recurrido ha modificado el objeto de la obligación; modificación que abarca la forma y el contenido del plan y programa de estudios, infringiendo las normas legales contenidas en artículo 2 letra d) parte final, artículo 16 y 28 letra c) de la ley 19.496, artículo 10 letra f) inciso 2º, artículo 11 inciso final y artículo 3 de la ley 20.370, y artículos 582, 583, 578 y 1545 del Código Civil, afectando con ello el legítimo ejercicio de los derechos y garantías asegurados a todas las personas por el artículo 19 Nº 1, Nº 2, Nº 10, Nº 11 y Nº 24 de la Constitución Política.

En práctica la modificación unilateral del contrato se extiende tanto a la forma como al contenido del plan y programa de estudios. En efecto, el colegio tomó la decisión unilateral y arbitraria de entregar los contenidos mediante un sistema único aplicable a niños, niñas y adolescentes, de todas las edades, sin importar su edad y circunstancias domésticas, sistema que consistente a grosso modo en video conferencias de 40 minutos utilizando “Zoom”, reemplazando las clases presenciales por este sistema único virtual. El sistema de enseñanza es nefasto para los alumnos y para sus familias, generando especialmente en los más pequeños ansiedad, angustia, frustración y estrés, afectando su derecho a la integridad psíquica, su derecho a la educación, la libertad de enseñanza de los padres en la elección del establecimiento y el derecho de propiedad de estos últimos, todos derechos y garantías tutelados por el recurso de protección (art. 20 de la Constitución Política, a excepción del derecho a la educación).

Describe pormenorizadamente las fallas del sistema referidas a mala calidad de conexión, intermitencia de las clases, problemas con segundo idioma, informalidad en cumplimiento de horarios, no sujeción a plan y programa de estudios.

Detalla las normas legales que se infringen por la parte recurrida contenidas en la Ley del Consumidor y otros cuerpos legales relacionados con la educación.

Enfatiza que el recurrido al no entregar el plan y programa de estudios fijado originalmente infringe los derechos y garantías asegurados a toda persona por el artículo 19 Nº 1, Nº 2, Nº 10, Nº 11 y Nº 24 de la Constitución Política, vale decir, derecho a la integridad psíquica, igualdad ante la ley, derecho a la educación, libertad de enseñanza y derecho de propiedad El recurrido afecta el derecho a la integridad psíquica de los alumnos, alumnas, padres y apoderados del colegio (Lycée Claude Gay). El sistema implementado por el recurrido causa en los más pequeños (Parvulario: Toute Petite Section de 2 – 3 años y Petite Section de 3 – 4 años, Parvulario Moyenne Section. Parvulario Grande Section y parte de Enseñanza Básica) una serie de trastornos psicológicos, tales como: ansiedad, angustia, frustración y estrés. Estos trastornos son la consecuencia de pasar de un sistema presencial a un sistema virtual teniendo como destinatario del conocimiento a niños y niñas de 2 años, 3 años, 4 años y 5 años. No podemos comparar a un alumno de esa edad con otro de 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17 o 18 años. Los alumnos del colegio en razón de su edad y circunstancias domesticas no se encuentran en un plano de igual. Esta situación es evidente y el colegio no puede desentenderse de esta realidad. Queda de manifiesto que existe una gran diferencia entre los alumnos que impide utilizar en los más pequeños un sistema de enseñanza que no sea de carácter presencial.

Añaden que el sistema de video conferencia afecta la integridad psicológica de los menores y de sus familias, en razón de las circunstancias domesticas que rigen la vida de los estudiantes. En efecto, tanto los alumnos como sus familias están obligadas a permanecer en sus casas producto de la cuarentena que afecta a Osorno, muchos de los padres utilizan el sistema de teletrabajo, lo cual exige tener a disposición un computador y acceso a internet; no todas las familias tienen dos o tres computadores y no todos cuentan con acceso a internet El recurrido afecta la garantía de igualdad ante la ley de los alumnos y alumnas del colegio en consonancia con el inciso final del artículo 11 de la ley 20.370 prohíbe al Estado y a los establecimientos educacionales discriminar arbitrariamente en el trato que deben dar a los estudiantes y demás miembros de la comunidad educativa. Lo mismo hace el artículo 10 letra a) de la ley 20.370, Ley General de Educación.

En lo que atañe a la conducta del recurrido la falta de igualdad y la existencia de discriminación arbitraria se presentan de la siguiente forma, a saber:

1).- A los alumnos del Lycée Claude Gay no se les está entregando el mínimo obligatorio de conocimientos conforme a su edad, curso y fecha del calendario escolar.

2).- Entre los mismos alumnos del colegio se vulnera la garantía constitucional, al recibir un trato, contenido y calidad de servicio distinta dependiendo del curso y profesor encargado del alumno.

El recurrido afecta el derecho a la educación de los alumnos y alumnas del colegio, pese a que el recurso no protege el derecho a la educación, pero no debemos perder de vista que la finalidad del sostenedor del Lycée Claude Gay es entregar educación a sus alumnos. Y esa educación debe ser conforme al plan y programa de estudio definido al inicio del año escolar. Con todo, el proceso educativo debe respetar en todo momento los mandatos de la constitución y de la ley, especialmente en cuanto a su calidad e igualdad, debiendo siempre alinearse con la definición de educación que al efecto contempla el artículo 3 de la ley 20.370, porque de lo contrario el servicio prestado se desnaturaliza, deja de ser educación, transformándose en otra cosa distinta. En el ejercicio de este derecho fundamental el sostenedor del Lycée Claude Gay ha fallado. No existe un proceso educativo basado en la calidad e igualdad.

El recurrido afecta la libertad de enseñanza de los padres y apoderados del colegio (Lycée Claude Gay).

La libertad de enseñanza, la libertad de enseñar, la libertad de fijar los contenidos educativos se ve restringida por los denominados “contenidos mínimos” impuestos por Ley General de Educación y las normas administrativas dictadas al efecto por el Ministerio de Educación. Por tanto, los establecimientos educacionales no tienen libertad absoluta para decidir lo que van a enseñar, además de las limitaciones impuestas por la propia constitución -la moral, las buenas costumbres, el orden público y la seguridad nacional- existen otras limitaciones de rango legal, en la especie, ley 20.370, ley que obliga a los sostenedores a someter a la aprobación del Ministerio de Educación sus planes y programas de estudio.

Luego, la modificación sobre la marcha al plan y programa de estudio envuelve una privación al derecho de elegir un establecimiento por sobre otro, y con ello una privación, perturbación o amenaza a la libertad de enseñanza, porque la libertad de enseñanza también envuelve para los padres el derecho de escoger el establecimiento de educación para sus hijos - artículo 19 Nº 11 inciso 4º-. Es aquí donde se produce la lesión a la garantía constitucional de libertad de enseñanza, pues vuelve ilusoria la elección del establecimiento educacional por parte de los apoderados.

El recurrido afecta el derecho de propiedad de los apoderados del Lycée Claude Gay. Los apoderados en base a la autonomía de la voluntad, unido a la información entregada por el colegio y en ejercicio de la garantía constitucional de la libertad de enseñanza eligieron matricular a sus hijos en el Lycée Claude Gay, y con ello, aceptaron su plan y programa de estudios previamente aprobado por el Ministerio de Educación firmando el contrato de prestación de servicios que une a cada apoderado con el recurrido. El recurrido decidió modificar por su cuenta y a su sólo arbitrio el contrato suscrito con los apoderados. En la especie, el recurrido alteró el objeto de la obligación, de manera unilateral, ilegal y arbitraria, cambiando la prestación contratada por una distinta Pero de lo pactado nada. El día 16 de marzo del 2020 el colegio dio aviso de una futura restructuración al plan y programa de estudios originalmente contratado, que se hizo efectiva de manera unilateral, ilegal y arbitraria, exigiendo a cambio el pago de la totalidad de la mensualidad originalmente pactada. El cambio al plan y programa de estudios fue ampliamente expuesto a lo largo de este escrito. Los hechos descritos implican una modificación unilateral del contrato y con ello la infracción de los artículos 1545 del Código Civil en relación con los artículos 582, 583 y 578 del mismo código y artículo 19 Nº 24 de la Constitución Política.

En definitiva, piden acoger el recurso en todas sus partes y declarar:

1.- Que la Sociedad Educacional Francesa de Osorno S.A. ha ocasionado de manera ilegal y arbitraria una privación, perturbación y amenaza a los derechos y garantías constituciones de los alumnos, alumnas, padres y apoderados recurrentes en la forma indicada.

2.- Que el recurrido debe suspender el servicio educacional actualmente prestado a los recurrentes mientras no se regularicen las actividades educacionales en la forma contratada o se acuerden con los mismos recurrentes nuevas condiciones para el servicio.

3.- Que el recurrido debe suspender el cobro de los servicios a los padres y apoderados recurrentes mientras no se regularicen las actividades educacionales en la forma contratada o se acuerden con los padres y apoderados recurrentes nuevas condiciones para la entrega del servicio.

4.- Que se condene en costas al recurrido Doña nombre reservado, abogada, por la recurrida Sociedad Educacional Francesa de Osorno S.A. evacua informe.

Después de contextualizar los hechos en la situación de riesgo sanitario extremo que constituye “calamidad pública” en los términos previstos en el artículo 41 de la Constitución Política, en relación a la pandemia y que no solo afectó el normal funcionamiento de los establecimientos educacionales, sino que significó igualmente el cierre de fronteras, reducción del número de personas en actos públicos, confinamiento de adultos mayores, cuarentenas, cierre de restoranes y locales de atención a público, entre otros, detalla que debido al avance del COVID-19, la autoridad educacional del país informó además que el año escolar sufriría modificaciones y que éste se extendería durante el mes de diciembre terminando a fines de ese mes, recalcando que en los hechos descritos no ha habido intervención ni decisión alguna del Colegio Alianza Francesa de Osorno en relación a decidir o imponer las medidas que afectan el normal funcionamiento de la actividad escolar, menos aún podría considerarse que ha procedido a modificar unilateralmente el contrato de prestación de servicios educacionales en los términos descritos en el recurso.

Explica que se abordó el diseño de la o las plataformas para asegurar la continuidad pedagógica. En este sentido el Colegio, que ya utilizaba todas las aplicaciones de Google Suite, desde que se decretó la suspensión de clases puso en marcha el proceso de enseñanza-aprendizaje sobre la plataforma de Google Classroom. Esta plataforma es el centro de documentación donde se almacena toda la información que entrega el profesor y donde los alumnos interactúan bajando información y depositando sus actividades. El acceso se realiza mediante 5 códigos entregados a cada alumno por clase. Para complementar el proceso pedagógico las videoconferencias son realizadas mediante Zoom, herramienta que permite clases interactivas profesor-alumnos-compañeros. Lo interesante de esta aplicación es que dispone de un control por parte del Colegio permitiendo aumentar la seguridad, controlar los accesos y mantener estadísticas. Para ello el Colegio invirtió en la adquisición de 20 licencias Zoom.

Reconoce que, de acuerdo a las orientaciones impartidas por el Ministerio de Educación, se realizó una adaptación de la planificación pedagógica efectuada a comienzo del año escolar respecto de las distintas competencias a abordar por vía remota, así como sus contenidos Asegura que paralelamente a toda la planificación e implementación de la entrega pedagógica mediante sistemas informáticos la Dirección se abocó a la tarea de revisar su estructura de costos, pues al igual que las familias que atraviesan una difícil situación económica el Colegió se vio seriamente afectado en sus ingresos.

Menciona que se implementó un Protocolo Asignación Becas “Fondo Solidario” el que definió un procedimiento de postulación, selección y adjudicación de las Becas, lo que permite eximir en forma parcial de los cobros mensuales del colegio a los beneficiados. Es así como a la fecha ya se han asignado 17 becas a alumnos que van desde Maternelle (prebásica) a 4º año medio con porcentajes que varían entre el 25% hasta el 75% de la mensualidad.

Enfatiza que los planes y programas que imparte el Colegio no se han modificado unilateralmente por parte del Colegio; lo único que ha cambiado es la metodología de trabajo alumno-profesor para entregar y recibir estos contenidos, pasando de una educación presencial a una virtual o remota. Sin embargo, este cambio tampoco obedece a una decisión unilateral del recurrido, sino al estricto acatamiento de las instrucciones y restricciones a los derechos de las personas impuestas por la declaración de Estado de nombre reservado por Calamidad Pública y por otras Resoluciones de la autoridad competente. Es entonces el marco legal imperante el que determina la modificación de la metodología de trabajo y no la decisión unilateral del recurrido pues antes de la dictación del Decreto Nº 104 de fecha 18 de marzo de 2020 ya mencionado, el Ministerio de Educación publicó el Protocolo Nº 2 que proporcionó directrices para disminuir el riesgo de diseminación de COVID-19 en establecimientos educacionales y jardines infantiles.

Finalmente, argumenta la permanente presentación de desistimientos de la acción cautelar presentada por varios padres y apoderados demuestra que en esta comunidad educacional faltó abrir las puertas más ampliamente al diálogo y a la búsqueda de soluciones que habrían hecho innecesario la presentación de un recurso que se funda en supuestos erróneos y que desconoce la labor de los profesores del establecimiento quienes han sido los principales afectados al ver alterada toda la programación y preparación de clases para el presente año lectivo y que desconoce el arduo proceso de adaptación llevado adelante por los docentes de todo los cursos para dar continuidad al proceso de aprendizaje de sus alumnos.

Pide rechazar la acción de protección interpuesta en contra de su representada, todo ello con costas.

CONSIDERANDO:

PRIMERO: La presente acción constitucional, persigue la protección de los derechos a la integridad psíquica, igualdad ante la ley, a la educación, a la libertad de enseñanza y al derecho a la propiedad, contemplados en el artículo 19, en sus números 1, 2, 10, 11 y 24 de la Constitución Política de la República, respectivamente, por verse amagados por los actos ilegales de autoría del colegio recurrido de la ciudad de Osorno.

SEGUNDO: Para comenzar, y dado que se invocan diversas garantías como infringidas, debe precisarse, que no todas ellas reciben amparo constitucional, en el artículo 20 de la Carta Fundamental. Así, del catastro de derechos que el recurso de protección cautela, no se incluye, en lo que interesa a la presente acción, el derecho a la educación, del número 10 del artículo 19. En consecuencia, el análisis que sigue obviará lo reseñado en torno a ese derecho por la parte recurrente.

TERCERO: Es necesario también precisar que, a la luz de lo expuesto por los propios recurrentes, la presente tutela constitucional persigue poner término a las clases virtuales y al cobro de la mensualidad por colegiatura, que les conculca los derechos constitucionales, ya citados. Dicha petición se funda en la modificación unilateral del contrato de prestación de servicios educacionales, que ha verificado la parte recurrida, reemplazando el plan y programa de estudio contratado al inicio del año escolar, con lo que ha modificado el objeto de la obligación referida a la forma y el contenido del plan y programa de estudios, infringiendo las normas legales que detalla.

CUARTO: Al respecto, la situación sanitaria que el país vive y en que se encuentra comprometida y en peligro la salud pública y la vida de los ciudadanos, ha determinado la adopción de medidas extraordinarias por parte del gobierno las que sin duda han alterado el diario vivir en todos sus aspectos, apareciendo que aquel que describen los recurrentes y en que sustentan su libelo, es propio de la actual situación y no de un hecho arbitrario o ilegal que pueda ser imputable a la recurrida y por lo mismo no puede ser esa sola circunstancia estimada como vulneradora de las garantías constitucionales cuya protección denuncia por esta vía, sin perjuicio que en lo que toca al cumplimiento de las obligaciones contractuales, ello debe ser analizado desde la óptica jurídica y fáctica que proporciona un juicio de lato conocimiento cuyo no es el caso.

QUINTO: Para que proceda el recurso de protección se requiere que efectivamente se hayan realizado actos u ocurrido omisiones, con carácter de arbitrarios o contrarios a la ley, que realmente priven, perturben o amenacen el debido ejercicio de un derecho indubitado y no disputado del afectado, que se encuentre garantizado y amparado en el artículo 20 de la Constitución Política de la República de Chile. El ámbito de la acción cautelar que describe el artículo 20 de la Carta Fundamental comprende solamente situaciones inequívocas, de fácil y rápida comprobación, dentro de un procedimiento breve y sumarísimo.

Ello a la luz de lo descrito en el considerando precedente no se da.

SEXTO: En virtud de todo lo razonado el presente recurso de protección no está en condiciones de prosperar, tornándose innecesario el análisis de los numerosos documentos acompañados durante la tramitación y previo a la vista de la causa.

Por estas consideraciones y de conformidad, además, con lo prevenido en los artículos 19 y 20 de la Constitución Política de la República y Auto Acordado de la Excma. Corte Suprema sobre Tramitación y Fallo del Recurso de Protección, y sus modificaciones, SE RECHAZA el recurso intentado por un grupo de apoderados y estudiantes en contra de la Sociedad Educacional Francesa de Osorno S.A., sin costas.

Redacción de la Ministra Sra. Marcia Undurraga Jensen.

Regístrese, notifíquese y, archívese en su oportunidad.

Rol 1220 – 2020 PROTECCIÓN.