nombre reservado con DIRECCIÓN GENERAL DE AERONÁUTICA CIVIL

Valdivia, dieciocho de abril de dos mil veintidós.

VISTOS:

Doña nombre reservado, RUT RUT reservado, funcionaria de la Dirección General Aeronáutica Civil, con desempeño en el Aeródromo Pichoy ubicado en la comuna de Mariquina, interpone recurso de protección en contra de la Dirección General de Aeronáutica Civil, representado por su Director General Sr. Raúl Jorquera Conrads, en su favor y de su cónyuge don nombre reservado, RUN N°RUT reservado, también funcionario de la DGAC; e igualmente en favor de sus dos hijas, nombre reservado, RUN N°RUT reservado y nombre reservado, RUN N°RUT reservado, por el acto ilegal y arbitrario consistente en la Resolución Exenta RA N°101/88/2022 de fecha 25 de enero de 2022, que le fuera notificada mediante correo electrónico de fecha 28 de enero de 2022, en que se dispone su traslado y el de su cónyuge desde el Aeródromo Pichoy a cumplir funciones al Aeropuerto nombre reservado, en la ciudad de Santiago, a contar del 1 de marzo de 2022.

Señala que el acto administrativo no contiene fundamentos de la decisión, más allá de las referencias normativas y de hacer mención a razones de interés institucional y a las necesidades de la Organización, sin explicarlas. Ello vulnera y amenaza su derecho la integridad física y psíquica y lesionando la garantía de igualdad ante la ley, al ser víctimas de un trato discriminatorio y contrario a derecho por parte de la autoridad. Además, este actuar atenta en contra de lo dispuesto en el artículo 1° de nuestra Constitución Política, en cuanto a que la familia es el núcleo fundamental de la sociedad y es deber del Estado dar protección a la familia, propender a su fortalecimiento y asegurar el derecho de las personas a participar con igualdad de oportunidades en la vida nacional. Amenaza además la garantía a la integridad psíquica, consagrada en el artículo 19 N°1, pues el escenario de incertidumbre en se encuentran ha provocado un daño a su estabilidad emocional, principalmente ante la sensación de injusticia al ser trasladados sin razones claras ni precisas, viendo truncado su proyecto familiar.

Explica que es funcionaria de la Dirección General de Aeronáutica Civil (DGAC), Técnico Grado 12°, Planta, actualmente con desempeño en el Aeródromo Pichoy en el área de Operador de Seguridad Aeroportuaria (AVSEC). Su cónyuge, Sr. nombre reservado, también es funcionario de planta del mismo Servicio Público, Técnico Grado 10°, y se desempeña como Especialista en Salvamento y Extinción de Incendios, igualmente con desempeño en el Aeródromo Pichoy.

El 28 de enero de 2021, mediante correo electrónico, se le notifica la Resolución Exenta RA N°101/88/2022 de fecha 25 de enero de 2022 del Director General de la DGAC, en que se ordena el traslado suyo y de su cónyuge hacia la ciudad de Santiago, para cumplir labores en el Aeropuerto nombre reservado. De igual modo, en el Considerando N°2 se menciona el Oficio (R) 09/2/260 de 24.08.2021 que indica medidas de intervención para el Aeródromo Pichocoy, a través del cual el Director del Departamento de Aeródromos y Servicios Aeronáuticos Sr. nombre reservado solicitó su destinación hacia el Aeropuerto nombre reservado, pero no se aportan mayores antecedentes para entender la razón de dicha solicitud.

Al efecto los únicos antecedentes que conoce estarían relacionados con las diversas intervenciones de clima laboral que han existido desde el año 2019 por parte del Departamento de Recursos Humanos, como consecuencias de conflictos entre las funcionarias y funcionarios que se desempeñan en el Aeródromo Pichoy y la hacen presumir que sería la causa. En el año 2019 se realizó una encueta ISTAS por parte del personal de Recursos Humanos; y en julio del año 2020 también se recibió una visita de personal de RRHH realizándose actividades de las cuales no pudo participar en su totalidad por estar cumpliendo turno de trabajo. Adicionalmente, en el año 2020 y 2021 participó de dos cursos institucionales sobre trato laboral, en modalidad e-learning. Igualmente, entre octubre del año 2019 y el 14 de enero del año 2020, se desempeñó como Jefa del Área AVSEC, ocasión en que se solicitó una intervención del área debido a los conflictos existentes entre funcionarios. Pero, en definitiva, nunca se le dio a conocer el resultado de esas intervenciones.

La Resolución que dispone su traslado no contiene expresamente fundamento alguno que explique la razón detrás de esa decisión. Tampoco se ha realizado ningún Sumario Administrativo para determinar la existencia de una eventual responsabilidad administrativa de parte de uno o más funcionarios de la Unidad.

También menciona que a través de Oficio N°657 de 6 de mayo de 2021 del Director (S) del Departamento Aeródromos y Servicios Aeronáuticos (DASA) comunicó que el Departamento de Recursos Humanos dispuso que las destinaciones, así como otras iniciativas relacionadas con recursos humanos, se encontraban suspendidas mientras se mantuviera la pandemia por COVID-19.

Resulta a su juicio evidente que está siendo víctima de un trato discriminatorio, que vulnera su garantía fundamental de igualdad ante la ley, consagrada en el artículo 19 N°2 de la Constitución Política, pues se le estaría tratando, sin fundamentos, de un modo diferente al trato que se brinda a los demás funcionarios del Aeródromo Pichoy, haciéndose una diferenciación arbitraria, afectándose también con esta decisión a su cónyuge, y, en definitiva, vulnerando los derechos de toda su familia.

Recientemente se le entrego copia del Oficio (R) 09/2/260 de 24.08.2021, mediante el cual el Director del Departamento de Aeródromos y Servicios Aeronáuticos solicita su traslado y el de otros dos funcionarios, al parecer por una sugerencia contenida en el Informe Final del taller de clima y satisfacción Laboral realizado en el Aeródromo Pichoy, sin indicar por qué razón específica se solicita su traslado. Además, refiere que a la fecha no se ha dispuesto el traslado de ningún otro funcionario o funcionaria desde el Aeródromo Pichoy.

Hace presente que se hará notar por la recurrida, su postulación al cargo de Inspector Gubernamental dependiente del Departamento de Auditoría Interna con desempeño en la ciudad de Santiago, en el contexto de un Proceso de Selección Interno que hasta la fecha no ha sido resuelto, en la que firmó un anexo denominado "Declaración jurada simple destinación voluntaria", en esta declaración hay dos opciones y la que seleccionó es que "... dado que su cónyuge o conviviente civil es funcionario de la institución , ACEPTO ser destinada sin él, en caso que este no postule o lo haga y no resulte destinado..." Indica que la decisión de la DGAC de trasladarlo les genera un grave daño como familia, pues implica el traslado de todo el grupo familiar, en un contexto en que si bien nuestra hija mayor ya es estudiante universitaria, su hija menor debería cambiar drásticamente su vida, pues ella se encuentra en tratamiento médico desde los 7 años de edad por inmadurez instrumental, déficit atencional con hiperactividad, y trastorno de desregulación del ánimo, habiendo vívido además un periodo de maltrato de sus compañeras de clase que provocó baja autoestima e inseguridad. Por ello se encuentra en tratamiento hasta el día de hoy siendo el diagnóstico favorable solo tratando en estos momentos el déficit atencional. Se consultó a las especialistas por la posibilidad del traslado en el que las tres indicaron que no recomiendan cambiar su entorno ya que todo fue y es parte del proceso para mejorar su diagnóstico. Con el cambio sería comenzar de nuevo y se perdería todo lo logrado hasta este año, ya que uno de los periodos de su tratamiento tuvo que ser con fármacos, y la idea no es volver a ese periodo. El traslado implica iniciar su vida en un nuevo colegio, conseguir ahora matrícula en algún establecimiento (con las dificultades que ello implica en la época del año en que nos encontramos), transitar en Metro o micro en una ciudad como Santiago, muy distinto a lo que ocurre en Valdivia, pasar algunas noches sola ya que ella y su cónyuge deben realizar turnos nocturnos, en una ciudad sin redes de apoyo y además debiendo seguir su tratamiento con nuevos especialistas.

Agrega que el acto administrativo no cumple con la exigencia prevista en los artículos 11 y 41 de la Ley N°19.880, en cuanto a expresar los fundamentos de hecho y de derecho de la decisión que se adopta. Se trata de una resolución que no está debidamente fundada. Invoca jurisprudencia. Agrega que la autoridad administrativa está obligada a expresar los fundamentos de hecho y de derecho de la decisión, debiendo manifestar, en un caso como este, en forma clara y precisa las razones que determinan la destinación hacia otra ciudad. Así, al no contener fundamentos de hecho, el acto es también ilegal, pues no satisface las exigencias de la normativa que rige los actos de la Administración del Estado.

Pide en definitiva, se deje sin efecto la resolución que ordena sus traslados, con en costas.

Informa el recurso don nombre reservado, General de Aviación, Director General de la Dirección General de Aeronáutica Civil, solicitando se rechace en todas sus partes, con costas.

Sobre el recurso, su representada estima que la decisión administrativa contenida en la Resolución Exenta RA N°101/88/2022 de 25 de enero de 2022, que destina a la recurrente junto a su cónyuge, ha sido debidamente fundada, se ha pronunciado en ejercicio de las potestades que le han sido asignadas por la ley como jefe superior del servicio, siendo la destinación una facultad privativa, que le permite decidir discrecionalmente como distribuir y ubicar al personal de su dependencia, atendidas las necesidades de la institución, y ajustada a al texto refundido, coordinado y sistematizado de la ley No 18.834, sobre Estatuto Administrativo, respetando el núcleo fundamental de la sociedad conforme la Constitución, el Código Civil, y la jurisprudencia administrativa y en ningún caso ha sido vulnerado por esta institución la normativa constitucional que la recurrente afirma haber sido infringida.

Señala además que la presente acción cautelar no constituye la vía más idónea para impugnar una resolución dictada por una autoridad en el ejercicio legítimo de sus atribuciones.

Se refiere latamente a la importancia del Servicio de Seguridad de la Aviación y del Servicio de Extinción de Incendio y atenidas las labores que desarrolla la funcionaria recurrente en su rol de Especialista en Seguridad de la Aviación (AVSEC) y su cónyuge en materias de Servicio de Extinción de Incendio (SSEI). Precisa que la Dirección General de Aeronáutica Civil (DGAC) es un Servicio Público que integra la Administración del Estado, cuya función esencial consiste en velar por la seguridad de las operaciones aéreas, objetivo para el cual está dotada de atribuciones normativas y fiscalizadoras, de acuerdo a la Ley N° 16.752, que fija la organización y funciones y establece disposiciones generales a la DGAC y al Decreto Ley N°2.564, del Ministerio de Transportes, de 1979. Ello en concordancia el Convenio de Aviación Civil Internacional, ratificado por Chile el año 1957, tratado marco de la actividad aeronáutica a nivel mundial, suscrito en Chicago en 1944 (en adelante, el “Convenio de Chicago”), el cual establece un sistema de normas y recomendaciones internacionales sobre materias técnicas aeronáuticas, con miras a alcanzar la uniformidad de la normativa en todos los países signatarios, invoca las normas de los artículos 37° y 38° del Convenio. Se refiere al Anexo 17 del convenio que regula conductas conocidas internacionalmente como “actos de interferencia ilícita”, promoviendo el establecimiento de sistemas de seguridad de la aviación civil., el que fue incorporado a nuestro ordenamiento mediante el Decreto Supremo No 63 de 2008 del Ministerio de Defensa Nacional, que aprobó el Reglamento de Seguridad, Protección de la Aviación Civil contra actos de interferencia ilícita (DAR 17). Asimismo, el numeral 4.2.6, de dicho Reglamento dispone que la DGAC establecerá que se inspeccione y se apliquen controles de seguridad a las personas que no sean pasajeros, así como a los artículos que transporten, antes de ingresar a las zonas de seguridad restringidas de los aeródromos. Estas medidas de seguridad son aplicadas y controladas por funcionarios públicos, especialistas en seguridad aeroportuaria, que cuentan con la preparación y calificaciones necesarias, cuyo desempeño –por cierto-constituyen funciones altamente sensibles y de suyo importante para el desarrollo de operaciones aéreas seguras y sin riesgos.

Así refiere que la funcionaria recurrente Sra. nombre reservado, forma parte de dicho sistema de seguridad de la aviación, por lo cual su prestación de funciones al servicio debe ser entendida en tal contexto, y la relevancia que tiene para el servicio que ahora lo realice en el principal terminal aéreo de nuestro país.

Ilustra además señalando que nuestro ordenamiento jurídico, incorporó a sus normas el denominado DAR 14 “Reglamento de Aeródromos”, aprobado por Decreto Supremo N°173, de 2004, del Ministerio de Defensa Nacional, donde se regula el Servicio de Salvamento de Extinción de Incendio, esto es, el Servicio encargado de dar una respuesta inmediata ante la ocurrencia de un accidente o incidente de aeronaves en tierra, con el propósito de salvar vidas humanas mediante el salvamento y extinción de incendio en aeronaves. En ese sentido el Aeropuerto principal de nuestro país está en la categoría más alta, por lo que requiere de la proporción del más alto estándar de protección SEI de nuestro país, para lo cual se requiere de la dotación de personal y medios materiales adecuada., debiendo contar con suficiente personal el que deberá estar preparado y equipado de tal modo para que pueda intervenir en un tiempo de respuesta mínimo y lograr la aplicación continua de los agentes extintores a un régimen conveniente.

Pues, bien el cónyuge de la recurrente, don nombre reservado, pertenece a la dotación de SEI de nuestra DGAC, personal que es esencial para darle la categoría que requiere el principal aeropuerto de nuestro país para que puedan operar las aeronaves de la envergadura que arriban y despegan del mismo, esto es, en el Aeropuerto nombre reservado.

Ambos funcionarios están altamente calificados para su especialidad lo cual es coherente con la función que desarrollarán en la unidad de destino.

En suma la Resolución Exenta RA N°101/88/2022 de fecha 25 de enero de 2022, de esta DGAC, fue dictada conforme a la ley, ajustándose la jurisprudencia administrativa obligatoria de la Contraloría General de la República. Ello de acuerdo a las facultades de los jefes de servicios para destinar a su personal, así el artículo 24 de la Ley N° 16.752 Orgánica y de Funcionamiento de la D.G.A.C., en relación con los artículos 46, inciso tercero, de la ley N° 18.575 y 73 de la ley N° 18.834, prescriben, que la destinación constituye una facultad privativa del jefe del servicio, quien decide discrecionalmente cómo distribuir y ubicar al personal de su dependencia, atendidas las necesidades de la repartición, con la sola limitación de que las labores que deba cumplir el servidor sean las propias del cargo para el cual ha sido nombrado y que el empleo sea de la misma institución y jerarquía, lo que guarda armonía el dictamen N° 36.150, de 2015, de la Contraloría General de la República.

Invoca además el artículo 61, letra a), del Estatuto Administrativo (Ley N° 18.834), que dispone que son obligaciones de los funcionarios, entre otras, cumplir las destinaciones que la autoridad competente disponga en el ejercicio de sus atribuciones.

Luego, las tareas que se pretende desempeñe la recurrente y su cónyuge en la unidad de destino, no difieren de aquellas que actualmente despliega, satisfaciéndose con ello uno de los presupuestos para que la medida administrativa que nos ocupa se encuadre en la normativa que la regula. Invoca el artículo 46 y 73 de la Ley N° 18.575 en relación con el artículo 38 de la Constitución Política de la República y jurisprudencia de la Contraloría General de la República, dictamen N° 5807, de 2011, dictamen 55.090 de 2012.

De este modo, no siendo la destinación, una sanción jurídica, es contrario a su naturaleza, que pueda esta medida afectar psíquicamente a un funcionario o su grupo familiar. Pues de acuerdo con los principios generales que informan la gestión de los servicios públicos, a esa autoridad le ha correspondido apreciar las circunstancias o razones que justifican la destinación de la funcionaria recurrente y de su cónyuge, centrando su atención preferentemente en el mejor aprovechamiento del personal calificado, basándose para ello en la profesión, especialidad y capacitación de los funcionarios, elementos que permiten potenciar y reactivar su quehacer institucional. Además la resolución impugnada, señala expresamente que la recurrente como su cónyuge son trasladados para cumplir funciones propias de su cargo, esto es, respectivamente textual: “Operador de Seguridad Aeroportuaria (AVSEC)” y “Operador del Servicio de Seguridad Salvamento y extinción de Incendios (SEI)”b) La autoridad competente: es el jefe superior.

La Resolución N° 101/88/2022, de 25 ENE 2022, fu registrada con misma fecha en Contraloría General de la República, fue suscrita, por la autoridad competente, el Jefe del Servicio, mediante firma electrónica avanzada, tal como aparece en la base del acto administrativo recurrido, junto al código de barras y al código QR, que aparece en el mismo. Así las cosas, no se degrada la función de los funcionarios destinados, enmarcándose en funciones que son propias de su cargo y de suyo importantes para la seguridad de la aviación nacional y con efectos claros para la seguridad dela aviación internacional. (Dictamen CGR 13.822 2012)”.

Así lo manifestó expresamente la “Resolución Exenta RA N°101/88/2022 de fecha 25 de enero de 2022”, en su considerando N° 1, la destinación de los funcionarios obedece a razones de interés institucional y tiene como propósito fundamental la distribución de personal, de acuerdo a las necesidades que presenta la organización. Es de público conocimiento, la inauguración del segundo terminal del Aeropuerto nombre reservado, unidad de destino de la recurrente y su cónyuge. En efecto, el principal aeropuerto del país requiere este año de personal especialista y calificado como lo son los recurrentes, para cubrir las brechas de personal, para prestar servicios en la obra pública más grande inaugurada estos últimos años. Por ello estima que la resolución, está fundada pues de su lectura se logra determinar que la necesidad del servicio de mayor contingente sucede en el Aeropuerto nombre reservado, ello junto a no desconocer pues es un hecho público y notorio tanto a nivel particular como general, que la nueva estructura del principal aeropuerto de nuestro país requiere de los especialistas necesarios para su funcionamiento y su categoría. También se señala claramente el lugar de origen y destino de la destinación, como se ha indicado.

Es de relevancia agregar, que la autoridad aeronáutica consideró para dictar el acto administrativo recurrido, la situación actual de cada unidad, en términos de dotación, jerarquía de los funcionarios propuestos, complejidad y áreas críticas, entre otros factores, en conjunto tomó la decisión en base al interés general y satisfacer necesidades públicas, como lo es actualmente, el proveer los cargos necesarios para atender las nuevas instalaciones del reciente inaugurado terminal 2 (T2) del principal aeropuerto de nuestro país, nombre reservado.

Además se dio cumplimiento a los plazos del artículo 74 del estatuto Administrativo, pues se dictó el acto de destinación impugnado el 25 de enero de 2022, y como bien señala la recurrente, éste fue notificado el 28 FEB 2022, esto es con la anticipación de a lo menos treinta días que señala la norma transcrita respecto de la presentación de los funcionarios, en su unidad de destinación, en la ciudad de Santiago, comuna de Pudahuel, el 01 MAR 2022. La autoridad consideró la protección de la familia, en efecto, tal como ha sostenido el dictamen 50957, de 2015, 24.288, de 2002 y 29.134, de 2006,del Órgano Contralor. La legalidad imperante sobre la protección de la familia ha sido incorporada en la resolución recurrida, en su considerando N° 6, y luego en la parte resolutiva, disponiendo el traslado de los cónyuges de forma conjunta.

El Acto Administrativo impugnado se encuentra debidamente fundado, al referirse a la Ley N° 16.752 que fija la Organización y Funciones de esta DGAC, Ley N° 18.834 sobre Estatuto Administrativo, la Resolución N° 6 de 2019 de la Contraloría General de la República que Fijo Normas sobre Exención del Trámite de Toma de Razón en materias de personal, el DFL N° 1 de 1997 que establece el Estatuto para el personal de las Fuerzas Armadas. Sobre los fundamentos de hecho, señala el acto impugnado expresamente “Que la destinación de los funcionarios obedece a razones de interés institucional, y tiene como propósito fundamental, la distribución del personal, de acuerdo a las necesidades que presenta la Organización”. Se debe expresar, que la motivación del acto, está dado además por la aprobación o cita del Oficio(R) 09/2/260, de 24/08/2021, del Departamento Aeródromos y Servicios Aeronáuticos (DASA), documento que es conocido y acompañado por la recurrente de acuerdo al artículo 41 de la Ley 19880.

En el considerando 2, de la Resolución expresa “2. Que mediante el Oficio ® 09/2/260, de 24/08/2021, el cual indica medidas de intervención para el Aeródromo Pichoy, el Director del Departamento Aeródromos y Servicios Aeronáuticos(DASA), Sr. nombre reservado, solicitó destinar a la Especialista en Seguridad Aeroportuaria, Sra. nombre reservado al Aeropuerto nombre reservado.”. Ahora bien, el texto de dicho oficio hace suyo las conclusiones del Informe de la Oficina de Bienestar Social del Sub departamento Aeroportuaria Sur, de fecha 21 JUN 2021. En el cual se expresa la problemática de clima laboral que afecta a la unidad del Aeródromo de Pichoy, donde consta la necesidad y conveniencia de considerar medidas administrativas pertinentes (como traslados), en relación al personal involucrado en conflictos. En ese sentido, el director DASA, concordó con la propuesta de la especialista que emana de tal informe, proponiendo destinar al personal que se menciona, entre ellos a la recurrente, Sra. nombre reservado, al Aeropuerto nombre reservado. Asimismo, se hace presente en el documento, la problemática de equilibrio de género de la dotación AVSEC de Valdivia que cuenta con una dotación de 15 funcionarios, de los cuales 13 son damas y sólo 02 varones, dotación de género que debe ser equilibrada para evitar inconvenientes posteriores.

Así las cosas, para el personal de Seguridad de Aviación, AVSEC, el equilibrio de género permite efectuar las revisiones especiales de los pasajeros ajustada a la normativa contemplada en el Programa de Seguridad de la Aviación, de forma de proteger la indemnidad de los pasajeros que son revisados por dichos funcionarios.

En definitiva, en la especie, el acto administrativo se encuentra suficientemente fundado, tanto en los hechos como en el derecho, y, conforme a al artículo 41 inciso final citado, la aceptación de informes o dictámenes servirá de motivación a la resolución cuando se incorporen al texto de la misma, lo que ocurrió en la especie, en ese sentido, la ley administrativa en Chile no incluye una enumeración detallada de los contenidos de un acto administrativo terminal. La doctrina ha precisado que son elementos del acto administrativo la voluntad, la competencia, la motivación y el objeto. Y, la Resolución objeto del presente recurso cumple con esos requisitos, como se aprecia de su sola lectura, situación diversa es que la recurrente no comparta la decisión del Jefe del Servicio.

Alega además inexistencia Garantías Constitucionales Vulneradas, pues la recurrente se limita a señalar las garantías vulneradas “artículo 19 N° 1 y N° 2”, entendiendo que son el derecho a la vida y la integridad física y psíquica de la persona y la igual protección de la ley en el ejercicio de los derechos de las personas. Sin embargo en el cuerpo del escrito sólo encontramos una referencia al eventual daño a la integridad psíquica que se produciría a toda su familia, sin embargo, en el cuerpo del recurso solo manifiesta una recomendación de una sicóloga respecto a su hija menor, referente al cambio de entorno, en ningún caso la referencia o el documento acompañado se refiere a un daño efectivo, como infundadamente trata de argumentar el recurso.

Es la recurrente quién debe proporcionar pormenorizadamente los elementos de juicio y demás antecedentes que demuestren de manera fehaciente cómo se ha producido la privación, perturbación o amenaza en el legítimo ejercicio de las garantías que estima vulneradas. No obstante, de la simple lectura del libelo de autos, no se logra advertir cómo la actuación de esta Superioridad, al emitir la Resolución Exenta N°101/88/2022, de 25 ENE 2022, podría significar privación, perturbación o amenaza de las garantías consagradas en los números 1 y 2 del artículo 19 de la Constitución Política.

Sin perjuicio de lo expuesto, en cuanto a la garantía contemplada en el número 1 (integridad psíquica), es forzoso concluir que no se advierte de qué forma el pronunciamiento impugnado pudo haberla transgredido, por cuanto esta Dirección General se limitó, en el marco de sus prerrogativas, a ejercer una atribución que el ordenamiento legal le reconoce a todos los jefes de servicio en el ámbito de la gestión y administración del organismo público de que se trate, misma facultad que se ejerció a su turno para disponer la destinación o traslado de la recurrente a la ciudad de Valdivia.

Respecto del derecho a la igualdad ante la ley que argumenta la recurrente, esta autoridad no logra descifrar como y de qué manera se encontraría vulnerado su derecho al configurarlo con un supuesto trato desigual respecto de los demás funcionarios del Aeródromo Pichoy. Al efecto se adjunta un listado con todas las destinaciones verificadas este año 2022, lo que desecha la idea de un trato desigual, pues esta DGAC debe velar por la continuidad del servicio de todas las unidades del país, enfocando el recurso humano, siempre escaso, en relación a las necesidades aeronáuticas del país.

Estima que existe un ejercicio erróneo y abusivo del recurso de protección de acuerdo a lo resuelto por la Ilustrísima Corte de Apelaciones de Santiago, en Recurso de Protección N° 88191-2018.

Así las cosas, la recurrida estima que en realidad este recurso es una verdadera impugnación de una decisión de destinación de personal, pretensión absolutamente improcedente tratándose de este arbitrio constitucional, que es una garantía cuando un derecho fundamental ha sido amenazado, perturbado o privado. No estamos en la especie, ante un caso de afectación de los derechos fundamentales de la recurrente. A la luz de los antecedentes, la presente acción cautelar, se trata de utilizar como si fuera un recurso jurisdiccional de carácter ordinario, para impugnar una resolución que fue dictada por esta autoridad recurrida en el ejercicio de sus legítimas atribuciones legales. La presente acción de protección no constituye la vía más idónea para impugnar dicha resolución puesto que la ley no ha previsto, como medio de impugnación de determinaciones administrativas que disponen destinaciones.

Se trata entonces, a juicio de la recurrida, de una utilización errónea y abusiva de este recurso, que se interpone en la errada creencia que se encuentra en la cúspide del sistema recursivo procesal y que resulta pertinente para impugnar toda suerte de resoluciones y decisiones, de la más variada índole, expedidas por autoridades administrativas. De acogerse , implicaría que el Poder Judicial, a través de este medio, vendría a ejercer y orientar las más diversas políticas públicas que, en rigor, corresponden a la autoridad administrativa, y que tienen sus medios de control y de impugnación propios.

Por otro lado, tampoco se ha demostrado la procedencia de los requisitos que la Constitución Política de la República exige para acoger el recurso, pues no se ha probado el acto ilegal y arbitrario. Luego, la recurrente carece de un derecho indubitado, cuestión vital para acoger el presente recurso, ya que ésta no es una instancia de declaración de derechos, sino que de protección de derechos preexistentes e indubitados que se encuentren afectados. Finalmente, no se advierte, alguna vulneración de garantías constitucionales.

Pide rechazar el recurso de protección de autos, con costas.

CONSIDERANDO:

PRIMERO: Que, el recurso de protección establecido en el artículo 20 de la Constitución Política de la República, constituye jurídicamente una acción de naturaleza cautelar destinada a amparar el legítimo ejercicio de las garantías y derechos que en ese mismo precepto enumera, mediante la disposición de medidas de resguardo que se deben adoptar ante una acción u omisión arbitraria o ilegal que impida, amenace o perturbe ese ejercicio.

SEGUNDO: Que, para que proceda la presente acción constitucional, es necesaria la concurrencia copulativa de: i) la existencia de un acto u omisión ilegal o arbitrario, ii) que dicho acto viole, perturbe o amenace garantías que la Constitución asegura a todas las personas, y, finalmente, iii) que quien lo interpone se encuentre ejerciendo legítimamente un derecho indubitado, esto es, que sea quien se encuentra legitimado activamente para su ejercicio.

TERCERO: Que por su naturaleza cautelar de emergencia, la reiterada jurisprudencia emanada de los tribunales superiores de justicia en sede de protección ha establecido como doctrina que la procedencia de esta acción de amparo de derechos y garantías fundamentales, demanda del recurrente la detentación de un derecho indubitado, puesto que, en caso contrario, surgida una controversia, ya por lo informado por el o los recurridos, ya porque así lo señalan los antecedentes de convicción allegados a los autos y considerando además la sumarísima tramitación que se ha dispuesto al efecto, el resultado es desestimar la acción, siendo necesario el replanteamiento de la litis esta vez por la cuerda de un procedimiento plenamente contradictorio, que permita el establecimiento preciso del objeto del pleito y la recepción formal de probanzas.

CUARTO: Que en el caso de autos, el acto que se impugna de arbitrario e ilegal es la Resolución Exenta RA N°101/88/2022 de fecha 25 de enero de 2022, de la Dirección General de Aeronáutica Civil, que comunica a la recurrente, señora nombre reservado, el traslado de ella y su cónyuge desde el Aeródromo Pichoy a la ciudad de Santiago, para cumplir funciones en el Aeropuerto nombre reservado, en la ciudad de Santiago, a contar del 1 de marzo de 2022.

QUINTO: Que a fin de dirimir el asunto debe tenerse a la vista, primeramente, que la Dirección General de Aeronautica Civil cuenta con atribuciones para el traslado del personal institucional, de acuerdo al citado artículo 24 de la Ley N° 16.752 Orgánica y de Funcionamiento de la D.G.A.C, en relación con los artículos 46, inciso tercero, de la ley N° 18.575 y 73 de la ley N° 18.834, prescriben que la destinación constituye una facultad privativa del jefe del servicio, quien decide discrecionalmente cómo distribuir y ubicar al personal de su dependencia, atendidas las necesidades de la repartición, con la sola limitación de que las labores que deba cumplir el servidor sean las propias del cargo para el cual ha sido nombrado y que el empleo sea de la misma institución y jerarquía.

SEXTO: Que, en tales términos, debe desentrañarse si la actuación de la recurrida, concretada mediante Resolución Exenta RA N°101/88/2022 de fecha 25 de enero de 2022, que dispone el traslado de la recurrente y su cónyuge, constituye un acto ilegal o arbitrario, lo cual ha de ser respondido negativamente, de suerte que ya se ha visto que el reprochado acto consiste en una decisión susceptible de adoptar en ejercicio de las atribuciones que la normativa orgánica previene para el Director General de Aeronaútica Civil, de manera que se descarta desde ya la ilegalidad del proceder denunciado.

Por otra parte, abordando la posible arbitrariedad de tal determinación, se constata que tampoco aquel defecto se halla presente en el caso analizado, toda vez que consta ésta ser parte de una política general en el orden institucional, la que es ejercida periódicamente y que, en la situación particular, se desplegó no sólo respecto de aquellos a cuyo favor se ha recurrido, sino a propósito de más funcionarios (as). En tal sentido, la racionalidad y proporcionalidad de suyo asociadas a esta característica no se descarta en esta situación, tanto en atención a lo ya expuesto, que denota no haberse fundado el aludido traslado en un mero capricho, habiéndose considerado inclusive la situación conyugal de ambos involucrados a fin de no ver perjudicada la necesaria perduración del vínculo familiar.

SÉPTIMO: Que, en otro aspecto como se indicó en el considerando Tercero, se comprueba que siendo indispensable para el acceso positivo al recurso, que aquellos por quienes se recurre cuenten con un derecho indubitado, esto no ha sido dable de inferir en la especie, desde que la destinación en un lugar determinado constituye una mera expectativa para los funcionarios, cuya justificación se encuentra radicada en los requerimientos propios de la función a lo largo del país, orientación que es conocida y debe ser acatada por todos (as) los miembros de la organización desde su ingreso, en consonancia con el carácter jerarquizado y disciplinado que la distingue, según ya se ha dicho.

OCTAVO: Que, dicho acto no puede ser calificado de arbitrario, del momento que se fundamenta en las disposiciones legales que facultan a la superioridad de dicho servicio para disponer la distribución y ubicación del personal de su dependencia, sin que aparezca que en el presente caso se le destine a nuevas labores que no sean las propias del cargo para el cual fue nombrada. Asimismo, tal acto no puede estimarse ilegal, del momento que dichas facultades se encuentran establecidas en la Ley Orgánica de la Dirección General de Aeronáutica Civil, N°16.752, en relación con las disposiciones pertinentes tanto de la Ley General sobre Bases de la Administración del Estado, como las que establece el Estatuto Administrativo.

NOVENO: Que, por consiguiente, al no concurrir los descritos presupuestos copulativos inherentes al ejercicio de un arbitrio como el que ha ocupado a este tribunal, inoficioso resulta avocarse al tratamiento y examen de la posible afectación de las garantías que se han traído a colación como conculcadas; no habiendo podido prosperar el mismo.

Por estas consideraciones y de conformidad al artículo 20 de la Constitución Política de la República y Auto Acordado de la Excma. Corte Suprema sobre tramitación y Fallo del Recurso de Protección de Garantías Constitucionales, se RECHAZA, sin costas, la acción de esta clase interpuesta por doña nombre reservado, en su favor, de su cónyuge don nombre reservado, y de sus dos hijas, nombre reservado y nombre reservado, en contra de la Dirección General de Aeronáutica Civil, representado por su Director General Sr. Raúl Jorquera Conrads.

Regístrese, notifíquese y archívese, en su oportunidad.

Redacción de la Sra. Fiscal Judicial María Heliana del Río Tapia.

Rol 122 – 2022 PRO.