nombre reservado con CORPORACION NACIONAL FORESTAL

C.A. de Valdivia Valdivia, diecisiete de febrero de dos mil veintiuno.

Visto y teniendo presente:

1.- Que María Fernanda Catalán Galdámez, abogado, por sí y en representación de nombre reservado, interpone acción constitucional de protección, en contra, de la Sociedad Agrícola Kuriñanco Ltda., representada legalmente por nombre reservado, de la Secretaria Regional Ministerial del Medio Ambiente de la Región de Los Ríos, a cargo del Seremi don Daniel del Campo Akesson, y de la Corporación Nacional Forestal (CONAF) de la Región de Los Ríos, representada por nombre reservado, por actos que vulneran el artículo 19 N°1, 2, 21, 23 y 24 de la Carta Fundamental solicitando se ordene la paralización absoluta de las obras de construcción que realiza Sociedad Agrícola Kuriñanco Ltda., y el cumplimiento de la normativa ambiental y forestal por parte de las instituciones recurridas.

Respecto del primer hecho que vulnera del artículo 19 N°21 de la Constitución Política, indica que el 23 de julio de 2020, diversas comunidades mapuches y agrupaciones sociales ingresan un recurso de protección ante esta Ilustrísima Corte de Apelaciones causa Rol Corte: 2214- 2020, solicitando la detención de las obras realizadas por inmobiliarias que se especifican en la causa, denunciando una serie de irregularidades de parte de organismos públicos, en el otorgamiento de los permisos, que facilitaban las labores de las empresas, abriendo de esa manera un especulativo y lucrativo espacio inmobiliario en la costa Valdivia. Refiere que la recurrida es una de las empresas emplazadas en el recurso señalado, siendo esta Sociedad la que realiza faenas en el sector Los Pellines. Indica que con fecha 07 de Agosto de 2020, esta Ilustrísima Corte ordenó la paralización de las faenas en las empresas, pero este hecho no ocurrió.

Luego el 26 de Agosto de 2020, el tercer tribunal ambiental, en causa S-2- 2020 ordena el ingreso de los proyectos inmobiliarios al sistema de evaluación ambiental, ordenando la aplicación de la Ley N°19.300 “Ley sobre Bases Generales del Medio Ambiente”, y dispone la paralización de las faenas de las inmobiliarias, hecho que tampoco cumplió la empresa recurrida, pues continuó realizando sus obras.

La recurrida “Sociedad Agrícola Kuriñanco Ltda.”, ha desacatado las órdenes de esta Ilustrísima Corte y del Tercer Tribunal Ambiental; y ha creado un conjunto habitacional en una reserva natural, en su interior tiene las aguas que abastecen el Parque Oncol y desaguan en el Santuario de la Naturaleza, Los humedales, fueron totalmente destruidos y en su lugar se cavaron enormes pozos sépticos, que ante cualquier filtración, desaguarán en el Santuario de la Naturaleza, afectando gravemente el hábitat de los Cisnes, ocasionando un daño de proporciones.

Ahora bien, con la excusa de que en las cercanías hay asentamientos indígenas y supuestos ataques de las comunidades indígenas se mantienen al interior del predio fuerzas de orden y seguridad (Carabineros de Chile).

La empresa inmobiliaria tiene una medida precautoria de prohibición de celebrar actos y contratos, emanada por el Primer Juzgado Civil de Valdivia en causa ROL: 2092-2020, y continúan ofreciendo la venta de los predios, sujetos a la medida precautoria.

De esa forma los actos de la recurrida vulneran la garantía del artículo 19 N°21, ya que en definitiva, desarrolla una actividad económica que es contraria al orden público, al no respetar las normas legales que la regulan, en este caso la Ley N°19.300.

Segundo hecho respecto del cual se produce vulneración del artículo 19 N°23 y 24 de la Constitución Política, pues el 5 de Junio de 2020, suscribe un contrato de compraventa en la tercera notaria de Valdivia, del señor notario público don nombre reservado, anotada con el repertorio N°1348-2020, e inscrita en el registro de propiedades del Conservador de Bienes Raíces de Valdivia a fojas 2185 N°1952 del año 2020, mediante la cual adquiere 66.7 hectáreas, de las cuales subdivididas hacen un total aproximado de 132 parcelas rústicas. Al momento de la adquisición, la recurrida consciente que sobre el predio, existen dos juicios pendientes radicados en el Primer y Segundo Juzgado Civil de esta ciudad y que el predio es pretendido por la Comunidad Indígena que representa la recurrente, concurre al domicilio domicilio reservado millones de pesos para que los deje trabajar en la construcción de parcelas de agrado, aduciendo que el vendedor le aseguro, que tendría fuerzas policiales en el predio, ya que tenía todo conversado. (Conversación que se encuentra gravada, con autorización de nombre reservado, a todas luces un accionista o trabajador de Sociedad Agrícola Kuriñanco Ltda.)

Es evidente que el ánimo de la recurrida era crear parcelas de agrado para vender y obtener dádivas económicas, tal proceso debe realizarse al rigor del Decreto Ley 3.516 y con intervención del Servicio Agrícola y Ganadero de la Región de Los Ríos (SAG). La idea de la recurrida es acondicionar y vender los predios, manteniendo su condición de rústicos, pero el decreto ley prohíbe la destinación de tales predios a fines urbanos o habitacionales, mientras no se cumpla con lo dispuesto en el artículo 55 de la Ley General de Urbanismo y Construcción.

Respecto del tercer hecho que produce vulneración del artículo 19 N°2 y 3, indica que Corporación Nacional Forestal (CONAF) de la Región de Los Ríos, no cumple su misión institucional, pues ha otorgado permisos de deforestación completa, o se ha resistido a sancionar, respecto de un predio rústico que tiene su fin en dos esteros importantes, siendo estos “el estero sin nombre”, y “el estero pesquero” que desaguan en el Santuario de la Naturaleza de Carlos Andwanter. No es un simple plan de manejo, el permiso es absolutamente desproporcionado, si es que este existe y constituye una vulneración a las garantías constitucionales del N°1 y 2 del artículo 19 de la Constitución Política, ya que toda persona o ciudadano que desea obtener un plan de manejo, debe cumplir con una serie de requisitos y el permiso se reduce a pequeño número limitado de árboles. Entonces, cual es la diferencia entre la recurrida (Soc. Agrícola) y cualquier ciudadano, qué intenciones crean un ambiente que permite tal diferencia arbitraria, la impunidad de los actos de la recurrida, generan diferencias arbitrarias que vulneran las garantías constitucionales. Agrava la vulneración la existencia de prohibiciones respecto del predio en particular, y sus dueños, ya que mantienen una orden de prohibición de funcionamiento emanada por la Corte de Apelaciones de Valdivia y CONAF aun así confiere permisos o simplemente no hace nada.

En último lugar, está la Secretaria Regional Ministerial, quien tiene el deber de dar cumplimiento a la normativa de la Ley N°19.300, y el Sistema de Evaluación Ambiental, hecho que no ha realizado y ha permitido que la recurrida Sociedad Agrícola, pueda, hoy 13 de enero de 2021, estar, deforestando y destruyendo parte importante de la Selva Valdiviana, afectando los Humedales y Bosques Nativos.

Pide en definitiva, se ordene la paralización absoluta, de las obras de construcción que realiza Sociedad Agrícola Kuriñanco Ltda., el cumplimiento de la normativa ambiental y forestal por parte de las instituciones recurridas. Con Costas.

2.- Informando nombre reservado, Subsecretaria (S) del Medio Ambiente, en representación del Ministerio del Medio Ambiente, solicita se rechace el presente recurso, con costas.

Sostiene que el recurso de protección es improcedente ya que: (i) la omisión imputada a dicha Secretaría de Estado no se relaciona con sus competencias; (ii) la Superintendencia del Medio Ambiente dentro del marco de sus competencias ha realizado actividades de fiscalización al proyecto; (iii) la Secretaría Regional Ministerial del Medio Ambiente la Región de los Ríos ha cumplido su mandato legal a través de diversas actuaciones para la debida gestión ambiental de la zona; y, (iv) las garantías constitucionales invocadas por la recurrente no han sido infringidas por una acción u omisión imputable a esta Secretaría de Estado.

Así la omisión que se le imputa, no se corresponde con sus competencias, pues no se condice con la naturaleza ni con las funciones otorgadas por el artículo 70 de la Ley N° 19.300 al Ministerio del Medio Ambiente, ni por ende, de la SEREMI MMA. En efecto, a partir de la dictación de la Ley N° 20.417 en el año 2010, la institucionalidad ambiental chilena se vio fortalecida mediante la creación del Ministerio del Medio Ambiente (“MMA”), el Servicio de Evaluación Ambiental (“SEA”) y la Superintendencia del Medio Ambiente (“SMA”), estableciéndose distintas competencias para cada uno de ellos.

En este sentido: (i) El MMA es el encargado de colaborar con el Presidente de la República en el diseño y aplicación de políticas, planes y programas en materia ambiental, así como en la protección y conservación de la diversidad biológica y de los recursos naturales renovables e hídricos, promoviendo el desarrollo sustentable, la integridad de la política ambiental y su regulación normativa, de acuerdo con el artículo 69 de la Ley N° 19.300; (ii) el SEA es el servicio encargado de administrar el Sistema de Evaluación de nombre reservado, de conformidad con el artículo 81, letra a) del mismo cuerpo legal; y, (iii) la SMA, de acuerdo con el artículo 2 de su Ley Orgánica fijada por el artículo segundo de la Ley N° 20.417, tiene por objeto ejecutar, organizar y coordinar el seguimiento y fiscalización de las Resoluciones de Calificación Ambiental, de las medidas de los Planes de Prevención y, o de Descontaminación Ambiental, del contenido de las Normas de Calidad Ambiental y Normas de Emisión, y de los Planes de Manejo, cuando corresponda, y de todos aquellos otros instrumentos de carácter ambiental que establezca la ley así como imponer sanciones en caso que se constaten infracciones de su competencia.

De acuerdo con lo dispuesto en los artículos 8 y 10 de la Ley N° 19.300 y 3 del D.S. N° 40, de 2012, del Ministerio del Medio Ambiente, que aprueba el “Reglamento del Sistema de Evaluación de nombre reservado”, los proyectos o sus modificaciones que sean susceptibles de causar impactos ambientales deberán ser ingresados obligatoriamente al SEIA para su correspondiente evaluación ambiental, identificándose una serie de tipologías, dentro de las cuales se encuentran los literales h) y p) de estos artículos, esto es, “h) Proyectos industriales o inmobiliarios que se ejecuten en zonas declaradas latentes o saturadas; (…) p) Ejecución de obras, programas o actividades en parques nacionales, reservas nacionales, monumentos naturales, reservas de zonas vírgenes, santuarios de la naturaleza, parques marinos, reservas marinas, humedales urbanos o en cualesquiera otras áreas colocadas bajo protección oficial, en los casos en que la legislación respectiva lo permita”.

Luego, y en relación con la falta de ingreso de un proyecto al SEIA, cabe tener presente que el artículo 3, letra i), de la Ley Orgánica de la SMA señala que dicho órgano tendrá las siguientes funciones y atribuciones: “i) Requerir, previo informe del Servicio de Evaluación, mediante resolución fundada y bajo apercibimiento de sanción, a los titulares de proyectos o actividades que conforme al artículo 10 de la ley N.º 19.300, debieron someterse al Sistema de Evaluación de nombre reservado y no cuenten con una Resolución de Calificación Ambiental, para que sometan a dicho sistema el Estudio o Declaración de nombre reservado correspondiente”.

Además, el artículo 35 letra b) de dicho cuerpo normativo, dispone que a la SMA le corresponde exclusivamente el ejercicio de la potestad sancionadora respecto de “La ejecución de proyectos y el desarrollo de actividades para los que la ley exige Resolución de Calificación Ambiental, sin contar con ella. Asimismo, el incumplimiento del requerimiento efectuado por la Superintendencia según lo previsto en las letras i), j), y k) del artículo 3º.” A mayor abundamiento, cabe tener presente que la Contraloría General de la República, en Dictamen N° 027035N19, de fecha 11 de octubre de 2019.

Por lo tanto, la Superintendencia del Medio Ambiente es el servicio público competente para fiscalizar el cumplimiento de los instrumentos de carácter ambiental que se contemplan en nuestro ordenamiento jurídico ambiental y sancionar su incumplimiento. De ahí se sigue que, no le corresponde a este Ministerio ejercer tales atribuciones, so pena, de contradecir el principio de legalidad contenido en los artículos 6 y 7 de la Constitución Política de la República. Por lo que, no es posible configurar la omisión planteada por la recurrente al no existir habilitación legal para actuar en el sentido indicado en el recurso de protección.

En segundo lugar señala que la SMA dentro del marco de sus competencias ha realizado actividades de fiscalización del proyecto. En virtud del principio de coordinación de los Órganos de la Administración del Estado, se ha tomado conocimiento que el 6 de junio del año 2020, el Consejo de Desarrollo de la Costa, Comité de adelanto Pinohuacho II, el Comité de Agua Potable Rural San Ignacio, y el Comité de Agua En Ancla, presentaron ante la SMA una denuncia en contra de Inmobiliaria Pilolcura Limitada y Agrícola Kuriñanco Ltda. por la ejecución de los proyectos inmobiliarios Parque la Ballena; Proyectos Cutipay I, y II, Pilolcura, Tres Pinos Los Pellines o Canelales, ubicados en el sector costa de la comuna de Valdivia, sin haber sido sometidos al Sistema de Evaluación de nombre reservado. La SMA abrió los correspondientes procesos de fiscalización, e investigación, ejecutando actividades de inspección ambiental, requerimientos de información bajo apercibimiento de sanción a las empresas involucradas y solicitudes a diferentes Organismos del Estado con Competencia Ambiental para que informaran acerca de dichos proyectos, tales como, el Servicio Agrícola y Ganadero, la Dirección General de Aguas, la Dirección de Obras Municipales, al Ministerio de Agricultura y a CONAF.

Como resultado de lo anterior y respecto del proyecto Los Pellines o Canelales de la empresa Agrícola Kuriñanco Ltda., la SMA elaboró el Informe de Fiscalización DFZ‐2020‐ 3202‐XIV‐SRCA, en el cual se concluyó que: “De los resultados de las actividades de fiscalización, se puede establecer que el proyecto Inmobiliario ubicado en el predio Los Canelales sector Los Pellines, debe ingresar al Sistema de Evaluación de Impacto Ambiental, ello atendido la letra h y p del artículo 10 de la Ley 19.300 de Bases Generales del Medio Ambiente. Efectivamente se trata de un loteo y/o conjunto de viviendas, aún en fase de construcción, pero cuyas obras buscan habilitar un proyecto inmobiliario. Por su parte, la ruta de acceso al proyecto, esto es la Ruta T‐340, que es parte del área de Influencia del proyecto, y la que se inserta en su totalidad en la ZOIT, es una ruta compartida con las comunidades lafkenches del sector alterando sus sistemas de vida, en magnitud, y duración. Además, el predio se inserta completamente en el sitio prioritario Curiñanco desarrollando posibles afectaciones al objeto de protección de esta zona, y colinda con el estero San Ramón que es parte del área de Influencia del proyecto, el que a su vez es afluente del Santuario de la Naturaleza Carlos Andwanter”.

Como consecuencia de lo antes señalado, con fecha 16 de septiembre de 2020 y mediante la Resolución Exenta N° 1839, la Superintendencia del Medio Ambiente inició un procedimiento administrativo de requerimiento de ingreso al Sistema de Evaluación de nombre reservado del proyecto “Loteo Los Canelales-Sector Los Pellines” y confirió traslado a su titular Agrícola Kuriñanco Ltda., en virtud de lo dispuesto en el artículo 3 letra i) de su Ley Orgánica, con la finalidad de determinar si el proyecto en cuestión debió someterse a evaluación previa de su nombre reservado, dado que correspondería a un proyecto que cumpliría con lo establecido en los literales h) y p) del artículo 10 de la Ley N°19.300, el cual actualmente se encuentra en curso. Todos los antecedentes de este procedimiento son públicos y se encuentran publicados en el expediente electrónico REQ-032-2020, disponible en Sistema Nacional de Fiscalización Ambiental (“SNIFA”), a través del siguiente link: https://snifa.sma.gob.cl/RequerimientoIngreso/Ficha/88 Además, la SMA ha continuado ejerciendo labores de fiscalización debido a la presentación de nuevas denuncias, a través de inspecciones ambientales realizadas con fecha 08 de octubre del año 2020 y 07 de enero del año 2021; ha encomendado actividades de fiscalización a CONAF; y, elaboración de requerimientos de información a la empresa a través de la Resolución Exenta Nº 001, de 12 de enero de 2021.

Finalmente, y en virtud de la función de supervigilancia administrativa y del principio de coordinación que rige a los Órganos de la Administración del Estado, esta Secretaría de Estado participó como coordinador entre el SEA y la SMA en la mesa de trabajo intersectorial formada por instrucción del Intendente de la Región de los Ríos entre agosto y noviembre del 2020, cuya finalidad fue precisamente que cada uno de los quince servicios públicos y dirigentes de las comunidades costeras de la comuna de Valdivia, pudieran reportar sus acciones y facultades para dar respuesta a este tema.

Por lo tanto la Superintendencia del Medio Ambiente actualmente se encuentra ejerciendo sus atribuciones en materia de fiscalización y sanción, en caso de corresponder, respecto del proyecto denunciado por la recurrente, con la finalidad de velar por el cumplimiento de la normativa ambiental.

En tercer lugar, argumenta que han cumplido con el mandato legal realizando diversas actuaciones para la debida gestión ambiental de la zona:

1.- En el año 2008, y luego de la creación de la Región de Los Ríos, se conformó el Comité Operativo Regional de Biodiversidad (en adelante, “CORB”), el cual constituye una instancia de participación colaborativa entre servicios públicos con competencia ambiental y sociedad civil (científicos y ONGs). Este Comité tomó la decisión de conformar una nueva cartera de Sitios Prioritarios (en adelante, “SP”), ya que los que habían sido seleccionados en el contexto de la Región de Los Lagos no eran representativos de esta parte de la Ecorregión Valdiviana y, para ello, utilizó como concepto de sustento de los sitios, la regulación del agua. Así, se determinaron 11 SP y quedaron 6 para su estudio posterior y, de ser necesarios, agregarlos a la planificación regional, conforme con el documento acompañado en el otrosí de este informe.

2.- Estos 11 Sitios Prioritarios regionales son: Codillera de la Costa (Corral al sur), Punta Curiñanco, Mehuín-Río Lingue, Río Cruces y Sitio Ramsar Carlos Andwanter, Llancahue, Corredor ribereño río San Pedro- río Valdivia, Corredor ribereño río Bueno, Bosque caducifolio del sur, Bosque laurifolio de Los Lagos, Mocho Choshuenco, Corredor andino Lago Huishue-Lago Riñihue. Los referidos sitios fueron aprobados mediante el acuerdo N° 02/01/2010 que consta en el Acta N°1/2010 de la Comisión Regional del Medio Ambiente de la Región de Los Ríos, utilizando como fundamento el Acta N°15/2009, de la misma Comisión, los que se acompañan en el otrosí de esta presentación. Además, los otros 6 sitios propuestos cuyo estudio se acordó continuar son: nombre reservado de Tregua, Río Llollelhue, Macizo montañoso de Loncoche, Maiquillahue, Borde costero-marino, y sur de Corral.

Adicionalmente, este Comité entre el período 2008-2010 llevó a cabo las siguientes actividades: (i) la determinación de la cartera completa de Sitios Prioritarios actualizados; (ii) la elaboración de la Estrategia de Biodiversidad (“ERB”) actualizada al 2010; y, (iii) la elaboración de un Plan de Acción y compromisos sectoriales.

Con la creación del Ministerio del Medio Ambiente, se adoptó la decisión de enfocar la gestión ambiental de la región mediante la realización de estudios de Línea Base en Sitios Prioritarios con mucha biodiversidad, poco estudiados, y en caso que correspondiera, con presencia de humedales. De ello se ha logrado financiar 2 líneas de base en el SP Curiñanco, además de otros 3 estudios en otros lugares con especies endémicas muy amenazadas. En este sentido, en el año 2010 se realizó la Línea Base para “Prospección de anfibios en la Cordillera de la Costa de Valdivia”, cuyo hito fue el descubrimiento de una nueva especie de anfibio, Eupsophus altor, y en el año 2015, la campaña de “vacunación, desparasitación de perros y gatos y realización de talleres de sensibilización sobre tenencia responsable de mascotas, dentro del Sitio Prioritario Curiñanco, Región de Los Ríos”.

3.- Asimismo, desde el 2010 a la fecha, la SEREMI MMA ha emitido diversos pronunciamientos relacionados con este Sitio Prioritario. En este sentido, se destacan los siguientes:

• Of. Ord. N° 106, de fecha 30 de abril de 2012, de la SEREMI (S) del MA de la Región de los Ríos, mediante el cual se da respuesta al Servicio de Evaluación Ambiental respecto de la pertinencia de ingreso al SEIA del proyecto “Diseño mejoramiento Servicio Agua Potable Rural de Curiñanco” localizado en el Sitio Prioritario Curiñanco, acompañado en el otrosí de este informe.

• Of. Ord. N° 325, de fecha 5 de noviembre de 2012, del SEREMI del MA, a través del cual se entrega CD con coberturas cartográficas de los Sitios Prioritarios de la región de los Ríos al Ministerio de Vivienda y Urbanismo, acompañado en el otrosí de este informe.

• Of. Ord. N° 40, de fecha 7 de febrero de 2017, del SEREMI del MA, mediante el cual se informa a la SEREMI de Obras Públicas de la región, la importancia del territorio por su diversidad de fauna silvestre y se invita a realizar un trabajo conjunto en el proyecto Global Environment Faculity (“GEF”, por sus siglas en inglés) de conservación de anfibios en el contexto del trazado Ruta costera sector Mehuín Niebla (“Proyecto Alianza por la Cero Extinción Conservando los sitios más irremplazables de la Tierra para la biodiversidad amenazada”), acompañado en el otrosí de este informe.

• Of. Ord. N°211 y 212, ambos de fecha 14 de julio de 2017, de la SEREMI del MA, a través del cual se invita a CONAF y la SEREMI del MA del Biobío a formar parte del Comité Directivo del proyecto GEF Alianza Cero Extensión. • Of. Ord. N° 273, de fecha 1 de septiembre de 2017, de la SEREMI del MA, mediante el cual se responde solicitud de información respecto del Sitio Prioritario Curiñanco a la SMA.

4.- Asimismo, desde el 2013 la SEREMI del MA junto a las regiones del Biobío, Araucanía y Los Lagos, elabora el Plan de Restauración, Conservación y Gestión (“RECOGE”) del zorro de Darwin, dado que en ese año fue posible detectarlo en la Reserva Costera Valdiviana y en el Parque Oncol. En este sentido, el servicio ha recibido la visita de profesionales, científicos y ONGs de, al menos tres regiones, para elaborar dicho Plan, realizándose en la región 2 reuniones de trabajo (de un total de 8) en el sector de la Reserva Costera Valdiviana en agosto del año 2014, en Valdivia, y el Parque Oncol en enero del 2019, dentro del Sitio Prioritario Curiñanco. Además, los servicios públicos participantes de este Plan RECOGE son SAG, CONAF, INDAP, Gobierno Regional y municipios locales de la costa. A mayor abundamiento, de acuerdo con la última consultoría realizada por esta Secretaría de Estado, llamada “Implementación de Acciones para la Conservación del Zorro de Darwin o Zorro Chilote en las regiones del Biobío, La Araucanía, Los Ríos y Los Lagos”, dicha especie se ha encontrado en más lugares del SP Curiñanco, y también ha sido hallada en la Región de la Araucanía.

5.- Entre los años 2016-2018, la SEREMI del MA ha ejecutado un proyecto internacional denominado “Alianza por la Cero Extinción (AZE)1: conservando los sitios más irremplazables de la Tierra para la biodiversidad amenazada”, el cual principalmente ha buscado concientizar sobre la importancia de este territorio para la conservación de anfibios endémicos y en Peligro, pero también por su biodiversidad, dada la importancia de estos bosques costeros. Este proyecto ha estado focalizado entre los SP Río Lingue y Curiñanco en la comuna de Mariquina y entre sus resultados, se encuentra la elaboración de un Plan de Conservación de este territorio, que permitió la creación del Comité de seguimiento liderado por la SEREMI del MA de 31 de mayo de 2018 y en el que participan el Gobierno Regional, Seremi de Agricultura, Instituto de Desarrollo Agropecuario, Servicio Agrícola y Ganadero, Municipalidad de Mariquina, SEREMI Ministerio de Obras Públicas y representantes de la Comunidad Indígena Fucha Pitren, sector Alepúe y de la comunidad Mapuche de Villa Nahuel.

6.- Por último, y en el marco de nuestras competencias de supervigilancia en áreas protegidas, la SEREMI del MA participó activamente en la elaboración del Plan de Manejo del Santuario de la Naturaleza del Río Cruces y Chorocamayo y desde el 31 de enero de 2020, forma parte del Consejo Consultivo de este santuario participando regularmente de sus reuniones.

Finalmente, las garantías constitucionales invocadas, no han sido infringidas por una acción u omisión imputable a su representada, es más la recurrente no explicita cuales fueron los hechos concretos que generaron una privación, perturbación o amenaza efectivamente producidos, sino que, por el contrario, solamente se limita a señalar en forma genérica, que este servicio habría incumplido el deber de resguardar la Ley N°19.300, habiendo ya descartado la regulación relativa al SEIA de competencia del SEA, y cuya fiscalización y sanción le corresponde a la SMA. Tampoco describe cómo se vieron conculcados sus derechos fundamentales consagrados en el artículo 19 N° 2 y 3 de la Constitución Política de la República, a través del comportamiento de esta Secretaría de Estado, sobre todo teniendo en consideración la distribución de competencias realizada mediante la dictación de la Ley N°20.417, ya indicada previamente.

En este caso, la recurrente no ha indicado de qué forma se les ha privado, vulnerado o amenazado el legítimo ejercicio de una garantía constitucional. Así, para tener por acreditado el nexo causal resulta necesario que la supuesta omisión ilegal o arbitraria atribuida a esta Secretaría del Estado haya determinado o producido necesariamente el resultado (privación, perturbación o amenaza). Por tanto, no ha existido una omisión ilegal o arbitraria imputable a dicho Ministerio que implique una vulneración de las garantías constitucionales que la recurrente estima vulneradas, sobre todo teniendo en consideración que el servicio público competente para fiscalizar y sancionar en caso que ello proceda, es la Superintendencia del Medio Ambiente. Pide en definitiva, el rechazo del recurso de protección de autos en todas sus partes, con expresa condena en costas.

2.- Por su parte Diego Huillin Rivas, abogado de la Corporación Nacional Forestal, en adelante “CONAF” o la “Corporación”, informa el recurso de protección, señala en relación a los hechos imputados a su representada, precisa en primer lugar las medidas adoptadas en Predio Los Canelales (Rol 2440-4), descartando un trato preferencial e indica las acciones que CONAF ha adoptado en el caso concreto:

- Con fecha 16 de octubre del 2019, por resolución 342/110-101/19, esta Corporación aprueba Autorización simple de corta por Ley 20.283 presentada por nombre reservado propietaria en aquel entonces, para la extracción de 5 árboles de la especie Canelo y 8 de Ulmo. En que, para cada individuo a extraer, la Corporación obligará a reforestar cinco individuos de la misma especie u otra del mismo tipo forestal, según se indique en el respectivo estudio técnico. La reforestación y su éxito será exigible al propietario toda vez que solicite una nueva Autorización Simple de Corta. Toda vez que se realice transporte de productos primarios provenientes de bosque nativo deberá solicitar a CONAF la respectiva Guía de Libre Tránsito, a objeto de poder acreditar que los productos transportados provienen de una corta autorizada por la Corporación, de acuerdo a lo establecido en el Art. 58 de la Ley 20.283.

- Con fecha 15 de noviembre del 2019 bajo resolución N° 381/341- 101/19, esta Corporación aprueba Plan de manejo para ejecutar obras civiles presentada nuevamente por su propietaria de aquel entonces nombre reservado por una superficie de 0,5 ha de bosque nativo con el propósito de obras de ensanchamiento y mejoramiento de caminos existentes en el predio. Por tratarse de una obra de carácter permanente, se comprometió una reforestación de la superficie afecta la que se realizará el año 2019, con una superficie de 0,5 ha en el predio Hijuela N° 8, Puringue, rol de avalúo 319-142 de la comuna de Valdivia.

- Con fecha 10 de agosto del 2020, ya teniendo como propietario a Agrícola Kuriñanco Ltda., por resolución 174/341-101/20 esta Corporación aprueba solicitud de Plan de Manejo para ejecutar obras civiles para 0,49 ha. La que se realizaría durante el año 2020 y en que se intervendrá en el predio Los Canelales cuyo rol de avalúo es 2440-4. Por tratarse de una obra civil, la reforestación de la superficie afecta se realizará el año 2021 en el predio Lote 15, rol de avalúo 2450- 25 de la comuna de Valdivia, con una superficie de 0,49 ha. Se apercibe que deberá implementar todas las medidas necesarias para mantener, al menos inalterada la calidad, cantidad y el normal flujo de las aguas, evitar procesos erosivos en el suelo y no generar impacto significativo al paisaje.

- Con fecha 31 de agosto del 2020 se aprueba solicitud de Autorización Simple de Corta para 100 árboles de las especies Canelo (50); Notro (15); Avellano (15) y Ulmo (20). En virtud de dicho instrumento, la solicitante por cada árbol que será extraído se obliga a reforestar 5 árboles de la misma especie cortada u otra del mismo tipo forestal; a menos que la regeneración natural de las mismas especies del tipo forestal intervenido sea abundante como para considerar la exención de la obligación de reponer o reforesta.

- Con fecha 11 de septiembre del 2020 Unidad de Fiscalización en el marco de la ejecución de los proyectos de loteo Pilocura, Cutipay I, Cutipay II y Los Pellines por Resolución Exenta N°1712, de fecha 27 de agosto del 2020 y por requerimiento de SMA, respecto a colaborar en la fiscalización de cumplimiento de la medida provisional pre procedimental que indica a INVERSIONES INMOBILIARIAS PILOLCURA LIMITADA Y AGRÍCOLA KURIÑANCO LIMITADA la paralización total de las faenas. Al momento de la visita se constató que existe total paralización de faenas y detención de funcionamiento de las instalaciones de los proyectos de loteo PILOLCURA, DE INVERSIONES INMOBILIARIAS PILOLCURA LIMITADA, Y DE LOS PROYECTOS CUTIPAY, CUTIPAY II Y LOS PELLINES DE AGRÍCOLA KURIÑANCO LTDA, todos ubicados en la comuna de Valdivia.

- Posteriormente, con fecha 8 de octubre del 2020, se realizó fiscalización por funcionarios de CONAF, oportunidad en la que se advierte que el propietario del predio cambia a AGRÍCOLA KURIÑANCO LTDA., en que se hace aplicable el artículo 13 de la Ley 20.283. Aprobado el Plan de Manejo, el interesado o quien adquiera posteriormente el predio a cualquier título, quedará sujeto a su cumplimiento y a las demás obligaciones que establece esta ley, es decir, los derechos y deberes de un Plan de Manejo quedan sujetos al predio y se adquieren por el nuevo propietario en caso de compra venta o transferencia de la propiedad.

Producto de la fiscalización del Plan de Manejo anterior en que se solicitó corta para ensanchamiento de caminos, se constató una diferencia de superficie entre lo autorizado (1,1 has, correspondiente al camino preexistente, más los 3 metros de ensanche adicional), y la intervención real asociada al camino principal (2,2 has) es de 1,1 has, correspondiente a la corta no autorizada en este sector del predio (Informe Técnico Corta No Autorizada de Bosque Nativo N° 13/2008- 101/20 de fecha 26 de noviembre de 2020). De esta fiscalización nace la denuncia presentada el día 15 de diciembre del 2020 ante el segundo Juzgado de Policía Local de Valdivia cuyo rol de tramitación es 4800-2020, en que se solicita multa por un total de $18.459.000 de pesos y para reparar el daño al medio ambiente a la obligación de reforestar con al menos 1667 Plantas nativas, la cual en la actualidad se encuentra en tramitación esperando citación al comparendo de contestación, conciliación y prueba.

Finalmente, con fecha 3 de diciembre del 2020 esta Corporación por Resolución Nº 203/341-101/20 rechazó PLAN DE MANEJO PARA EJECUTAR OBRAS CIVILES para 3,02 ha. En detalle el Plan de Manejo evidencia incongruencias en los objetivos propuestos, donde señala que el objetivo de la corta sería construcciones o en su defecto habilitar para otros fines, no existiendo claridad a qué se refiere el uso predial con otros fines, pudiendo eventualmente ser destinada a una obra no permanente, no cumpliendo con el concepto de obra civil. En este sentido su representada en ningún caso ha podido vulnerar las garantías constitucionales mencionadas en la acción de la recurrente.

Así en relación al Artículo 19 N 1 Constitución Política de la República no se vislumbra en qué sentido CONAF pudiera haber incurrido en infracción o contravención ya que por sí sola no se aprecia como pudiera haber ejercido una acción u omisión arbitraria o ilegal en los términos del artículo 20 de nuestra Constitución, ya que para cada plan de manejo aprobado se realiza todo un sistema de seguimiento y fiscalización lo cual asociado a la aviso de ejecución es posible verificar si este efectivamente se cumple o no, lo anterior no descarta la colaboración de las denuncias de comunidades, vecinos o propietarios colindantes los cuales son colaboradores naturales en este tipo de actividades.

Respecto del Artículo 19 N 2 Constitución Política de la República, en cuanto a la existencia de alguna desigualdad de carácter arbitraria o ilegal como sugiere la recurrente en su recurso, de manera muy somera y careciendo de un análisis profundo al respecto. Ello es indicativo en primer lugar de una falta de fundamentación de las aseveraciones citadas y de una falta de conocimiento respecto del funcionamiento de esta Corporación, lo anterior se refleja que ante cualquier tipo de plan de manejo se realiza un análisis legal como técnico para todas las solicitudes tanto de aquellas comprendidas en DL 701 o Ley 20.283. Todo solicitante debe superar ambos tipos de controles en los cuales se requieren los antecedentes requeridos por la normativa forestal tanto de plantaciones o bosque nativo según corresponda. La viabilidad de la solicitud dependerá, como ya menciono, del cumplimiento de dichos requisitos para todo usuario forestal que incluye incluso el ingreso al predio, en ningún caso existen autorizaciones de plan de manejo gratuitas o sin este tipo de controles en los términos sugeridos por la recurrente, que como se indicó anteriormente, en todas las solicitudes existe una resolución totalmente fundada con los antecedentes respectivos, resoluciones que se acompañan a este informe.

Que los derechos invocados respecto de los hechos en que se involucran a CONAF carecen latamente del carácter indubitado para que estos prosperen debidamente, que para ello carecen de la apreciación técnica respectiva para que detenten tal calidad, en si solamente se basan en dichos y fotografías que no tienen un análisis de una profundidad necesaria, cabe recordar que para efectos de la ley 20.283 específicamente en su artículo 47 los fiscalizadores tienen el carácter de ministros de fe en todas las actuaciones en el cumplimiento de sus labores, por tanto y en razón del compendio de informes acompañados da cuenta de una debida labor por esta Corporación, en estricto cumplimiento del mandato que se le ha encomendado. Descarta un trato preferencial constitutivo de una vulneración a este numerando de orden ilegal o arbitrario.

En definitiva, se ha demostrado que CONAF y respecto al predio y sociedad involucrada se le ha dado un tratamiento igualitario lo que se demuestra a lo largo de las resoluciones e infracciones cursadas al respecto. No ha existido como se ha mencionado un trato preferencial o particular a los demás usuarios, el cual al verificar que habiéndose excedido en los márgenes técnicos e incumpliendo el plan de manejo respectivo, se activaron los procedimientos administrativos y judiciales para hacer valer la normativa forestal vigente. Por ello solicita en rechazo del recurso en cuanto a los hechos imputados a su representada.

3.- Por último nombre reservado y Patricio Sanguinetti Altamirano, abogados, por la Sociedad Agrícola Kuriñanco Ltda., informando el recurso, solicitan el rechazo de esta acción de protección, con expresa condena en costas.

En primer lugar, hace presente que del tenor del recurso, podría pensar que las recurrentes tienen alguna vinculación legítima con el inmueble que justificaría aventurarse a invocar el derecho de propiedad y de libre empresa sobre el mismo. Sin embargo, la única vinculación de las recurrentes con el predio Los Canelales de propiedad de su representada es que doña nombre reservado, fue condenada criminalmente por el delito de usurpación de dicho predio y luego lanzada por la fuerza pública de éste y que doña María Fernanda Catalán Galdámez la asesoró durante los largos años de ocupación ilegal, durante el juicio oral simplificado que terminó en condena y durante una campaña pública para desafiar el dictamen de la justicia que culminó con el lanzamiento por la fuerza pública que puso término a 7 años de ilegal ocupación del predio. Y a propósito de su supuesta motivación medioambiental y forestal que finge el libelo cautelar, cabe preguntarse por el comportamiento de la señora nombre reservado al interior del predio durante todos los años en que lo usurpó. Pues bien, según el acta de lanzamiento elaborada por el receptor judicial a cargo de la diligencia, el predio fue utilizado con fines comerciales y los informes policiales de la época, muestran corte ilegal de madera en el predio a la sazón controlado de facto por la señora nombre reservado durante su usurpación.

En forma preliminar se refiere a los antecedentes generales asociados a las actividades que desarrolla la Sociedad Agrícola Kuriñanco Ltda., en el predio Los Canelales, sector Los Pellines, indicando que es propietaria del predio denominado Los Canelales, ubicado en el sector Los Pellines, comuna de Valdivia, de 66, 7 hectáreas, de propiedad de la sociedad Agrícola Kuriñanco Ltda., este predio fue adquirido por la sociedad a la señora nombre reservado, con fecha 5 de junio del año 2020 e inscrito a fojas 2185, número 1952 del año 2020 del Registro de Propiedad del Conservador de Bienes Raíces de Valdivia. El predio tiene signado el Rol 2440 - 4 de la comuna de Valdivia. Al predio se accede desde Valdivia tomando la Ruta T-350 en dirección a la costa hasta el sector de nombre reservado. Allí tomar desvío hacia Oncol por ruta T-340 avanzar aprox. 13 km. entrada a orilla de camino a mano derecha donde existe portón metálico a mano derecha y unos contenedores. Las coordenadas geográficas de ubicación del proyecto son: N RUT reservado – E 642.265 (Huso 18, Datum WGS 84). La propietaria anterior había ingresado una autorización de subdivisión del inmueble señalado, habiendo resuelto el SAG su aprobación toda vez que cumple con la normativa vigente para predios rústicos.

Como propietario actual se encuentran desarrollando obras de mejoramiento de caminos preexistentes, las que se encuentran autorizadas por la CONAF a través de la aprobación del Plan de Manejo de Obras Civiles en cumplimiento de la Ley 20.2831. Asimismo, este proyecto contempla Autorizaciones Simples de Corta para mejoras prediales. Además la Dirección de Vialidad señala que en el interior de este predio no existen caminos públicos.

La recurrida ejecuta un Plan de Manejo, Corta y Reforestación de Bosques Nativos para ejecutar Obras Civiles, de conformidad al Artículo 21º de la Ley 20.283. Las obras se ejecutan en un camino preexistente, habilitado inicialmente (obras sin terminar) por la propietaria anterior del predio; cabe destacar que esta situación la acreditó la Dirección de Vialidad dando cuenta que en el interior de este predio no existen caminos públicos siendo este camino de antigua data de carácter privado.

Desde que fue adquirido que se han desarrollado diversas Obras en el predio como a) Geomensura. ∙ Medición de caminos preexistentes. ∙ Mediciones de la topografía del terreno (curvas de nivel, taquimetría, etc.). ∙ Obtención de parámetros obra vial preliminares. b) Confección Plan de Manejo Forestal. ∙ Medición de áreas afectas con GPS, equipos geodésicos y drones. ∙ Evaluación en terreno de superficies a reforestar (considera reforestaciones en todos los predios considerados como superficie compensatoria de la superficie afecta en el plan de Obras Civiles presentado a CONAF. ∙ Confección de Estudios técnicos y cartografía digital. ∙ Obtención de resolución aprobatoria CONAF. ∙ Balizado y movimientos de tierra. ∙ Establecer control de acceso. ∙ Efectuar limpieza y escarpe superficial. ∙ Instalación de señaléticas obligatorias para establecer el tránsito seguro de los vehículos en la vía de acceso al predio, límite máximo de velocidad (30 km/hr). ∙ Instalación de señalética de prevención de riesgos en faena, tanto informativas, como de precaución y de peligro. ∙ Traslado y acopio de áridos a la obra. c) Instalaciones existentes; el proyecto considera una superficie de 0,73 hectárea destinada a la instalación de faenas, que comprende: * Oficina (tipo Contenedor) * Bodegas (Contenedores para el almacenamiento de herramientas) * Baño químico * Depósito de residuos * Estacionamientos (considerandos 2 vehículos, 1 tolva y maquinarias) * Área de procesamiento de material * Área de acopio de material.

En primer término, la abogada de la recurrente, doña María Fernanda Catalán Galdámez dice estar actuando por sí y en representación de doña nombre reservado;, pero sin expresar fundamentos de su presunta legitimación activa, es decir sin dar cuenta de qué manera los hechos que denuncian les afecta en algún derecho y/o garantía constitucional; por lo tanto, y en definitiva la única recurrente en esta acción de protección es la señora nombre reservado, como persona natural y actuando solo por ella y no en la representación de su comunidad que como más adelante de su presentación dice hacerlo, sin identificar tampoco que tipo de representación tendría y a qué comunidad indígena representa.

Sostiene que la verdadera pretensión de la recurrente es hacerse del predio por todas las vías posibles, tal como lo intentó el año 2012 y hasta agosto de 2018, al ocupar de manera ilegal el predio Los Canelales, siendo condenada en dicha causa penal por el delito de “usurpación no violenta”. En efecto, es la propia sentencia de la causa RUC N°: 1410032965-5 - RIT N°: 4546 – 2014 de fecha 01 de agosto de 2018, la que establece que “los requeridos para los fines anteriores procedieron a ocupar el inmueble señalado junto a sus familiares, lo cercaron por completo, impidiendo de esta manera el acceso, y además han colocado un candado en el portón e instalado también un cartel que señala “Recinto privado/Tierras indígenas/Familia Ñanco Barriento nombre reservado”, situación que se mantiene hasta la fecha, lo que impide que la víctima ejerza las facultades que le confiere el derecho de dominio, en razón de la usurpación referida”. Finalmente, dicha sentencia establece “Que se condena a nombre reservado, C.I. N° RUT reservado, nacido el 18 de enero de 1951, domiciliado en domicilio reservado, y a nombre reservado, C.I. N° RUT reservado, nacida el 30 de agosto de 1954, domiciliada en domicilio reservado, en calidad de autores del delito de usurpación no violenta, previsto y sancionado en el artículo 458 del Código Penal, en grado de consumado, perpetrado en la comuna de Valdivia, de manera permanente desde fecha no determinada del año 2012 a la fecha de hoy, a la pena de multa a beneficio fiscal, respecto de cada uno, ascendente a seis unidades tributarias mensuales, más, conforme lo dispuesto en el artículo 348 del Código Procesal Penal, a la restitución del inmueble objeto de este requerimiento, ubicado en el sector Los Pellines, Fundo Los Canelales, sector Curiñanco, comuna de Valdivia, inscrito a fojas 2221, número 2824 del Registro de Propiedad del Conservador de Bienes Raíces de Valdivia del año 2005, restitución que deberá producirse dentro del plazo de quinto día de ejecutoriada esta sentencia por parte de los imputados a la parte querellante, bajo apercibimiento de que si así no se hace, se efectuará lanzamiento de ambos imputados con auxilio de la fuerza pública”.

Así mismo y por otro lado, la recurrente de estos autos interpuso demanda civil de reivindicación en procedimiento indígena, causa tramitada actualmente bajo el Rol Nº C-2092-2020 del Primer Juzgado Civil de Valdivia; en contra de nombre reservado, antigua propietaria y en contra de Sociedad Agrícola Kuriñanco Limitada, representada legalmente por doña nombre reservado, y en la que solicita que en definitiva “se cancelen las inscripciones conservatorias, se declare su derecho de dominio sobre el predio Los Canelales y se ordene la devolución y/o restitución de tierras indígenas apropiadas”.

Respecto del “primer hecho”, y en relación a lo señalado en cada literal.

* Literal a) El 23 de julio de 2020, se ingresa recurso de protección solicitando la detención de obras realizadas por inmobiliarias (causa Rol Corte: 2214- 2020), denunciando irregularidades de parte de organismos públicos en el otorgamiento de los permisos y que facilitaban las labores de las empresas, entre ellas La Sociedad Agrícola Kuriñanco Ltda. Estos hechos fueron conocidos en la causa citada y resueltos, por lo tanto, no pueden ser considerados en este recurso como hechos fundantes, ni tampoco como situaciones que vulneran derechos y garantías constitucionales. De hecho, la sentencia de esta Iltma. Corte de Apelaciones acoge el recurso de protección interpuesto, lo que es posteriormente ratificado por la Excelentísima Corte Suprema, en contra del Ministerio de Obras Públicas de la Región de Los Ríos; de la Dirección Regional de Aguas y de la Secretaría Regional Ministerial de Vivienda y Urbanismo, por vulnerar las recurridas la garantía constitucional de los recurrentes consagrada en el artículo 19° N° 8° de la Constitución Política de la República, y se ordena a las recurridas: fiscalizar y sancionar cualquier vulneración a la legislación ambiental y de construcción que pudiere ocurrir, en las zonas comprendida entre los sectores de Cutipay y Pilolcura de la zona costera de la Comuna de Valdivia, exigiendo el cumplimiento de los procedimientos establecidos en la ley N° 19.300 y demás pertinentes, en relación con los hechos y antecedentes del presente recurso. En ninguna parte de la sentencia se hace mención a una eventual responsabilidad de la Sociedad Agrícola Kuriñanco Ltda., es más, su representada Agrícola Kuriñanco Limitada ni siquiera tuvo la calidad de recurrida, por lo que lo resuelto le es inoponible y no viene al caso ser citado por la recurrente de autos. Agrícola Kuriñanco Limitada no fue parte ni menos fue emplazada en el Recurso de Protección Rol Corte: 2214- 2020 de esta Ilustrísima Corte de Apelaciones.

* Literal b) El 07 de agosto de 2020, esta Iltma. Corte ordena la paralización de las faenas en las empresas, lo que no ocurrió, y la recurrida, continuó realizando sus faenas inmobiliarias en el sector de Los Pellines. En este punto, lo que hace la recurrente, la Iltma. Corte de Apelaciones es acoger la Reposición presentada y por lo tanto decretar la Orden de No Innovar respecto de los órganos recurridos; en escrito posterior, la recurrente de dicha causa le solicita a la Iltma. Corte de Apelaciones que “se ordene a los recurridos dictar las resoluciones que en derecho correspondan, a fin de que todas las inmobiliarias que están interviniendo la zona costera valdiviana paralicen sus funciones hasta que se resuelva el presente recurso, y al mismo tiempo, fiscalicen que se dé cumplimiento a ello”. Al respecto, su S.S Iltma., la Sociedad Agrícola Kuriñanco fue fiscalizada por estos servicios públicos, pero nunca fue requerida por ninguno de estos servicios recurridos para que paralizara las obras que se encontraba ejecutando. La ONI dictada en la causa antes indicada en caso alguno pudo obligar, en forma alguna, a Agrícola Kuriñanco, toda vez que dicha sociedad no solo jamás fue recurrido en dicha acción constitucional sino tampoco fue emplazada en relación a dichos autos.

* Literal c) El 26 de agosto de 2020, el Tercer Tribunal Ambiental, en causa S-2- 2020 ordena el ingreso de los proyectos inmobiliarios al Servicio de Evaluación Ambiental, ordenando la aplicación de la Ley N°19.300 y dispone paralización de las faenas de las inmobiliarias, lo que tampoco cumplió la empresa recurrida, pues continuó realizando sus obras, por lo que ha desacatado las órdenes de esta Iltma. Corte y del Tercer Tribunal Ambiental.

Esta afirmación que hace la recurrente, resulta del todo falsa, primero porque no expresa de qué forma la recurrida omitió y ¿qué omitió? al referirse a lo ordenado por esta Iltma. Corte; y segundo, ya que nunca se ordenó el ingreso obligatorio de las obras que desarrolla la recurrida al Sistema de Evaluación de nombre reservado, de hecho, las obras que ejecuta en el predio no constituyen ninguno de los proyectos o actividades que de acuerdo al artículo 10 de la Ley Nº 19.300 sobre “Bases Generales del Medio Ambiente” y al artículo Nº 3 del Decreto Supremo Nº 40/2012 “Reglamento del Sistema de Evaluación de nombre reservado”, deban ser evaluadas ambientalmente.

En cuanto a la paralización que da cuenta la recurrente, ésta no fue decretada por el Tercer Tribunal Ambiental, lo que ocurrió fue que la Superintendencia del Medio Ambiente, en un proceso administrativo para recabar información y poder determinar un eventual daño ambiental e ingreso de las obras a evaluación ambiental, solicitó al Tercer Tribunal Ambiental autorizara la paralización de las obras, pero en ningún caso es el Tercer Tribunal Ambiental quien ordena la paralización de las obras, sino que es la Superintendencia del Medio Ambiente quien para adoptar esta medida en un procedimiento administrativo en el cual, por ley, está obligado a consultar al Tribunal Ambiental antes de aplicarla. La referida paralización de funciones, una vez notificada a nuestra representada por parte de la Superintendencia del Medio Ambiente, fue plenamente acatada por esta, precisamente por el plazo de 15 días en que fue ordenada la paralización, sin que con posterioridad dicha medida fuere renovada.

Es más, esta misma Resolución de la Superintendencia del Medio Ambiente (SMA) ordena oficiar a la Dirección General de Aguas, a la CONAF, a la Seremi MINVU, a las I. Municipalidad de Valdivia y a la Prefectura de Carabineros de Valdivia para que, sin perjuicio de las facultades de la SMA colaboren en la fiscalización del cumplimiento de la medida de paralización ordenada.

* Literal d) la recurrida ha creado un conjunto habitacional, espantoso, en una reserva natural, en su interior tiene las aguas que abastecen el Oncol y desaguan en el Santuario de la Naturaleza. Esta es un afirmación completa y absolutamente falsa; en el Predio Los Canelales (sector Los Pellines), la recurrida jamás ha creado o construido un proyecto inmobiliario; no hay ningún tipo de construcción con fines habitacionales, no existe ninguna obra de saneamiento ambiental, no hay ninguna obra que haga presumir siquiera la intención de urbanizar; lo único que se ha realizado son las obras asociadas a dar cumplimiento a dos Planes de Manejo Forestal y de Obras Civiles aprobados por CONAF y dos Autorizaciones Simples de Corta autorizadas por el mismo servicio.

Por otra parte, el predio Los Canelales no corresponde a una Reserva Natural como lo plantea la recurrente, sino que se trata de un predio de propiedad privada que colinda con un área colocada bajo protección oficial como lo es la Zona de Interés Turístico de Valdivia (ZOIT), pero en ningún caso las obras pretenden ejecutarse dentro de un área colocada bajo protección oficial, sino que, se trata de una subdivisión de un predio rústico sin obras de urbanización ni caminos públicos, por lo que no es susceptible de afectar el/los objetos de protección que reconoce la Declaratoria Oficial y el Plan de Acción de la ZOIT; si bien la declaratoria de ZOIT dispone, entre otros, que “Al 2026, Valdivia será reconocido como un destino turístico integral”, este Proyecto no será impedimento para el cumplimiento de dicho objetivo, de hecho, Valdivia siempre ha sido reconocido por esas particularidad integral que bien señala la ZOIT, y desde antes de la dictación de este instrumento, y aun así la ciudad y la comuna se ha ido expandiendo fortaleciendo y protegiendo estas cualidades.

A mayor abundamiento, el carácter de zonas ZOIT no establece una prohibición de ejecutar variados proyectos y de distintas características, el objetivo de la declaratoria de ZOIT es establecer la convivencia armónica de las distintas actividades que se desarrollan o se vayan a desarrollar en el área con los intereses turísticos de la zona señalados en el Plan de Acción y relevar la importancia del componente ambiental del territorio y sus objetos de protección; asimismo, tampoco esta declaratoria es de carácter absoluto en el sentido de que “al ser ZOIT todo lo que ahí se quiera ejecutar y/o desarrollar deba ingresar al SEIA”.

* Literal e) Afirma que los humedales, fueron totalmente destruidos y en su lugar se cavaron enormes pozos sépticos, que, ante cualquier filtración, desaguarán en el Santuario de la Naturaleza, afectando gravemente el hábitat de los Cisnes. Esta constituye otra afirmación total y absolutamente falsa; en el predio Los Canelales NO existen humedales ni cuerpos de agua superficiales que sean asimilables a esa categoría, como tampoco se han construido “enormes” pozos sépticos; no existe ninguna obra de este tipo, por el contrario, lo único que está habilitado es un baño químico para el uso de los trabajadores que laboran en las obras del Plan de Manejo y Obras Civiles.

Señala la recurrente “que, ante cualquier filtración, desaguarán en el Santuario de la Naturaleza, afectando gravemente el hábitat de los Cisnes”; al respecto S.S Iltma., no basta simplemente con afirmar esto, ya se dijo que no existen pozos sépticos construidos en el predio, y aunque si los hubieran no explica la recurrente que entiende ella por cualquier filtración; tampoco explica de qué manera esta supuesta filtración sería capaz de llegar a afectar el Santuario de la Naturaleza, o sea, ni siquiera hace mención a un mapa hídrico regional o da cuenta de la existencia de napas freáticas en el predio, ni mucho menos señala de qué manera este eventual hecho afectaría a los Cisnes en una connotación de gravedad. Como prueba de lo anterior, debemos destacar que la Dirección General de Aguas dio inicio a tres procesos de fiscalización a nuestra representada y en definitiva todos dichos procesos concluyeron sin la formulación de cargos, por encontrarse todo en regla y conforme a la legislación vigente.

* Literal f) Afirman que, en el predio, ya no hay vegetación, ya no hay selva valdiviana, el daño realizado por la empresa es de proporciones. Otra afirmación falsa de la recurrente, toda vez que en el predio se ha ejecutado únicamente la corta vegetacional aprobada en los Planes de Manejo Forestal y en las Autorizaciones Simples de Corta, no comprometiendo especies arbóreas ni tampoco flora que se encuentren en algún grado de conservación. En relación a las especies cortadas para la ejecución de las obras del camino, éstas eran parte constituyente de un bosque cuyo estado de desarrollo se conoce como latizal bajo, que no es más que un bosque joven, cuyos diámetros fluctuaban entre 10 y 20 cm., (siempre con alturas menores a los 12 metros).

La recurrente hace referencia a un eventual daño producido por la empresa, pero no señala a qué tipo de daño hace mención; lo que es confuso, ya que si en el peor de los casos, se refiere a daño ambiental, sus afirmaciones no se condicen con la imagen reciente que se acompaña y tampoco sería una materia a resolver a través de la presente acción constitucional. Sin perjuicio de ello, rechazamos absolutamente que estemos realizando daño ambiental de ninguna clase o naturaleza; por el contrario el actuar de nuestra representada se enmarca dentro de las autorizaciones sectoriales que las autoridades competentes al efecto nos han otorgado y que se han desarrollado con absoluta normalidad, habiendo sido al efecto fiscalizado en innumerables ocasiones por fiscalizadores de Conaf, entre otros organismos sectoriales vinculados al Medio Ambiente.

* Literal g) Señala que al interior del predio se mantienen fuerzas de orden y seguridad (Carabineros de Chile), y que, en consecuencia, la recurrida, ha urdido situaciones irregulares para obtener fuerza policial, y ha desacatado las órdenes de esta Iltma. Corte y del Tercer Tribunal Ambiental. Efectivamente al interior del predio hay presencia de efectivos de Carabineros, quienes están destinados en el lugar por orden de la Fiscalía Local de Valdivia y cumpliendo labores de resguardo ante las constantes amenazas a que la recurrida se ha visto expuesto; lo que ya le significó ser víctima de cuatro atentados incendiarios en distintos predios de su propiedad (dos en Cutipay I, uno en Pilolcura y uno en Los Canelales), sufriendo la quema de maquinaria avaluada en más de $300.000.000.- (trescientos millones de pesos) considerando estos cuatro atentados incendiarios.

La Sociedad Agrícola Kuriñanco Ltda., no solo ha sufrido de estos cuatro atentados incendiarios, sino también, han sufrido amenazas sus trabajadores; han amenazado a su representante legal, desde mucho antes de que se adquiriera el predio Los Canelales, les han cortado el tránsito e impedido el paso; y cuando se adquirió el predio Los Canelales hubo amenazas de un grupo de personas, las cuales con armas hechizas concurrieron a proferir ataques verbales y amenazas dirigida a los dueños del predio, botaron más de 20 árboles en el camino de acceso, cortando la ruta en ambos sentidos. De hecho, en este incidente quedaron heridos tres funcionarios de Carabineros.

* Literal h) La recurrida ha generado un daño ambiental sin precedentes, a orillas del Santuario de la Naturaleza de Carlos Andwanter y del Parque Oncol. En cuanto a esta afirmación, la recurrida no entrega antecedentes respecto del daño ambiental que denuncia, como tampoco informa de la magnitud de éste, sino solo da cuenta que sería “sin precedentes”, ni mucho menos deja en claro de qué manera la recurrida habría generado este daño ambiental sin precedentes al Santuario de la Naturaleza Carlos Andwanter y el Parque Oncol. Al respecto, esta afirmación “sin precedentes” no permite dimensionar las características del eventual daño ni ilustrar la magnitud de éste de haber supuestamente existido; podemos entender como “sin precedentes” algo que no tiene comparación con algo anterior por no haber existido algo semejante. Así, por ejemplo, podemos afirmar que “una carretera hídrica se trataría de un proyecto extraordinariamente ambicioso, sin precedentes en la historia de nuestro país”.

A respecto, la Excelentísima Corte Suprema ha establecido en forma reiterada, que la cautela de protección, en relación con la jurisdicción ambiental especializada, posee un carácter excepcional, y, por tanto, la tutela de los derechos de los Recurrentes en estas materias debe buscarse por la vía idónea establecida en la ley. Así, todas las imputaciones realizadas a través la acción de protección, deben efectuarse en la sede que corresponde, es decir, aquella que ha establecido la institucionalidad ambiental para tal efecto, por lo que, de existir un eventual, hipotético y supuesto daño ambiental (cuyo no es ciertamente el caso), son los Tribunales Ambientales los órganos jurisdiccionales encargados de conocer y resolver de esta materia y es ante ellos que la recurrente debe recurrir.

* Literal i) La empresa inmobiliaria no cumple lo ordenado por V.S.I., pues no respeta el estado de derecho y aunque sobre ella pesa una medida precautoria de prohibición de celebrar actos y contratos, emanada por el Primer Juzgado Civil de Valdivia en causa ROL: 2092-2020, no tiene pensado acatar las órdenes judiciales, ya que continúan ofreciendo la venta de los predios, sujetos a la medida precautoria. La recurrida siempre ha respetado el estado de derecho y se ha sometido a la normativa aplicable al giro de su negocio contando con todas las autorizaciones sectoriales que le permiten desarrollar su actividad económica. Se trata de un simple juicio de valor y una opinión respecto de la actividad que desarrolla la recurrida, pero no afirma ni prueba que la recurrida en su actuar le vulnera a ella su derecho a desarrollar alguna actividad económica. Asimismo, no expresa de qué manera la actividad que desarrolla nuestra mandante es contraria al orden público y no respeta las normas legales; por el contrario, la recurrida desarrolla su actividad económica con todas las autorizaciones sectoriales de los órganos públicos que corresponden.

Finalmente, aduce vulneración a la Ley Nº 19.300, S.S Iltma., esto último es un simple citar normas, porque si así fuera, a los menos debía haber hecho mención al Artículo 19 Nº 8 de la Constitución Política, lo que ni siquiera se expresa en la acción de protección deducida.

Por último Ilustrísimo Tribunal, en los autos sobre juicio reivindicatorio Rol 2092-2020 caratulados “nombre reservado con Agrícola Kuriñanco Limitada” seguidos ante el Primer Juzgado Civil de Valdivia, dicho Tribunal de primera instancia concedió una medida precautoria de prohibición de celebrar actos y contratos en relación con el predio que nos ocupa y del que trata el presente recurso, medida precautoria que fue REVOCADA con fecha 19 de enero de 2021 por esta Ilustrísima Corte de Apelaciones, conforme consta en los autos Rol de Ingreso Civil Nº 878- 2020 de esta Ilustrísima Corte de Apelaciones.

(iii) Respecto del “segundo hecho”, y en relación a lo señalado en cada literal.

* Literal a) La recurrida ha vulnerado los numerales 23 y 24 del artículo 19 de la Constitución cuando, ya que con fecha 05 de junio de 2020, suscribe un contrato de compraventa y adquiere 66.7 hectáreas, de las cuales subdivididas hacen un total aproximado de 132 parcelas rústicas.

Al respecto cabe señalar que existe un proyecto de subdivisión y que fue presentado por la anterior propietaria del predio, señora nombre reservado; esta subdivisión le fue aprobada a ella, pero no será materializada en dichos términos por la Sociedad Agrícola Kuriñanco Ltda., tal como se le informó con anterioridad al presente recurso a la Superintendencia del Medio Ambiente.

En el predio Los Canelales (Los Pellines) no se han obtenido ni tramitados Informes Favorables de Construcción (antiguo Cambio Uso de Suelo), y si eventualmente así fuese, esto corresponde a una subdivisión de predios rústicos con prohibición de destinar el suelo para fines distintos a lo dispuesto en la normativa aplicable, es decir, solo pueden ser destinados para fines agrícolas, ganaderos y forestales.

* Literal b) Al momento de la adquisición, la recurrida consciente que sobre el predio, existen dos juicios pendientes radicados en el Primer y Segundo Juzgado Civil de esta ciudad, y que el predio es pretendido por la Comunidad Indígena que representa la recurrente, concurre al domicilio domicilio reservado millones de pesos para que los deje trabajar en la construcción de parcelas de agrado, aduciendo que el vendedor le aseguró, que tendría fuerzas policiales en el predio, ya que tenía todo conversado. (Conversación que se encuentra gravada (sic), con autorización de nombre reservado, a todas luces un accionista o trabajador de Sociedad Agrícola Kuriñanco Ltda.).

Esta afirmación es completamente falsa y constituye una acusación muy grave y temeraria; no tendría por qué el propietario del predio ofrecer una cantidad de dinero para que “lo dejen trabajar” en un terreno de su propiedad. Tal acusación es muy grave y no es efectiva.

* Literal c) Actualmente, y tal como se ha señalado, la construcción de parcelas de agrado, fueron realizadas sin dar cumplimiento a la normativa ambiental y con poca cautela, en relación al entorno natural del sector, en palabras sencillas las parcelas son bastante “poco agraciadas”.

La recurrente confunde las obras que se están ejecutando en el predio Los Canelales, estas obras corresponden a la habilitación de un camino preexistente y no a un proyecto de desarrollo inmobiliario, lo que la lleva a equivocar completamente la normativa aplicable; las obras que ejecuta la recurrida están todas autorizadas por los órganos públicos competentes, por tanto cumple con la normativa ambiental sectorial aplicable a través de los Planes de Manejo Forestales aprobados y las dos Autorizaciones de Corta Simple; otra cosa es que no haya sido ingresado al Sistema de Evaluación de Impacto Ambiental (SEIA), y esto por una razón bien simple; las obras que se ejecutan no corresponden a aquellas tipologías de proyectos que según disponen el artículo 10 de la Ley Nº 19.300 Sobre Bases Generales el Medio Ambiente, y el artículo 3 del Reglamento del SEIA; por lo tanto cumple con la normativa ambiental independiente que no proceda su evaluación ambiental.

Cabe preguntarse qué derecho de la recurrente se ve vulnerado simplemente nos encontramos ante un “juicio de valor estético”, es decir, si las parcelas son “poco agraciadas” no implica una vulneración a un derecho constitucional. Por otra parte, la recurrente de autos no tiene el dominio del predio en cuestión; entonces ¿De qué manera es qué se vulneran los Nº 23 y 24 del artículo 19 de la Constitución Política? El recurso de Protección al efecto nada indica en forma clara y precisa.

* Literal d) Es evidente que el ánimo de la recurrida era crear parcelas de agrado para vender y obtener dádivas económicas, tal proceso debe realizarse al rigor del Decreto Ley 3.516 y con intervención del Servicio Agrícola y Ganadero de la Región de Los Ríos (SAG), la idea de la recurrida el acondicionar y vender los predios, manteniendo su condición de rústicos, pero el decreto ley prohíbe la destinación de tales predios a fines urbanos o habitacionales, mientras no se cumpla con lo dispuesto en el artículo 55 de la Ley General de Urbanismo y Construcción. También plantea supuestos; no señala con claridad de qué manera las obras que actualmente se ejecutan por la recurrida vulneran el artículo 19 números 23 y 24 de nuestra Carta Fundamental.

* Literal e) En este orden de ideas, si el proyecto fue ingresado debidamente al Servicio de Evaluación Ambiental, la recurrida no cumple con el requisito del artículo 55 de la Ley de Urbanismo y Construcción, ya que los estamentos públicos no podrían emitir informes favorables.

La recurrente es completamente confusa al plantear sus afirmaciones; cuesta entender lo que manifiesta, es decir, no explica de manera concreta cuáles son los hechos que vulnerarían sus derechos constitucionales. Esa vaguedad y ambigüedad no son sino consecuencia de la verdadera inexistencia de amenaza o ataque a los derechos constitucionales que la recurrente estima le asisten; en los hechos el actuar de mi representada no vulnera ninguno de los derechos constitucionales que la recurrente invoca en su Recurso de Protección.

* Literal f) La realización de los actos, se descubren cuando logran captarse fotografías desde el interior del predio, las que movilizaron a mi representada y a su comunidad indígena. Esto es el día 20 de diciembre de 2020, la magnitud del daño, necesariamente nace de una intervención absolutamente inescrupulosa, aun cuando sobre la recurrida pesa una orden de no innovar y una prohibición de funcionamiento, que debió ser mantenida en el tiempo, aunque el desacato es tan evidente, que si se hubiera mantenido la prohibición el recurrido igualmente habría continuado con sus faenas. La recurrente pretende hacer entender a esta Corte que solo después de ingresar al predio y captar fotografías de dan cuenta de la vulneración a derechos y garantías constitucionales; esto no es más que un artilugio para generarse el plazo que exige el Auto Acordado de la Corte Suprema para interponer la acción de protección.

(iv) Respecto del “tercer hecho”, y en relación a lo señalado en cada literal. Estos no están asociados a la recurrida Sociedad Agrícola Kuriñanco Ltda., y este tercer hecho se limita exclusivamente a cuestionar a los otros órganos recurridos, a saber, CONAF y la SEREMI de Medio Ambiente de Los Ríos.

Ante estos hechos que describe la recurrente en su acción constitucional, no cabe más que rechazarlos completamente, no son más que juicios de valor que se manifiestan como críticas a la gestión tanto de la CONAF como de la Seremi de Medio Ambiente, pero que no dan cuenta de la existencia de vulneración de derechos constitucionales.

El otorgamiento de autorización para la ejecución de un Plan de Manejo Forestal, no vulnera la garantía del artículo 19 Nº 2 de la Constitución Política de la República. Por lo expuesto, no es posible afirmar que el permiso es desproporcionado, ni tampoco que cualquier persona que cumpla con los requisitos de otorgamiento no pueda conseguirlo; por tanto, no existe diferencia arbitraria, pues cualquier persona, natural o jurídica, que cumpla con los requisitos exigidos por la autoridad puede obtener un Plan de Manejo Forestal, por lo tanto aquí no se da ni nunca se ha dado un trato preferente a la recurrida, simplemente la recurrida ha cumplido con lo exigido por la autoridad sectorial.

Ahora bien, respecto al actuar de la Seremi de Medio Ambiente, la recurrente hace una crítica en cuanto a la aplicación de las políticas públicas de carácter ambiental, en el entendido que el Ministerio del Medio Ambiente tiene a su cargo la creación y aplicación de Planes, Políticas y Programas medioambientales; y se equivoca en cuanto a la aplicabilidad del Sistema de Evaluación de Impacto Ambiental, el que aparte de no aplicar para las obras que ejecuta la recurrida, constituye un instrumento de gestión ambiental a cargo del Servicio de Evaluación Ambiental (SEA).

A mayor abundamiento, cabe señalar que las obras que ejecuta la Sociedad Agrícola Kuriñanco Ltda., especialmente las obras que desarrolla en el predio Los Canelales, son permanentemente fiscalizadas, entre otros, por los siguientes servicios públicos: a) Superintendencia del Medio Ambiente b) Corporación Nacional Forestal c) Dirección General de Aguas De estas fiscalizaciones han emanado Actas de Inspección Ambiental (SMA), Actas de Inspección en Terreno y Ordinarios (DGA), Actas Técnicas de Inspección Predial (CONAF), como también diversas Resoluciones y Ord., que, en el caso de la DGA, dan cuenta de la no intervención ni afectación al recurso hídrico de parte de nuestra representada.

Finalmente expresa respecto del “primer hecho”, ninguna de las afirmaciones que ahí se señalan son susceptibles de vulnerarle a la recurrente el derecho garantizado en el artículo 19 Nº 21, toda vez que ella misma no es capaz de relacionar o generar un nexo entre los hechos descritos y el derecho que eventualmente le asistiría; es decir, no hay forma de entender y/o asociar que la recurrente vea vulnerado su derecho a desarrollar cualquier actividad económica, si sus afirmaciones no son más que cuestionamientos, sin asidero Respecto del “segundo hecho”, no existe vulneración al derecho de los N°23 y 24 del artículo 19 de la Constitución Política. Es decir, la recurrente plantea que se vulnera el ejercicio de su derecho a la libertad de adquirir el dominio de toda clase de bienes (Nº 23) y, se vulnera su derecho de propiedad (Nº 24), pero no logra establecer como se manifiesta y cuál es el alcance de esta vulneración de estas garantías constitucionales.

En cuanto al “tercer hecho”, solo podemos reafirmar que los hechos que describe la recurrente en su acción constitucional, no son más que juicios de valor que se manifiestan como críticas, en verdad infundadas, a la gestión tanto de la CONAF como de la Seremi de Medio Ambiente, pero que no dan cuenta de la existencia de vulneración de derechos constitucionales.

Cabe señalar que la recurrente afirma en el principio de su presentación que el actuar de la Sociedad Agrícola Kuriñanco Ltda., y demás recurridos, vulnera los derechos constitucionales del artículo Nº 1, 2, 21, 23 y 24 de la Constitución Política señala la vulneración a “El derecho a la vida y a la integridad física y psíquica de la persona”, derecho que solo cita pero al cual no le da ningún tratamiento entre el derecho que se invoca y la actividad que desarrolla nuestra representada.

Así las cosas, queda de manifiesto que la Recurrente prácticamente no fundamenta ni da razón jurídica de ninguna de sus afirmaciones; no explica adecuadamente cual sería el supuesto acto u omisión ilegal o arbitraria que existiría, ni tampoco cómo ni en qué grado o medida se produciría una supuesta afectación de garantías constitucionales.

Como se ha indicado, no existen los actos ilegales invocados por la Recurrente de autos, razón por la cual, de suyo sería improcedente acoger la pretensión contenida en su acción de protección. Por lo demás, se debe tener en la mayor de las consideraciones que la Recurrente ha atribuido prácticamente una relación de causa/efecto que existiría entre las supuestas ilegalidades y las supuestas garantías vulneradas (pese a que realmente no indican como se produce la afectación de la garantía, ni en qué grado). Es por ello que, demostrado que no existió la causa, se deduce que tampoco se produjo el efecto que se le atribuye, es decir, no se han afectado garantías fundamentales.

Respecto a la igualdad ante la ley, es un concepto relacional, se vulnera o se respeta en relación a otros que se encuentran en la misma situación de derecho, no pudiendo vulnerarse tal garantía por la sola circunstancia de aplicar la Ley.

En el caso de autos la parte recurrente no ha dedicado un capítulo a desarrollar cuales serían las garantías conculcadas, si no que se ha limitado a señalar en forma aislada y sin razón lógica de por medio, que sería evidente la existencia de una vulneración a la garantía de igualdad ante la ley. Evidentemente un recurso con tan poca especificidad técnica y carente en verdad de todo fundamento y prueba, no puede prosperar. De éste modo queda demostrado que el actuar de su representada, la Sociedad Agrícola Kuriñanco Ltda., no ha vulnerado ninguna de las garantías constitucionales que señala la recurrente le fueron vulneradas; tanto así que la recurrente no es capaz de relacionar o generar un nexo entre los hechos descritos y los derechos que eventualmente le asistirían, ni de aportar prueba alguna en dicho sentido.

Pide, rechazar el recurso de protección y, en atención a la gravedad de las afirmaciones expuestas por la recurrente, así como a la evidente falta de fundamento plausible para litigar en sede de protección y a la no existencia de perturbación, amenaza o privación de un derecho fundamental, se solicita la expresa condena en costas.

4.-. Que, como primera cuestión a dirimir, es menester determinar si las recurrentes son legitimadas activas para accionar de protección en los términos que lo han hecho y en relación con la vulneración de las garantías constitucionales que han denunciado como infringidas, atento lo ha reprochado la recurrida Sociedad Agrícola Kuriñanco Ltda.

5.- Que, sobre este punto conviene tener en consideración que más allá de la invocación formal de ciertas normas jurídicas, lo relevante a las peticionarias se vincula con la vulneración de derechos asociados en definitiva a la trasgresión de reglas y normas que están orientadas a resguardar el medio ambiente, derecho inmaterial que pertenece a todos los ciudadanos, más allá de una determinada situación corporal a la cual se pueda asociar o vincular la afectación que se reporta, y en esos términos, to aquél que se vea afectado por tal vulneración, y en resguardo de su propio interés, podrá efectuar los requerimientos que estime procedentes, sin perjuicio de lo que resuelva esta Corte en cada caso concreto, por lo que la falta de derecho a la acción o de legitimación activa, será rechazada.

6.- Que sin perjuicio de lo anterior, y no obstante la generalidades e imprecisiones que se advierten en el libelo de las recurrentes, los infracciones denunciadas, se vinculan a presuntos incumplimiento por parte de órganos públicos, de ejecutar aquellas funciones que les corresponden y son llamados a ejercer dentro del ámbito de sus atribuciones, más de los informes que se han evacuado por la Subsecretaria de Medio Ambiente, como de la Corporación Nacional Forestal, no se advierte que aquello hubiere ocurrido, desde que no se ha demostrado en estos autos aquellas imputaciones que formulan las recurrentes, es más, se ha señalado, que como órgano competente, la Superintendencia del Medio Ambiente ha adoptado los procedimientos, coordinaciones y fiscalizaciones que dentro del ámbito de sus competencias le corresponden, por lo que las omisiones que se le atribuyen no son tales, ni menos respecto de la Subsecretaria del Medio Ambiente que como ha quedado demostrado carece de atribuciones especificas en relación con los cuestionamientos planteados.

7.- Que, por otra parte y en lo atingente con la recurrida Sociedad Agrícola Kuriñanco Ltda., y conforme lo ha señalado la CONAF, se han solicitado por sí o por su antecesor en el dominio, los permisos correspondientes para efectuar intervenciones forestales en el predio, incluso ha sido denunciada por una tala que superó la superficie autorizada, encontrándose el proceso en tramitación ante la autoridad judicial correspondiente, lo que evidencia que se ha aplicado la normativa vigente en lo que se vincula con la tala de bosque, para las obras civiles que desarrolla, sin que se advierta algún trato preferente o privilegiado respecto de tales solicitudes y resoluciones.

8.- Que, sin perjuicio de no advertirse, la vulneración normativa ni administrativa que se denuncia, como tampoco la ejecución de hechos o actos que importen una trasgresión patente o manifiesta de las normas medio ambientales, sea directamente, sea por inactividad de los órganos llamados a velar por el resguardo del medio ambiente, el presente recurso no puede prosperar.

9.- Que, no se debe prescindir de considerar que la protección del medio ambiente, impone al Estado, el deber de velar por su resguardo y conservación, como así mismo de impedir el daño o afectación ilegitimo por parte de terceros de la naturaleza, en los términos que reconoce el artículo 19 N° 8 de la carta magna, y ese contexto el recurso de protección surge como un mecanismo idóneo para demandar el cumplimiento de tales deberes institucionales.

Por estas consideraciones, y lo dispuesto en los artículos 19 y 20 de la Constitución Política, y Autoacordado de la Excma. Corte Suprema sobre tramitación del Recurso de Protección, se declara que;

Se Rechaza, sin costas, el presente Recurso de Protección.

Sin perjuicio de lo resuelto remítanse los antecedentes al Tribunal ambiental con sede en esta ciudad y a la Superintendencia del Medio Ambiente para los fines que sean pertinentes, particularmente en lo que se vincula con lo afirmado por la Subsecretaria del Medio Ambiente en cuanto la Sociedad Agrícola Kuriñanco ingresó al Sistema de Evaluación de Impacto Ambiental, en tanto esta afirma lo contrario, surgiendo una clara contradicción en ese aspecto.

Acordado esto último con el voto en contra del Ministro Sr. Kompatzki quien estuvo por no remitirlos los antecedentes a las instituciones mencionadas por impertinente en el contexto del presente recurso de protección.

Redacción del Ministro Sr. Samuel Muñoz Weiz.

Regístrese, notifíquese y archívese, en su oportunidad.

N°Protección-12-2021.